Protección contra garantías establecidas en artículo 19 N° 1

nombre reservado, trece de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, ingeniero civil, domiciliado actualmente y para estos efectos, en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien patrocinado, deduce recurso de protección en contra Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional Aduanas de nombre reservado, representada por su Director Regional don Cristian Molina Silva, o quien lo subrogue o suceda en su cargo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de las garantías establecidas en artículo 19 N° 1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2018 decidió adquirir un vehículo modelo Camaro, marca Chevrolet, de fabricación estadounidense, por lo que, luego de descartar toda empresa que no tuviese un domicilio físico o que su información no fuese pública y fiscalizable, encontró la empresa importadora Logistics Group SPA, verificando la realidad de sus instalaciones en Arica y comprobando que tuviese inicio de actividades, figurando con documentación tributaria con timbraje autorizado en la página del Servicio de Impuestos Internos.

Refiere que la representante legal de dicha empresa, nombre reservado le explicó, en síntesis, que ellos se hacían cargo de todo el proceso de compra hasta la entrega liberada del vehículo en Chile. Así, indica que con fecha 6 de noviembre 2018, celebró contratos, autorizando las firmas ante Notario, respecto del vehículo Camaro que debía ser liberado y entregado en nombre reservado. Al efecto procedió a efectuar el depósito del monto acordado ($16.780.000), recibiendo un certificado de compra del vehículo, que se habría realizado en Miami por la empresa mencionada.

Señala que luego del depósito del monto antes señalado, comenzaron los problemas, resumiéndolos en cientos de llamadas sin respuesta, hasta que el 26 de febrero del 2019, en que nombre reservado, representante legal referida, le señala que ya no trabajaba en dicha empresa y que ahora su ex jefe quedaría a cargo, de nombre nombre reservado. Por lo cual, solicitó antecedentes a dicha persona, siendo derivado a su asistente, nombre reservado, quien le solicitó un poder para realizar ante el Servicio Nacional de Aduanas, todo acto y/o trámite a fin de desaduanar o permitir el ingreso del vehículo ya especificado, el que así extendió, siempre recordando que el único fin era de “desaduanar”, pero en ningún caso formular descargos o ser emplazado en ningún procedimiento.

Sostiene ser víctima de la situación y añade que ante las constantes evasivas, averiguó que nombre reservado, se encuentra en calidad de imputado en distintas causas penales, encontrándose incluso formalizado con cautelares vigentes por delitos asociados a defraudación relacionada con importaciones, entre ellas algunas de connotación pública relacionadas con el tráfico de armas.

Explica que el 18 de junio del presente recibió un correo electrónico de nombre reservado, quien le reenviaba un escueto e-mail desde la casilla correo reservado, el que indicaba “Adjunto copia Of 712 del 16-06-2020 el original fue enviado vía correos de chile carta certificada”, acompañándose documento cuya referencia indicaba -carpeta administrativa número 896-2019, del Sr. Director Regional de Aduana nombre reservado, Región de Tarapacá, en el que se señala, en síntesis, que en uso de su facultad fiscalizadora han detectado hechos en los cuales le cabe participación, los cuales reproduce y menciona constituyen a juicio del Servicio el delito de contrabando, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178, ambos de la Ordenanza de Aduanas, señalado además, en síntesis, que se procederá de conformidad con el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, esto es, a formular la denuncia ante el Ministerio Público por el delito indicado, o bien, presentando la querella respectiva ante el Juez de Garantía. Haciendo presente que el Servicio podrá no formular denuncia ni querella si se acordare con el denunciado la renuncia de la acción penal e informando que para acordar tal renuncia, la suma ofrecida, no debe ser inferior al 40% del valor aduanero de la mercancía.

Refiere que sin recibir su declaración, ni mediar citación, la recurrida arbitrariamente concluye que le cabe participación en un delito de contrabando, sin haber hecho un mínimo esfuerzo en indagar la realidad de las cosas. Menciona que no cuenta con antecedentes penales, que ha sido víctima de fraude y que de ser denunciado por delito de contrabando, asociado a investigaciones vinculadas a tráfico de armas, le traerá graves consecuencias en lo personal, familiar y laboral.

Reclama que el referido acto, consistente en el Oficio 712 del 16 de junio de 2020, en cuanto le imputa participación en el delito de contrabando, vulnera las garantías del derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona, el debido proceso y el derecho de propiedad, pues se ha visto afectado psicológicamente, generándole una situación de stress, destruyendo su tranquilidad psicológica y emocional, asimismo indica que las imputaciones son realizadas sin siquiera haberlo citado o haberle requerido los antecedentes que la autoridad, estima, estaba obligada a solicitar, transformándose la recurrida en una comisión especial, en cuanto le atribuye participación en el delito de contrabando, sin hacer uso de las amplias facultades que el legislador le confiere, para solicitar los antecedentes necesarios, citando normativa al efecto. Señalando finalmente que se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre el vehículo tipo automóvil, modelo Camaro, marca Chevrolet, chasis N° 1G1FB1RX5J0180158, ya que la recurrida le privó de toda posibilidad de situarse en calidad de víctima o respetarse su presunción de inocencia y así ejercer sus derechos dominicales sobre dicho bien.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida para que previamente a decidir el formular denuncia o interponer la querella anunciada en Oficio 712 del 16 de junio del año 2020, en relación con la carpeta administrativa N° 896-2019, se le cite y se le permita exponer lo que en sus derechos estime pertinente respecto del supuesto delito que da cuenta el oficio individualizado, que asimismo se le informe acerca de las vías administrativas para la liberación del vehículo singularizado, en calidad de afectado de la situación descrita o en subsidio, disponga de las medidas que conforme a derecho y el mérito del proceso, estime necesarias para su restablecimiento, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúa informe don Cristian Molina Silva, Director Regional de Aduanas nombre reservado, quien expone que mediante oficio N° 53, de 9 de diciembre de 2019, el Sr. nombre reservado de la Dirección Regional de Aduanas de nombre reservado, de turno en el Patio de Aforo, don nombre reservado, denunció los hechos acaecidos con misma fecha, en circunstancias que se presentó para la inspección física, el funcionario auxiliar de la Agencia de Aduanas "nombre reservado", el Sr. nombre reservado, con antecedentes de la destinación aduanera, declaración de Ingreso N° 2100067281-2, de fecha 8 de octubre de 2019 para la legal importación a Régimen General, del vehículo tipo automóvil, modelo Camaro, marca Chevrolet, chasis N° 1G1FB1R 5J0180158, nuevo, sin uso, año 2019, cilindrada 2.000, color negro.

Indica que del examen de los antecedentes presentados para gestionar la importación del vehículo, a nombre del recurrente, según se observa en la Factura N° 08214, Declaración de nombre reservado° 201-19-A74180, de fecha 7 de octubre de 2019, así como en la revisión física del móvil, se constató por el funcionario fiscalizador que el año del vehículo correspondía al año 2018 y no al año 2019 declarado.

Refiere que en suma, la fiscalización arrojó como resultado que el vehículo objeto de la declaración de importación, que pretendía internarse al resto del país bajo Régimen General, correspondía a un vehículo usado, lo que se encuentra prohibido, según lo prevé el artículo 21 de la Ley N° 18.483, que Establece el Nuevo Régimen Legal para la Industria Automotriz.

Antecedentes con los cuales el Servicio recurrido, estimó que la conducta cumplía con los elementos del tipo de contrabando, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178 de la Ordenanza de Aduanas, toda vez que el importador del vehículo consignado en la factura antes mencionada pretendió extraer de la región un vehículo usado, declarándolo como nuevo. Quedando el vehículo antes individualizado, que constituye objeto material del delito, a disposición del Servicio Nacional de Aduanas.

Añade que a continuación, el Sr. nombre reservado, actuando en representación del recurrente, según consta en el instrumento acompañado y titulado "Mandato", de fecha 04 de mayo de 2020, solicitó mediante presentación de 25 de mayo de 2020, informar la condición en que se encuentra el vehículo, ya que se incidió en una falta involuntaria, además de renunciar a toda acción penal y darle término al caso. Así, por medio de Oficio Ordinario N° 712 de 8 de junio de 2020, se comunicó al recurrente el ofrecimiento del beneficio de la renuncia a la acción penal, consagrada en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas.

Refiere que la petición fue reiterada por el Sr. nombre reservado, y de conformidad al artículo 189 de Ordenanza, se propuso al recurrente, que para acordar la renuncia de la acción penal, la suma no debía ser inferior al 40% del valor aduanero de la mercancía, que equivalen a $7.618.890.- y que en caso contrario, de ser inferior o no recibiendo solicitud de renuncia a la acción penal en el plazo de 15 días hábiles, desde el envió de carta certificada o del correo electrónico enviado, se continuaría con la tramitación de la causa, formulando denuncia al Ministerio Público o interponiendo querella ante el Jugado de Garantía competente.

Se refiere a la improcedencia de la acción, afirmando que no ha existido ilegalidad de ninguna especie en el caso de autos, encontrándose la dictación del Oficio Ordinario N° 712 de 8 de junio de 2020, exento de todo reproche de ilegalidad en lo formal y en cuanto al fondo, aplicándose correctamente las normas legales vigentes. Alude a las funciones del Servicio Nacional de Aduanas y a la denominada potestad aduanera, entre otras disposiciones de la Ordenanza de Aduanas.

Sostiene que el acto impugnado no agravia las garantías constitucionales invocadas, añadiendo que el recurrente en vez de exponer como se afectan sus derechos fundamentales, objeta una presunta ilegalidad y arbitrariedas en el mencionado oficio, interpretando de manera errada la normativa legal.

Reitera que el Servicio Nacional de Aduanas ha obrado ofreciendo la renuncia a la acción penal a petición del propio recurrente, representado por el Sr. nombre reservado, sin que se conciba cómo el actuar del Servicio, dentro del ámbito de sus atribuciones, competencias y deberes legales, ha podido conculcar las garantías invocadas por el recurrente, precisando que la restricción a la facultad de usar, gozar y disponer del vehículo singularizado, que se alega, no proviene de actos de la recurrida, sino que de una limitación establecida en la Ley en el artículo 21 N° 18.483 sobre Estatuto Automotriz, y que en el asunto de marras, constituye el objeto material del delito de contrabando.

Finalmente en relación a los delitos de estafas alegados por el recurrente, indica que se trata de un asunto entre privados, que no le empece al Servicio recurrido y del cual no tuvo conocimiento hasta la interposición del recurso.

Pide, el rechazo total y absoluto de la acción constitucional, con costas.

Acompaña antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que el acto reprochado por el recurrente está constituido por la tramitación de la carpeta administrativa N° 896-2019 de la institución recurrida, especialmente en lo relativo a la decisión de formular denuncia o interponer querella en contra del recurrente según lo expresa, cuestionando asimismo la representación que se le atribuye al tercero a quien el recurrente sólo habría mandatado para un desaduanamiento, circunstancias que conculcarían sus derechos contenidos en artículo 19 N° 1, 3 inciso quinto y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: El recurso será desestimado, no sólo porque en sede cautelar, como es el presente recurso, o en otro tipo de procedimiento de la misma naturaleza, es imposible que la Corte de Apelaciones imponga a un órgano administrativo una decisión para denunciar o querellar un hecho que estime constitutivo de delito; sino que también porque de los antecedentes aportados por las partes del recurso, valoradas en conformidad con las reglas de la sana crítica, aparece que efectivamente el recurrente otorgó un mandato a quien efectuó la tramitación aduanera, persona que se encuentra siendo investigada en un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se han acumulado diversas investigaciones, de suerte que siendo hechos no sólo dubitados sino que materia de conocimiento de tribunales de competencia penal, los hechos escapan del ámbito de aplicación del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional Aduanas de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 502-2020 Protección.

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