nombre reservado CONTRA nombre reservado

Iquique, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece la abogada doña Nayeli Alejandra Rojas Castillo, en representación de doña nombre reservado, docente, y de doña nombre reservado, inspectora general, ambas funcionarias del Colegio Santo Domingo Savio, quienes deducen acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, profesora diferencial y apoderada del mismo establecimiento, fundado en la existencia de actos de hostigamiento sistemático, desacreditación pública y acusaciones infundadas en su contra.

Exponen las recurrentes que el origen de la controversia se remonta al año 2024, cuando la recurrida y su cónyuge, don nombre reservado, se desempeñaban como funcionarios del referido colegio y realizaron una celebración de cumpleaños no autorizada dentro de la jornada escolar. Dicho evento fue reportado a la dirección por doña nombre reservado en su calidad de jefa directa, adoptándose observaciones administrativas.

Señalan que este hecho motivó la renuncia de la recurrida, la posterior desvinculación de su cónyuge al término del año escolar tras un fallido procedimiento por Ley Karin en contra de la señora nombre reservado, y el inicio de una campaña persistente de hostigamiento.

Indican como hitos específicos el envío de un correo electrónico de 22 de septiembre de 2025 dirigido a las jefaturas del establecimiento, donde doña nombre reservado acusa a doña nombre reservado de actuar con un "afán caprichoso y altamente chismoso", carecer de profesionalismo, e incurrir en "incompetencia", "ignorancia e inoperancia de la normativa vigente", imputando un actuar persecutorio.

Una publicación en Facebook de 26 de noviembre de 2025, comentando en el grupo público "Profesores de Iquique", donde la recurrida señaló textualmente que "el rector y doña nombre reservado son los dos grandes cáncer de ese colegio. Se ha perdido todo, porque la cabeza es más nefasta que cualquier otro problema".

Un video de 1 de abril de 2026, consistente en una publicación en Facebook de un video con una representación del juego "Monopolio" alusivo al colegio, donde la imagen de la recurrente nombre reservado aparece ubicada en la casilla de la "Cárcel".

Correos de 9 y 10 de abril de 2026, remitidos a la dirección del establecimiento, acusando formalmente a doña nombre reservado de haber empujado de forma brusca a la hija de la recurrida durante una formación escolar, hecho que fue investigado internamente mediante cámaras de seguridad, determinándose que la agresión no aconteció.

Correo de 24 de abril de 2026 dirigido a la dirección escolar, imputando a doña nombre reservado haber ocultado un cuchillo envuelto en un polerón decomisado a un estudiante en los baños, acusación que el colegio desmintió mediante un comunicado oficial que aclaró que se trató de una desregulación emocional de un alumno.

Correo de 7 de mayo de 2026, enviado a las jefaturas del colegio, acusando a la docente doña nombre reservado, hermana de doña nombre reservado, de carecer de "empatía y vocación" y de generar "un daño irreparable en la salud mental" de su hija, amenazando con agotar las instancias legales para su remoción.

Historias de Instagram de 15 de mayo de 2026 difundiendo fotografías de doña nombre reservado con textos que la tildaban de "profesora del año", de "facilitar el acoso y hostigamiento de una niña", de "permitir humillar y denigrar en actos de buenos días" y afirmando que el colegio la respaldaba por ser hermana de la Inspectora General.

Sostienen las recurrentes que estos actos configuran un hostigamiento reiterado en el tiempo que excede el legítimo derecho a reclamo, lesionando la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, respeto y protección a la vida privada y a la honra, y la del artículo 19 N° 1, derecho a la integridad física y psíquica, acompañando al efecto informes de atención psicológica, actas del establecimiento, correos electrónicos, capturas de pantalla y el link de la publicación audiovisual del juego de mesa.

En virtud de lo anterior, solicitan que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar nuevas publicaciones descalificatorias, eliminar de manera inmediata todo el contenido individualizado, cesar el hostigamiento, disponer el cambio de apoderado de la recurrida ante el colegio si se estima pertinente, ordenando al establecimiento educacional la adopción de protocolos de resguardo para la interacción entre las partes, y ordenar que la recurrida ofrezca disculpas públicas y rectifique sus dichos.

Evacúa informe la recurrida doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, argumentando que el conflicto se circunscribe estrictamente a una dinámica del paradigma educativo y no a un menoscabo personal.

Expone, como antecedente de contexto, que el conflicto tiene su origen real en el año 2024, cuando prestaba servicios en el establecimiento y doña nombre reservado, actuando como jefa directa de su cónyuge, don nombre reservado, adoptó medidas unilaterales e informales de "prohibición de acercamiento" de la recurrida respecto de sus hijastras matriculadas en el mismo colegio, basándose únicamente en requerimientos informales por correo de la expareja del señor nombre reservado.

Añade que, al verse expuesta laboralmente y no recibir retroalimentación del Rector, decidió renunciar en septiembre de 2024, mientras que su cónyuge interpuso denuncias ante la Inspección del Trabajo por la Ley Karin, proceso en el cual el establecimiento negó la existencia de amonestaciones, confirmando la arbitrariedad previa.

Frente a las conductas específicas que se le imputan, la recurrida aclara: a) Respecto del comentario en el grupo de Facebook "Profesores de Iquique" de noviembre de 2025, reconoce haber emitido dicha opinión basada en su mala experiencia previa como funcionaria y apoderada, actuando bajo el amparo de su derecho a expresarse libremente, y que el pantallazo resulta descontextualizado.

Sobre el video del juego "Monopolio" de abril de 2026, explica que se trata de un trabajo escolar de la asignatura de Religión diseñado por su hija de 14 años y sus compañeras de curso, evaluado por el propio establecimiento con calificación "MB" (Muy Bueno). Precisa que la imagen de la inspectora en la "Cárcel" responde al ingenio escolar de asociar la Inspectoría General con la disciplina, y que compartió el video en sus redes únicamente por orgullo materno, sin ánimo de vulnerar a la recurrente.

Sobre la acusación de empujón de abril de 2026, indica que su hija reportó haber sido movida bruscamente en la formación por doña nombre reservado. En reunión con el rector solicitó expresamente que la funcionaria evitara cualquier roce o contacto físico con la menor, requiriendo instrucciones verbales para prevenir futuros roces.

En cuanto al correo sobre el cuchillo, de abril de 2026, manifiesta que fue una legítima alerta de seguridad, luego de que su hija y otros compañeros presenciaran a un estudiante con un arma blanca en el baño y a doña nombre reservado envolviéndola en un polerón, hecho en el que incluso concurrió Carabineros y personal de ambulancia, desmintiendo que se tratase de una falsa alarma para perjudicar a la inspectora.

Respecto del conflicto con doña nombre reservado, de 7 de mayo de 2026, expone que su hija sufrió una grave golpiza por parte de un grupo de estudiantes de un curso superior el 30 de septiembre de 2025, hecho que investigan la Fiscalía, y que el 7 de mayo de 2026, la profesora doña nombre reservado organizó un acto de "buenos días" en el que utilizó a dos de las estudiantes que agredieron a su hija el año anterior para simular una representación que recreaba idénticamente el ataque sufrido por la menor, incluyendo detalles humillantes como la venta de "alfajores mágicos" -alusivos a productos con marihuana- y el lanzamiento de una zapatilla. Sostiene que esta recreación expuso y provocó la burla de los demás alumnos hacia su hija de 14 años, desencadenando una severa desregulación emocional que motivó la concurrencia de Carabineros al colegio y una orden judicial de alejamiento mutuo entre las estudiantes.

Sobre la denuncia ante la Superintendencia de Educación, informa que, ante la nula respuesta del Rector y la inacción del colegio por la exposición sufrida por su hija de 14 años, interpuso denuncia ante la Superintendencia por el concepto de "maltrato de adulto a menor" en contra de la docente nombre reservado. Agrega que dicho organismo acogió la denuncia el 9 de junio de 2026, detectando hallazgos de incumplimiento de la normativa vigente y derivando el caso a fiscalización regional bajo el código de causa CAS-146521-X6W3V9.

Respecto de la "funa" en Instagram de mayo de 2026, reconoce haber subido la publicación de manera temporal (historias de 24 horas de duración) desde una cuenta de carácter estrictamente privado, actuando desde la rabia y el dolor de ver a su hija menor de edad expuesta por las recurrentes en complicidad con el establecimiento, sin que la publicación alcanzara viralización, y que no mantienen redes en común.

Concluye manifestando que ofrece las disculpas correspondientes por el comentario de Facebook de noviembre de 2025 y por la publicación de Instagram de mayo de 2026, admitiendo que no fueron las vías óptimas para canalizar su malestar. Solicita a esta Ilustre Corte rechazar el recurso, por cuanto estima que el conflicto debe ser solucionado mediante los canales institucionales y los protocolos de mediación escolar del colegio, descartando que corresponda suspender su calidad de apoderada o decretar la eliminación de publicaciones que ya no se encuentran vigentes en las plataformas digitales. Acompaña documentos.

Se acompaña por la recurrida copia de resoluciones de la Inspección del Trabajo, comunicaciones de la Superintendencia de Educación que confirman la derivación a fiscalización regional, capturas de pantalla de la evaluación del juego de Religión, y copias de los correos electrónicos dirigidos al establecimiento.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que la controversia jurídica en los presentes autos se circunscribe a resolver si las conductas desplegadas por la recurrida, consistentes en publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram) e imputaciones formales por correos electrónicos dirigidos a las jefaturas del Colegio Santo Domingo Savio, constituyen actos ilegales o arbitrarios que perturben o amenacen de forma ilegítima la honra y el prestigio profesional de las recurrentes o su integridad psíquica, o por el contrario, corresponden a una manifestación del derecho a la libre expresión y al ejercicio del derecho a formular reclamos ante la autoridad escolar.

TERCERO: De los antecedentes aportados al proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se encuentra acreditado que la recurrida doña nombre reservado, reconoció expresamente la autoría de las publicaciones digitales que motivan la acción, en particular el comentario en el grupo público de Facebook "Profesores de Iquique" de 26 de noviembre de 2025, donde calificó al Rector y a la recurrente doña nombre reservado como "los dos grandes cáncer de ese colegio" "nefastos", y la difusión en su cuenta de Instagram, el 15 de mayo de 2026, de fotografías de la docente doña nombre reservado con textos satíricos e imputaciones de "facilitar el acoso y hostigamiento de una niña".

Si bien la recurrida justifica su actuar en un estado de dolor y rabia como madre, derivado de la golpiza sufrida por su hija de 14 años en el año 2025 y de una posterior representación en un acto escolar que simulaba de forma presuntamente humillante dicha agresión, tales circunstancias no habilitan a un particular a ventilar disputas de carácter escolar a través de canales digitales masivos e informales, más aún cuando conoce -y activó- los procesos regulares de fiscalización del órgano competente.

CUARTO: Frente a la colisión entre la libertad de emitir opinión y el derecho al respeto y protección de la honra de las personas, en su calidad de profesionales de la educación, es menester mencionar que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, reconociendo como límite el respeto de otros derechos fundamentales, de modo que su ejercicio no puede amparar expresiones manifiestamente denigratorias, injuriosas o descalificatorias.

La utilización de términos peyorativos tales como "cáncer" para calificar a una inspectora general, o la exposición pública de la imagen de una docente en redes sociales, excede los márgenes de la crítica legítima y del derecho a reclamo, constituyendo una modalidad de "funa" o autotutela digital destinada al escarnio público y al descrédito de las afectadas dentro de la comunidad escolar, configurando una perturbación arbitraria e ilegal a la honra y prestigio profesional de las recurrentes, la cual debe ser amparada por esta vía constitucional.

QUINTO: Cuestión diversa ocurre con los correos electrónicos remitidos por la recurrida a las jefaturas del establecimiento escolar, en los cuales formula denuncias de seguridad por el porte de un cuchillo o por supuestos roces físicos con su hija menor de edad, pues estos se realizaron por los canales formales institucionales del colegio, constituyendo una manifestación del derecho a petición que asiste a todo apoderado.

En consecuencia, tales comunicaciones no pueden calificarse de arbitrarias o ilegales, pues corresponden a la vía idónea para canalizar reclamos dentro del establecimiento educativo, sin perjuicio del mérito de los hechos expuestos, cuya calificación e investigación pertenece a la esfera interna del establecimiento y a los organismos sectoriales.

SEXTO: Asentado lo anterior, y en lo referido a las medidas de tutela solicitadas por la recurrente, consta que las publicaciones de Instagram correspondieron a "historias temporales” de 24 horas y que el comentario de Facebook ya no se encuentra visible, habiendo ofrecido la recurrida las disculpas correspondientes. Por tales motivos, resulta innecesario ordenar la eliminación material de un contenido que ya no se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Sin embargo, atendida la data, intensidad y proyección del conflicto entre las partes, subsiste una latente amenaza de que se reiteren tales conductas, en consecuencia, resultando proporcional adoptar una medida de cautela de carácter preventivo, se ordenará a la recurrida nombre reservado abstenerse en lo sucesivo de realizar nuevas publicaciones que aludan de manera directa o indirecta a las recurrentes o sus cargos, a través de cualquier red social o plataforma de difusión digital.

SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a la restante peticion de las recurrentes, consistente en disponer el cambio de apoderado de la recurrida ante el colegio, debe ser rechazada.

En efecto, la determinación de la calidad de apoderado de un niño y el régimen de relaciones entre el establecimiento y las familias pertenecen a la potestad de administración y al reglamento de convivencia del propio Colegio Santo Domingo Savio, de conformidad con la Ley N°20.370.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE la acción constitucional de protección presentada a favor de de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar publicaciones en las cuales aluda directamente directa o indirectamente a las recurrentes o sus cargos, a través de cualquier red social o plataforma de difusión digital.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 500-2026 Protección.