Protección contra Direccion Regional de Aduanas de Tarapacá

Iquique, seis de junio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, e interpone recurso de protección en contra de la Direccion Regional de Aduanas de Tarapacá, y del Servicio de Impuestos Internos, Primera Dirección Regional de Iquique, por haber incurrido éstas en las actuaciones y omisiones que detalla, las que resultarían atentatorias de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, en resumen, que por razones personales y profesionales, y luego de haber desarrollado labores por más de una década en diversos cargos de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en el mes de Febrero de 2022 decidió trasladarse definitivamente a vivir a la ciudad de Santiago, razón por la cual, y cumpliendo el requisito de permanencia para optar a la franquicia aduanera que reconoce el artículo 35 de la Ley 13.039, inició los trámites para trasladar desde la región de Tarapacá hacia la región Metropolitana, su vehículo placa patente CJTC-23, marca FORD, modelo ESCAPE 3.0, color azul, adquirido en el año 2010, en la Zona Franca de esta ciudad e inscrito a su nombre en el Registro Civil e Identificación, el año 2010.

Indica que inició los trámites de rigor presentando, junto con la documentación requerida, el formulario Solicitud – Declaración Inicio de Trámite artículo 35 Ley N°13.039/58 en las Oficinas de la Dirección Regional de Aduanas, el 12 de mayo de 2022, antes del transcurso del plazo máximo de 4 meses fijado en dicha norma, contado desde la fecha en que cambia de domicilio quien solicita el beneficio aduanero, lo que se cumplía en su caso el 28 de junio de 2022, dado que su último día de residencia en la región de Tarapacá fue el 28 de febrero de 2022, señalando expresamente en la presentación que todas las notificaciones dirigidas a su persona debían realizarse a su correo electrónico, dejando constancia de ello el funcionario de Aduanas receptor del documento. Igualmente, para acreditar que residía en la región de Tarapacá los últimos 5 años previos al cambio de su domicilio, debía hacer entrega en la oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, apostada en el recinto portuario de esta ciudad, un documento que debía ser entregado por la Delegación Presidencial de Tarapacá, exigiéndosele que debía acompañar, además, copia del Registro Social de Hogares.

Menciona que luego de meses sin obtener respuesta de la Policía de Investigaciones de Chile, y hechas las consultas de rigor sobre el estado del trámite, cumpliendo lo que se le informara concurrió a la Delegación Presidencial de Tarapacá, donde en Noviembre del 2022, obtuvo el documento requerido, el que, para su sorpresa, se encontraba disponible para ser retirado desde el mes de Julio de 2022, de lo cual nunca fue informado, haciendo entrega de dicho documento, junto a toda la documentación de respaldo necesaria, a la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, para dar inicio al procedimiento y así se emitiera la Resolución que diera inicio a la tramitación de la franquicia aduanera.

Manifiesta que por Resolución N° 11791, de 17 de noviembre de 2022, de la que expone nunca tuvo conocimiento al no habérsele notificado por mail como lo solicitara, dicha entidad rechazó su solicitud, ya que el certificado de residencia extendido por la Delegación Presidencial tenía una antigüedad superior a 30 días contados desde la fecha de su emisión, aplicándosele una multa por haber infringido el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, no obstante que nunca tuvo conocimiento de la emisión del certificado, pudiendo acceder a él recién en Noviembre de 2022, pese a estar disponible desde julio; por ello debió el 3 de febrero de 2023, elevar una nueva solicitud al Director Regional de Aduanas, acusando la falta de notificación válida, lo que fue rechazado por Resolución Nº 11070, de 13 de febrero de 2023, accediéndose a la petición subsidiaria de concederle, por segunda y última vez, un término especial de 30 días a contar de la fecha de la resolución, para presentar la documentación de rigor y acogerse a los beneficios del artículo 35 de la Ley 13.039, plazo que comenzaba a computarse desde la dictación de la resolución y no desde la fecha en que tomó conocimiento de ella, y sin indicarse si es de días hábiles, hábiles administrativos o corridos, entendiendo que el plazo era de días hábiles administrativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.880, aplicándosele adicionalmente, una nueva multa por infracción al artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, pudiendo no obstante retomar el proceso recabando los documentos requeridos, entre los cuales se encuentra el certificado de rentas emitido por el Servicio de Impuestos Internos conforme el artículo 35 ya citado, cuyo otorgamiento se retardo indebidamente y sin ninguna justificación por dicho Servicio, debiendo realizar un nuevo cambio de domicilio en el servicio, desde la región Metropolitana a la de Tarapacá, lo que generó una nueva solicitud datada el 23 de marzo de 2023, para que fuese la Oficina Regional de esta ciudad la que emitiese el documento, provocándose que la petición administrativa anterior fuese cerrada, sin resultado, recibiendo el 24 de marzo de 2023 el certificado solicitado mediante correo electrónico.

Añade que presentó toda la documentación necesaria el 27 de marzo de 2023, último día del plazo hábil administrativo de 30 días para cumplir la Resolución 11070, de 13 de febrero de 2023, no obstante lo cual el Servicio Regional de Aduanas, dictó el 5 de abril de 2023, la Resolución N° 137, por la cual rechazó la Solicitud de Liberación de Derechos por no haber dado cumplimiento al inciso 14° del artículo 35 de la Ley 13.039/58 y artículo 12° del Decreto N° 526 del año 1990, por el transcurso del plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha de cambio de domicilio por el beneficiario, ya que según el ente administrativo el plazo máximo para solicitar la prerrogativa era el 13 de marzo de 2023, lo cual es ilegal, por cuanto la documentación de respaldo fue presentada el 27 de marzo de 2023, último día hábil administrativo si se cuenta el plazo desde el 13 de febrero de 2023.

Estima que ambos recurridos han infringido el artículo 3 y el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto al deber de la Administración de obrar respetando el Principio de Coordinación, ya que el retraso en la emisión del certificado solicitado al Servicio de Impuestos Internos generó que se perdiera el tiempo otorgado por Aduanas para la búsqueda de los antecedentes requeridos, así como también la coordinación entre ésta y la Delegación Presidencial de Tarapacá para la emisión del Certificado de Residencia; igualmente la Dirección Regional de Aduanas infringió el artículo 24 bis de la Ley 19.880, inobservando los principios de interoperabilidad y cooperación, siendo igualmente ilegal la Resolución Nº 137, de 5 de abril de 2023, en cuanto declaró la extemporaneidad de la solicitud, a la luz del artículo 25 de la Ley 19.880, ya que en sus fundamentos da a entender que el plazo otorgado en la Resolución Nº 11070, para solicitar el otorgamiento del beneficio es de días corridos y vencía el 13 de marzo de 2023, lo que no es factible dado que los días festivos las oficina del servicio no cuentan con atención de público.

Respecto del Servicio de Impuestos Internos, le imputa una arbitrariedad al no haber dado curso a su petición para la emisión del Certificado de Rentas en forma oportuna, generando un retraso en la presentación de todos los antecedentes ante la Dirección Regional de Aduanas, lo que generó no poder contar con dicho documento con anterioridad a la fecha que la Dirección Regional de Aduanas señala como fecha máxima para presentar los antecedentes el 13 de marzo de 2023, infringiendo el artículo 7 de la Ley 19.880, lo que generó una vulneración a sus garantías de igualdad ante la ley, toda vez que dicha tardanza lo hizo incurrir en extemporaneidad ante la Dirección Regional de Aduanas, y respecto de ésta lo colocó en un estado de desigualdad frente a otros administrados, en cuanto a la contabilización de plazos administrativos considerando en ellos los días sábados, domingos y festivos, no poniendo a su disposición las oficinas de atención de públicos para concurrir en esos días inhábiles a entregar la documentación pertinente ni habilitar canales electrónicos para tramitar administrativamente la petición; y afectándose su derecho de propiedad, en tanto le impide gozar de la franquicia aduanera para trasladar su vehículo a la región Metropolitana, sumado a las multas que le han sido aplicadas durante la tramitación administrativa por la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, lo que genera un detrimento económico.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene a la Dirección Regional de Aduanas se Iquique dejar sin efecto la Resolución Nº 137, de 5 de abril de 2023, que no hizo lugar a su Solicitud de Liberación de Derechos y ordenó dejar sin efecto aquella de 27 de marzo de 2023, debiendo dictar el acto administrativo que haga lugar a la referida Solicitud de Liberación para así acceder al beneficio establecido en el artículo 35 de la Ley 13.039, fijándole un perentorio plazo para su cumplimiento, debiendo igualmente dejar sin efectos las multas administrativas cursadas, debiendo poner en conocimiento de la Dirección Nacional de Aduanas, por intermedio de su Directora Nacional, una copia de la sentencia que se dicte a fin de que se adopten las medidas administrativas internas para que se cumplan las normas de la Ley 19.880, en la tramitación de procedimientos administrativos; que la Primera Dirección Regional de Iquique del Servicio de Impuestos Internos y la Dirección Regional de Aduanas, deberán actuar coordinadamente, para la emisión de un nuevo Certificado de Rentas para acceder al beneficio ya referido, para el caso de que la ésta requiera nuevamente dicho documento, al tiempo de tramitar nuevamente su solicitud de liberación de derechos; y las restantes medidas que esta Corte estime necesarias.

Agregó documentación a su libelo.

Evacuando el informe requerido, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Aduanas solicita el rechazo, con costas, de la acción deducida, indicando, en lo medular, que no obstante que el actuar del Servicio no fue ilegal o arbitrario, analizados los antecedentes, en consideración que la resolución cuestionada en el libelo tiene como fundamento y base la extemporaneidad de la solicitud, entendiendo que es facultad del Director Regional de Aduanas el otorgar plazos especiales para la solicitud de la franquicia del artículo 35° de la Ley 19.039/58; y que la presentaciones del actor se han retrasado por la tramitación de otros Servicio que han entregado la documentación requerida fuera de los plazos otorgados, lo que implica un actuar de buena fe del solicitante, se tomó la decisión de retrotraer el proceso de liberación de derechos y conceder un término especial de 30 días para presentar la presentación del Expediente de Liberación de Derechos, con la totalidad de los documentos requeridos para acogerse a los beneficios del artículo 35 de la Ley 13.039/58, existiendo documentos pendientes que debe acompañar para completar la tramitación de la franquicia respectiva, dictándose la Resolución Exenta Nº 11.330/31.05.2023 del Director Regional de Aduanas.

Adjuntó antecedentes al informe.

Por último, informando el Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo de la acción constitucional, alegando en primer término su extemporaneidad, desde que habiendo tomado conocimiento del certificado de rentas percibidas para efectos del artículo 35 de la Ley N° 13.039, según relata en su libelo, el 24 de marzo de 2023, fecha de su emisión y notificación por correo electrónico al actor, ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días corridos establecido en el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, para interponer la acción en contra del Servicio; e igualmente impetrando la falta de oportunidad del recurso, ya que siendo la ilegalidad y arbitrariedad denunciada el retardo indebido en la emisión del aludido certificado de renta, el cual ya ha sido efectivamente emitido y remitido al correo del recurrente en la fecha antes referida, la acción constitucional carece de oportunidad para disponer alguna medida innovativa distinta a la ya dispuesta por el Servicio, siendo éste el único trámite del cual es responsable conforme al ámbito de su competencia, en relación al beneficio aduanero pretendido; y por último, por no existir ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del servicio, ya que desde el ingreso de la primera solicitud del contribuyente y la notificación del certificado requerido, transcurrieron 14 días hábiles; y desde el ingreso de la segunda petición y su resolución, transcurrió un día hábil, tramitándose el procedimiento administrativo en un plazo razonable y sin que excediera el plazo de 6 meses que dispone el artículo 27 de la Ley 19.880, no existiendo conculcación alguna a las garantías constitucionales del actor.

Acompañó documentos a su presentación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, conforme la reseña del extenso libelo deducido, lo que se cataloga de ilegal y arbitrario por el actor resulta ser la Resolución N° 137, dictada por el Servicio Regional de Aduanas el 5 de abril de 2023, por la cual decide rechazar la Solicitud de Liberación de Derechos formulada por el actor, por no haber dado cumplimiento al inciso 14° del artículo 35 de la Ley 13.039/58 y al artículo 12 del Decreto N° 526 del año 1990, al haber transcurrido el plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha del cambio de domicilio de quien pretende acogerse al beneficio, ya que según el ente administrativo el plazo máximo para solicitarlo vencía el 13 de marzo de 2023.

A su turno, el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de cuestionar la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad, tomó la decisión de retrotraer el proceso de liberación de derechos y conceder al actor un término especial de 30 días para la presentación del Expediente de Liberación de Derechos, con la totalidad de los documentos requeridos para acogerse a los beneficios del artículo 35 de la Ley 13.039/58, dictando al efecto la Resolución Exenta Nº 11.330, de 31 de mayo de 2023, del Director Regional de Aduanas.

Por último, el Servicio de Impuestos Internos alega a su respecto la extemporaneidad del recurso, su falta de oportunidad, al haberse otorgado el Certificado de Renta que requiriera el actor para los efectos del citado artículo 35, y la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

TERCERO: Que, deberá rechazarse la alegación de extemporaneidad planteada por el Servicio de Impuestos Internos, desde que el cuestionamiento que formula el protegido a su respecto se enmarca en el contexto de la imputación que se efectúa al Servicio Nacional de Aduanas, por lo que el retardo que se atribuye en su actuar influye directamente en la actividad de éste último, manteniéndose así los efectos de la omisión imputada en el tiempo.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, hecha la precisión fáctica en el considerado segundo precedente, y siendo la acción de protección una herramienta de naturaleza cautelar y de emergencia que la Constitución contempla para los atentados a aquellos derechos indubitados mencionados en su artículo 20, y cuya finalidad esencial es poner pronto remedio a la vulneración de alguna de tales garantías fundamentales, provocada por un acto u omisión catalogado de ilegal o arbitrario, sin perjuicio de las alegaciones planteadas en estrados por el actor, las que se tendrán en consideración más adelante, es criterio de esta Corte que el deducido no puede prosperar, al haber perdido oportunidad, tanto en lo que respecta al Servicio de Impuestos Internos como en relación al Servicio Nacional de Aduanas.

En relación al primero, qué duda cabe que cuestionado que fuera el retardo en el otorgamiento del certificado de rentas requerido por el actor, para los efectos de solicitar la franquicia aduanera del artículo 35 de la Ley 13.039, lo cierto es que dicho documento se emitió y le fue remitido vía correo electrónico, dentro de un plazo razonable, más allá que el recurrente estime que haya existido una demora excesiva, ya que ello se mira desde la perspectiva de los plazos que debía cumplir en relación al procedimiento administrativo general llevado a cabo por Aduanas, estimándose que la tramitación ante el Servicio de Impuestos Internos cumplió los parámetros del artículo 27 de la Ley 19.880.

QUINTO: Que, en cuanto al Servicio Nacional de Aduanas, misma convicción se alcanza, en relación a la falta de medidas que esta Corte pueda adoptar, en lo que concierne a la reapertura del procedimiento administrativo de Liberación de Derechos, conforme el ya mencionado artículo 35, atendido lo señalado por el recurrido en su informe, al concederse al actor un nuevo término especial de 30 días para la presentación del Expediente de Liberación de Derechos, con la totalidad de los documentos requeridos para acogerse a los beneficios del artículo 35 de la Ley 13.039/58.

SEXTO: Que, por lo anterior, y como se adelantara, el recurso de protección deducido no puede prosperar, sin perjuicio de las demás acciones administrativas que el actor pueda hacer valer ante los órganos competentes, conforme lo regule el Ordenamiento Jurídico.

SÉPTIMO: Que, por último, y a propósito de la aplicación de las multas impuestas al actor durante la tramitación del procedimiento administrativo, basta para sustentar el rechazo de la acción al respecto lo referido por el abogado de la Dirección Regional de Aduanas en estrados, reconociendo la existencia de un error en la aplicación de las sanciones impuestas al protegido, manifestando al respecto que ello será revisado administrativamente, pudiendo el actor ejercer los recursos administrativos que regula el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Aduanas de Tarapacá, y del Servicio de Impuestos Internos, Primera Dirección Regional de Iquique.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-500-2023.