Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes
- Fecha
- 12 de marzo de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 50-2024, sentencia de 12 de marzo de 2024
Resumen
Se rechaza la protección contra la Caja de Compensación Los Andes porque la recurrida cesó voluntariamente los descuentos y dispuso la restitución de lo recibido, de modo que la acción perdió oportunidad.
Texto íntegro
Iquique, doce de marzo de dos mil veinticuatro.
VISTO:
Comparece don Camilo González Delgado, abogado, en representación de don nombre reservado, empleado, cédula de identidad número RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por quien recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT N° RUT reservado, representada por su gerente general, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de su derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.
Expone que en el año 2016 y 2020 contrajo un mutuo de dinero denominado “crédito social”, pactado en cuotas cuyos pagos se efectuarían conforme al artículo 22 de la Ley 18.833, sin embargo, fue desvinculado de su trabajo en el año 2021 por lo que cayó en mora a los pocos meses. Agrega que la Caja de los Andes interpuso demanda ejecutiva con fecha 26 de enero de 2021 en causa Rol C-2121-2020 ante el 10° Juzgado Civil de Santiago.
En ese contexto, menciona que desde enero del presente año figura un descuento de $137.911.- y $259.292.- por Caja de Compensación Los Andes, a pesar de existir el juicio pendiente, el acto de la recurrida sería arbitrario, antojadizo y caprichoso, careciendo de fundamento alguno, haciendo el ejercicio de una autotutela.
En cuanto al derecho, menciona que el artículo 22° de la Ley 18.833 faculta a realizar los descuentos por planilla, pero su uso no puede ser irracional y caprichoso y que, al ejercer la demanda ejecutiva, manifestó su derecho a ejercer la cláusula de aceleración lo que implica conscientemente que declinó de perseguir el pago individual de las cuotas, por lo cual resultaría arbitrario y caprichoso que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, tramitándose en sede civil, además se ordene la retención de montos cercanos al de una cuota.
Pide que se ordene a la recurrida que se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos, que reembolse los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o el que determine S.S. Iltma., con costas. Acompaña documentos.
Evacúa informe doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado.
Indica que el 24 de abril de 2017, Caja Los Andes otorgó al recurrente la operación de crédito social código 043CON100190137, por un capital de $5.035.835.- , a una tasa de 1.89%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $214.797.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de junio de 2017. Agrega que las cuotas del mes de junio de 2017 a febrero de 2020 (1 a 33), se pagaron durante el periodo 13 de julio de 2017 al 17 marzo de 2020; el saldo de capital al 28 de febrero de 2020, más los intereses devengados al 17 de noviembre de 2020, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $4.866.280.-, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $170.357.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 enero de 2021; las cuotas del mes de enero, febrero y marzo de 2021 (1 a 3), se pagaron durante el periodo 12 diciembre de 2023 al 07 marzo de 2024; finalmente que las cuotas del mes de abril de 2021 a diciembre de 2023 (4 a 36), se encuentran en cobranza judicial.
Asimismo, se otorgó otro crédito al recurrente con fecha 06 de junio de 2016 código 005MIC100112080, por la suma de $5.947.082.-, a una tasa de 1.89%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $175.101.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2016, donde las cuotas del mes de agosto de 2016 a enero de 2020 (1 a 42), se pagaron durante el periodo 20 septiembre de 2016 al 24 de febrero de 2020; el saldo de capital al 31.01.2020, más los intereses devengados al 17 de noviembre de 2020, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $2.887.611.- en un plazo de 48 meses, con una cuota de $90.609.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 enero de 2021; las cuotas del mes de enero a marzo de 2021 (1 a 3), se pagaron durante el periodo 12 de diciembre de 2023 al 07de febrero de 2024; finamente indica que las cuotas del mes de abril de 2021 a diciembre de 2023 (4 a 36), se encuentran en cobranza judicial.
Arguye que, en la especie, se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno. Por lo anterior, a su juicio no ha realizado actuación ilegal o arbitraria alguna.
Sin perjuicio de lo anterior, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamento de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, la recurrida informa que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, disponiendo además la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas.
Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción por haber perdido oportunidad.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.
SEGUNDO: Que, del recurso se colige del libelo que lo reclamado radica en los descuentos a sus remuneraciones respecto de las cuotas provenientes de un contrato de mutuo de crédito social y pagaré, solicitando la devolución de todo lo descontado, pues conculca su derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna.
Por su parte, la recurrente expresa que, sin ánimo de reconocer la extinción de la deuda ni los hechos, ni fundamento de derecho que esgrime el recurrente, ha dispuesto de manera voluntaria el cese de los descuentos del crédito y disponiendo además la restitución de las sumas que hayan sido recibidas.
TERCERO: Teniendo especialmente presente lo referido por la recurrida, se evidencia que en la especie el arbitrio ha perdido oportunidad, no existiendo en la especie alguna medida cautelar que fuere necesario adoptar, motivos por los que el deducido será desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.
Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.
Rol N° 50-2024 Protección.