Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá representada p

Iquique, trece de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Xavier Campos Oliva, abogado, en representación de Sociedad Comercial nombre reservado´s Motors y Compaña Limitada, representada por don nombre reservado y don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien deduce acción de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que debido a la contingencia sanitaria nacional vigente, su representada inició sus labores administrativas vía remota o teletrabajo. Conforme a ello, el 9 de julio del presente año, doña nombre reservado, encargada de administración y finanzas de la empresa, como semanalmente lo hace a fin de verificar la existencia de correspondencia, se apersonó a la casa matriz de la recurrente ubicada en Videla N° 1109 de esta comuna, percatándose que había sido dejado por debajo de la puerta una “carta” enviada por la recurrida, sin timbre o certificado alguno sobre su fecha de remisión o entrega, figurando en el contenido de ésta la fecha de 25 de mayo de 2020, pese haber sido entregada en forma reciente el día 9 de julio, en la cual supuestamente se requiere de pago a nombre reservado’s Motor de una multa sanitaria impaga, de la cual la recurrente no tenía conocimiento, sino hasta la recepción de dicha carta.

Luego de reproducir la mencionada carta, indica que si bien la misiva hace referencia al sumario sanitario 181EXP258, y a la Resolución Sanitaria N° 2001252, de 2 de marzo de 2020, ésta no acompaña ninguno de esos antecedentes, siendo del caso que, en los archivos de la compañía, no existe registro alguno de una fiscalización anterior a marzo de 2020 o de un sumario administrativo y menos aún, de la notificación de alguna multa.

Afirma que dada la falta de notificación del sumario sanitario 181EXP258, de la Resolución Sanitaria N° 2001252, de 2 de marzo de 2020, y la multa respecto de la cual se encuentra en mora de pago, todos esos actos constituyen conductas ilegales y arbitrarias respecto de las cuales solo tomó conocimiento su representada el pasado 9 de julio. Así, explica que el sumario sanitario mencionado, fue llevado a cabo sin conocimiento de la empresa fiscalizada, desconociendo su origen y fundamento, asimismo refiere que la multa de 10 UTM impuesta por la resolución sanitaria N° 2001252 como sanción ante el resultado del sumario sanitario, tampoco fue notificada a la recurrente, por lo que estimar que se encuentra firme para efectos del cobro de la multa constituye un acto ilegal y arbitrario, al igual que el requerimiento de pago mediante carta simple, sin un proceso previo legalmente tramitado, siendo fruto del árbol envenenado, haciendo suyo todos los vicios de los actos administrativos que le sirven de causa, presentando además un vicio propio, a saber, que su notificación fue efectuada sin las formalidades necesarias.

Precisa que los actos que se recurren dicen relación con la imposición, cobro y ejecución de una multa. Alude a los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880 relativos a las notificaciones de los actos administrativos y señala que de ellas se puede desprender que la recurrida, estando legalmente obligada a notificar en forma legal las actuaciones que dicen relación con los actos recurridos, no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la ley, verificando así una omisión ilegal que ha privado y amenazado las garantías constitucionales de su representada.

Sostiene que el actuar de la recurrida infringe la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, la cual contempla los denominados principios del debido proceso, derecho de defensa y la bilateralidad de la audiencia, estimando vulneradas además las normas relativas a una notificación válida reguladas en los artículos 45 y siguientes de la Ley N° 19.880. Asimismo, asegura la misiva, en la cual se le comunica que de no pagar la referida multa dentro de los 7 días hábiles siguientes, contados desde la recepción de la carta, sus antecedentes serán derivados al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de iniciar toda las gestiones necesarias para su cobro ejecutivo, amenaza el legítimo ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución, al verse amenazado y vulnerado de su derecho incorporal de poder disponer libremente de lo suyo.

Pide se ordene se deje sin efecto el sumario sanitario 181EXP258, en contra de la recurrente, la resolución sanitaria N° 2001252 de 2 de marzo de 2020 dictada por la recurrida, y carta de requerimiento de pago de fecha 25 de mayo de 2020, retrotrayendo aquellos al estado de ser puestos legalmente en conocimiento de la recurrente o se disponga la medida que, ajustada a derecho, sea idónea para la protección de los derechos constitucionales vulnerados y amenazados, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúa informe don nombre reservado, Seremi de Salud de Iquique, quien expone que con fecha 26 de marzo del año 2018, funcionario de la unidad de salud ocupacional de dicha repartición, se constituyó en visita de inspección en la instalación ubicada en Ruta A 16 Nº 4527, Alto Hospicio, cuya responsable es la recurrente, indicando que la razón de la visita fue la fiscalización por ruido en lugares de trabajo, encontrando una serie de incumplimientos, por los cuales se dio inicio a sumario sanitario mediante acta folio 1801E0021, citándose al sumariado a la audiencia de descargos y prueba para el día 10 de abril de 2018 a las 9:30 horas. Continúa relatando que en dicha fecha, la sumariada y actual recurrente, presenta descargos en los cuales manifiesta expresamente estar en conocimiento de la fiscalización y de las deficiencias encontradas y constatadas en acta, acompañando documentación. Así, sostiene que el desconocimiento alegado por la recurrente respecto del procedimiento sancionatorio no es efectivo.

Indica que, teniendo a la vista los descargos de la sumariada y actual recurrente, con fecha 2 de marzo de 2020 mediante Resolución Nº 2001252 se procedió a resolver sumario sanitario, imponiendo la sanción de multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, en atención a que el Protocolo sobre Normas Mínimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Pérdida Auditiva por Exposición a Ruido en los Lugares de Trabajo entró en vigencia en el año 2011, modificado en el año 2013, por lo que a la fecha de la fiscalización debió encontrarse implementado en su totalidad, entre otros aspectos indicados en la resolución ya mencionada.

Explica que dicha resolución fue entregada con fecha 20 de marzo del año en curso en oficina de Correos de Chile, para efectos de su notificación mediante carta certificada al domicilio de la instalación fiscalizada, esto es, Ruta A-16 Nº 4527, Alto Hospicio, y en atención al tiempo trascurrido desde que se dejó la carta certificada, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nº 19.880, y encontrándose pendiente el pago de la multa impuesta, con fecha 9 de junio de 2020 se procede a dejar en Correos de Chile carta de cobranza pre judicial por finalidad acotar las instancias administrativas previa judicialización de la cobranza.

Indica que, según el número de envío 1176233184981 se realizó seguimiento de la carta en cuestión, en el que consta que Correos de Chile realizó las búsquedas en tres oportunidades, en las que dejó los avisos respectivos para que el destinatario concurriera a hacer retiro de la misma, con fecha 30 de marzo de 2020, 6 de julio de 2020 y 14 de julio de 2020. Refiere que en atención a que la recurrente no concurrió a hacer retiro la carta certificada, la que tenía como propósito la notificación de la resolución Nº 2001252 de fecha 2 de marzo de 2020 que resolvió el sumario sanitario e impuso la multa de 10 UTM, ésta fue devuelta al remitente por motivo de “plazo cumplido” siendo recepcionada por el Departamento de Asesoría Jurídica de dicha repartición el 22 de julio de 2020.

Finalmente respecto de lo alegado por la recurrente en cuanto a la falta de certificado sobre la fecha de remisión o entrega de la carta de cobranza prejudicial, señala que ello corresponde a Correos de Chile.

Alude al artículo 163 del Código Sanitario e indica que el sumario iniciado en contra de la recurrente fue de oficio, siendo una manifestación concreta de las facultades y atribuciones propias de la autoridad sanitaria y la recurrente fue debidamente citada a presentar sus descargos y medios probatorios. Se refiere a lo dispuesto particularmente en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 19.880 y precisa que la carta certificada fue recepcionada el 22 de marzo de 2020 en oficinas de Correos de Chile, por lo que, atendiendo a la presunción legal contenida en el inciso segundo del artículo citado, la recurrente, fue notificada con fecha 25 de marzo de 2020. Igualmente hace presente lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Nº 19.880 en relación con lo señalado en el artículo 168 del Código Sanitario, señalando que de conformidad a dicho precepto legal, al momento de ser remitida la carta de cobranza prejudicial la multa ya era exigible.

En cuanto a las garantías invocadas como conculcadas, niega que haya existido vulneración, al haber respetado las g’arantías del debido proceso contenidas en el procedimiento del Sumario Sanitario, el cual prevé en la audiencia de contestación y prueba, la oportunidad para efectuar los descargos respectivos, derecho ejercido por la recurrente con fecha 10 de abril 2018, sin que exista limitación alguna dada por ley, excepto la regulación del momento, lo cual consta en el artículo 163 del Código Sanitario, trámite que fue llevado a efecto y por tanto, siendo el procedimiento debidamente respetado. Añadiendo respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad, el recurrente no indica de qué modo la cobranza prejudicial de una multa impuesta en un procedimiento legalmente tramitado, vulnera la facultad de poder disponer libremente de lo suyo.

Concluye señalando la recurrida ha actuado ajustándose plenamente a la normativa legal vigente, en consecuencia no ha incurrido en ningún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario, y que pueda estimarse que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de garantías constitucionales que hagan procedente el accionar de la recurrente.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: En la especie, según se desprende del petitorio del recurso, se reclama por la imposición, cobro y ejecución de multa respecto de sumario sanitario 181EXP258, solicitando dejar sin efecto el referido sumario sanitario, la resolución sanitaria N° 2001252 de 2 de marzo de 2020 y carta de requerimiento de pago de 25 de mayo de 2020, por estimar conculcados sus derechos contenidos en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que de los antecedentes incorporados por las partes, valorados de acuerdo con las reglas de la sana critica, y considerando lo señalado expresamente por ellas en la vista del recurso, aparece que la parte recurrente no sólo tomó conocimiento oportuno de la existencia de la imputación que le formuló la autoridad sanitaria, sino que además intervino en ella durante su tramitación, obrando a través de un representante designado al día siguiente del inicio de la misma, por lo que aun cuando la notificación de la resolución final no llegó a manos de la empresa investigada, según sus propios dichos, ese hecho resulta irrelevante a la luz de las alegaciones fundantes de la protección en el sentido que nunca tuvo conocimiento del sumario.

CUARTO: En las condiciones planteadas en el recurso no se divisa acto ilegal o arbitrario, por lo que la acción deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Sociedad Comercial nombre reservado´s Motors y Compaña Limitada, representada por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 498-2020 Protección.

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