Protección contra Universidad Arturo Prat

Iquique, veintiocho de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, abogado, a favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado y de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos trabajadores profesionales, domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, por quienes deduce acción de protección en contra de la Universidad Arturo Prat, representada por su Rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por atentar en contra de la derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que los actores ingresaron bajo la forma de contrata, a prestar servicios en diversas fechas para la recurrida en el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE).

Detalla que en el caso de la recurrente nombre reservado, la contrata se formalizó a principios de enero de 2020, iniciándose su prestación de servicios desde el 2018, bajo la forma de la contratación a honorarios, añadiendo que paralelamente se desempeña bajo la forma de un contrato de honorarios como académica para la misma institución.

Indica que los recurrentes debieron desempeñarse mediante teletrabajo a partir de enero de 2020, para cumplir las directrices estatales de labores durante el periodo de estado de catástrofe.

Menciona que las contratas fueron pactadas hasta el 30 de junio de 2020, agregando que el 19 de junio de 2020 la recurrida comunicó a los referidos funcionarios, que las contratas no serían renovadas, aduciendo que los motivos que sustentan la decisión principalmente obedece a la evaluación insatisfactoria del Proyecto por parte de la Subsecretaría de Educación Superior.

Alega la antijuridicidad de la medida, dada su arbitrariedad que estima se manifiesta en la ausencia de fundamentos racionales y sustentables, y su ilegalidad al apartarse de la obligación de motivar debidamente los actos administrativos.

Indica que en la comunicación, la autoridad no se especifica de qué forma o en qué medida un supuesto resultado de insatisfactoria evaluación sería imputable a los funcionarios exonerados; agrega que el 22 de junio de 2020 fue dirigida una comunicación electrónica a la Jefatura de Personal para recabar antecedentes relativos a la evaluación de los funcionarios, sin que hasta la fecha merezca respuesta tal inquietud.

Reclama como afectados los derechos a la honra, igualdad ante la ley, protección del trabajo e integridad síquica, en tanto se expone a los funcionarios a un entredicho que deja en tela de juicio su desempeño laboral, faltando la recurrida a la obligación de fundar motivadamente sus actos y decisiones, impuesta por el artículo 8 de la Constitución y por el artículo 10 de la Ley sobre procedimientos administrativos, estimando que no se brinda a los funcionarios reclamados el trato de respeto que sí se otorga a los demás dependientes. Expone sobre la protección al trabajo en razón de la función social que cumple y la dignidad con que debe ser cumplida.

Puntualiza que el Proyecto PACE goza de un financiamiento asegurado por parte del Ministerio de Educación, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020 y añade que luego de la desvinculación, la Universidad difundió a través de su portal web que la ejecución del Proyecto proseguiría, reiterando su conducta de dejar en tela de juicio el desempeño de los funcionarios al destacar la insatisfactoria evaluación.

Afirma que se ha sometido innecesariamente a los recurrentes a una situación de estrés derivada, o de la cesantía o de la drástica disminución de sus ingresos, exponiéndolos a la escena de procurarse nuevos empleos en un contexto sanitario excepcional.

Precisa que la infracción al principio de proporcionalidad se vuelve aún más grave en el caso específico de nombre reservado que se vinculó al proyecto por 2 años, primero bajo la forma de honorarios y luego de contrata, asistiéndole en los hechos, la cobertura del principio de confianza legítima. Indicando que la decisión de la Universidad significa mantener una vinculación bajo la forma de honorarios para servir como académica, disminuyendo drásticamente sus ingresos.

Pide se restablezca el imperio del Derecho, ordenando todas las medidas tendientes al resguardo de las garantías señaladas, disponiendo el reintegro de los recurrentes al Programa PACE hasta el 31 de diciembre de 2020.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúa informe doña nombre reservado, abogado, por la Universidad Arturo Prat, quien alega la improcedencia de la acción intentada por no ser la vía idónea, según lo consagrado en el Estatuto Administrativo y en las instrucciones entregadas por la Contraloría General de la República a través del Dictamen N°6400, de 2018. Indica que en el primer cuerpo normativo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el estatuto dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama y por otra parte, el Dictamen N°6400, de 2018, de la Contraloría establece el régimen recursivo, detallando que los actos administrativos de que se tratan pueden ser impugnados de acuerdo al artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, entablando los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia administración.

Refiere que por lo anterior, cabe concluir que el legislador y ente fiscalizador han establecido los mecanismos de impugnación de la decisión de no renovación del vínculo que unía a los recurrentes con la Casa de Estudios, prerrogativas que no han sido ejercidas, lo que lleva a considerar que el arbitrio intentado excede las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección.

Sostiene que los derechos que se estiman vulnerados por los reclamantes no tiene el carácter de indubitados, pues los recurrentes, que estuvieron vinculados a la Universidad en virtud de designaciones a contrata, sólo tenían una mera expectativa de que su vínculo fuere renovado.

Expone sobre la inexistencia de un acto u omisión ilegal y arbitraria, indicando que el acto impugnado se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de los recurrentes a partir del 1 de julio de 2020, lo que se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y efectos propios de las vinculaciones a contrata.

Precisa que en la especie, los recurrentes fueron designados a contrata, a partir del 1 de enero y hasta el 29 de febrero del año en curso, prorrogándose dicha designación hasta el 30 de junio último. Indica que a partir del Dictamen Nº 22766, de 2016, la Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente cuales son las condiciones que deben existir para que proceda la limitación de fundamentación y notificación del término de las contratas, estableciendo el deber de renovar una contrata deriva de una actuación previa, por parte de la Administración, en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose, en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente, por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.

Señala que de lo expuesto, se observa que los recurrentes ostentaron la calidad jurídica de contratas por un término inferior a un año calendario, por lo que el principio de la confianza legítima no les resulta aplicable, pues no reúnen las condiciones que la jurisprudencia administrativa y judicial han ido perfilando a fin de poner a la entidad contratante en la necesidad de dictar y notificar válidamente un acto administrativo fundado como condición adicional para poner fin a la contrata que ha terminado como consecuencia del transcurso del plazo para el cual se encontraba prevista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, letra f), y 153 del Estatuto Administrativo, extinguiéndose naturalmente su designación, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior.

Menciona que el actuar de la recurrida ha sido realizado conforme a la ley, en armonía con lo dispuesto en los artículos 3° y 10° del Estatuto Administrativo, por lo que no es posible dar por configurado un acto arbitrario o ilegal, requisito indispensable para que el recurso de protección intentado pueda prosperar, sin vislumbrar de qué forma lo obrado por su representada afectaría las garantías reclamadas como vulneradas.

Pide el rechazo del recurso en todas sus partes. Acompaña documentos a su informe.

Comparece don nombre reservado, Subsecretario de Educación Superior, quien acompaña: a) Reporte del informe de cierre (convenio UAP 1877) adjunta carta N° 8149/2019 de 13 de diciembre de 2019 del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Educación Superior y Reporte de Gestión Universidad Arturo Prat UAP 1877 de 12 de diciembre de 2019; b) Reporte de informe a junio de 2019 (convenio UAP 1977) adjunta carta N° 5736 de 9 de septiembre de 2019, del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educación Superior y Reporte de Instalación Programa Accedo Efectivo a la Educación Superior 2019, Universidad Arturo Prat, código iniciativa UAP 1977 de agosto de 2019; c) Reporte del informe a diciembre de 2019 (convenio UAP1977) adjunta carta N° 1229/2020 de 25 de febrero de 2020, del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educación Superior, Reporte de Evaluación de Avance Programa Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) 2019, Universidad Arturo Prat, código iniciativa UAP 1977, de febrero de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Del recurso intentado, se deduce que se reclama que la no renovación de las contratas de los recurrentes, quienes prestaban funciones para la recurrida en dicha calidad respecto del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) en la Universidad Arturo Prat, sería un acto infundado, que atentaría en contra de la honra de los afectados y sus derechos en la forma que se expone.

TERCERO: Que la acción intentada será desestimada, desde que del mérito de autos no se advierte la ocurrencia de alguna conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, que pudiere atentar en contra de los derechos de los recurrentes.

En efecto, de autos aparece que la no renovación de las contratas respectivas, se justifica en consideración a lo señalado a propósito del programa en el cual los recurrentes prestaban funciones, lo que se corrobora con los antecedentes allegados por la recurrida como la Subsecretaria de Educación Superior.

Por otro lado, no se advierte que la conducta reclamada importare un atentado en contra de la honra de los recurrentes, ni afectare los demás derechos reclamados, desde que tales asertos no se encuentran suficientemente acreditados, motivos por los cuales la acción intentada será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 491-2020 Protección.

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