Protección contra Ilustre Municipalidad de Iquique

Iquique, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Iquique, representada legalmente por su Alcalde don Mauricio Soria Macchiavello, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que actualmente se encuentra cumpliendo medida cautelar del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal; indica que por lo anterior, la recurrida sin mediar notificación alguna de sumario o procedimiento administrativo, decidió suspender o retener el pago de sus remuneraciones, lo cual reclama es arbitrario, excediendo la recurrida el campo de sus competencias.

Afirma que su remuneración forma parte de su patrimonio, por lo tanto, cualquier limitación sobre ella debe ser legalmente decretada y notificada por el órgano competente. Indica que la recurrida ha actuado como juez y parte, al suspender el pago de sus remuneraciones agravando su situación.

Hace presente que es padre, arrendatario y necesita satisfacer las necesidades básicas de su familia, añadiendo que incluso la recurrida no ha pagado a las instituciones de salud ni aquello que se realizaba con descuentos de sus remuneraciones mensuales.

Menciona que en la causa O-4459-2018, seguida ante el Juzgado de Garantía de Iquique, donde está afecto a la medida cautelar señalada, por razones humanitarias se han liberado fondos para la manutención de las familias de otros imputados, salvaguardando los derechos de los imputados y su familia, considerando el estado de emergencia sanitaria.

Reclama que la suspensión de la remuneración de un empleador municipal, en su naturaleza jurídica se trata de una medida cautelar o bien de alguna medida disciplinaria que afecta directamente la facultad de disposición; sostiene que esta suspensión o retención debe estar contemplada en una norma de rango constitucional o legal, toda vez que la regla general es que la remuneración o sueldo de una persona sea inembargable, como se desprende a modo ejemplar de lo que prevén entre otros los artículos 95 y 96 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, y artículo 57 del Código del Trabajo, por lo que sólo es posible hacer los descuentos o suspender su pago en los casos expresamente permitidos por la ley. Reclama que el actuar de la recurrida carece de sustento legal y se torna arbitrario, afectando el derecho de propiedad.

Alude a lo dispuesto en los artículos 94 y 95 del estatuto que regula a los empleados municipales, citándolos; alega que resulta evidente que la misma norma que regula sus remuneraciones es imperativa para la recurrida, que tiene un límite, el cual arbitrariamente no cumple y que incluso requiere de un proceso previo. Añade que el derecho sobre sus remuneraciones deber ser protegido hasta que exista resolución en contrario.

Aludiendo al artículo 120 del referido estatuto, sostiene, que la medida arbitraria de privarle de sus remuneraciones, sin sumario previo ni resolución que lo ordene, es más gravosa que la misma medida disciplinaria y asegura que en el caso de marras no hay proceso, pues la retención de su remuneración es totalmente arbitraria, añadiendo que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, por lo que no se puede sostener que la recurrida retenga sus remuneraciones por existir una investigación penal de la cual es interviniente y goza del principio de inocencia.

Señala que aun cuando la garantía del debido proceso no se encuentra protegida por medio de la acción de protección, hay situaciones en que la conducta del recurrido es a lo menos arbitraria, en tanto deciden sancionar al actor de manera irracional, sin expresar ni explicar los fundamentos que le permitan conocer a cabalidad el comportamiento reprochado que ameritó una sanción y de paso poner una limitación a sus remuneraciones; añade que el estado de emergencia sanitaria aumenta el grave perjuicio a su persona, pues ha estado esperando que lo notifiquen a lo menos de algún procedimiento administrativo y poder ejercer sus descargos, privándolo de lo más sagrado dentro del sistema jurídico de un Estado de Derecho, esto es, el derecho a defensa, la legítima posibilidad de recurrir y hacer valer sus derechos.

Expone que ya está sufriendo las consecuencias de la retención de sus remuneraciones, siendo el último pago recibido el día 10 de junio de 2020, en donde le retuvieron más del 80%, pagándole un proporcional de 5 días trabajados aproximadamente.

Menciona que sus ingresos cubren la totalidad de las necesidades de su familia, constituyendo una amenaza real y grave, hacia su salud y la de su familia, al no poder solventar los gastos de alimentación y de salud necesaria para sobrellevar el estado de emergencia.

Precisa que no pesa sobre él medida cautelar u otra orden que autorice la retención de sus remuneraciones, exponiendo lo que indica en cuanto al proceso penal que refiere.

Alude a la garantía fundamental del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, refiere que el 8 de julio de 2020, en publicación de periódico con mayor circulación en la comuna, la recurrida ratifica su postura, toda vez que se refiere a una imputada privada de libertad que aún continúa en su calidad de funcionaria municipal, siendo reconocido que a su favor rige el principio de inocencia por lo que no ha perdido su calidad de funcionaria y puede exigir sus derechos. Indica que en idénticas circunstancias, incluso siendo las suyas más favorables, también se debería reconocer su calidad de funcionario municipal.

Pide se declare se restablezca el imperio del Derecho, ordenando se restituyan todas las remuneraciones retenidas, o bien conforme al porcentaje que se estime ajustado a derecho, con costas.

Evacúa informe don nombre reservado, abogado, por la Ilustre Municipalidad de Iquique, quien reconoce que no se ha pagado la remuneración del funcionario recurrente, desde que no han prestado los servicios correspondientes, pero niega manifiesta y rotundamente que lo anterior implique una ilegalidad o discriminación, siendo absolutamente correcto, a la luz de la ley y dictámenes administrativos.

En relación al hecho motivador de la supuesta discriminación, explica que mediante Decreto Alcaldicio N° 778, de fecha 24 de Junio de 2020, se otorgó el beneficio contemplado en el artículo 88 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales a doña nombre reservado para la defensa municipal en causa Rol C-1871-2020, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, radicada en el Primer Juzgado de Letras de Iquique, en la que se le demandó por supuestos problemas en la redacción de los proyectos y planos de las obras Municipales denominadas Plaza Los Troncos, Plaza Gabriel Mistral y Plaza Salvador Allende, lo que habría provocado perjuicios ascendentes y valorizados en la suma que menciona.

Refiere que el recurrente argumenta que en atención a que la funcionaria mencionada se encuentra también imputada en idéntica causa, RUC 1800428711-4, RIT N° 4459- 2018, del Juzgado de Garantía de Iquique, y que se le habrían reconocido derechos funcionarios, el Municipio no podría, sin conculcar la igualdad de la ley, desconocer su derecho al pago de la remuneración, sin embargo, sostiene que tal aseveración es incorrecta, pues pese a que tanto el recurrente como la funcionaria mencionada se encuentran en similar situación, al estar imputados en la causa penal en referencia y ser funcionarios municipales, el contenido del derecho entregado a uno y negado a otro tiene regulación muy distinta.

Expone que la causa del pago de la remuneración es la prestación del servicio, y la causa de la entrega del beneficio funcionario de defensa es el ser afectado por demandas o querellas surgidas a consecuencia del ejercicio de funciones administrativas y ejecutadas por parte del funcionario beneficiado, de manera que en nada se relacionan ambos derechos.

Indica que todo funcionario que no presta servicios, está impedido de gozar de su remuneración, salvo que se encuentre utilizando su feriado, licencia médica o permiso con goce de sueldo, según el artículo 69 de la Ley 18.883.

Señala que es manifiesto que el funcionario sometido a prisión preventiva o arresto domiciliario total no puede realizar funciones, menos aún si como en el caso del recurrente, se encuentra sometido a la prohibición de acercarse a funcionario públicos y asistir a reuniones con éstos, y tampoco procede a su favor algún tipo de permiso ni licencia médica, ni menos aplica la hipótesis de la fuerza mayor, salvo que fuere declarado inocente por sentencia firme.

Refiere que conforme lo anterior, su representada ha actuado dentro de la esfera de su competencia y de la ley, haciendo presente que tal criterio ha sido recogido por la Contraloría General de la Republica, citando dictamen N° 37.491-2013.

Luego de indicar que no se ha vulnerado ni puesto en riesgo garantía constitucional alguna y al no existir garantía que proteger, ni omisión de su parte, pide se rechace en todas su partes el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que del mérito de autos, se colige que el acto reclamado consiste en la omisión de pago por parte de la I. Municipalidad de Iquique, de las remuneraciones del recurrente, ello por cuanto aquél, actualmente no se encuentra desarrollando sus funciones, atendidas las medidas cautelares dispuestas a su respecto en la causa RIT N° 4459- 2018, RUC 1800428711-4, del Juzgado de Garantía de Iquique.

TERCERO: Que para resolver el presente arbitrio, es necesario dejar asentado que de los antecedentes aportados a la causa, se desprende que efectivamente el recurrente no se encuentra trabajando, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 18.883, no podría percibir remuneraciones, desde que no se encuentra en las hipótesis de excepción que establece la referida norma.

CUARTO: Que no obstante lo anterior, fluye de los antecedentes allegados, tanto de aquello señalado al evacuarse el informe solicitado, como de lo consignado en la medida para mejor acierto del fallo, que la Ilustre Municipalidad de Iquique, no ha dado cumplimiento a lo prevenido en el artículo 3 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración Pública, mismo que en su inciso segundo, define el acto administrativo como las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de la potestad pública, los que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero de la norma antes aludida, deberán constar por escrito y que conforme lo contemplado en el artículo 45 de la ley en referencia, debe ser notificado al interesado conteniendo su texto íntegro, para un mejor resguardo de sus derechos.

QUINTO: Que es del caso señalar que si bien consta de los antecedentes y es un hecho incuestionable, que el recurrente no se encuentra prestando servicios para la Municipalidad de Iquique, y por tanto le resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 18.883, no es menos cierto que debe tenerse presente lo prevenido en el artículo 50 de la Ley 19.880, que reza: “La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa”.

Lo prescrito en la referida norma no ocurre en la especie, desde que la recurrida no ha dictado el acto administrativo que le sirve de fundamento a la aplicación del artículo 69 de la Ley 18.883, lo que transforma la actuación administrativa en arbitraria, desde que ella carece de razonabilidad, motivos por los cuales la acción intentada será acogida en la forma que se dirá.

Así las cosas, la expresión “de pleno derecho” sirve para referirse a una consecuencia jurídica que se produce sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la misma norma jurídica, pero que ello no obsta a que el ente administrativo por razones de publicidad, transparencia y legalidad deba fijar desde cuando produce sus efectos con la dictación del correspondiente acto administrativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Iquique, disponiéndose que en tanto dicho ente no dicte el acto administrativo correspondiente que justifique el no pago de las remuneraciones del recurrente, no resulta procedente efectuar su retención o suspensión.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 478-2020 Protección.

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