Protección contra su resolución que desestimó la calificación de su enfermedad como de origen labo

Iquique, dos de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena de Ferrari Mir, deduciendo recurso de protección a favor de nombre reservado y contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Tarapacá, por vulneración de las garantías del artículo 19 N°1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representada se desempeñó como paramédico en el Hospital Regional desde el año 2014 y que por Resolución NUM000 del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de fecha 28 de febrero de 2025 se calificó su enfermedad respiratoria aguda como profesional. Precisa que el 2022 se contagió de COVID- 19, mantuvo problemas de movilidad y las atenciones médicas, debido a falta de tramitación por parte de aquella institución, por lo cual presentó una serie de reclamos ante la SUSESO, cuyas respuestas transcribe en su recurso, precisando que se acogió reclamo y ordenó cobertura del Seguro Social de la Ley N°16.744 por Resolución Exenta NUM001 de fecha 13 de noviembre de 2023.

No obstante lo anterior, añade que el Instituto de Seguridad Laboral por oficio de julio de 2023 le informó el cese de las prestaciones médicas porque se atendió el diagnostico por enfermedad laboral, quedando atenciones pendientes en relación con diagnósticos de enfermedades comunes y derivada a FONASA.

Atendido el dictamen de la SUSESO, de todas formas, se autorizó su ingreso médico por patología de origen laboral únicamente por la enfermedad respiratoria aguda consecuencia del Coronavirus, siendo evaluada por médico de Red Salud el 28 de diciembre de 2023 y efectuando cierre terapéutico. En ese contexto, refiere que presentó recurso de protección ante esta Corte, Rol N°91- 2024, respecto del alta prematura del ISL, el que fue rechazado, pero revocado en sentencia de 13 de marzo de 2025 en autos Rol N°13.913-2024 de la Corte Suprema, disponiendo el reingreso de la actora a las prestaciones del seguro de la Ley N°16.744, otorgadas por la recurrida, a fin de que dicho órgano asegurador emita un nuevo pronunciamiento, previa reevaluación a la trabajadora, respecto de los diagnósticos de trastorno funcional de la marcha, Trastorno cognitivo multidominio secundario; trastorno somatomorfo severo asociado con trastorno de la marcha y disartria tipo funcional; y parkinsonismo post-covid.

Argumenta que las dos evaluaciones posteriores, psiquiátrica y neurológica, no cumplió con los exámenes complementarios ordenados por la Corte Suprema y concluyó que las patologías actuales corresponden a condiciones extralaborales, propias de su estructura de personalidad, sin relación con su actividad laboral, ni como secuelas del COVID, por tanto, no corresponde continuar con las prestaciones de la Ley N°16.744. Discrepa respecto del dictamen médico que funda la decisión, desde que no explica la dificultad para caminar y comunicarse que presenta. La médico neuróloga sugirió tramitar la invalidez de forma textual en su informe.

Complementa que el ISL le comunicó el 02 de julio de 2025 el cese de las prestaciones médicas por alta médica y la SUSESO rechazó su reclamo al respecto por Resolución Exenta NUM002 de fecha 26 de noviembre de 2025.

Señala que incorporó nuevos antecedentes médicos en recurso de reposición ante SUSESO de 04 de diciembre de 2025, los que considera no fueron ponderados en la Resolución Exenta NUM003 de fecha 30 de abril de 2026 que lo rechazó.

Alega que la Resolución Exenta NUM004 de 05 de mayo de 2026 rechazó otra reposición fundada en nuevos antecedentes médicos, presentada el 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la resolución referida en el párrafo anterior, lo que le parece demostrativo que no existió un análisis de aquellos antecedentes nuevos.

Por otro lado, explica que por Resolución NUM005 de la COMPIN de 04 de septiembre de 2025 evaluó su incapacidad en un 0%, resolución confirmada por la Comisión Médica de Reclamos el 05 de febrero de este año. En este punto esgrime que no consideró informe del neurólogo nombre reservado que diagnosticó parkinsonismo post COVID, por hipoxia prolongada. Esta resolución también fue confirmada por la SUSESO por Resolución Exenta NUM006 de 05 de mayo del presente año.

Asimismo, impugna rechazo de licencias médicas por parte de la COMPIN.

En suma, solicita se declaren ilegales y arbitrarias las resoluciones exentas de la SUSESO NUM003 de 30 de abril de 2026, NUM004 de 05 de mayo de 2026 y NUM006 de 05 de mayo de 2026, que la SUSESO ordene la práctica de un nuevo peritaje para establecer el real estado de salud y nexo causal entre las secuelas de la recurrente, que se ordene al ISL una nueva evaluación de la incapacidad laboral y que se ordene a la COMPIN la autorización del pago de las licencias rechazadas.

Acompaña documentos.

Evacúa informe la Secretaría Regional Ministerial de Salud, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Tarapacá, solicitando el rechazo del recurso.

Hace presente que se rechazó por sentencia de 28 de mayo de 2025 recurso de protección Rol N°1.266-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago, interpuesto por la actora por el rechazo de 157 días de licencia como usuaria Fonasa con patología psiquiátrica, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Precisa que entre el 11 de julio de 2023 y 12 de enero de 2025 transcurrieron 535 días de reposo, autorizándose 378 días.

En relación al presente recurso de protección, con posterioridad reinició reposo continúo desde el 27 de junio de 2025 al 09 de julio de 2026 por patología psiquiátrica y neurológica, acumulando en este período 378 días, siendo autorizados 138 días y rechazados 240 días.

Con respecto al reinicio de reposo contenido en las licencias médicas N° NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, estas fueron rechazadas debido a que en los antecedentes médicos aportados se evidencia que la evolución clínica del cuadro clínico es de carácter crónico, persistente e irreversible, determinado principalmente por el daño orgánico cerebral que implica deterioro neurocognitivo y limitaciones funcionales permanentes condición que a pesar de las intervenciones terapéuticas efectuadas y el tiempo transcurrido con reposo médico, no han logrado una recuperación funcional significativa que permita prever un reintegro laboral efectivo.

En este sentido, complementa que la licencia médica ha perdido oportunidad y rol terapéutico, siendo una condición crónica, degenerativa e irreversible, por lo que le corresponde jubilar por edad, lo que ya fue solicitado y no existe respuesta en la actualidad.

Cabe mencionar que al momento de la confección de este informe se han agotado las instancias de apelación en esta Compin por las licencias médicas NUM007, NUM008, NUM009. NUM010, NUM011. NUM012, en tanto que las licencias médicas NUM013, NUM014, cuentan con instancias de apelación administrativa pendientes de ser ejercidas por la recurrente.

Además, presenta licencias médicas rechazadas por salidas del país mientras hacía uso de las mismas, siendo estas: NUM015, NUM016, NUM017, NUM018, las cuales fueron rechazadas con fecha 04 de diciembre de 2026 conforme a CIC 16 CGR Ord. NUM019 y NUM020 de la SUSESO que aportan los datos del cruce de información y la fiscalización realizada que constituyen antecedente suficiente para tener por acreditada la causal de rechazo invocada.

Refiere que el Compin no tiene competencia para determinar el origen laboral de las patologías, pero sí respecto de la evaluación de las incapacidades permanentes conforme a la Ley N°16.744. En el caso de la recurrente el ISL solicitó la evaluación de secuela por enfermedad profesional por enfermedad respiratoria debido a COVID-19 tratada, neumopatía y Long Covid. Siendo remitidos los antecedentes médicos por parte del ISL a Compin con fecha 08 de agosto de 2025, los que fueron evaluados en sesión con fecha 28 de agosto 2025, determinándose que su porcentaje de incapacidad fue 0%, ya que no se evidenciaron secuelas derivadas del COVID-19 de origen laboral conforme dicta la resolución de incapacidad permanente NUM005 con fecha 01 de septiembre de 2025.

Sobre este punto, precisa que la actora apeló ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y SUSESO, estimándose que las patologías psiquiátricas y neurológicas alegadas tienen origen común y no guardan relación con el contagio de COVID-19 de origen profesional, por lo que agotó todas las instancias de reclamo. Acompaña documentos.

Evacúa informe Instituto de Seguridad Laboral (ISL) en calidad de administrador del seguro de la Ley N°16.744, precisando que el reclamo de la actora fue presentado el año 2022, cuando tenía 62 años, por contagio laboral de Covid y que fue acogida como enfermedad profesional el 28 de febrero de 2022.

Relata los estudios y evaluaciones neurológicas realizadas a la actora en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, coincidiendo en que no existen hallazgos de alteraciones de índole neurológica relacionadas a la infección por virus Covid-19, así como destacan la existencia de patologías de tipo psiquiátrico propias de la trabajadora no relacionadas a la Enfermedad profesional padecida. Asimismo, los estudios de funcionamiento pulmonar y capacidad funcional se encuentran dentro de límites normales, por lo que no requiere tratamiento por parte de broncopulmonar.

En relación con la causa referida en el recurso, explica que la Excma. Corte Suprema en autos Rol N°13.913-2024 instruyó al organismo la realización de una nueva evaluación clínica, especialmente en relación a los diagnósticos de trastorno funcional de la marcha, trastorno cognitivo multidominio secundario, trastorno somatomorfo severo (asociado a trastorno de la marcha y disartria funcional) y parkinsonismo post-COVID, con valoración por neurología y psiquiatría. En cumplimiento de lo ordenado se evaluó por neurólogo y psiquiatra en el año 2025, descartando la existencia de patología neurológica o psiquiátrica relacionada con la enfermedad profesional y no requiere manejo de especialista en salud mental por mutualidad. La afiliada reclamó ante la SUSESO, entidad que lo rechazó mediante Resolución Exenta NUM002 de 26 de noviembre de 2025.

En conclusión, señala que la trabajadora cursó una infección por virus COVID-19 el 19-01-2022, no complicada (sin hospitalización ni ventilación mecánica), siendo acogida como enfermedad profesional el 28-02-2022 y, recibió atenciones y evaluaciones por especialistas de prestadores en convenio del ISL, quienes estudiaron los signos y síntomas manifestados, constatando la ausencia de patología neurológica orgánica, siendo evaluada por dos neurólogos diferentes y diagnosticada con enfermedades de origen común trastorno somatomorfo y trastorno de personalidad Clúster B. No se configura actualmente trastorno cognitivo multidominio ni parkinsonismo post-COVID. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) solicitando el rechazo del recurso porque resolvió conforme a derecho los reclamos que la recurrente presentó, según los argumentos que expone.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso. Por un lado, teniendo presente que la Resolución NUM021 de la Comisión Médica de Reclamos es de 05 de febrero de 2026 confirmó el 0% de incapacidad fijada anteriormente por la COMPIN Región de Tarapacá, la Resolución Exenta NUM002 de la SUSESO se practicó el 26 de noviembre de 2025, que confirmó que la enfermedad tiene origen común, y, por otro lado, que esta acción constitucional fue presentada el 29 de mayo de 2026, esto es, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos para su interposición respecto de ambas resoluciones. Concluye que el recurso de protección se está utilizando en este caso como última instancia de reclamación para obtener un pronunciamiento favorable.

En segundo lugar, argumenta la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, por no estar contenido en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En tercer lugar, respecto del fondo, una vez cumplida la evaluación de la trabajadora de forma multidisciplinaria, presencial y en sesiones múltiples, refiere que la enfermedad que aqueja a la recurrente es de origen común, no laboral como consecuencia del contagio de Covid durante el año 2022, conforme los informes médicos tenidos a la vista no reúnen los elementos del artículo 7 de la Ley N°16.744.

Finalmente, alude que la pretensión del recurrente, su eventual derecho a las prestaciones de la Ley N°16.744, no reúne la condición de derecho prexistente e indubitado, por el contrario, tras sucesivas revisiones del ISL, COMERE y la Superintendencia del ramo se rechazó sus reclamos. Acompaña expediente administrativo de la actora.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el recurso impugna decisiones adoptadas por los órganos de seguridad social, esto es, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en relación a la calificación de común de la enfermedad que la actora considera de origen laboral, el hecho de haberse determinado 0% de incapacidad laboral y, finalmente, el rechazo de las licencias médicas que indica.

TERCERO: En primer lugar, se rechazarán las alegaciones formales de la Suseso, en orden a afirmar la extemporaneidad del recurso y, asimismo, la de improcedencia en razón del derecho invocado, esto es, la seguridad social, desde que las alegaciones de la actora y la forma de afectación que invoca serían de carácter permanente, cuestión que, por lo tanto, no obsta su revisión por este arbitrio cautelar.

CUARTO: Respecto de la calificación de la enfermedad como profesional o de origen laboral, presuntamente originada por el contagio de Covid-19 mientras prestaba servicios en el Hospital Regional de Iquique, debe tenerse presente que el inciso primero del artículo 7 de la Ley N°16.744 dispone: “Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”.

QUINTO: En este punto, vale tener presente lo informado por el Instituto de Seguridad Laboral, que señaló que, en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia de la Excma. Corte Suprema, dictada en autos Rol N°13.913-2024, practicó una nueva evaluación psiquiátrica, neurológica y psicológica, determinándose que no existen hallazgos de alteraciones de índole neurológica relacionadas a la infección por virus Covid-19, así como destaca la existencia de patologías de tipo psiquiátrico propias de la trabajadora no relacionadas a la enfermedad profesional que señala haber padecido.

Asimismo, los estudios de funcionamiento pulmonar y capacidad funcional se encuentran dentro de límites normales, por lo que no requiere tratamiento por parte de broncopulmonar.

Así las cosas, del informe de opinión técnica del Subdepartamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales de la entidad referida, de fecha 04 de junio de 2026, suscrito por el médico auditor Génesis Da Silva Ficano, quien luego de describir múltiples evaluaciones de la paciente, concluye lo siguiente: “La paciente demuestra un adecuado desempeño en memoria, concentración, lenguaje y funciones ejecutivas, manteniendo su autonomía en las actividades de la vida diaria. Incluso realiza viajes y cuida de sí misma y de sus mascotas, lo que descarta un deterioro funcional. Especialistas en neurología y psiquiatría confirman y diagnostican dos patologías de tipo psiquiátrico y de origen común: 1- Trastorno somatomorfo y 2- Trastorno de personalidad Clúster B: El cuadro predominante es un trastorno somatomorfo severo, caracterizado por una preocupación excesiva por síntomas físicos y dificultad para afrontar conflictos vitales, en el contexto de un probable trastorno de personalidad del clúster B (rasgos paranoides o límite). Estas condiciones son propias de la paciente y no atribuibles a post-COVID”.

SEXTO: En consecuencia, no existen antecedentes de un actuar ilegal o arbitrario en la calificación de sus padecimientos como de origen común, habiéndose cumplido lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, siendo las alegaciones de la actora solo una manifestación de su disconformidad con el dictamen.

SÉPTIMO: Por otro lado, la determinación de la incapacidad es materia del Compin, en este caso, en el informe de dicha institución, en consonancia con lo razonado precedentemente, no aparece como ilegal o arbitrario, desde que en el ejercicio de sus funciones determinó un porcentaje de incapacidad en 0%, debido a que no se evidenciaron secuelas derivadas del COVID-19 de origen laboral, conforme dicta la resolución de incapacidad permanente NUM005 con fecha 01 de septiembre de 2025, la que se encuentra debidamente fundada, lo que conduce igualmente a desestimar las alegaciones de la actora sobre este punto.

OCTAVO: Asimismo, se desestimará la impugnación del rechazo de licencias, por consistir en una alegación genérica de parte de la actora, sin indicación de las licencias rechazadas, ni su motivo y, además, no entregó razones que tornan dicho rechazo en ilegal o arbitrario.

Por el contrario, Compin informó que, por un lado, un grupo de licencias se rechazó porque no se incorporó evidencia de la evolución clínica del cuadro de carácter crónico, persistente e irreversible, determinado principalmente por el daño orgánico cerebral, sin que pueda preverse un reintegro laboral efectivo, y, por otro lado, un grupo de licencias rechazadas por haber salido del país mientras hacía uso del reposo prescrito, razones por las cuales de los 378 días solicitados en licencias de origen psiquiátrico y neurológico, fueron autorizados 138 días y rechazados 240 días.

NOVENO: En el petitorio del arbitrio traído a conocimiento de esta Corte, además de las alegaciones anteriores, se solicita expresamente declarar la ilegalidad y arbitrariedad de tres resoluciones de la Suseso, consistente en las resoluciones exentas NUM003 de 30 de abril de 2026, NUM004 de 05 de mayo de 2026 y NUM006 de 05 de mayo de 2026.

DÉCIMO: En consonancia con lo razonado en los considerandos anteriores, la Resolución Exenta de la SUSESO NUM003 de 30 de abril de 2026, que rechaza la reposición de la actora contra resolución de dicho organismo que estimó que el Instituto de Seguridad Laboral dio cumplimiento a lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, la Resolución Exenta de la SUSESO NUM004 de 05 de mayo de 2026, que rechazó la reposición de la afectada en contra de su resolución que desestimó la calificación de su enfermedad como de origen laboral, fundado en que la interesada ya había presentado previamente este mismo recurso contra la resolución que impugnó, y, finalmente, la Resolución Exenta de la SUSESO NUM006 de 05 de mayo de 2026, que rechazó la apelación contra la resolución de la Comisión Médica de Reclamos, que confirmó el 0% de incapacidad determinado por la Compin de la Región de Tarapacá, se estima que todas las resoluciones se encuentran fundadas debidamente en los hechos y el derecho, debiendo por lo tanto desestimarse el recurso también en este ítem.

UNDÉCIMO: De esta forma, el recurso se rechazará por no existir acto ilegal o arbitrario alguno de parte de las entidades recurridas, ni afectación de algún derecho de carácter indubitado que se encuentre protegido por este arbitrio constitucional.

DUODÉCIMO: Asimismo, cabe hacer presente que la calificación de la naturaleza de la enfermedad como de origen laboral o común excede el ámbito del recurso de protección, cuestión que abona la decisión de rechazo.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N°475-2026 Protección.