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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 462-202630 jun 2026

Protección contra Ejército de Chile - División de Personal del Ejército

Fecha
30 de junio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Iquique
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 462-2026, sentencia de 30 de junio de 2026

Resumen

Se rechaza la protección del cabo primero contra su retiro temporal por enfermedad curable: no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad, pues el procedimiento ante la Comisión de Sanidad es autónomo del sumario y los diagnósticos fueron preventivos y confidenciales.

Texto íntegro

Iquique, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, Cabo Primero del Ejército de Chile, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Ejército de Chile - División de Personal del Ejército, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 12 de marzo de 2026, notificada al recurrente el 15 de mayo de 2026, mediante la cual se dispuso su retiro temporal del servicio activo institucional por padecer una supuesta enfermedad de carácter curable, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 2, 3 inciso sexto, 4, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción exponiendo que ingresó a la institución y actualmente ostenta el grado de Cabo Primero, habiéndosele notificado la resolución que dispuso su retiro temporal sobre la base del Informe de la Comisión de Sanidad del Ejército (CSE) N° NUM001, el cual a su vez ratificó el Informe CSE N° NUM002 que lo declaró "No Apto" para continuar en servicio. Sostiene que dicha decisión adolece de falta de precisión clínica, por cuanto fundamenta su retiro en genéricas "características de personalidad" que supuestamente afectarían su estabilidad emocional, omitiendo individualizar una patología específica conforme a clasificaciones científicas reconocidas como el DSM-5 o la CIE-11, calificándolo infundadamente de "potencialmente de daño o peligro para sí mismo o terceros", lo que afecta gravemente su honra y presunción de aptitud.

Añade que se encuentra sujeto a una Investigación Sumaria Administrativa Especial por Enfermedad dispuesta mediante Resolución de fecha 21 de febrero de 2025, la cual está pendiente de resolución definitiva, de modo que la autoridad no debió dictar la medida de retiro temporal de conformidad con lo establecido en los artículos 231, 232, 233 y 234 del DFL N° 1 de 1997, el artículo 68 de la Ley N 18.948 y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Destaca asimismo que se encuentra trabajando activamente y de manera ininterrumpida desde el 29 de junio de 2025 como Suboficial de Mantenimiento con un desempeño calificado favorablemente por su superior directo, Capitán nombre reservado, habiendo además rendido y aprobado las Pruebas de Suficiencia Física (PSF) con fecha 11 de junio de 2025. Por último, señala que interpuso un recurso extraordinario de revisión en contra del Informe CSE N° NUM001, el cual fue acogido a tramitación el 23 de febrero de 2026 y permanece pendiente de resolución, de modo que la determinación técnica subyacente no se encuentra firme. En virtud de lo expuesto, solicita acoger el recurso, dejar sin efecto su retiro temporal y ordenar su reincorporación inmediata al servicio activo.

Acompaña documentos.

Evacúa informe la Comisión de Sanidad del Ejército, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas. Como cuestión previa, alega la extemporaneidad de la acción en relación con el Informe CSE N° NUM001, señalando que dicho acto técnico, que constituye la verdadera determinación lesiva cuestionada, fue notificado formalmente al recurrente con fecha 10 de febrero de 2026, habiéndose deducido la presente acción el 25 de mayo de 2026, excediendo con creces el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

En cuanto al fondo, sostiene que conforme al artículo 234 del DFL N° 1 de 1997, corresponde exclusivamente a la Comisión de Sanidad de la institución examinar la capacidad física y psíquica del personal y determinar su aptitud, constituyendo sus dictámenes conclusiones técnicas que hacen plena prueba y que no pueden ser desvirtuadas por certificaciones emitidas por médicos particulares ni por informes de desempeño de mandos operativos. Precisa que la aptitud para el servicio militar es un estándar global que excede la mera recuperación laboral clínica, y que el actor padece una patología mental de depresión mayor reactiva, con observación de trastorno de estrés post traumático que se ha cronificado, registrando un total acumulado de 763 días de licencia médica, motivo por cual la Comisión de Sanidad propuso el retiro temporal del funcionario conforme el artículo 56 letra a) de la Ley N°18.948, decisión que fue objeto de recurso de reposición, reevaluando al recurrente, ratificando el informe de no apto, razón por la que remitieron los antecedentes a la División de Personal para la dictación del retiro temporal por enfermedad, Añade que la Investigación Sumaria Administrativa y el procedimiento técnico-médico de la Comisión de Sanidad son cuerdas autónomas e independientes, por lo que la pendencia de la primera no condiciona ni suspende las facultades de la autoridad de sanidad para proponer el retiro por enfermedad curable.

Finalmente, descarta la conculcación de las garantías constitucionales invocadas, argumentando que no existe derecho de propiedad sobre cargos públicos y que la interposición de recursos extraordinarios de revisión no suspende la ejecutoriedad de los actos administrativos válidamente dictados.

Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: El acto impugnado en autos consiste en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 12 de marzo de 2026, notificada el 8 de mayo del presente año, mediante la cual el Comando de Personal del Ejército de Chile dispuso el retiro temporal del servicio activo del recurrente, fundado en la existencia de una enfermedad psiquiátrica de carácter curable, pero que lo imposibilita temporalmente para el desempeño de la función militar, determinación que se sustenta en los Informes de la Comisión de Sanidad del Ejército N°NUM002 y N°NUM001, los cuales declararon al funcionario "No Apto" para continuar prestando servicios, decisión que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria aduciendo la pendencia de una Investigación Sumaria Administrativa (ISA), su desempeño laboral favorable presencial y la tramitación de un recurso extraordinario de revisión de la Ley N°19.880.

TERCERO: Como cuestión previa, cabe rechazar la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida respecto del informe de la Comisión de Sanidad, toda vez que el acto lesivo formalmente impugnado fue notificado al recurrente el 15 de mayo de los corrientes, habiendo interpuesto esta acción constitucional el 25 de mayo, resulta manifiesto que el arbitrio se dedujo dentro del plazo fatal de 30 días corridos, resultando por ende plenamente oportuno.

CUARTO: Ingresando al análisis de fondo, cabe tener presente que el artículo 234 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1997, que aprueba el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, establece perentoriamente que el examen físico y psíquico del personal y la determinación de su capacidad para continuar en el servicio será efectuado exclusivamente por la Comisión de Sanidad de cada Institución, agregando el artículo 256 de dicho cuerpo que su informe definitivo hará plena prueba y no podrá ser modificado por otros antecedentes médicos o técnicos.

QUINTO: Así, la Dirección de Personal, al fundar su acto en el informe final emitido por la Comisión de Sanidad, que actuó en el ámbito de sus potestades técnicas exclusivas al constatar que el actor presentaba una patología mental de "Depresión Mayor Reactiva, Observación de Trastorno de Estrés Post Traumático" con un historial de 763 días de licencias médicas acumulados, resolvió fundadamente que la afección se había cronificado e imposibilitaba el porte y uso de armas, el desempeño operativo y la realización de guardias, acogiendo la petición de retiro temporal conforme al artículo 56 letra a), de la Ley N°18.948, descartándose ilegalidad alguna al emanar la resolución recurrida de la autoridad competente y de un procedimiento reglado de carácter médico-científico.

SEXTO: Respecto a la alegación fundada en que el recurrente se encuentra de alta, desempeñando funciones administrativas de mantenimiento con calificaciones favorables de su superior jerárquico y habiendo aprobado las Pruebas de Suficiencia Física (PSF), tales circunstancias carecen de idoneidad legal y técnica para desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el organismo médico especializado, atendida que la observación es de orden psiquiátrico.

SÉPTIMO: En consecuencia, requiriendo la aptitud para la labor militar un estándar psicofísico global e integral que excede la capacidad práctica de ejecutar tareas administrativas de apoyo, la carrera de las armas exige un nivel de alistamiento permanente y condiciones psíquicas idóneas para afrontar situaciones de desgaste extremo y uso de armamento, cuya evaluación el legislador radicó exclusivamente en la Comisión de Sanidad.

OCTAVO: En lo concerniente a la pendencia de la Investigación Sumaria Administrativa (ISA) especial por enfermedad, es menester precisar que dicho procedimiento sumarial y el proceso técnico-médico ante la Comisión de Sanidad son actuaciones autónomas.

En efecto, la ISA regulada en los artículos 231 al 233 del Estatuto de Personal tiene por finalidad indagar y calificar técnicamente el origen de la afección para efectos estrictamente previsionales y de indemnizaciones por inutilidad, en tanto que el procedimiento ante la Comisión de Sanidad persigue constatar el estado de salud psicofísico actual del funcionario y declarar su aptitud para continuar prestando servicios, y en el presente caso, proponer el retiro temporal por enfermedad curable, medida destinada a salvaguardar la debida eficiencia de la institución, junto con la salud física y mental del recurrente.

NOVENO: Sobre la alegación sustentada en que el retiro no puede ejecutarse por encontrarse pendiente de resolución el recurso extraordinario de revisión deducido el 11 de febrero de 2026 contra el Informe CSE N°NUM001, ello debe descartarse, en atención a los principios de ejecutoriedad, celeridad y eficacia que rigen a los actos administrativos consagrados en la Ley N°19.880, la interposición de recursos extraordinarios no suspende la ejecutoriedad de las resoluciones dictadas por la autoridad en ejercicio de sus potestades.

DÉCIMO: Descartado un actuar ilegal o arbitrario del Ejército de Chile, no se configura la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que no se demostró una discriminación respecto de otros funcionarios en igual situación, se respetaron los conductos de defensa del estatuto especial, los diagnósticos médicos se emitieron con carácter preventivo y confidencial sin carácter infamante, se garantizó el acceso a las prestaciones de salud del sistema castrense, y no existe un derecho de propiedad sobre el desempeño de funciones públicas, cuya permanencia está sujeta a las exigencias estatutarias y sanitarias que rigen la carrera armada, por lo que el recurso de protección será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado en contra del Ejército de Chile - División de Personal del Ejército.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°462-2026 Protección.