Protección contra Ministerio de Desarrollo Social

IQUIQUE, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, empleada pública, domiciliada en domicilio reservado de esta comuna, quien deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Desarrollo Social, representado legalmente por don nombre reservado, funcionario público, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber vulnerado sus derechos reconocidos en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Afirma que la recurrida, a través de la Subsecretaría de la Región de Tarapacá, incurrió en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la resolución exenta RA N° 0871/2018, de 21 de noviembre de 2018, que dispuso la no renovación de su contrata (sic) a honorarios, debido principalmente que, a juicio de la recurrida, no cumplió con la expectativas y metas del ministerio, en especial en lo que dice relación con el proceso de reconstrucción post terremoto, resolución que no cumple con el deber de fundamentación y carece de razonabilidad.

Señala que es funcionaria técnica desde hace más de 3 años, periodo en el cual ha desarrollado funciones como administrativa, atención de público, apoyo, fiscalización y supervisora en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá, en especial en lo que dice relación con los planes de emergencia y reconstrucción post terremoto de la Región en el año 2014. Agrega que empieza a prestar servicios el 18 de febrero de 2015, contando con 3 años continuos e ininterrumpidos de prestación de servicios en el Servicio recurrido y que su rol versaba sobre el apoyo en las labores administrativas, de supervisión, fiscalización, control, atención y pagos, todo vinculado al área de emergencia de la Seremía, bajo la supervisión directa de la encargada del área, pasando en el año 2017 al área de focalización, por lo cual debía cumplir labores de supervisora del Registro Social de Hogares, sin dejar de lado sus funciones en el área de emergencias dando cumplimiento al Programa de reconstrucción .

Indica que si bien su contratación original se asoció a la emergencia vivida en la época, la misma se mantuvo pese al término de los diversos planes y programas asociados, e incluso pasó a cumplir funciones de más alto rango, en el entendido que cumplía labores de fiscalización y supervisión que en nada se relacionaban con la emergencia en comento y que al contrario eran funciones propias de personal de planta o a contrata. Expone también que su desempeño como funcionario público ha sido de excelencia, que no cuenta con anotaciones de demérito, ni anotación de reproche en su hoja de vida, y no ha sido sometida a investigación o sumario administrativo, ni se encuentra dentro de las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para dar término a su contratación.

Añade que el 23 de noviembre último fue notificada personalmente, de la no renovación de su contrata (sic) a honorarios, a través de Resolución Exenta RA 0871/2018 y que el trabajo del cual se le desvincula, ha sido la continuación de una serie de prorrogaciones de su contrato en los mismos términos de origen.

Agrega también que en virtud del principio de confianza legítima, una vez transcurridos más de 2 años de relación laboral a contrata o cualquiera similar que implique un vínculo estable, permanente e ininterrumpido durante el periodo de tiempo referido, esta se transforma en indefinida, por lo que solo podrá proceder la no renovación previa emisión de un acto administrativo legal, amparado en hechos objetivos y veraces; y que en relación a los fundamentos contenidos en la resolución la misma se ampara en un supuesto mal desempeño funcionario, lo que corresponde a imputaciones inexactas, pues se le imputa responsabilidad que le corresponden a sus superiores o a funcionarios anteriores a su contratación; y que en caso de haber sido veraces, deberían haber significado una investigación sumaria por la gravedad de su tenor y requerían de un proceso de calificación ausente en autos.

Refiere que el acto administrativo debe ser sometido a registro ante la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión, lo cual no le consta si se cumplió, pues la Resolución que le fue notificada no contaba con el mencionado registro. También añade que la resolución no se basó en criterios objetivos, considerando sus calificaciones, desempeño, carrera funcionaria, capacidades y especialización, no constituyendo los argumentos en ella contenidos fundamentación suficiente para emitir el mentado acto administrativo, siendo este carente de motivación y producto de la mera voluntad de la autoridad.

Agrega que la decisión de la autoridad es arbitraria, ya que los verdaderos argumentos fundantes de la desvinculación de autos dicen relación con criterios subjetivos y que no se amparan en el desempeño profesional. Además señala que la decisión de no renovar su contrata, carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, y que la fundamentación entregada para justificar la no renovación de empleo a contrata no tiene su origen en un mal desempeño funcionario, así como tampoco en el hecho de que se encuentren extintas sus funciones, ya que será reemplazada por otro funcionario lo que demuestra que aún son necesarios sus servicios.

Indica que el motivo que sustenta la decisión de la recurrida es la animadversión de las nuevas autoridades, las cuales en reiteradas oportunidades la denostaron por cumplir funciones sin contar con un título profesional, las cuales le fueron encomendadas por sus superiores y que no dependía de ella realizarlas, Además agrega que si bien existieron una serie de cuestionamientos de Contraloría General de la República respecto al desarrollo del proceso de beneficios post emergencia 2014, los mismo no se relacionan con sus funciones, y que cada vez que tuvo conocimiento o acceso a algún reparo procedió a solucionarlo o informar según correspondía; y que además la decisión recurrida es arbitraria pues no se ampara en datos objetivos ni en una realidad fáctica, careciendo de fundamentos al contradecir sus méritos, capacidad, desempeño, evaluaciones, carrera y trayectoria, encontrándose el acto administrativo en obligado a respetar la normativa por expreso del principio de juridicidad y legalidad, el que se extiende incluso a las potestades administrativas discrecionales.

Expresa que en cuanto a la ilegalidad del acto, el mismo no respetó la normativa vigente, vulnerando el deber de motivación y las expresas instrucciones contenidas en los dictámenes de Contraloría del ramo, así como también el criterio jurisprudencial en la materia.

Asevera que con el actuar de la recurrida, se han vulnerados sus derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política, numeral 2, ya que el acto administrativo que resuelve la no renovación de su contrata carece de fundamentos, razonabilidad y no cumple con los requisitos legales para su emisión, constituyendo por ende una decisión arbitraria e ilegal, lo que perturba el ejercicio del derecho en comento, siendo discriminada arbitrariamente al ser excluida de la Administración del Estado en desmedro de otros empleados en iguales condiciones y sin que exista razón suficiente que ampare la decisión; numeral 16 ya que la decisión de la autoridad le ha impedido continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata, aun cuando cuenta con los elementos que permiten que dicha relación se mantenga estable, lo que está avalado por el principio de confianza legítima, no siendo procedente que la Administración del Estado modifique su práctica de renovación de empleo temporal a honorarios, mantenida durante los últimos 3 años, sumado al hecho que el acto no cumplió ninguno de los requisitos ni plazos legales vulnerando la protección al empleo que el Estado debe salvaguardar; y numeral 24 ya que ingresó voluntariamente a la Administración del Estado, y por ende su calidad de funcionario ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo impedir el goce de los derechos emanados de su contrato, incluyendo sus remuneraciones.

Finalmente, luego de invocar normativa y jurisprudencia en apoyo de su pretensión, solicita que se ordene dejar sin efecto la no renovación de su contrata (sic) y el inmediato reintegro a sus funciones, con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde la separación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

Evacuando informe, Andrés Valenzuela Concha, fiscal del Ministerio de Desarrollo Social, en representación la recurrida, expresa que no existen derechos indubitados en la protección solicitada por la recurrente, ya que no se trata ni siquiera de un término anticipado del contrato aludido, sino que éste finaliza en la misma fecha estipulada por ambas partes, a la hora de celebrar el convenio a honorarios en comento.

Indica que la resolución recurrida señala que el contrato a honorarios solo duraría hasta el 31 de diciembre de 2018 o mientras sean necesarios sus servicios, y por lo tanto no es de competencia de esta Corte pronunciarse respecto de la juridicidad del acto impugnado, ya que esta acción de protección debió haber sido declarada inadmisible, pues no resulta la vía jurídica más idónea para resolver el término del empleo bajo la modalidad de honorarios.

Agrega que la relación contractual concluyó por el solo transcurso del plazo fijado por acuerdo entre las partes aprobado por resolución TRA N° 119516/84/2018 de 29 de enero de 2018. También añade que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el 23 de noviembre se le remitió una carta en la que se le comunicó a la recurrente que su vínculo con su representada se mantendría vigente solo hasta el 31 de diciembre del mismo año, en el marco de las buenas prácticas laborales incorporadas, toda vez que no existe ninguna obligación legal de ejecutar dicha comunicación.

Señala que el vínculo que se generó con la parte recurrente y la Subsecretaría de Servicios Sociales, se rige por las normas del propio contrato y supletoriamente por las normas del contrato de arrendamiento de servicios personales regulados en los artículos 2006 y siguientes del Código Civil. Afirma también que el vínculo contractual entre la recurrente y su representada concluyó el 31 de diciembre último; que lo anterior ocurrió por el solo transcurso del plazo fijado en el mismo contrato, sin requerirse ningún otro trámite al cumplirse la fecha antes mencionada, y que para que se prorrogue un contrato a honorarios, es del todo necesario que se hubiere propuesto dicha prórroga con treinta días de anticipación al 31 de diciembre, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Respecto a la confianza legítima, refiere que la recontratación a honorarios no torna permanente y constante la mantención del vínculo entre las partes contratantes, razón por la cual su término se rige indudablemente por las propias cláusulas del mismo contrato; que no se configuraría el supuesto necesario para generar una confianza legítima en los términos determinados por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, toda vez que la actora nunca fue designada en calidad jurídica a contrata dentro del Servicio, a pesar de que ella así lo invoca a lo largo del recurso.

Asevera que no se ha vulnerado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, ya que su representada ha dado estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato a honorarios para disponer su no renovación, más aun ha dictado un acto administrativo fundado en que explica razonadamente, sin ser una exigencia legal, los fundamentos por los cuales el contrato a honorarios de la recurrente no será prorrogado, notificándole con más de 30 días de anticipación respecto a la fecha en que el término de su contrato a honorarios se producirá por el solo ministerio de la ley. Además indica que el acto administrativo dictado fue adoptado con estricto apego a la legalidad y ha sido debidamente fundado, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado por el recurrente, al constituir una consecuencia del ejercicio legítimo de las potestades administrativas que las leyes le han conferido al Ministro de nombre reservado.

Tampoco ha vulnerado el numeral 16, ya que lo argumentado por la recurrente no tiene racionalidad alguna, por cuanto no existe forma en que su representada pueda afectar su libertad de trabajo, de forma tal que el actuar de aquella Administración jamás podría implicar una prohibición que impida ejercer esta garantía, en los términos por ella planteados. Asimismo, expone que la recurrente no desarrolla ni explica la forma en que se ha vulnerado este derecho, y que no existe derecho alguno de la recurrente a que su designación sea renovada, sino que éstas terminan por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre del año correspondiente sin ningún otro requisito fuera del cumplimiento del plazo, por lo que mal podría afectarse derecho alguno cuando lo que ha ocurrido es simplemente una circunstancia estipulada expresamente en el mismo contrato.

Finalmente, luego de citar normativa y jurisprudencia en apoyo de su pretensión, solicita que se desestime el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que de lo expuesto por los litigantes en sus respectivos escritos, así como de los antecedentes allegados al procedimiento cautelar, aparece que el acto contra el cual se reclama lo constituye la decisión adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual por Resolución Exenta RA Nº 0871/2018, de 21 de noviembre de 2018, resuelve no renovar para el año 2019, la contratación a honorarios de doña nombre reservado, decisión que a criterio de la recurrente es arbitraria e ilegal, al no cumplir con el deber de fundamentación y al carecer de razonabilidad, afectándose con ésta sus garantías fundamentales previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que, apreciados los antecedentes aportados por los intervinientes, conforme a los principios de la sana crítica, esto es, recto entendimiento humano, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, procede disponer el rechazo del presente resorte constitucional, toda vez que no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad en la dictación de la resolución administrativa en contra de la cual se recurre de protección.

En efecto, no existe controversia en cuanto a que la recurrente comenzó a prestar funciones para la Subsecretaría de Servicios Sociales desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018, celebrando para dicho efecto las partes 12 contratos a honorarios a suma alzada, invocándose en todos ellos la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 11 establece que "Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".

CUARTO: Que, conforme a lo señalado, no se advierte ilegalidad en el actuar de la autoridad recurrida, desde que la decisión reprochada se fundó en las normas legales que regulan la materia. Tampoco resulta arbitraria, porque no aparece de los antecedentes aparejados a este proceso cautelar, que tal medida haya sido producto del mero capricho de la recurrida o carente de razonabilidad, atendido que la recurrida, mediante Resolución Exenta 0871 de 21 de noviembre pasado expresa los fundamentos de su decisión en orden a no renovar la contratación a honorarios para el año 2019, consignando al efecto "Que en la actualidad existe un proceso de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social en materia del post terremoto, por la emergencia vivida el año 2014 en la región, lo que ha significado un gran número de observaciones de la Contraloría General de la República".

Por lo mismo, no existe vulneración de la garantía establecida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, por cuanto, como se señaló, bastaba que el superior jerárquico estimara que no eran necesarios sus servicios para poner término legalmente a la contrata fundadamente. Tampoco se afecta la garantía señalada en el N° 16, pues no se divisa alguna discriminación a su respecto, sino que obedece a las características propias del modelo de contratación a la que se encontraba sujeta; ni existe infracción a la garantía del N° 24 del referido artículo 19, ya que la recurrente no goza de un derecho de propiedad del cargo, atendida la propia naturaleza del contrato de honorarios; por lo que no se ha incurrido en acto ilegal o arbitrario por el que deba esta Corte restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que por lo expuesto precedentemente, no concurriendo los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto ilegal y arbitrario y que se hayan conculcado derechos garantidos por la Constitución, no cabe sino disponer su rechazo.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 455-2018 Protección.

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