Protección contra Colegio nombre reservado

Iquique, dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, actuando en representación legal de su hijo menor de edad, nombre reservado, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado legalmente por su Director don nombre reservado, por vulnerar en forma ilegal y arbitraria las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su hijo de actuales 9 años es alumno regular del 4° básico A del establecimiento recurrido y cuenta con un diagnóstico médico de Trastorno del Espectro Autista, posee, además, una discapacidad de carácter mental psíquica de un 53%, informada oportunamente al colegio.

Refiere que con fecha viernes 17 de abril de 2026, a las 11:20 horas aproximadamente, mientras su hijo rendía una evaluación de matemáticas, experimentó un episodio de desregulación. En dicho contexto, se giró hacia un compañero, expresándole: "Quiero quemar el colegio". Posteriormente, le indicó al mismo compañero: "si no le achuntas a la pantalla, todos se la van a meter".

Finalmente, durante la clase de inglés, le manifestó a otra compañera "Te voy a cuchillar", según lo señalado por el establecimiento educacional.

Agrega que el colegio reaccionó aplicando el procedimiento sancionatorio extremo de "Aula Segura" procediendo a su suspensión inmediata. Sin embargo, previo a aquello no se implementó ninguna acción atendida su discapacidad ni se abordó con los profesionales del PIE, siendo la primera vez que se desregulaba de esa forma.

Destaca que, al momento de los hechos, el establecimiento recurrido no contaba con ningún Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual (DEC) ni con el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC) actualizados, ambos siendo exigidos por la Ley de autismo 21.545 y Circular N°586 de la Superintendencia de Educación, es decir, antes de aplicar la expulsión, no se adoptaron acciones preventivas y medidas pedagógicas y formativas, obviando el principio de proporcionalidad.

Solicita dejar sin efecto la suspensión decretada y toda anotación negativa en su hoja de vida escolar referida a este incidente, ordenándose el reintegro inmediato del estudiante a sus clases regulares, debiendo además el establecimiento actualizar el PAEC y protocolos de desregulación.

Evacúa informe el abogado Juan Pablo Mandaleris Gandolfo, en representación de Fundación nombre reservado, expone que frente a hechos el establecimiento activó los protocolos correspondientes, inició el procedimiento respectivo, otorgó al estudiante y a su apoderada todas las garantías de participación y defensa contempladas por la ley, y adoptó medidas destinadas a resguardar tanto la seguridad de la comunidad educativa como la continuidad del proceso pedagógico del estudiante.

Agrega que, durante la vigencia de la medida cautelar de suspensión, el establecimiento proporcionó material pedagógico, evitando cualquier interrupción en el proceso educativo del alumno, de forma tal que, no existe antecedente alguno que permita concluir que el actuar del establecimiento haya provocado una afectación ilegítima a la integridad física o psíquica del estudiante, tratándose, por el contrario, del ejercicio legítimo de las facultades que la ley entrega a los establecimientos educacionales para resguardar la seguridad y la convivencia escolar.

Asimismo, destaca que el establecimiento educacional no solo tiene el deber de resguardar los derechos del estudiante sometido al procedimiento disciplinario, sino también los derechos fundamentales de los demás integrantes de la comunidad educativa.

En este contexto, la decisión adoptada implicó una ponderación entre los derechos e intereses involucrados, considerando tanto las circunstancias particulares del estudiante como el deber institucional de garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje de todos los miembros de la comunidad educativa.

Refiere que la medida adoptada no constituye una actuación discrecional o arbitraria del establecimiento, sino el resultado de un procedimiento expresamente regulado por la Ley N°21.128 Aula Segura, en el cual se respetaron íntegramente las garantías de un debido proceso.

Solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección.

Evacúa informe la Superintendencia de Educación de Tarapacá, expone que la Ley 20.529 le otorga al servicio diversas atribuciones de carácter fiscalizador, interpretativo, normativo y sancionatorio, pudiendo impartir instrucciones, requerir antecedentes, fiscalizar cumplimiento de la normativa educacional vigente e iniciar procedimientos administrativos sancionatorios cuando corresponda.

Agrega que corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional vigente, incluyendo la existencia, contenido, difusión y aplicación del Reglamento Interno y sus protocolos; el resguardo de los derechos de los estudiantes; el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a convivencia escolar; y la correcta aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.

Refiere que, respecto a las gestiones desarrolladas, respecto al caso de autos, los antecedentes fueron remitidos a la secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá para efectos de gestionar la reubicación del estudiante y resguardar la continuidad de su trayectoria educativa.

Asimismo, señala que efectuó la revisión formal del procedimiento disciplinario relativo a la aplicación de la medida disciplinaria adoptada por el establecimiento recurrido, concluyendo que se encuentra actualmente en proceso de tramitación, atendida la reciente recepción de los antecedentes.

Finalmente, sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia ha dado cumplimiento a las actuaciones que expresamente le encomienda la normativa educacional. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que lo reclamado consiste en haberse dispuesto la expulsión del niño del Colegio recurrido, lo que conculcaría las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, conviene traer a colación el artículo 1 numeral 2 de la Ley N°21.128, denominada “Aula Segura”, que introduce modificaciones a la letra d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación de 1998, dispone: "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento." Asimismo, el numeral 3 de la misma disposición, en su primera parte, establece: "El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.

CUARTO: Que, de esta forma, de los antecedentes acompañados por las partes, valorados conforme a las reglas de la sana critica, se aprecia que el Colegio recurrido aplicó el respectivo reglamento ante la ocurrencia de los hechos, procediendo a notificar y citar a la apoderada y al estudiante, comunicándole el hecho imputado, el proceso de investigación, la adopción de la medida y la posibilidad de realizar sus descargos.

QUINTO: Que, así las cosas, se puede establecer que la decisión cuestionada fue adoptada por la autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la normativa educacional vigente, de manera que, no corresponde calificar su actuación de ilegal ni arbitraria, sino la aplicación uniforme y objetiva de las normas que regulan la convivencia escolar contempladas en el reglamento del Colegio.

Ratifica lo anterior, el hecho que la Superintendencia de Educación de la Región de Tarapacá, a través del ORD NUM000 de 5 de junio de 2026, acompañado en estrados, concluyó que el procedimiento de aplicación de medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional.

SEXTO: Que, finalmente, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Educación, los antecedentes fueron remitidos a la secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá para efectos de gestionar la reubicación del estudiante y resguardar la continuidad de su trayectoria educativa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado, actuando en representación legal de su hijo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 448-2026 Protección.