Protección contra Liceo nombre reservado

Iquique, dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado Sr. Alan Gonzalo Burzok Guzmán, en representación nombre reservado, estudiante, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Liceo nombre reservado, representada por su directora doña nombre reservado, por vulnerar en forma ilegal y arbitraria las garantías consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el estudiante ingresó al liceo recurrido en el año 2022, comenzando a cursar séptimo básico, desde un principio, se destacó por tener una excelente conducta y calificaciones altas, cursando y aprobando sus asignaturas con sobresalientes, teniendo promedios generales sobre la nota 6,0, y promedio de asistencia superior al 90%.

Agrega que, en dicho contexto, desde séptimo básico y hasta segundo medio se destacó por ser un buen alumno, por participar en clases y en todas las actividades escolares Señala que el 24 de abril pasado un compañero de curso fue sorprendido con un arma de juguete, la cual era del padre del recurrente, tratándose de un arma de aire comprimido, sin cargador, sin tu tubo de CO2.

Detalla que, en una actividad en el patio del recinto estudiantil, un docente se acercó al compañero del recurrente y observando que tenía la pistola en el bolsillo, se la quitó, informándole a la inspectora de dicho nivel.

En dicho contexto, el compañero, informa que el arma de juguete era del recurrente iniciándose un procedimiento sancionatorio en su contra.

Refiere que respecto al procedimiento e investigación seguida en contra del estudiante nunca quedó claro cuál es el objeto de la investigación y que desconoce si la referida arma se había utilizado para amenazar a algún estudiante, docente o miembro del establecimiento educacional, tampoco queda claro si está se estaba utilizando para una actividad, asustar o molestar.

Sostiene que procedimiento iniciado en contra de su representado, está alejado del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento recurrido, en tal sentido, señala que, debe tenerse en consideración, que el expediente llevado en contra del recurrente tiene poca claridad del requerimiento de aula segura, tal es así que, la decisión de expulsión adoptada por el establecimiento recurrido no solo infringe la normativa educacional y constitucional vigente, sino que además contradice abiertamente su propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), instrumento que resulta obligatorio tanto para la comunidad educativa como para el propio establecimiento, conforme al principio de juridicidad y confianza legítima que debe regir toda actuación disciplinaria escolar.

Agrega que, del mismo modo, tampoco se garantizó un procedimiento racional y justo, desde que la investigación desarrollada por el establecimiento careció de objetividad e imparcialidad, toda vez que, la directora del establecimiento educacional actuó como investigador y juez, omitiéndose antecedentes relevantes para la adecuada comprensión del contexto de los hechos.

Finalmente solicita el reintegro del estudiante de forma inmediata, con el debido acompañamiento escolar y flexibilidad para rendir las evaluaciones durante el periodo que ha sido impedido de asistir a clases. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, por el Liceo nombre reservado, sostiene que el Liceo mantiene un protocolo ceñido con las normas de la Ley 21.128, denominada “Aula Segura” emanada del Ministerio de Educación, a la cual deben sujetarse todos los protocolos y procedimientos que se refieren a ella.

En efecto, -agrega- que el RICE del referido plantel educativo, en el punto 12.1, se contempla el procedimiento especial Aula Segura, el cual hace una transcripción de las normas antes referidas y para ser más asertivo la práctica del protocolo, inserta un cronograma que contiene 11 pasos, en donde se describe de manera pormenorizada la conducta a realizar por el Establecimiento y los pasos a seguir hasta la culminación de la investigación.

Sostiene que, tal como se detalla en el paso 11, el Establecimiento debe informar a la Superintendencia de Educación, sobre el protocolo e investigación desarrollado y en el caso de haber aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula y que ya falló el recurso de reconsideración presentado por el alumno o apoderado - como en este caso aconteció -, informó a la Superintendencia de Educación de Tarapacá, dentro del plazo de 5 días hábiles contemplado en el procedimiento especial, para que ese organismo se pronuncie luego de su revisión si este se ajusta o no a la normativa, en donde se acompañaron todos los documentos y antecedentes que obran en la carpeta investigativa.

Solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

Evacúa informe la Superintendencia de Educación de Tarapacá, expone que la Ley 20.529 le otorga al servicio diversas atribuciones de carácter fiscalizador, interpretativo, normativo y sancionatorio, pudiendo impartir instrucciones, requerir antecedentes, fiscalizar cumplimiento de la normativa educacional vigente e iniciar procedimientos administrativos sancionatorios cuando corresponda.

Agrega que corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional vigente, incluyendo la existencia, contenido, difusión y aplicación del Reglamento Interno y sus protocolos; el resguardo de los derechos de los estudiantes; el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a convivencia escolar; y la correcta aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.

Refiere que, respecto a las gestiones desarrolladas, respecto al caso de autos, los antecedentes fueron remitidos a la secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá para efectos de gestionar la reubicación del estudiante y resguardar la continuidad de su trayectoria educativa.

Asimismo, señala que efectuó la revisión formal del procedimiento disciplinario relativo a la aplicación de la medida disciplinaria adoptada por el establecimiento recurrido, concluyendo que se ajustó formalmente a la normativa educacional vigente. Dicha circunstancia fue informada al establecimiento educacional mediante Ordinario N°NUM000 de fecha 22 de mayo del año en curso.

Finalmente, sostiene que la Superintendencia ha dado cumplimiento a las actuaciones que expresamente le encomienda la normativa educacional.

Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que lo reclamado consiste en haberse dispuesto la expulsión del adolescente del Liceo recurrido, lo que conculcaría las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, conviene traer a colación el artículo 1 numeral 2 de la Ley N°21.128, denominada “Aula Segura”, que introduce modificaciones a la letra d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación de 1998, dispone: "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento." Asimismo, el numeral 3 de la misma disposición, en su primera parte, establece: "El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.

CUARTO: Que, de esta forma, de los antecedentes acompañados por las partes, valorados conforme a las reglas de la sana critica, se aprecia que el Liceo recurrido aplicó el respectivo reglamento ante la ocurrencia de los hechos, procediendo a notificar y citar a la apoderada y al estudiante, comunicándole el hecho imputado, el proceso de investigación, la adopción de la medida y la posibilidad de realizar sus descargos.

Que, refleja lo anterior el “Expediente Procedimiento Aula Segura” seguido por el Liceo recurrido, donde se describe la entrevista con los apoderados y el padrastro manifiesta, además, que el arma es de su propiedad, precisando que no se trataría de un arma de juguete, sino que corresponde a una pistola de aire comprimido.

QUINTO: Que, así las cosas, se puede establecer que la decisión cuestionada fue adoptada por la autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la normativa educacional vigente, de manera que, no corresponde calificar su actuación de ilegal ni arbitraria, más aún si se tiene presente que la infracción y la sanción impuesta también están expresamente contempladas en el reglamento del Liceo.

SEXTO: Ratifica lo anterior, el hecho que la Superintendencia de Educación de la Región de Tarapacá, a través del ORD NUM000 de 22 de mayo de 2026 concluyó que el procedimiento de aplicación de medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional.

SEPTIMO: Que, finalmente, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Educación, los antecedentes fueron remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá para efectos de gestionar la reubicación del estudiante y resguardar la continuidad de su trayectoria educativa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por Alan Gonzalo Burzok Guzmán, en representación de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 447-2026 Protección.