Recurso de protección

Iquique, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparecen los abogados don Boris Ronald Carvajal Fábrega y doña Andrea de los Ángeles Juárez Merma, en representación de doña nombre reservado, socia fundadora del Sindicato de Trabajadores Independientes Servicio al Consumidor y nombre reservado, quienes deducen acción constitucional de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Servicio al Consumidor y nombre reservado, representada legalmente por su presidente don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Fundan la acción en la comisión de una serie de actos que califican de reiterados, sistemáticos, ilegales y arbitrarios por parte de la directiva y de un grupo organizado de socios, los que configurarían una campaña de hostigamiento institucionalizado en contra de la actora, culminando con su expulsión de la organización sindical a través de un procedimiento disciplinario viciado.

Expone la parte recurrente que la afectada ha sido objeto de una persecución sistemática ejercida por los órganos de administración de la entidad gremial, situación que le ha provocado graves perjuicios de salud mental, requiriendo tratamiento psiquiátrico continuo y registrando antecedentes de intento de suicidio en el año 2019, así como un diagnóstico actual de estado crepuscular con pérdida de conciencia e intensa sintomatología ansioso-depresiva.

En cuanto a los hechos concretos, señala que la directiva procedió a una primera expulsión de la actora el 5 de abril de 2026, encontrándose ella convaleciente de una cirugía, sin formulación de cargos ni oportunidad de defensa, bajo el pretexto de adeudar cinco cuotas sindicales, lo que califica de falso, afirmando que solo adeudaba dos cuotas debido a que la tesorera, doña nombre reservado, se encontraba en mora de entregarle los comprobantes de pagos anteriores. Ante el reclamo interpuesto ante la Inspección del Trabajo de Iquique, dicho ente fiscalizador determinó que el procedimiento de expulsión era ilegal.

Tras ello, los dirigentes reconocieron la incorrección del procedimiento, pero condicionaron la regularización de la socia y la recepción del pago de sus cuotas a una exigencia extorsiva consistente en la entrega de un "proyecto grande al sindicato", atendida su capacidad económica. Agregan que, al rechazar esta exigencia, la tesorera se negó a recibir los pagos, los que finalmente se materializaron el 18 de abril de 2026 mediante transferencias electrónicas por un total de $70.000 efectuadas por su hija, doña nombre reservado.

Denuncia asimismo que la directiva inició una campaña de hostigamiento colectivo utilizando el grupo de mensajería de WhatsApp institucional de la organización para exponer públicamente su supuesta morosidad e incitar a los socios a exigir su exclusión.

En lo relativo al episodio del 27 de abril de 2026, relata que integrantes de la directiva y socios afines desplegaron un operativo con tres vehículos para localizarla, interceptándola en la vía pública mientras se encontraba trabajando acompañada de su hija menor de edad, de 12 años de edad, quien padece de Epilepsia y Autismo Grado 3 con discapacidad profunda del 100%. Señala que el cónyuge de la tesorera la increpó de forma agresiva bajo la aquiescencia de la directiva presente, provocando que la menor sufriera un cuadro de desvanecimiento por estrés que requirió su traslado de urgencia a Interclínica de Iquique esa misma noche.

Ese mismo 27 de abril, se le remitió una carta de citación a descargos para la asamblea del 2 de mayo de 2026, suscrita por el presidente nombre reservado, la tesorera nombre reservado y la secretaria nombre reservado, dirigida erróneamente a " nombre reservado ". En ella se le imputaba haber calificado de "mediocres e hipócritas" a los dirigentes y haber afirmado que "no necesitaba las migajas del sindicato" vía WhatsApp, invocando la infracción del artículo 40 letra b) del estatuto. La recurrente sostiene que dicha norma se limita a conductas inadecuadas durante las reuniones del sindicato, no siendo aplicable a comunicaciones privadas electrónicas fuera del contexto asambleario.

Finalmente, respecto de la asamblea de sanción del 2 de mayo de 2026, la califica de farsa procedimental, por cuanto la directiva manipuló la votación al presentar solo dos opciones a los socios ("expulsión" o "pérdida de proyectos"), excluyendo deliberadamente la alternativa de la absolución. Además, sostiene que se implementó un mecanismo viciado que vinculaba la firma de asistencia con la expresión del voto en un mismo documento, impidiendo el voto en blanco o secreto de los socios.

Considera que los hechos descritos vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 1 (derecho a la integridad física y psíquica de la actora y de su hija), 2 (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria), 3 inciso 5° (derecho a un procedimiento racional y justo, al actuar la asamblea como una comisión especial) y 15 (derecho de asociación, al privarla de su calidad de afiliada fundadora).

Solicita que se acoja el recurso, declarando ilegales y arbitrarios los actos impugnados, dejando sin efecto la expulsión dispuesta en su contra y ordenando su reincorporación inmediata con todos sus derechos y proyectos; asimismo, que se ordene el cese inmediato de todo acto de hostigamiento y difusión de información perjudicial. En subsidio, para el caso de estimarse pertinente, se ordene la realización de un nuevo procedimiento disciplinario que garantice el debido proceso -notificación en domicilio, cargos específicos por escrito, plazo razonable de descargos, órgano imparcial y opción de voto de absolución-, todo con expresa condenación en costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe el Sindicato de Trabajadores Independientes Servicio al Consumidor y nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Señala que las presuntas vulneraciones son completamente falsas y que la recurrente pretende trasladar a la sede constitucional conflictos internos del sindicato, tergiversando los hechos reales. Sostiene que quien ha incumplido gravemente sus obligaciones estatutarias ha sido la propia señora nombre reservado.

En relación a la alegación de hostigamiento sistemático y al intento de suicidio del año 2019, aduce que es una aseveración imprecisa que carece de nexo causal con la actual directiva, destacando que la actora ejerció como presidenta del sindicato durante el período 2018-2019, por lo que resulta contradictorio que acuse hostigamiento de su representada en una época en que ella era la representante legal de la misma. Agrega que, si la acción se funda en supuestos hechos del año 2019, esta se encuentra largamente caducada. Por el contrario, acusa a la actora de ejercer violencia psicológica y maltrato contra la directiva, especialmente contra la tesorera doña nombre reservado —quien posee discapacidad—, a quien insultó públicamente acusándola de "ladrona", provocándole una crisis de pánico que requirió atención médica de urgencia el 28 de abril de 2026.

Respecto de la primera expulsión del 5 de abril de 2026, niega que sea ilegal y arguye que la acción a este respecto se encuentra caducada. Explica que en dicha fecha se llevó a cabo una asamblea general ordinaria en la que se discutió la expulsión de tres socios —incluyendo a la actora— por mantener más de tres cuotas sindicales impagas, de conformidad al artículo 28 letra e) de los estatutos. La citación se realizó mediante cartel colocado en la sede social con tres días de antelación, según el artículo 6 de las normas internas. En la asamblea se dio espacio para efectuar descargos y ponerse al día, lo que no ocurrió, acordándose la expulsión. Ante el reclamo de la actora y el criterio de la Inspección del Trabajo —que estimó erróneamente que se requería notificación por carta certificada—, la directiva, con el fin de evitar conflictos administrativos o judiciales, decidió voluntariamente dejar sin efecto dicha asamblea, reincorporando a los tres socios y otorgándoles plazo para pagar. Niega que se les haya exigido la entrega de un proyecto como castigo o que se rechazara el pago de las cuotas, las que fueron solucionadas el 18 de abril de 2026 por la hija de la actora, entregándose los comprobantes correspondientes.

Desmiente la existencia de una persecución vehicular o acto de intimidación el 27 de abril de 2026. Precisa que en dicha fecha el presidente del sindicato concurrió pacíficamente al domicilio de la actora con el exclusivo objeto de notificarle de manera personal y por escrito la carta de cargos y citación a la asamblea del 2 de mayo, garantizando así su derecho a defensa. Dicho acto se realizó en la puerta de la casa, sin presencia de otras personas, resultando falso que estuviera presente su hija menor o que se produjera discusión alguna.

En lo concerniente al procedimiento disciplinario que culminó con la expulsión, sostiene que se ajustó estrictamente a los artículos 38, 39, 40 letra c) y 42 de los estatutos sindicales. Detalla que la afectada fue notificada por escrito el 27 de abril de 2026 de los cargos en su contra, consistentes en mantener conductas agresivas que vulneran la dignidad de la tesorera y del presidente, profiriendo insultos y palabras soeces de forma pública y a través de la aplicación WhatsApp, imputándoles falsamente la apropiación de dineros.

Expone que la citación a la asamblea extraordinaria del 2 de mayo de 2026 se ajustó al artículo 6 estatutario -publicación de cartel en sede social-. En dicha asamblea, que contó con la asistencia de la recurrente, se expusieron los cargos y se le dio la oportunidad real de defenderse, registrándose sus descargos en un acta que fue firmada por todos los socios presentes, incluida la actora. Sometida la medida a votación, esta fue aprobada por la mayoría de los socios asistentes.

Niega categóricamente que se haya utilizado la lista de asistencia como mecanismo de votación forzada, señalando que la asistencia y la votación se registraron en actos independientes, lo que fue debidamente constatado ante la Inspección del Trabajo.

Finalmente, opone la improcedencia de la vía constitucional de protección.

Arguye que las alegaciones de la recurrente corresponden a un conflicto de carácter administrativo y civil que requiere de un procedimiento judicial de lato conocimiento y contradictorio con término probatorio formal, no existiendo en la especie un derecho indubitado que deba ser protegido por esta vía cautelar. Pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 26, la parte recurrida evacúa una ampliación de informe en cumplimiento de lo ordenado por esta Ilustrísima Corte, acompañando la nómina total de socios que integraban el sindicato al 2 de mayo de 2026, correspondiente a 73 personas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: El presente arbitrio se circunscribe a determinar, en primer lugar, si el procedimiento disciplinario sustanciado por la directiva del Sindicato de Trabajadores Independientes Servicio al Consumidor y nombre reservado, que culminó con la expulsión de la recurrente doña nombre reservado en la asamblea extraordinaria del 2 de mayo de 2026, incurrió en ilegalidad o arbitrariedad vulnerando sus garantías constitucionales.

En segundo término, cabe determinar si existió una campaña de hostigamiento sistemático e institucionalizado en contra de la actora por parte de la directiva recurrida, que hubiese lesionado su integridad física y psíquica y la de su hija.

TERCERO: En lo concerniente al procedimiento disciplinario que derivó en la medida de expulsión, analizada la normativa estatutaria de la organización sindical, consta de la copia de los estatutos sindicales acompañados por las partes, las siguientes disposiciones:

El artículo 38 consagra la facultad disciplinaria del sindicato ante la infracción de deberes, resguardando el derecho del afiliado a ser oído.

El artículo 39 letra c) prevé la medida de expulsión, en particular para la hipótesis de la letra c) del artículo 40, esto es, por haber incidido en conductas que alteren el normal desarrollo de las actividades sociales de la organización, como el uso de violencia física o psicológica para alterar la voluntad de los socios, o efectuar amenazas.

El artículo 42 prescribe que la asamblea, como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse, requiriéndose la aprobación de la mayoría absoluta de los socios.

CUARTO: Analizados los antecedentes allegados al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, consta del informe de ampliación evacuado por la parte recurrida a folio 26 que, a la fecha de la asamblea extraordinaria el universo total de socios activos que conformaban el Sindicato ascendía a 73 personas, según el documento oficial emitido por la entidad gremial.

QUINTO: En cuanto a la sanción, el artículo 42 de los estatutos de la organización gremial previene expresamente que la medida extrema de expulsión de un socio requiere para su validez y aprobación de la mayoría absoluta de los socios, en tal sentido, considerando que el padrón total de afiliados estaba integrado por 73 personas, el quórum de mayoría absoluta exigido por la propia normativa interna para validar la sanción equivalía a un mínimo de 37 votos favorables a la expulsión.

SEXTO: Del examen del acta de la asamblea extraordinaria de fecha 2 de mayo de 2026, los votos y acta de conteo, se evidencia que la medida de expulsión de la recurrente obtuvo la adhesión de 27 votos favorables.

En consecuencia, resulta manifiesto que la asamblea no alcanzó el quórum imperativo para validar la sanción de expulsión de la actora.

SÉPTIMO: Que la inobservancia de las normas estatutarias por parte de la directiva y de la asamblea del sindicato recurrido priva de sustento reglamentario a la decisión sancionatoria, toda vez que la exigencia de quórums en los estatutos constituye una garantía de debido proceso para los miembros de esta asociación intermedia, y que, al resolver la expulsión al margen de las mayorías aplicables, transforma la destitución en un acto ilegal y arbitrario, afectando la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de asociación consagrados en la Constitución Política de la República.

OCTAVO: En cuanto a los supuestos hechos de hostigamiento alegados por la actora en su libelo, basta indicar que existen acusaciones cruzadas de malos tratos verbales entre la actora y miembros de la directiva, sin que ninguno de estos haya demostrado fehacientemente la existencia y entidad de las afirmaciones efectuadas en sus escritos atendida la precariedad de los antecedentes aportados al efecto, por lo que no es posible asentar en esta sede cautelar tales hechos, por los que se desestimará el presente capítulo del recurso.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Servicio al Consumidor y nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la medida de expulsión adoptada en contra de la recurrente en la asamblea extraordinaria de 2 de mayo de 2026, y se ordena al Sindicato recurrido reincorporar de manera inmediata a doña nombre reservado en su calidad de socia activa de la organización, restituyéndose todos los derechos y beneficios sindicales que le correspondan en tal calidad.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°446-2026 Protección