Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

IQUIQUE, veintidós de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece doña Carolina Villacorta Castillo, abogada, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y en contra de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez de Iquique (COMPIN).

Funda su acción, en que se ha confirmado el rechazo de las siguientes licencias médicas números 35962634, 35962604, 35557935, 35557829, 35668568, 35668552, 35558469, 35204746, y 35204827, emitidas por 231 días a contar desde el 29 de enero de 2016, a causa de trastornos de ansiedad y episodios depresivos graves que padece la actora. El argumento para rechazar dichas licencias ha sido que no se encontraría justificado el reposo de ocho meses, no obstante que el diagnóstico médico lo hizo doña nombre reservado, médico siquiatra, del Cosam Doctor Salvador Allende de Iquique, y ha emitido un certificado de su enfermedad, información que ha sido entregada a la Suceso quien junto a la Compin, nunca la han contactado para ser evaluada por un especialista. Además junto a las licencias médicas se ha acompañado un informe, emanado de un especialista explicando el estado de salud de la recurrente.

Hace presente, que las licencias médicas son documentos emanados de un funcionario público y por lo tanto gozan de presunción de veracidad.

De otro lado, doña nombre reservado, asistente social del Cosam de Iquique ha evacuado un informe en el que se señala el perjuicio económico que ha sufrido.

Expone que la decisión de la Superintendencia recurrida no se encuentra justificada en antecedente alguno, por lo que resulta arbitraria, se ha pronunciado simplemente sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario que lo contraste, a fin de aclarar las dudas.

Luego, refiere que el acto ilegal y arbitrario que da origen a esta acción la, Resolución Exenta IBS N° 29318/05/09/2018, Expediente código 01-04073-2016-P2-RI, que confirmó el rechazo de las referidas licencia médicas y fue notificada a ella, el 12 de noviembre de 2018, personalmente en la Suceso.

A continuación cita las normas aplicables a la materia contenidas en el Decreto N° 3 del Ministerio de Salud de 1984, en sus artículos 6, 21, 24 y 25, asimismo cita la Ley N° 19.880.

Refiere que estima infringidas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, N° 9 y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es; el derecho a la vida y la integridad física y síquica de las personas, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad. Por cuanto se ha dañado la integridad síquica de la recurrente ya que se le ha impedido ejercer su derecho constitucional de protección a la salud, además la Compin tiene por misión velar por el cumplimiento de las normas legales en materia de seguridad social de acuerdo a la normativa enunciada, en este caso, no ha garantizado en forma eficaz el acceso a los beneficios sociales de salud. Respecto del derecho de propiedad, señala que se ha vulnerado el legítimo derecho de dominio sobre el subsidio por incapacidad que debe percibir a causa de las licencias médicas debidamente emitidas y que se estipula en el Reglamento de autorización de licencia médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional.

También indica que no ha recibido resultados favorables de su reclamo administrativo con lo cual se ha infringido el principio de silencio administrativo establecido en la Ley N° 19.880.

Finalmente, pide anular las decisiones, administrativas que recaen en las licencias mencionadas, por ser ilegales y arbitrarias, y en su remplazo ordenar autorizarlas, ordenar su pago y restablecer los derechos de la recurrente, con costas.

Informando don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, expone, que la presente acción es extemporánea, por cuanto ella resolvió mediante Resolución Exenta IBS N°4237, de 29 de julio de 2016, confirmar lo resuelto por la Compin quien rechazó las licencias médicas números 35204827, 35204746, 35558469, 35668552, fundado en que los informes médicos acompañados no permitían establecer la incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo autorizado, el cual alcanzaba ocho meses por la misma patología. Dicha resolución fue objeto de reconsideración por la recurrente el 31 de agosto de 2016. Además el 2 de octubre del mismo año, la señora nombre reservado dedujo reclamo en contra de la decisión de la Compin que había rechazado las licencias médicas números 35557935, 35962604, y 35962634, porque el reposo no se encontraba justificado.

Es del caso, que tanto el recurso de reconsideración administrativo, como la reclamación mencionada fueron resultas mediante Resolución Exenta N° 16524, de 13 de diciembre de 2016, confirmando el dictamen de la Compin respecto de las siete licencias médicas en cuestión.

Asimismo la recurrente reclamó por el rechazo de la Compin de las licencias médicas números 35668568 y 35557829, porque el reposo no se encontraba justificado. Dicho reclamo fue resulto mediante Resolución Exenta N° 6433, de 15 de marzo de 2017, confirmando la primitiva decisión.

Después de un año de lo señalado, la actora solicitó a la recurrida Superintendencia reconsiderar los dictámenes N° 16.524 de 2016 y N° 6.433 de 2017, quien decidió confirmar lo decidido mediante Resolución Exenta N° 29.318 de 5 de septiembre de 2018, en atención a que el periodo ya autorizado de licencia médica de 246 días se consideró suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo con los antecedentes médicos tenidos a la vista.

De acuerdo a lo señalado, esta acción de protección fue interpuesta el 12 de diciembre de 2018, en contra del último dictamen mencionado por lo tanto es extemporánea, además se dedujo en forma subsidiaria de los recursos administrativos. Alega que se intenta revertir lo decidido por la Compin y la Suceso después de dos años de haber emitido pronunciamiento, decisión que era conocida por la recurrente puesto que reclamó de ella en sede administrativa. Cita al efecto jurisprudencia que apoya sus argumentos.

Luego hace mención al marco legal regulador de la materia, regido por el D.F.L. N°1, del año 2005, y en el D.S. N°3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, y por el D.F.L. N° 44, DE 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Normas que establecen que en caso de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es; de reposo, el que junto a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. De lo cual se concluye que el derecho a la licencia médica es uno esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia de un trabajador a su lugar de trabajo. En seguida ayudar a que el trabajador recupere su salud y se reincorpore a sus actividades y, por último, poder obtener un subsidio que remplace a la remuneración en el caso de cumplir los requisitos legales.

Ahora bien, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso que se analiza se ajusta rigurosamente a las normas legales y constitucionales que le otorgan facultades fiscalizadoras. De manera tal que está exenta de todo vicio de forma y fondo que afecte su legalidad o validez, por lo que no existe vulneración a garantía alguna. Acto seguido expone a cerca de las funciones de la recurrida establecidas en la Ley N° 16.395.

Indica, que el derecho a la licencia médica no tiene la característica de derecho preexistente e indubitado, por el contrario, en el caso de la actora, después de estudiar los antecedentes se arribó a la conclusión de que no se acreditó la incapacidad laboral más allá del largo periodo de reposo autorizado.

De otra parte, el dictamen impugnado no puede estimarse arbitrario desde que contiene los argumentos en los cuales se funda que son armónicos con los otros antecedentes que constan en el expediente administrativo.

En relación a los derechos que se denuncian vulnerados, señala que el hecho de obtener una licencia médica en caso alguno puede implicar el nacimiento de un derecho de propiedad sobre el subsidio de incapacidad, puesto que para que éste proceda es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, estimar lo contrario, sería incompatible con lo dispuesto en la ley que establece causales de rechazo de la misma. Además menciona que lo reclamado son derecho de seguridad social que no se encuentran amparados por la presente acción.

Finalmente, pide se rechace el recurso deducido en todas sus partes con costas.

Con fecha 17 de enero de 2019, se prescindió del informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Tarapacá.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario por la actora es Resolución Exenta IBS N° 29318/05/09/2018, que confirmó el rechazo de las las licencia médicas presentadas por la recurrente.

TERCERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados en autos, consta que la actora dedujo reconsideración ante Superintendencia de Seguridad Social respecto de las sucesivas decisiones de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez de Iquique mediante las cuales se rechazaron las licencias médicas, dichos recursos fueron resueltos mediante Resolución Exenta N° 16524, de 13 de diciembre de 2016, y Resolución Exenta N° 6433, de 15 de marzo de 2017, que confirmó lo decidido por la Compin.

Ahora bien, el 24 de abril de 2018, la actora solicitó una reconsideración a la Superintendencia de las referidas resoluciones, la que fue resuelta mediante la Resolución Exenta N° 29.318 de 5 de septiembre de 2018, que confirmó lo decidido, por cuanto el periodo ya autorizado de licencia médica de 246 días se consideraron suficientes para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral de la actora de acuerdo con los antecedentes médicos tenidos a la vista. Resolución que estima arbitraria e ilegal.

CUARTO: Que de lo anteriormente expuesto, fluye que las resoluciones que le habría causado a la recurrente privación, perturbación o amenaza en los derechos y garantías constitucionales que se encuentran protegidos por la Carta Fundamental, son sin duda las dictadas el 13 de diciembre de 2016 y el 15 de marzo de 2017 por ser aquellas las que rechazaron en definitiva las licencias médicas, vale decir, a consecuencia de esas resoluciones es que la interesada se ha visto impedida de obtener el subsidio de incapacidad laboral y respecto de dichos actos ha transcurrido en exceso el plazo que se contempla para la interposición de la presente acción constitucional, pues la negativa que se ataca por este arbitrio fue conocida plenamente por el recurrente hace más de un año.

QUINTO: Que a contrario sensu, no puede aceptarse bajo ningún respecto el predicamento sagaz de la recurrente que pretende revertir la negativa aludida, de manera soterrada al dirigir su acción de protección en contra de la resolución Exenta N° 29.318, bajo el argumento de que habría tomado conocimiento de ella recién el pasado 12 de noviembre de 2018, porque en su concepto, alegación que debe desestimarse de plano pues esta resolución sólo mantuvo el statu quo y la situación de facto también se mantuvo inalterable, sin variaciones de ninguna índole, desde el primitivo rechazo acaecido ut retro en los años 2016 y 2017.

SEXTO: Que de acogerse la tesis propuesta por la recurrente sin duda se daría al interesado el asentimiento para que éste se pudiere fabricar a su antojo un plazo -en este caso de interposición de la acción cautelar-, presentando nuevas peticiones aunque en lo sustancial no difirieran en su contenido unas de otras, con el sólo propósito de provocar la resolución de la autoridad para luego atacarla por la presente vía. En caso alguno puede quedar el plazo de caducidad al arbitrio de los interesados, pues ello, vulnera normas de orden público, lo que no puede aceptarse desde ningún punto de vista.

SÉPTIMO: Que según se establece en el Nº 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, esta acción cautelar debe interponerse dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos lo que se hará constar en autos.

OCTAVO: Que por consiguiente la acción entablada no podrá prosperar, puesto que consta en autos que el recurso de protección se interpuso recién el 12 de diciembre de 2018, en tanto que la resolución que en realidad se impugna de ilegal y arbitraria se dictaron durante los años 2016 y 2017, vale decir, en la especie se encuentra excedido con largueza el plazo que permite su interposición, motivo por el cual este recurso de protección debe ser desestimado por extemporáneo, en consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto debatido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 441-2018 Protección.