ISS SERVICIOS INTEGRALES CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE IQUIQUE

IQUIQUE, doce de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO:

El veintidós de febrero último, la abogado doña Jeanette Contreras Sepúlveda, por la empresa ISS. Servicios Integrales Ltda., ambos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, representada por la abogado, doña Viviana Bórquez Peralta, por haber declarado extemporánea una solicitud de reconsideración administrativa de multa presentada por su parte, vulnerando los derechos de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y de propiedad, de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 5 de octubre de 2017 se cursó a su representada una multa administrativa mediante Resolución 1155.17.36, notificada el 15 de noviembre de 2017; que el 28 de diciembre de 2017 ingresó a la Dirección Nacional del Trabajo formulario F 10 junto con anexo a fin de obtener la reconsideración administrativa de la multa impuesta; y, que la recurrida, el 15 de enero pasado, dictó la resolución impugnada, estimando extemporánea la presentación por considerar el término para deducirla de días corridos.

Alega la recurrente que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo no es de días corridos, sino hábiles, por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley 19.880, que señala que los plazos de los procedimientos administrativos son de días hábiles, citando jurisprudencia que respalda tal aseveración; que la recurrida no sometió su actuar a las normas legales aplicables a su labor, excediendo su órbita de competencia, incurriendo en una falta, traduciéndose tal comportamiento en un acto arbitrario e ilegal porque, invocando los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, desconoció su derecho ejercido válidamente, atentando contra su derecho de propiedad desde el momento en que de manera indebida y arbitraria le obliga al pago de la multa, solicitando se acoja el recurso, declarándose que la reconsideración administrativa fue presentada dentro de plazo, con costas.

Evacuando su informe la recurrida, pide el rechazo del recurso explicando que la multa administrativa 1155/2017/36, fue notificada a la parte recurrente por carta certificada el 2 de noviembre de 2017; que el 28 de diciembre de 2017, la empresa depositó en Oficina de la Dirección Nacional su solicitud de reconsideración administrativa, siendo recepcionada al día siguiente, declarándose inadmisible por haberse presentado fuera del plazo establecido en la Circular N° 46, de 2 de mayo de 2012, de la Dirección del Trabajo, en relación con el artículo 512 del Código del Trabajo, que a su juicio establece un plazo de 30 días corridos, por lo que no se ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada fue dictada en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 511 del mismo Código, de manera que no ha actuado como una comisión especial, ni ha afectado el derecho de propiedad.

Afirma que la acción intentada en autos es improcedente, ya que la recurrente utiliza la vía de la protección como un sustituto procesal de los procedimientos establecidos en la ley, en los cuales se establece la posibilidad al administrado de reclamar contra la resolución de multa y la resolución que se pronuncia sobre una reconsideración de multa, siendo el Ordinario cuestionado una resolución que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración, por lo que corresponde que el recurrente ejerza la acción ante el Juzgado de letras del Trabajo, quien a través de un procedimiento de lato conocimiento, pueda resolver la controversia, sin perjuicio de ello, en cuanto a la forma de computarse el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, indica que tal norma no clarifica si el término es de días corridos o hábiles, pero su parte opina que, por aplicación del artículo 50 del Código Civil, es de días corridos, lo que se confirma en lo dispuesto en Circular N° 46 de 2 de mayo de 2012 de la Dirección del Trabajo que en su párrafo 3° indica “ante una resolución de sanción administrativa cursada tras un procedimiento inspectivo, y dentro del plazo legal de 30 días corridos de notificada, todo infractor laboral y/o previsional podrá solicitar reconsideración de ésta” y, en cuanto a la aplicación supletoria de la Ley 19.880, la Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol 535-2007, resolvió su improcedencia, criterio confirmado por la Contraloría General de la República en los dictámenes que menciona, citando también fallos de tribunales superiores que han rechazado recursos de protección similares, descartando la vulneración de garantías constitucionales.

El nueve de marzo pasado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: De los antecedentes colacionados en la fase expositiva precedente, se desprende que no existe discusión fáctica acerca de la oportunidad en que se presentó la reconsideración administrativa respecto de la multa impuesta por el órgano recurrido, sino sólo un debate acerca de si el término para interponerla debe computarse en conformidad a la regla del artículo 50 del Código Civil o de acuerdo a la establecida en la Ley 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

SEGUNDO: Previo a analizar el fondo de la cuestión controvertida, es necesario referirse a la alegación de improcedencia del recurso por existir un procedimiento en la ley laboral que permite reclamar de la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración.

Tal defensa será desestimada teniendo únicamente presente que el artículo 20 de la Carta Fundamental hace procedente el recurso de protección para la cautela de los derechos y garantías que la disposición menciona, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

TERCERO: Sobre el punto entonces, resuelto en diversas oportunidades por la Excma. Corte Suprema, basta señalar que el plazo de treinta días determinado en el artículo 512 del Código del ramo, para deducir la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, es de días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábados, domingos y festivos, pues se trata de un recurso de naturaleza administrativa, de suerte que al no existir norma que expresamente disponga lo contrario en el señalado Código, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley 19.880, relacionada con el cómputo de los plazos en el proceso administrativo, en cuanto indica que éstos son de días hábiles, norma que por hallarse contenida en una Ley que rige los procedimientos administrativos, prima sobre la regla general contenida en el Código Civil, resultando para esta Corte no vinculante la interpretación de la que se vale la recurrida contenida en la Circular N° 46, de 2 de mayo de 2012.

CUARTO: En consecuencia, la situación reclamada, examinada a la luz del sustrato de la acción cautelar de que se trata, vinculada con la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley, y con la esencia de la protección, cual es la impugnación de un acto o la denuncia de una omisión, causantes de ilegalidad o arbitrariedad, por ser contrarios a derecho, vulneradores de preceptos normativos obligatorios, o, producto del mero capricho, carentes de razonabilidad, y que ocasionan consecuencias dañosas al afectado, conducen a acoger el recurso, porque el desconocimiento por parte de la autoridad administrativa de las reglas establecidas en la Ley 19.880, particularmente aquella relativa a la naturaleza de los plazos para obrar en esa sede, ha generado un trato discriminatorio hacia la parte recurrente imposible de aceptar.

QUINTO: Atendido lo razonado, resulta innecesario referirse a las garantías invocadas por el recurrente.

SEXTO: Habiendo sido totalmente vencida la recurrida, será condenada en costas.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE con costas la acción de protección deducida por ISS Servicios Integrales Ltda., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, dejándose sin efecto el Ordinario 000090, de 15 de enero pasado, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por aquella, respecto de la Resolución Multa 1155/17/36, de 27 de octubre de 2017.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 44-2018 Protección.

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