DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C. CONTRA INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE IQUIQUE

IQUIQUE, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Campos Oliva, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien en representación de Distribuidora San Miguel de Arica, domiciliada en domicilio reservado, de Iquique, recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, representada por su Jefe comunal, doña nombre reservado, abogada, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar sus derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, y N° 24 de la Constitución Política.

Señala que el 12 de junio pasado, don nombre reservado, Gerente de la compañía, tomó conocimiento de la existencia de una multa, cursada en virtud de la Resolución N° 7457/18/2, de 27 de febrero de 2018. Lo anterior, al haberse “cargado” al sistema de Tesorería 5 giros por un total de $4.794.471, respecto de los cuales no se habría recibido notificación alguna.

Refiere que por lo anterior, se dedujo recurso de protección, el que fue conocido y resuelto por esta Corte en autos Rol Nº258-2018, instancia que acogió parcialmente su reclamo, ordenándose practicar una nueva notificación a la parte recurrente. Siendo este fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema, con declaración de eliminar el considerando tercero de las sentencia de primera instancia, que estimaba como no conculcado el derecho garantizado en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Carta Fundamental.

Precisa que el acto recurrido, en base a cinco cargos, comenzando por la no escrituración de los contratos de trabajos de 8 personas, le aplicó la sanción indicada, sin perjuicio de lo cual, afirma que la recurrida no considera que las relaciones laborales con tales personas se basa en razón de un contrato mercantil, regido por el Código de Comercio y Código Civil.

Por lo anterior estima que la recurrida, al interpretar que la relación con tales personas se rige por el Código del Trabajo, excede sus atribuciones legales, al invadir el ámbito del conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Afirma que la recurrida ha vulnerado sus derechos, al actuar como una comisión especial, no correspondiendo que la Inspección resuelva controversias jurídicas como lo es la naturaleza del vínculo contractual entre las partes, ya que admitir lo contrario, significaría aceptar que la Dirección del Trabajo es en verdad un Tribunal, lo que es inaceptable.

Asimismo reclama como conculcado su derecho de propiedad, en tanto el acto reclamado afecta el patrimonio de su mandante, pues significaría un egreso indebido e injustificado.

Agrega que la Resolución vulnera el principio non bis in ídem, ya que a partir de un mismo hecho se le cursan otros cuatro cargos, por lo que si bien reitera su improcedencia, estima que de aplicarse el primer cargo, deberían dejarse sin efecto los otros cuatro restantes.

Pide se deje sin efecto la Resolución en cuestión, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacuando informe, doña nombre reservado, en representación de la recurrida, señala que el recurso de protección no es la vía idónea para realizar un control de legalidad sobre los actos administrativos, sino exclusivamente para tutelar los derechos garantizados por la Constitución, por lo que si el recurrente pretende revisar una resolución dictada por la Inspección del Trabajo, debe ejercer la acción ante el Juzgado de Letras del Trabajo, conforme los artículos 420 letra e) y 503 inciso 3°, ambos del Código del Trabajo, en un procedimiento de lato conocimiento, que permita a las partes rendir prueba para acreditar sus alegaciones y defensas.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma que la ilicitud reclamada es inexistente, en tanto es de competencia de la Dirección del Trabajo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral. Sobre el punto precisa, que es imposible fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral sin haber previamente esclarecido el concepto, sentido y alcance de la prestación a que se encuentran obligadas las partes de la relación laboral en cada caso, de manera tal que su función supone lógica y necesariamente, interpretar la norma, por lo que privarle de esta potestad implicaría restarle parte sustantiva de sus atribuciones legales fiscalizadoras.

En relación a la motivación de la multa cursada, indica que se constató la concurrencia de los elementos que caracterizan una relación laboral, destacando en cuanto a la subordinación o dependencia, que se observó que existe continuidad de servicios, cumplimiento de un horario de trabajo, súper vigilancia en el desempeño de funciones, obligación de ceñirse a instrucciones impartidas por el empleador y, obligación de mantenerse a disposición del empleador, por lo que conforme la presunción del artículo 8 del Código del Trabajo, considera que son aplicables todas las obligaciones que impone la legislación del ramo, cuyas infracciones ameritaron la aplicación de las multas que en estos autos se impugnan. Ello con prescindencia de lo que las partes hayan nominado, conforme al principio de primacía de la realidad.

Estima que mal puede el recurrente calificar a su representada como una comisión especial, desde el momento que la Resolución cuestionada, emana de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, dictada en base al procedimiento establecido por el Servicio y en razón de las facultades que el Código del Trabajo y el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, le confieren.

Destaca que la Resolución no tiene naturaleza jurisdiccional, sino administrativa, por la cual, las multas cursadas son consecuencia de la actividad central de índole administrativa de su repartición, la que por ley le corresponde.

Agrega que tampoco se vulnera el derecho de propiedad, ya que su representada, ante el ejercicio de alguna acción judicial en que se reclame una multa administrativa, la suspende hasta que el reclamo se encuentre con sentencia firme y ejecutoriada.

Pide declarar la improcedencia del recurso o en subsidio, su rechazo, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: El acto denunciado radica en la dictación y aplicación de la Resolución N° 7457/18/2, de 27 de febrero de 2018, comportamiento que constituiría un atentado contra los derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 inciso 5 y N° 24 de la Constitución.

TERCERO: De los antecedentes se desprende que la fiscalización que motivó la multa reclamada, se inició con ocasión de una nota enviada por los trabajadores a la oficina de la recurrida por infracción de normativa laboral. Ante tal situación, la Inspección del Trabajo de Iquique, concurrió al establecimiento respectivo y constató como hechos, entre otros, que respecto de ocho personas no se encontraba escriturado el contrato de trabajo pertinente, pese a estimar dicho órgano fiscalizador la concurrencia de los elementos propios del vínculo laboral.

En tal ejercicio de constatación de hechos, no se advierte que la recurrida hubiere actuado como comisión especial, sino lícitamente en el ejercicio de sus facultades. Es dable destacar que en el ejercicio de las mismas, en la etapa administrativa, el empleador de la recurrente Sr. nombre reservado, se allanó a los cargos cursados, comprometiéndose a corregir las infracciones detalladas en el acta respectiva, en el plazo de siete días hábiles, lo que en la especie no aconteció, ni fue reclamado por la vía ordinaria, pudiendo serlo de acuerdo a los artículos 420 letra e) y 503 del Código del ramo.

En suma, se trata de situaciones que por su claridad, precisión y determinación pudieron ser constatadas por el órgano fiscalizador en ejercicio de sus facultades legales, sin que puedan ser catalogadas de arbitrarias o ilegales.

CUARTO: Asimismo de acuerdo a lo informado por la recurrida, relativo a la suspensión de la aplicación de la multa, no se advierte ilicitud en relación al derecho de propiedad.

En consecuencia, al no concurrir ilegalidad ni arbitrariedad alguna, la acción intentada será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el deducido por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 438-2018 (Protección).

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