Protección contra Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Iquique, quince de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado Andrés Ahumada Salvo, a nombre y a favor de doña nombre reservado, periodista, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (“FOSIS”) por la dictación de la Resolución Exenta N°422/296/2026 de 14 de abril del 2026 mediante la cual, destituyó a su representada, acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías consagradas en la Constitución Política de la República.

Expone que desde el 9 de diciembre del 2015 su representada se desempeñó, en calidad de funcionaria a contrata, como Encargada Regional de Comunicaciones para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social de la Dirección Regional de Tarapacá, hasta el 14 de abril del 2026, fecha en la que es destituida.

Agrega que todas las tareas siempre fueron desarrolladas con una gran entrega y compromiso. Tanto es así que desde su incorporación a FOSIS – hace más de una década – siempre fue bien evaluada por sus jefaturas y sus pares sumado a que jamás tuvo notas de demérito o sanciones administrativas.

Sostiene que, la situación cambió a partir del año 2022, luego de que declarara como testigo en una causa laboral seguida contra altas autoridades del Servicio.

Desde entonces, comenzó a experimentar una disminución significativa en sus calificaciones, restricciones en el ejercicio de sus funciones, cuestionamientos públicos, dificultades para acceder a permisos y feriados, además de diversos procedimientos disciplinarios impulsados por su jefatura regional.

Añade que estos hechos motivaron incluso la interposición de una denuncia por acoso laboral y derivaron en una afectación de su salud, reflejada en múltiples licencias médicas calificadas como enfermedad profesional.

Explica que, el 14 de abril de 2026, la recurrida dispuso su destitución por ausentarse de sus funciones durante el mes de septiembre de 2025. Sin embargo, dicha ausencia obedeció, refiere, a la necesidad de viajar a Italia para asistir a su hijo, quien había sido diagnosticado con epilepsia no refractaria mientras cursaba estudios de postgrado.

Agrega que, la investigación sumaria que culminó con la destitución estuvo afectada por vicios procedimentales, particularmente la negativa de la autoridad a abrir un término probatorio solicitado por la actora para acreditar los antecedentes que justificaban su actuar.

De este modo, la sanción impuesta -afirma- no solo carece de una adecuada fundamentación fáctica y jurídica, sino que además se inserta dentro un contexto previo de hostigamiento y represalias.

En razón de lo expuesto solicita dejar sin efecto la resolución recurrida, retrotraer el procedimiento hasta la designación de un fiscal que, de curso al sumario administrativo, reincorporando a la recurrente a sus funciones con el entero pago de sus remuneraciones entre la fecha del acto vulneratorio y la fecha de dicha reincorporación. Con costas.

Evacua informe Fondo de Solidaridad e Inversión Social, expone resulta imperativo precisar que la recurrente no era una trabajadora regida por el Código del Trabajo ni una prestadora de servicios a honorarios, sino que detentaba la calidad jurídica de empleada a contrata.

Argumenta que esta condición estatutaria sitúa la relación de la exfuncionaria bajo el imperio estricto del derecho público y, por consiguiente, sujeta en su integridad a la normativa administrativa que rige a los órganos de la Administración del Estado.

Es por lo anterior, sostiene que toda solicitud de permisos, justificación de inasistencias o ejercicio de derechos funcionarios debía ajustarse estrictamente a los procedimientos y autorizaciones establecidos en la normativa administrativa.

En consecuencia, sostiene que la recurrente no podía eximirse unilateralmente de sus obligaciones funcionarias ni ausentarse de sus labores sin una autorización expresa de la autoridad competente, aun cuando hubiese presentado solicitudes de permiso o estimara configurado un silencio administrativo favorable.

Refiere que la investigación sumaria fue tramitada conforme a las normas que rigen el Estatuto Administrativo, respetándose el derecho de la funcionaria a ser notificada, prestar declaración y formular descargos.

Expone que, la argumentación de la contraria descansa sobre un error conceptual y normativo insalvable, ya que confunde de manera las ritualidades procesales de un Sumario Administrativo ordinario con las reglas y exigencias específicas que rigen a una Investigación Sumaria, procedimiento excepcional, concebido para la indagación expedita de hechos que, por su naturaleza fáctica y jurídica, no exigen una tramitación de lato conocimiento.

Así, en cuanto a la negativa de abrir un término probatorio, fue una decisión legal y debidamente fundada, por cuanto las diligencias solicitadas por la defensa resultaban impertinentes o carecían de aptitud para justificar las inasistencias investigadas.

Añade que fue la propia recurrente quien no colaboró adecuadamente con la investigación, entregando respuestas evasivas y promoviendo incidentes dilatorios, como una recusación que fue rechazada por carecer de fundamento legal.

En consecuencia, sostiene que la investigación sumaria fue desarrollada con pleno respeto a las garantías procedimentales de la recurrente y que no existió vulneración alguna al debido proceso.

Solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, atendido la manifiesta carencia de asidero de la acción interpuesta, con expresa condena en costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, del recurso se colige que la actora reclama en contra de la Resolución Exenta N°422/296/2026 de 14 de abril del 2026 mediante la cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, seguido en un procedimiento administrativo disciplinario, que sostiene sería ilegal y arbitrario, el cual conculcaría sus garantías fundamentales establecidas en los numerales 1º, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, de los antecedentes que obran en la causa se desprende que el acto impugnado no es ilegal, toda vez que el procedimiento disciplinario se llevó a cabo mediante una investigación sumaria, por lo cual, atendida la naturaleza de la misma, esto es, breve, concentrado y simplificado que requiere de plazos acotados, el investigador no se encuentra obligado a dar lugar a todas y cada una de las probanzas solicitadas, más, si estas resultan manifiestamente inoficiosas o impertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Aunado a lo anterior, es dable destacar que dicho procedimiento disciplinario no fue reclamado en su oportunidad por la actora, y si bien se le negó a la recurrente abrir un término probatorio, las probanzas solicitadas por ella, no se encontraban relacionadas con la solicitud de permiso sin goce de sueldo con el motivo del viaje.

CUARTO: Que por otro lado, en el artículo 135 de la Ley 18.834, se establece el sistema recursivo a que está sometido el acto administrativo que hoy se cuestiona por esta vía excepcional, existiendo los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración, que para el caso resultan ser las vías normales para cuestionar situaciones como las que se narran en el recurso, e incluso le asiste el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que le confiere la ley antes citada, de modo que mal ha podido existir la vulneración de alguna garantía fundamental de la recurrente.

QUINTO: Que, resulta necesario traer a colación el inciso primero del artículo 54 de la Ley N°19.880, que establece bases del procedimiento administrativo, donde dispone: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”.

Que, en virtud de lo anterior, basta para rechazar el recurso deducido el hecho que la recurrente ha solicitado el pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto al silencio administrativo positivo.

SEXTO: Que, en consecuencia, no concurriendo los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto ilegal y arbitrario y, que se hayan conculcado derechos garantidos por la Constitución Política, toda vez que las resoluciones pronunciadas en el procedimiento disciplinario han sido dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, por lo que no cabe sino disponer su rechazo.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por doña nombre reservado, en contra del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°437-2026 Protección.