Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Iquique, dieciséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, funcionario municipal, quien deduce acción constitucional de protección en su favor, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

El recurrente impugna la Resolución Exenta N° NUM000, dictada por la recurrida el 15 de abril de 2026, la cual rechazó la reclamación administrativa que había interpuesto y, consecuencialmente, confirmó lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Tarapacá, órgano que rechazó de manera retroactiva la licencia médica N° NUM001, prescrita por el período comprendido entre el 01 y el 21 de noviembre de 2024, fundada en la causal de incumplimiento de reposo por haberse registrado una salida del territorio nacional durante su vigencia.

Expone en su libelo que se desempeña como funcionario municipal y que hizo uso de la licencia médica N° NUM001, otorgada por una patología de salud mental, por el período del 01 de noviembre al 21 de noviembre de 2024, la cual fue válidamente autorizada por la COMPIN Región de Tarapacá el 08 de noviembre de 2024. Añade que dicha autorización le permitió percibir el pago regular de sus remuneraciones, de conformidad con el artículo 69 de la Ley N° 18.883, consolidándose de esta manera los efectos del acto administrativo.

No obstante, relata que el 06 de octubre de 2025 se le notificó una nueva resolución de la COMPIN que modificaba de manera retroactiva la decisión previa, rechazando la licencia médica por la causal de incumplimiento de reposo del artículo 55 del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Dicha modificación se sustentó formalmente en una supuesta "reposición" interpuesta de oficio por el propio organismo de salud con fecha 29 de septiembre de 2025.

El recurrente sostiene que dicho proceder administrativo adolece de múltiples vicios de ilegalidad. En primer término, señala que la COMPIN no puede recurrir contra sus propios actos por medio de un recurso de reposición, el cual está establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880 exclusivamente en favor del administrado, arguye que si el órgano pretendía dejar sin efecto de oficio un acto administrativo que generó derechos subjetivos en su favor, debía acudir a los mecanismos de autotutela de la invalidación (artículo 53 de la Ley N° 19.880) o revocación (artículo 61 de la referida ley), destacando que para proceder a la invalidación resultaba imperativo realizar una audiencia previa para oír al afectado, trámite esencial que fue omitido en la especie, configurando una infracción al debido proceso administrativo y nulidad de derecho público bajo el artículo 7° de la Constitución. Asimismo, acusa la vulneración del principio de irretroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 52 de la Ley N° 19.880, al haberse alterado una situación jurídica consolidada casi un año antes.

En cuanto al fondo del rechazo de la licencia médica, explica que viajó a la ciudad de Tacna, Perú, de manera acotada entre el 01 y el 03 de noviembre de 2024, con el único y exclusivo propósito de adquirir el medicamento "Lurasidona", prescrito por su médico tratante, Dr. nombre reservado, para el manejo de un cuadro de depresión asociado a trastorno bipolar. Acredita este hecho acompañando dos informes médicos fechados el 24 de octubre de 2024, en los que el facultativo autoriza expresamente la salida temporal del país para garantizar la continuidad del tratamiento clínico debido a la limitada distribución y stock de dicho fármaco en Chile. Acompaña capturas de pantalla que demuestran la falta de disponibilidad de dicho medicamento en diversas cadenas farmacéuticas del territorio nacional (Dr.

Simi, Cruz Verde, Ahumada y Farmacia Municipal de Iquique).

Aduce que la salida no tuvo fines recreacionales, lo que sustenta con el Certificado de Viajes N° NUM002 de la Policía de Investigaciones de Chile y su Certificado de Matrimonio, demostrando que viajó sin compañía familiar durante días inhábiles (01 de noviembre, festivo; 02 de noviembre, sábado), regresando el día lunes 03 de noviembre de 2024, fecha en la cual la licencia médica aún no había sido ingresada formalmente a la COMPIN (lo que se materializó el 05 de noviembre de 2024). Por tanto, sostiene que la COMPIN jamás vio impedidas o perturbadas sus facultades de fiscalización en el territorio nacional durante la vigencia del reposo.

Por otra parte, denuncia que la restricción general para realizar viajes al extranjero bajo vigencia de licencias médicas por patologías psiquiátricas fue formalmente explicitada por la SUSESO mediante la Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 14 de septiembre de 2025. Sostiene que aplicar dicha limitación de forma retroactiva a un hecho ocurrido en noviembre de 2024 infringe gravemente el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, pues con anterioridad existía una zona de incerteza regulada solo por dictámenes particulares cuyos efectos no podían ser conocidos por la generalidad de los administrados.

Manifiesta que el rechazo retroactivo de la licencia médica le ha causado un perjuicio económico actual y severo, consistente en la retención y descuento mensual de sus remuneraciones por parte de la Ilustre Municipalidad de Iquique a partir de febrero de 2026. Detalla que se le han aplicado descuentos por las sumas de $537.594 en febrero, $409.843 en marzo y $453.969 en abril de 2026, restando un saldo pendiente por reintegrar de $499.955, lo que totaliza un menoscabo patrimonial de $1.901.361. Esta privación incide directamente en su derecho de propiedad sobre rentas legítimamente percibidas e incorporadas a su patrimonio en virtud de un acto administrativo firme y válido.

Sostiene que el acto impugnado adolece de ilegalidad y arbitrariedad, infringiendo las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en su número 1 (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica), número 2 (igualdad ante la ley y prohibición de diferencias arbitrarias) y número 24 (derecho de propiedad).

Solicita que se acoja la acción constitucional, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución recurrida y, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, se deje sin efecto dicho acto administrativo, ordenando a la recurrida instruir a la COMPIN de la Región de Tarapacá que mantenga la vigencia de la autorización de la referida licencia médica, con derecho al correspondiente subsidio por incapacidad laboral o remuneración estatutaria, cesando todo descuento de sus remuneraciones. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo de la acción interpuesta fundado, en lo formal, en la improcedencia de la acción de protección, ya que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica y el consecuente pago del subsidio por incapacidad laboral, constituyen materias que pertenecen estrictamente al campo de la Seguridad Social, el cual se encuentra excluido de la enumeración de garantías susceptibles de ser amparadas por esta vía.

En subsidio, y en cuanto al fondo de la acción, la recurrida defiende la plena legalidad de sus actuaciones, detallando que la Resolución Exenta N° NUM000 fue dictada en el ejercicio de sus facultades legales y técnicas contempladas en la Ley N° 16.395 y la Ley N° 20.585. Explica que la reclamación del interesado contra la COMPIN Región de Tarapacá fue rechazada por haberse verificado objetivamente que el recurrente incurrió en la causal de incumplimiento de reposo contenida en el artículo 55 letra a) del D.S. N° 3 de 1984.

Precisa que el rechazo de la licencia se originó en un proceso de fiscalización coordinado con la Contraloría General de la República sobre el ausentismo laboral en el sector público. En dicho marco, al efectuar el cruce de datos con el Departamento de Migración Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, se constató de forma indubitada que el recurrente registró movimientos migratorios (salida e ingreso al extranjero) los días 1 y 3 de noviembre de 2024, coincidiendo con el período de vigencia de su licencia médica N° NUM001 (prescrita desde el 01 al 21 de noviembre de 2024).

Sustenta que, si bien la normativa sectorial y la jurisprudencia de la SUSESO reconocen que en patologías de carácter psiquiátrico resulta terapéuticamente justificado que el trabajador realice actividades fuera de su hogar, dicho criterio de excepción se encuentra limitado a desplazamientos dentro del territorio nacional. Argumenta que las salidas al extranjero impiden de manera absoluta a las entidades competentes (COMPIN e ISAPRES) ejercer sus facultades legales de control y fiscalización del reposo.

Añade que la única excepción reglamentaria que autoriza viajes internacionales durante un reposo médico corresponde a la necesidad comprobada de realizar un procedimiento médico o quirúrgico urgente e indispensable para la recuperación de la salud que no pueda llevarse a cabo en el territorio chileno por carencia de recursos técnicos, circunstancia que debe constar en una indicación expresa del facultativo y que, en opinión de la recurrida, no se configura en el caso del actor, pues el viaje tuvo por objeto la mera adquisición de un fármaco.

La recurrida arguye que la información migratoria proporcionada por la Policía de Investigaciones constituye un antecedente escrito idóneo y suficiente para acreditar el incumplimiento del reposo, de acuerdo con las instrucciones generales de este Servicio (Ord. N° NUM004). Sostiene además que el dictamen impugnado cuenta con una debida fundamentación técnica y fáctica que descarta toda acusación de arbitrariedad.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2 y 24. En particular, argumenta que la emisión de una licencia médica no genera de manera automática un derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral o la retribución pecuniaria correspondiente, toda vez que el nacimiento de dicho derecho patrimonial está supeditado a la condición de que la licencia médica sea válidamente autorizada por el órgano de control competente, lo que no aconteció en la especie. Solicita, en consecuencia, mantener lo resuelto en el acto impugnado, rechazando la acción cautelar con expresa condena en costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige que el recurrente reclama en contra de la Resolución Exenta N° NUM000 de 15 de abril de 2026, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social mediante la cual confirmó el rechazo de la Licencia Médica N°NUM001, por un total de 21 días de reposo a contar del 1 de noviembre de 2024, por la causal de incumplimiento de reposo por haber salido de territorio nacional, alegando la ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo, que conculca sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida sostiene la improcedencia formal del recurso, y en cuanto al fondo, la legalidad de su actuar, conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.

TERCERO: Considerando el carácter de la vulneración alegada por el actor, los derechos que invoca como afectados, es menester recordar que, si bien el derecho a la seguridad social no se encuentra contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la recurrente arguye la vulneración de otras garantías constitucionales contempladas en el catálogo legal, por lo que se desestimará aquella defensa formal.

CUARTO: En cuanto al fondo del asunto debatido, del análisis de los documentos acompañados por las partes y del tenor de la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el acto de la COMPIN, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana critica, se observa aquella como suficientemente fundada y no controvertida, en tanto el recurrente hizo uso de la licencia médica psiquiátrica que prescribía reposo laboral total en su domicilio, ubicado en la comuna de Iquique, así como el hecho evidenciado por el certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, que el actor registró movimientos migratorios de salida y entrada del país hacia Tacna, Perú, entre los días 1 y 3 de noviembre de 2024, coincidiendo con el inicio del período de vigencia del reposo médico decretado.

QUINTO: En primer término, para resolver sobre la alegación de ilegalidad, cabe considerar lo dispuesto en la letra a) del artículo 55 del D.S. N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, el cual prescribe de manera imperativa: "Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: a) Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada".

En la especie, si bien el actor aduce que su viaje al extranjero obedeció a la necesidad de adquirir un medicamento (Lurasidona), el cual era difícil de adquirir en el país, apoyado en 2 certificados del médico don nombre reservado, fechados el 24 de octubre de 2024, sumado a capturas de pantallas de fechas indeterminadas, del análisis de los informes, se evidencia que están suscritos por un “médico psiquiatra”, sin embargo, al revisar la licencia médica se observa que el facultativo tratante es “médico general”, quien por lo demás, con fines terapéuticos ordenó un reposo laboral total por 21 días en el domicilio del recurrente.

De esta forma, los órganos recurridos actuaron en estricto cumplimiento de la normativa sectorial y dentro del ámbito de sus competencias técnicas, descartándose cualquier vicio de ilegalidad.

SEXTO: Por otra parte, respecto de la alegación de arbitrariedad, es menester recordar que para calificar un acto de tal naturaleza se requiere la existencia de un capricho, una falta de racionalidad o una discriminación injustificada por parte de la autoridad.

En el caso de autos, el proceso de revisión y posterior resolución de la licencia médica del actor no obedeció a una decisión discrecional o antojadiza dirigida en su contra de manera particular, sino a una fiscalización masiva y generalizada instruida por la Superintendencia de Seguridad Social a través de su Oficio Ordinario NUM005 SUSESO de 23 de junio de 2025, fundado en el cruce masivo de información de movimientos migratorios de la Policía de Investigaciones de Chile y los Consolidados de Información Circularizada (CIC N°NUM006 de 2025) de la Contraloría General de la República, destinado a examinar el ausentismo laboral y controlar la procedencia de los subsidios en el sector público y municipal.

Habiéndose aplicado dicha instrucción administrativa de manera general y uniforme a los funcionarios públicos y municipales que registraron salidas del territorio nacional bajo licencias médicas vigentes, se descarta cualquier trato discriminatorio o caprichoso en contra de la recurrente, lo que desestima la existencia de arbitrariedad.

SEPTIMO: Que, de este modo, no existiendo un actuar ilegal o arbitrario atribuible a la Superintendencia de Seguridad Social que conculque garantías fundamentales, la presente acción constitucional no puede prosperar y deberá ser rechazada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese Rol N° 436-2026 Protección.