Protección contra Gendarmería de Chile

Iquique, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, de profesión Ingeniero en Prevención de Riesgos, empleado público de Gendarmería de Chile, perteneciente al escalafón de la Planta de Suboficiales y Gendarmes en el cargo de Cabo Primero grado 16º E.U.S., dotación Complejo Penitenciario Alto Hospicio, quien interpone acción de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional, don Christian Alveal Gutiérrez y/o quien lo subrogue legalmente, ambos con domicilio en domicilio reservado, por privar, perturbar y amenazar los derechos protegidos en el artículo 19 numerales 2, 9, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Anuncia que recurre por las acciones y omisiones arbitrarias e ilegales que, en definitiva, han implicado de manera indebida, injusta e improcedente el no pago de sus remuneraciones e imposiciones; que fueron resueltos de forma arbitraria e ilegal sin contar con respaldo administrativo como lo es el principio de escrituración, explicando que el 03 de abril de 2020 fue detenido por delitos de cohecho, tráfico ilícito de droga, municiones y municiones bélicas, siendo notificado de un sumario administrativo el día 7 de ese mes, sin notificarle la suspensión de su sueldo o la disminución de éste.

Explica que se decretó su prisión preventiva, modificada posteriormente a arresto domiciliario total y firma mensual el 20 de octubre de 2021, y decretada la última, concurrió a trabajar, se negó el ingreso, acudió a la Sede Gremial de la ANEF Tarapacá a cumplir funciones como dirigente gremial, quedando registrado el correo electrónico enviado al Jefe de Unidad del Complejo Penal Penitenciario de Alto Hospicio, Comandante nombre reservado, con copia al jefe de recursos humanos de Gendarmería de Chile Tarapacá, el 31 de diciembre pasado fue notificado por carta certificada de la Resolución Exenta de la Dirección Regional Tarapacá N° 994, de 6 de diciembre año 2021, que lo suspendió de su cargo por el tiempo que señala, en virtud de las penas accesorias a que fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique.

Cita artículos 3 y 5 de la Ley N° 19.880, reitera que no hay registro de la suspensión de sus remuneraciones e imposiciones, afirma que se ha afectado la protección de la salud, pues lleva alrededor de dos años sin previsión ni salud, su libertad de trabajo, ya que no ha podido optar a un trabajo con contrato, y de propiedad, en su calidad de funcionario de la recurrida, pidiendo se acoja el recurso, se restablezca el imperio del derecho, declarando que debe pagarse sus remuneraciones e imposiciones, disponiendo volver al mismo cargo con todas las prerrogativas legales y remuneraciones que le corresponden en su calidad de Cabo 1º grado 16 E.U.S, la entrega, en el más breve plazo, de sus remuneraciones mensuales, adeudadas desde la fecha del no pago, se le devuelva la previsión y la salud, ya que se encuentra en calidad de indigente. Acompaña documentos.

Evacúa informe don nombre reservado, Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, quien, como antecedente previo, indica que el recurrente ingresó a las filas de la institución el 01 de septiembre de 2003, siendo siempre calificado en Lista N° 1 de “Distinción”, que registra dos sumarios administrativos, el primero iniciado en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, por Resolución Exenta N° 431 del 06 de abril de 2020 del Director Regional de la institución, en la que se aplicó al recurrente, a través de Resolución Trámite N° 183 de 09 de septiembre de 2021, la medida disciplinaria expulsiva establecida en el artículo 121 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005, en relación con el 125; proceso que se encuentra actualmente en etapa de notificación del acto que lo afina; y el segundo, ordenado por Resolución Exenta N° 1746 del 06 de diciembre de 2016 del Director Regional de la institución, en la que se le aplicó al recurrente, a través de Resolución Exenta N° 81 de 17 de enero de 2019, la medida disciplinaria de “Suspensión del empleo por el lapso de tres meses, con goce del 50% de su remuneración mensual”, establecida en la letra c) del artículo 121, en relación con el 124, del Cuerpo Legal Funcionario, siendo rechazados los recursos deducidos.

En cuanto a la suspensión del pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del recurrente, expone que por sentencia de 28 de septiembre pasado, en causa RIT 284-2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad condenó al actor a la pena de 3 años y 1 día de reclusión mayor en su grado mínimo (sic), como autor del delito de cohecho penado en el artículo 248 bis del Código Penal, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, como asimismo, lo condenó a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en pequeñas cantidades, tipificado en el artículo 4° en relación con el 1° de la Ley N° 20.000, y accesoria de suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la pena y el pago de una multa a beneficio fiscal de 10 UTM, sustituyéndose el cumplimiento de las penas por libertad vigilada intensiva, quedando ejecutoriado el fallo el 29 de noviembre de 2021, por lo que, conforme a esos antecedentes, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Jefatura Nacional del Servicio por medio del Oficio Circular N° 233 de 25 de julio del pasado año, a través de Resolución Exenta N° 994 de 06 de diciembre de 2021 del Director Regional, se suspendió al recurrente de su cargo en virtud de las penas accesorias a las que fue condenado, acto que fue puesto en conocimiento conforme a lo prescrito en el artículo 46 de la Ley N° 19.880, por medio de cartas certificadas el 10 de diciembre pasado.

Argumenta que la pena accesoria significa una interrupción del vínculo con la Administración, lo que lo inhabilita durante dicho periodo para ejercer los derechos que emanan del desempeño de su empleo y de su condición de funcionario público, y se encuentra privado de gozar los beneficios estatutarios, privándolo también de todo sueldo mientras dure la condena, tal como dispone el artículo 40 del Código Penal; añadiendo que en el proceso investigativo se formuló cargos al recurrente por haberse comprobado que contravino gravemente las disposiciones contenidas en letras b), c), g) e i) del artículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, al concluirse que su actuar estuvo reñido con el principio de probidad administrativa, por los hechos acaecidos el 03 de abril de 2020, cuando intentó ingresar diversos aparatos telefónicos al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y acreditarse la posesión de sustancias ilícitas que mantenía en su domicilio.

Seguidamente, por Resolución Trámite N° 183 de 09 de septiembre de 2021, la Jefatura Nacional aplicó la medida disciplinaria de “Destitución”, establecida en la letra d) del artículo 121 en relación con el 125 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005, destacando que se han observado debidamente las reglas del debido proceso, pues al sumariado se le otorgaron las oportunidades de hacer valer el derecho a ser oído, tomar conocimiento de los hechos y presentar sus defensas o medios recursivos que franquea la ley. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: En el sentido señalado, y debido a que lo reprochado por el actor es la falta de pago de sus remuneraciones e imposiciones, cuestión que conculcaría las garantías contenidas en los numerales 2, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Magna, debate que la recurrida controvierte, porque la suspensión del pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del recurrente obedece a la pena accesoria impuesta en causa RIT 284-2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, el deducido se desestimará.

TERCERO: En efecto, de los antecedentes y documentos allegados al proceso, se desprende:

a) Por sentencia de 28 de septiembre de 2021, en causa RIT 284-2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad condenó al protegido a sufrir la pena de 3 años y 1 día de reclusión menor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de cohecho penado en el artículo 248 bis del Código Penal, más la condena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena; a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en pequeñas cantidades, tipificado en el artículo 4° en relación con el 1° de la Ley N° 20.000, a la sanción accesoria de suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la pena, y el pago de una multa a beneficio fiscal de 10 UTM, sustituyéndose el cumplimiento de las penas por libertad vigilada intensiva.

b) Por sentencia de 25 de noviembre de 2021, de esta Corte, se rechazó el recurso de nulidad interpuesto por su defensa, en causa Rol N° 284-2021 Penal.

c) El 29 de noviembre de 2021 se certificó que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.

d) Mediante Resolución Exenta N° 994 de 06 de diciembre de 2021, emitida por el Director Regional de Tarapacá, se resolvió suspender del cargo al recurrente, estableciéndose que durante la suspensión no podrá percibir remuneración e instruye notificar el acto administrativo.

e) El recurrente expresó que fue notificado el 31 de diciembre pasado, por carta certificada.

f) El 21 de febrero de 2022 fue notificado de la Resolución Trámite N° 183 de 09 de septiembre de 2021 que aplicó la medida disciplinaria de destitución.

CUARTO: En consecuencia, dada la existencia de los antecedentes de hecho descritos precedentemente, como se dijo, el recurso no puede prosperar.

Desde luego no puede porque, no habiéndose precisado el plazo por el cual se estima que debe pagarse remuneraciones y cotizaciones, no es posible determinar cuál es el período que específicamente se cobra, aspecto absolutamente relevante porque el actor, ciertamente, no podía menos que conocer, atendido su nivel de escolaridad y su condición de dirigente, los efectos que conlleva la privación de libertad, y la existencia de una imputación penal desde el punto de vista del derecho administrativo.

QUINTO: Por otro lado, la pretensión esbozada en estrado en el sentido que debía pagarse sueldo hasta hoy, especificándose luego como fecha de término de los pagos el 21 del presente mes, no tiene asidero alguno desde la perspectiva de una vulneración constitucional a la luz de los hechos consignados anteriormente.

SEXTO: Y menos aún podría considerarse, por la condena señalada, la pretensión contenida en el petitorio del recurso, en cuanto solicita volver al mismo cargo con todas las prerrogativas legales y remuneraciones que le corresponden en su calidad de cabo 1º grado 16 E.U.S.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 43-2022 Protección.

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