nombre reservado CONTRA nombre reservado

Iquique, dos de junio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, administrador, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, y doña nombre reservado, a raíz de actuaciones en que habrían incurrido, y que resultan atentatorias de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 1, y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone, en resumen, que desde el 1 de septiembre del 2019, asumió el cargo de administrador del condominio de la Comunidad de Copropietarios del Edificio Marina Club de Iquique, y en dicha calidad ha sido víctima de acoso, vulneraciones y violaciones a sus derechos fundamentales por parte de las recurridas –residentes del edificio- quienes en reiteradas ocasiones lo han acusado con otros residentes y personal del lugar, de haber sido despedido de otras comunidades por robo o manejos indebidos de fondos, siendo los últimos sucesos aquellos de los días 15, 20, 22, y 24, todos de marzo pasado, en los que sufrió descalificativos e insultos de parte de las accionadas.

Indica que la actitud de las recurridas le ha provocado consecuencias a nivel psicológico, laboral, y familiar, a raíz del cuadro depresivo que presenta, con los consiguientes gastos médicos por ello, y la pérdida de una oportunidad laboral en otro condominio por las acusaciones imputadas.

Tales circunstancias, dice, han vulnerado sus garantías constitucionales referidas precedentemente, al ser objeto de comentarios odiosos y difamatorios viéndose expuesto a un acoso sistemático por parte de las recurridas, lo que ha perturbado su tranquilidad y le ha provocado un menoscabo emocional, sumado a que le atribuyen acciones que pueden ser calificadas de delitos, causando ello un descrédito personal y laboral.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene a las recurridas inhibirse y evitar continuar con la ejecución de actos como los descritos, con costas.

Evacuando el informe requerido, las recurridas, en términos similares, solicitan el rechazo, con costas, de la acción, exponiendo ser residentes en calidad de copropietarias del Edificio Marina Club de Iquique, en el que el actor se desempeña como administrador, y negando los hechos del recurso, constitutivos de insultos, descalificaciones, y acoso en su contra, manifiestan que la acción deducida obedece a una acción temeraria y de represalia en contra de las requeridas, por el hecho de existir en contra del actor una denuncia seguida ante el Primer Juzgado de Policía Local de esta ciudad, deducida el 24 de marzo de 2023, por incumplimiento del derecho a ser informados los copropietarios de la comunidad sobre la adecuada administración del edificio por parte del administrador, y supervisión del comité de administración, la que se encuentra en tramitación, y por cuya razón, esta Corte debiera declararse incompetente, agregando en atención a los hechos relatados en el libelo, que estos se desarrollan en el marco de una relación laboral existente entre el actor y la comunidad de copropietarios del Edificio Marina Club, debiendo ello ser conocido en sede laboral conforme el procedimiento pertinente regulado por el legislador laboral, y no por esta vía cautelar.

Acompañaron documentos a sus presentaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, conforme la reseña del libelo, lo que se cataloga de ilegal y arbitrario por el actor resultan ser los insultos, descalificaciones, e imputaciones proferidas por las recurridas, en el marco de su desempeño como Administrador del Edificio Marina Club de esta ciudad, las que habrían provocado la afectación de las garantías constitucionales descritas en el recurso, conductas que las recurridas han negado tajantemente, catalogándolas de represalias por la denuncia formulada en contra del actor ante la judicatura de Policía Local, a raíz del supuesto mal desempeño en el ejercicio de su labor.

TERCERO: Que, hecha la precisión fáctica precedente, deberá rechazarse la alegación planteada por ambas accionadas, en cuanto a la incompetencia de esta Corte para conocer del asunto, desde que no son los hechos planteados en la denuncia ante la judicatura de Policía Local los que sustentan la acción constitucional deducida, sino las eventuales ofensas en que éstas habrían incurrido para con el recurrente, materia que, por cierto, pudiendo ser atentatorias de derechos fundamentales, resultan ser materia de conocimiento de este Tribunal de Alzada, vía el recurso deducido en autos; y tampoco son conductas que se imputen por el actor a su empleador –calidad que desde luego las recurridas no detentan- y que debieran ser conocidas por la judicatura laboral a través del procedimiento especial regulado en el Párrafo 6° del Capítulo 2° del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, ahora bien, y en cuanto al fondo, siendo la acción de protección una herramienta de naturaleza cautelar y de emergencia que la Constitución contempla para los atentados a aquellos derechos indubitados mencionados en su artículo 20, y cuya finalidad esencial es poner pronto remedio a la vulneración de alguna de tales garantías fundamentales, provocada por un acto u omisión catalogado de ilegal o arbitrario, el deducido no puede prosperar.

Ello es así, desde que siendo el sustrato fáctico del recurso aquellas ofensas o maltratos verbales del que habría sido víctima el actor de parte de las recurridas, no puede perderse de vista que tales circunstancias fueron categóricamente desmentidas por éstas, negando haber incurrido en tales conductas.

En tal sentido, encontrándose controvertidas las aludidas imputaciones, no resulta posible a esta Corte arribar a la necesaria convicción de su existencia para adoptar las medidas que el actor requiere, considerando que éste no acompañó antecedente alguno que sustentara sus imputaciones y que esta Corte pueda ponderar conforme las reglas de la sana crítica, debiendo recordarse en este punto, a la luz de lo establecido en los artículos 20 y 76 de la Carta Fundamental, y 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que estamos en presencia de un procedimiento efectivo, concentrado, sencillo y breve, destinado a restablecer, en forma rápida y eficaz, la vigencia del ordenamiento jurídico y el ejercicio de los derechos de la persona afectada, y no ante un contradictorio de lato conocimiento.

QUINTO: Que, en dichas circunstancias, y como se adelantara, el recurso de protección deducido no puede prosperar, sin perjuicio de las demás acciones, tanto administrativas, como jurisdiccionales, que el actor pueda hacer valer ante los órganos competentes, conforme lo regule el Ordenamiento Jurídico.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-422-2023.