Protección contra Gobernador Provincial de Iquique

Iquique, uno de febrero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Gobernador Provincial de Iquique, don nombre reservado y de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, representada por doña nombre reservado.

Funda su acción, en que mediante Resolución Exenta 407/2018, de 9 de julio de 2018, suscrita por el Gobernador Provincial de Iquique, se dispuso la restitución administrativa del inmueble fiscal inscrito a fojas 1.039 bajo el número 1745, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, del año 2011, de la cual tomó conocimiento el 9 de noviembre de 2018; luego, mediante Oficio N° 1974, de 29 de octubre de 2018, el Gobernador Provincial ordenó seguir adelante con el procedimiento de restitución administrativa dispuesto en la resolución referida. Señala que dicho inmueble lo ocupa, porque es titular de las pertenencias mineras constituidas en él denominadas “ Javiera de la Uno a la Ocho”, cuya acta de mensura y la sentencia constitutiva se encuentran inscritas a fojas 68 N°17 del Registro de Propiedad de Minas del año 2011 del Conservador de Minas de Iquique, dicha pertenencia no se extingue mientras cuente con patente al día y ella se encuentra hoy en proceso de despeje de estéril, sometidas a trabajos de limpieza y banqueo, con la finalidad de despejar una veta de cobre.

Refiere, que conforme a lo expuesto, ocupa actualmente un inmueble sobre el cual posee derechos de dominio sobre la concesión minera constituida en el inmueble en cuestión respecto de la cual tiene un derecho real inmueble, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 2 y 3 del Código de Minería, distinto e independiente del dominio del predio superficial, que es oponible al Estado y a toda persona, ello, además, se encuentra corroborado por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en sus artículo 2 y 11.

En cuanto a las garantías vulneradas indica que se ha infringido las contempladas en el artículo 19 N° 2, 3 21 y 24, esto es; la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita y el derecho de propiedad.

Señala al efecto, que los recurridos han conculcado el derecho de igualdad ante la ley, al pretender quebrantar el derecho de dominio de la actora respecto de su pertenencia minera sin que se haya efectuado un procedimiento de expropiación única forma de privarlo de tal derecho. Además, ha recibido un trato diferente al de otras personas que ocupan bienes fiscales cercanos al sector donde se emplaza la mina del recurrente.

En relación a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, reitera que pretender privar al recurrente del derecho de propiedad sin recurrir a un proceso de expropiación previamente.

Respecto del el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita y el derecho de propiedad, alega que los actos de la recurrida privan, perturban y amenazan un derecho ajeno como es la concesión de explotación, de naturaleza real inmueble, que implica facultades exclusivas de explorar, explotar y hacerse dueño de las sustancias minerales concesibles.

Finalmente, pide se deje sin efecto el Oficio Ordinario N° 1974, de 29 de octubre de 2018, asimismo la Resolución Exenta N° 407/2018 de 9 de julio de 2018, ambas dictadas por el Gobernador Provincial de Iquique, por ser ilegales y arbitrarias y desconocer el derecho de propiedad que corresponde al recurrente respecto de la pertenencia minera, en la cual se encuentra realizando labores propiamente mineras de despeje y banqueo y retiro de material estéril, que en lo sucesivo los recurridos deberán abstenerse de pretender el cierre de la pertenencia del recurrente, reconociendo su derecho sobre la concesión minera, en subsidio, que se disponga por los recurridos el cumplimiento inmediato de las acciones o medidas que esta Corte adopte, y que se les condene en costas.

Evacuando informe, doña nombre reservado, abogado, en representación de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la nombre reservado, expone que el recurrente dedujo una acción de protección anterior Rol N° 24-2016 fundado en los mismos hechos y que fue rechazada por esta Corte.

Señala que de acuerdo a los antecedentes que obran en su poder, el recurrente ocupa ilegalmente la propiedad fiscal en la que realiza extracción de áridos desde una cantera ilegal. Por otra parte, el concesionario no tiene derecho a ocupar el suelo superficial sin antes constituir la servidumbre respectiva, en este caso, el actor interpuso una demanda en juicio sumarísimo de constitución de servidumbre legal minera en contra del Fisco, que fue tramitada en los autos Rol C-5040-2013 del Primer Juzgado de Letras de Iquique, siendo rechazada mediante sentencia, de 16 de abril de 2015, de manera tal, que el actor no detenta título alguno que le confiera un derecho indubitado sobre los terrenos superficiales de dominio fiscal administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales, quien en el ejercicio de sus facultades y competencias legales solicitó la restitución administrativa del inmueble ocupado, ejerciendo la potestad legal establecida en el artículo 19 del D.L. N ° 1.939 de 1977, sobre Adquisición, administración, y Disposición de Bienes del Estado.

Indica que, el 7 de mayo de 2018, funcionarios de la Unidad de Fiscalización de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de nombre reservado, detectaron una nueva ocupación ilegal de terrenos fiscales por parte del recurrente, quien además había autorizado la extracción de áridos a la empresa Construcciones y Pavimentos Ltda., atendido lo anterior, mediante Oficio ORD SE01-1525-2018, de 10 de mayo de 2018, el Gobernador Provincial solicitó que dispusiera la restitución administrativa del inmueble, lo que se materializó mediante la Resolución Exenta N° 407, de 9 de julio de 2018, ante lo cual el afectado realizó una presentación ante la Gobernación Provincial resuelta en el ORD N° 1974, de 29 de octubre de 2018, rechazándola y otorgándole el plazo de diez días para la restitución del inmueble. Así las cosas, queda claro que el actor no ha desarrollado actividad alguna relativa a la exploración o explotación, sus labores son la extracción de áridos manteniendo una cantera ilegal para ello.

En cuanto a las vulneraciones a las garantías constitucionales denunciadas expone, que todas las ocupaciones irregulares en terrenos fiscales en el sector fueron objeto de procesos de restitución administrativa, y no existe antecedente alguno que dé cuenta de la supuesta privación de un derecho minero, Agregando, que en el caso de autos se trata de terrenos superficiales que tiene la calidad jurídica de urbanos, y en ellos no se puede desarrollar actividad minera sin las autorizaciones mineras que exige la ley, de manera tal que toda actividad desarrollada por el recurrente es contraria a derecho. En ese sentido, dispone el artículo 17 N°1 y 116 del Código de Minería que los concesionarios para ejecutar labores mineras necesitan un permiso del Gobernador respectivo, quien para otorgarlo deberá oír al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Por su parte, el artículo 19 inciso cuarto de la norma legal citada, dispone que para la constitución de una servidumbre legal minera en ciudades o poblaciones será necesario acompañar los permisos señalados en la ley.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe dentro de plazo y en su mérito rechazar el presente recurso con costas.

Evacuando informe don nombre reservado, abogado, en representación de la Gobernación Provincial de Iquique, expone, que los terrenos a los que alude el recurso son fiscales, y en ellos existe una pertenencia minera denominada Javiera del 1 al 4 inscrita a favor del recurrente; que la Seremi no ha otorgado autorización para la ocupación superficial de tales terrenos a terceros, ni existen servidumbre constituidas a su respecto para labores mineras o cualquier otra actividad comercial; el señor nombre reservado nunca ha efectuado labores mineras sobre el terreno fiscal, prueba de ello es que la solicitud formulada por él para constituir una servidumbre minera en el año 2013, fue rechazada porque no invocó ni probó que efectuaría un proyecto minero. En conclusión, lo que realmente se ha ejecutado en dicho terreno ha sido una explotación indebida de una cantera de extracción de áridos y movimiento de tierra, así se desprende de las fotos que acompaña al informe.

De otra parte, de acuerdo con las facturas que acompaña el actor, la explotación de la cantera no ha sido realizado como persona natural sino que a través de una empresa que controla denominada “nombre reservado Constructora y Movimiento de Tierra EIRL”, en consecuencia, él carece de legitimación activa ya que la afectada con los actos administrativos es dicha empresa. Además las labores se ejecutan en sectores cuyo suelo, de acuerdo al documento de planificación, admiten un uso correspondiente a parques y áreas verdes públicas. Asimismo, tampoco se ha acreditado contar con las autorizaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería, puesto que es obligatorio para el productor minero elaborar y enviar un método de explotación de la faena minera al Sernageomin para su aprobación, todo lo cual comprueba que no ha realizado un proyecto minero y por ello se dictó la Resolución Exenta N° 407/2018 de la Gobernación Provincial de Iquique a requerimiento de la Seremi de Bienes Nacionales.

Además, menciona que la comercialización de áridos fue constatada por el fiscalizador constituido en terreno de la Constructora FV y que por el material pagan $22.000.000.- en tres cuotas, razón por la cual se dictó el acto administrativo referido y que fue notificado por Carabineros de Chile el 13 de julio de 2018, según da cuenta el Oficio N° 317, de la Primera Comisaría de Iquique, posteriormente el abogado del recurrente solicitó dejar sin efecto dicho acto por lo que la autoridad administrativa suspendió el procedimiento hasta tener mayores antecedentes requiriendo informes a la Seremi de Bienes Nacionales, quien señaló que el actor no se encuentra facultado para ocupar dichos terrenos, y por su parte, al Servicio de Impuestos Internos informó que el recurrente registra inicio de actividades en calidad de persona jurídica con fecha 12 de agosto de 2010, bajo la razón social nombre reservado Constructora Movimiento de Tierra EIRL., dado lo cual se mantuvo la Resolución Exenta N° 407, de 9 de julio de 2018; señalando que los antecedentes expuestos por el recurrente son falsos, puesto que no ejerce una labor minera sino que se dedica a comercializar una cantera, y aún en el evento que todo fuera efectivo, no tiene las autorizaciones esenciales para ocupar el terreno superficial, por lo que sus actividades son al margen de toda legalidad, indicando que la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales como el Gobernador Provincial han actuado en los hechos administrativos vinculados al recurso dentro de la esfera de sus atribuciones y con total apego a los criterios y razonamientos legales, finalmente, pide tener por evacuado el informe ordenado y en su mérito rechazar el recurso en todas sus partes con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario por el actor es la Resolución Exenta 407/2018, de 9 de julio de 2018, suscrita por el Gobernador Provincial de Iquique, mediante la cual se dispuso la restitución administrativa del inmueble fiscal inscrito a fojas 1.039 bajo el número 1745, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, del año 2011, y el Oficio N° 1974, de 29 de octubre de 2018, de la misma autoridad referida, en el que se ordenó seguir adelante con el procedimiento de restitución administrativa indicado previamente.

TERCERO: Que de acuerdo a los antecedentes acompañados, en virtud de la Resolución Exenta 407/2018, de 9 de julio de 2018, dictada por el Gobernador Provincial de Iquique se ordenó la restitución de los terrenos fiscales ubicados en el sector Playa Blanca que eran ocupados indebidamente por el recurrente y la empresa Constructora FV. El fundamento jurídico de dicho acto es el artículo 4° letra h) de la Ley N° 19.175 de 1983, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que encarga al Gobernador Provincial “ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esa facultad el Gobernador velará por el respeto al uso a que están destinadas, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”. El acto administrativo que se impugna tiene su origen en la solicitud formulada por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la nombre reservado al Gobernador Provincial de Iquique, en su calidad de administrador de los bienes fiscales de conformidad al Decreto Ley N° 1.939.

CUARTO: Que, de otra parte, aparece del informe evacuado por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la nombre reservado, y del ORD N° SE01-1525-2018, que personal de dicha repartición realizó una inspección en el terreno fiscal ubicado en el sector Alto Playa Blanca de la comuna de Iquique, quienes detectaron la ocupación ilegal del actor en ese lugar.

QUINTO: Que, cabe tener presente, que el recurrente se asila en el derecho de propiedad que tiene sobre una concesión minera de explotación para ocupar el terreno fiscal cuyo desalojo cuestiona por esta vía extraordinaria, no obstante, del informe de fiscalización, de 7 de mayo de 2018, se constata que en el referido terreno se efectúan labores de extracción de áridos, existiendo en el lugar una cantera, sin que se realice actividad minera alguna, de otro lado, tampoco ha exhibido los permisos necesarios para realizar actividades relacionadas con una cantera ni para realizar la explotación del sitio que se ubica en zona urbana. Luego, no ha podido afectarse algún derecho de naturaleza o índole minera, pues en la práctica no se ha materializado de modo alguno, resultando ser más bien una aparente justificación para la ocupación ilegal de un terreno fiscal.

SEXTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de garantías que se encuentren indubitadas y no discutidas, lo que no ocurre en la especie, puesto que el derecho que se reclama dice relación con la existencia de un derecho en una propiedad minera que no puede considerarse indubitado como para conceder el resguardo necesario que prevé esta acción constitucional.

SÉPTIMO: Que, sobre la base de lo razonado, puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en la materia que en estos autos no concurre los presupuestos que permitan el acogimiento de la acción de cautela de derechos constitucionales, de manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar, menos cuando las alegaciones, en términos generales, son muy semejantes a aquellos antecedentes de la protección I.C. 24-2016.

Finalmente, en cuanto a las fotografías acompañadas el día de ayer, ellas apreciadas en conformidad a las reglas de la sana critica, no permiten alcanzar el exacto convencimiento que existe lo que se dijo en estrado, una veta de cobre y si lo hubiere, para su explotación deben realizarse todas las solicitudes y diligencias necesarias para extraer el mineral y comercializarlo, todo lo cual excede el marco legal de un recurso de protección.

Por estas consideraciones, lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Chile, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 421-2018 Protección.- 6