Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

IQUIQUE, ocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, y en contra del Banco de Crédito e Inversiones S.A., representado por don nombre reservado, por infringir sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política.

Indica que el 23 de octubre pasado, mediante un certificado tomó conocimiento que la Caja recurrida le pagó diversas licencias médicas, pese a que tales montos jamás los recibió. Luego de ello, el 26 de octubre pasado, el Banco recurrido le indicó que se efectuó a su favor, el reintegro de $ 106.558, por licencias médicas.

Reclama que el subsidio de incapacidad laboral relativo al pago de licencias médicas fue retenido, pese a que alega tener derecho a su pago.

Explica que desde el 2015 hasta noviembre de 2017, trabajó para el Banco recurrido, terminando dicho vínculo por necesidades de la empresa, ejerciendo durante la vigencia de la relación laboral su post natal y licencias médicas, recibiendo el pago de sus remuneraciones enteradas por su ex empleador, quien debía retener el subsidio por incapacidad laboral, en razón que el Banco mantenía un convenio con la Caja, de manera que sus licencias eran pagadas por el Fondo Nacional de Salud a la Caja y ésta por convenio lo entregaba a su ex empleador, para que aquel hiciera pago a su persona, si es que no existía retención legal.

Indica que su ex empleador pagó las remuneraciones correspondientes a las licencias médicas rechazadas; sin perjuicio de ello, el 14 de noviembre de 2017, se puso término a su contrato de trabajo, extendiéndose el finiquito respectivo, en el que se indicó que se realizaría una devolución por concepto de licencias médicas, por la suma de $3.958.906.

Señala que luego del término de la relación laboral, apeló de algunas de las licencias médicas rechazadas el 2017, y mediante Resolución Exenta N° 25.486, de 10 de agosto de 2018, fueron aceptadas, ordenándose el pago de las licencias N° 51852995, 52694480, 52942906 y 52947527, por lo que concurrió a la Caja recurrida, quien le entregó un certificado de subsidio, en que se indica que fueron pagados los subsidios pertinentes, pese a lo cual, reclama que no se le entregó dinero alguno, recibiendo como respuesta que el pago se realizó mediante cheque (de 2 de octubre pasado) al Banco recurrido, en razón del convenio aludido, pese a que en noviembre de 2017 dejó de pertenecer al mismo.

Menciona que con la intención de recuperar su dinero, pidió al Banco su reintegro, adjuntando el certificado de subsidios pagados y copia de su finiquito, ante lo cual se le indicó que las licencias a rebajar del finiquito ascendían a la cantidad de $ 7.101.707, de lo cual sólo se pudo descontar la suma de $ 3.958.906, quedando un saldo que no se pudo deducir por la suma de $ 3.142.801, por lo que a la fecha en que se recuperaron los subsidios, quedó un saldo a su favor de $ 106.558, indicándosele que en la medida que FONASA les pague los subsidios pendientes, éstos se le irían reintegrando.

Agrega que la suma de $ 106.558, fue depositada en su cuenta bancaria, sin embargo, hasta la fecha no se le ha entregado un comprobante de descuento de sus subsidios ni alguno que dé cuenta del depósito realizado en su cuenta, sin aparecer que el subsidio por licencias a descontar correspondía a la suma de $ 7.101.797, por lo que afirma que la retención de autos vulnera ilegal y arbitrariamente su derecho de propiedad. Asimismo estima que existe arbitrariedad en el comportamiento de la Caja recurrida, al aplicar el convenio a una relación laboral terminada.

Agrega que lo anterior, junto con afectar su derecho de propiedad, ha significado un desgaste emocional, por lo que también se ve afectado su derecho a la integridad psíquica.

Pide se ordene a las recurridas el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas N° 51852995, 52694480, 52942906 y 52947527, se ordene a la Caja recurrida que en lo sucesivo, de existir nuevas licencias médicas apeladas y acogidas, ingresadas durante la relación laboral, se haga pago directo a su persona, con costas.

Evacuando informe el Banco recurrido, indica que el 1 de agosto de 2015 se suscribió un contrato de trabajo a fin que la recurrente cumpliera funciones de ejecutiva comercial, extendiéndose la relación laboral por 829 días, de los cuales 681 hizo uso de licencia médica, trabajando un total de 148 días.

Señala que de acuerdo al Manual de beneficios, los trabajadores acogidos al régimen de medicina curativa o preventiva percibirán el total de sus remuneraciones y en el evento que la institución de salud rechace la licencia, el trabajador debe reembolsar a la empresa el total de lo pagado, si se mantiene el rechazo de la licencia.

Destaca que su parte le pagó a la recurrente el total de los subsidios correspondientes a los 681 días que se extendió la relación laboral.

Menciona que jurídicamente, lo que ocurre, es que al adelantar el pago de las licencias, se genera un crédito para el Banco, cuyo pago será de cargo de la entidad previsional, si se aprueba la licencia, o del trabajador, si ésta es rechazada.

Afirma que durante la relación laboral, se pagó $ 7.968.623, correspondiente a 682 días de licencia, de los cuales 248 días fueron rechazados, por lo que el Banco tiene un crédito por dicho monto.

Precisa que al término de la relación laboral, se extendió el finiquito respectivo, existiendo en esa fecha un descuento por $ 3.958.906, quedando un saldo por concepto de licencias médicas equivalente a la suma de $ 3.141.801, de manera que al aprobar la apelación por las licencias que originalmente fueron rechazadas, la Caja hace la devolución al Banco.

Relata que el 10 de agosto de 2018, la Superintendencia de Seguridad Social ordenó autorizar las licencias aludidas, siendo imposible descontarlas de la deuda, ya que son posteriores a la emisión del finiquito.

Reclama que el recurso es extemporáneo, pues lo reclamado es que habiéndose terminado la relación laboral, la Caja efectuó el pago al Banco y no directamente a la recurrente, junto a la retención que el Banco hace de la suma pagada, luego de terminada la relación laboral, todo ello, pese a que la recurrente tomó conocimiento de estos hechos a partir de la resolución de 10 de agosto de 2018, época desde la cual la actora comenzó a requerir al Banco el pago o abono de las licencias a su persona, lo que se evidencia de la documental que ella acompaña, en que consta un correo electrónico de 22 de octubre pasado, en que la misma señala que lleva esperando tres semanas a que se le entregue una respuesta sobre las retenciones, y lo que hace la recurrente con el correo de 23 de octubre, es pre constituirse un documento a fin de prolongar artificialmente el plazo para presentar su recurso de protección.

Alega, además, que la acción de protección no es la vía idónea para sostener la pretensión intentada, desde que el derecho reclamado como conculcado es discutido, ya que su parte reclama dicho monto como una deuda. De manera que previo a resolver si los hechos mencionados son ilegales y arbitrarios, se requiere de una sentencia declarativa que así lo reconozca.

En cuanto al fondo, precisa que la trabajadora percibió íntegramente sus remuneraciones, de manera que de acogerse el recurso, existiría respecto de ella un doble pago y el crédito del Banco no sería satisfecho, produciéndose una situación de suma injusticia.

Estima que tampoco existe vulneración al derecho a la integridad, ya que no hay relación de causalidad.

Evacúa informe la Caja recurrida, quien señala que recibió y dispuso los procedimientos administrativos para el pago de las licencias médicas N° 51852995, 52694480, 52942906 y 52947527, por los periodos que van desde el 10 de noviembre de 2016 al 18 de febrero de 2017 respecto de la recurrente.

Señala que generó los comprobantes de egreso correspondientes a los subsidios de las licencias aludidas, los que fueron girados al Banco recurrido el 2 de octubre pasado, ello, en razón del convenio vigente para el cobro de subsidios por incapacidad laboral. De esta manera, no existiendo notificación del empleador en el sentido de autorizar el pago directo, su parte procedió legalmente.

Pide el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que recurrente y recurridas se encuentran contestes en que entre doña nombre reservado y el Banco de Crédito e Inversiones S.A. existió una relación laboral, la que se mantuvo vigente entre el 01 de agosto de 2015 y el 03 de noviembre de 2107, fecha en la que las partes le pusieron término por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, necesidades de la empresa, suscribiendo el finiquito respectivo.

Están contestes también en que durante la vigencia de la relación laboral, la trabajadora hizo uso de 682 días de licencia médica, durante los cuales su empleador pagó íntegramente sus remuneraciones, en virtud del beneficio establecido al efecto para todos sus trabajadores, según el cual, agotadas las instancias administrativas de reclamo ante el rechazo de alguna licencia médica, el colaborador deberá reembolsar a la empresa, el total de lo pagado en virtud de este beneficio por esa licencia médica rechazada.

Tampoco existe discusión en cuanto a que el Banco de Crédito e Inversiones S.A. y la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes suscribieron un convenio, en virtud del cual ésta pagaba los subsidios por licencia médica directamente al empleador.

TERCERO: Que el acto denunciado y la discusión radica, en síntesis, en la retención por parte del Banco recurrido, del subsidio correspondiente a las licencias médicas N° 51852995, 52694480, 52942906 y 52947527, las que fueron autorizadas y pagadas después de suscrito el finiquito laboral con la Sra. nombre reservado, y si ello atenta contra los derechos reconocidos en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política.

CUARTO: Que conforme a lo dicho, corresponde desestimar la alegación efectuada por el Banco de Crédito e Inversiones, en torno a la extemporaneidad del recurso intentado, toda vez que el acto que se denuncia como vulneratorio de los derechos fundamentales está constituido precisamente por la comunicación dirigida el 26 de octubre de 2018, en virtud de la cual el Banco, junto con efectuar un reintegro parcial de dinero a favor de la recurrente, lo hace sobre la base de existir una deuda anterior, la cual era desconocida por la actora de protección, de manera que su acción, encaminada a resguardar sus derechos, ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en el N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de protección de las Garantías Constitucionales.

QUINTO: Que el finiquito es el documento o instrumento a través del cual las partes dan cuenta de la terminación del contrato de trabajo, de los haberes adeudados y solucionados, cuyo efecto fundamental es otorgar pleno poder liberatorio, para lo cual debe reunir todos los requisitos que al efecto contempla el inciso 1° del artículo 177 del Código del Trabajo, esto es: debe constar por escrito, y firmarse por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivo o ratificarse por el trabajador ante el Inspector del Trabajo o ante otro de los ministros de fe indicados por la ley.

De tal suerte, el finiquito es una convención y presenta un carácter transaccional, que lo constituye en una forma de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza laboral cuyo nacimiento se corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, que son quienes consintieron en dar por terminada una relación laboral en determinadas condiciones, expresando ese asentimiento libre de todo vicio.

En otros términos, el finiquito es un acto jurídico laboral, bilateral y solemne, toda vez que es suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación laboral, en el que dejan constancia del cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato.

En el finiquito suscrito entre doña nombre reservado y el Banco de Crédito e Inversiones S.A., además de cumplir con las formalidades requeridas, consta que se descontó de los haberes de la trabajadora la suma de $ 3.958.906, por concepto de Devolución Subsidio Licencias Médicas, y en el párrafo segundo de la cláusula tercera se expresa que: “Asimismo, el trabajador y Bci Nova (22) declaran que a la cantidad que el Trabajador recibe en este acto, se imputará cualquier pago o indemnización a que pudiere tener derecho, sea legal o contractualmente, dándose pagado totalmente con ella de todas las prestaciones derivadas del Contrato de Trabajo, de su terminación y en general de todas aquellas que pudieren emanar de la relación contractual que existió entre las partes, entendiendo éstas, que el presente documento constituye una transacción para todos los efectos legales”.

SEXTO: Que así las cosas, atendido que en el finiquito válidamente suscrito entre las partes no se dejó constancia o reserva alguna de la existencia de obligaciones pendientes por ninguna de ellas para con la otra, considerando su carácter bilateral y el poder liberatorio que tiene para quienes lo suscriben en cuanto a las declaraciones expresas que en él se contienen, ha de entenderse que ninguna suma adicional debía la trabajadora recurrente a su ex empleador por concepto de anticipo de subsidios por licencias médicas, pues esta deuda o crédito a que se refiere la recurrida, fue íntegramente cubierta con el descuento efectuado al terminar la relación laboral, al punto incluso de existir un saldo a pagar a su favor.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, consta de los dichos y documentos acompañados por las recurridas, que durante la relación laboral se pagó a la recurrente un total de $ 7.968.623, correspondientes a 682 días de licencia, de los cuales 248 días fueron rechazados.

Resulta entonces, que 434 días de licencia fueron aprobados, y según informe de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, pagados a la entidad respectiva, es decir, que el Banco de Crédito e Inversiones S.A. recibió esas sumas directamente de ella en abono a las remuneraciones que había pagado, restándole recibir únicamente el equivalente a los 248 días de licencias rechazadas.

Si la suma de $ 7.968.623 equivale a 682 días de licencia, una simple operación aritmética permite establecer que la cantidad de $ 3.958.906 descontada en el finiquito por concepto de Devolución Subsidio Licencias Médicas, excede con creces la deuda que la trabajadora mantenía por ese concepto con su empleadora y que por lo mismo no existe saldo de deuda por tal motivo o partida, una vez finalizada la relación laboral.

OCTAVO: Que según lo expuesto, la retención por parte del Banco de Crédito e Inversiones S.A. de los dineros provenientes de las licencias médicas autorizadas con posterioridad al término de la relación laboral y de la suscripción del finiquito, constituye un acto ilegítimo y arbitrario, que implica a su respecto un enriquecimiento injusto al pretender pagarse de una deuda ya solucionada.

Este actuar afecta el legítimo derecho de la recurrente a recibir los dineros provenientes del pago de los subsidios aprobados, derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, lo que lleva a prestar acogida a la acción constitucional deducida.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección presentado en favor de doña nombre reservado, decidiéndose que el Banco de Crédito e Inversiones S.A. debe restituirle íntegramente los dineros provenientes del pago de las licencias médicas N° 51852995, 52694480, 52942906 y 52947527, y asimismo, deberá oficiarse a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, para que en caso de existir subsidios a pagar en el futuro, éstos lo sean directamente a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Abogado Integrante sra. Carolina Hermans Bohm.

Rol Corte N° 419-2018 Protección.- 1