Protección contra Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios

IQUIQUE, cuatro de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, empleado público, quien recurre de protección en contra de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, representada por su Presidente don nombre reservado, ignora profesión, por haber infringido sus derechos reconocidos en los N° 2, 3, 4 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala ser funcionario de Gendarmería de Chile y miembro hace más de 14 años de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, y que en el 2010 fue elegido como dirigente provincial de esta Asociación, siendo reelegido en 4 oportunidades.

Añade que el 13 y 14 de marzo de 2018, se llevó a cabo elección nacional de Directorio de la mencionada Asociación, proceso en el que se produjeron situaciones relativas al conteo de votos, lo que derivó en que los candidatos de una de las listas presentaran un reclamo al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, buscando impugnar la elección nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), reclamación que fue acogida, declarándose la nulidad de la misma y ordenando realizar un nuevo proceso eleccionario.

Indica el recurrente que en el contexto de una publicación realizada por la Asociación, a través de la red social Facebook, dando a conocer los resultados de la elección, realizó un comentario en respuesta a otros, señalando, en síntesis, que si todo fuera transparente los dirigentes nacionales no dividirían a los demás y que los dirigentes provinciales y socios quieren transparencia; haciendo alusión a las diferencias entre los diversos escrutinios que dieron por ganadora a la lista contraria. Señala que ese comentario fue su única opinión pública respecto al mentado proceso eleccionario, pues pese al evidente carácter irregular del mismo, omitió mayores comentarios al respecto, a la espera del resultado del proceso de impugnación del acto eleccionario, el que terminó por ratificar que el proceso se encontraba viciado. Por lo demás, indica que ese comentario se limita a la manifestación legítima de su opinión en relación a las consecuencias del acto eleccionario y el desarrollo del mismo, lo que se constata de su simple lectura, del que se puede colegir que no es injurioso ni agresivo, así como tampoco constitutivo de reproche alguno.

Agrega que el 31 de agosto último se enteró de una denuncia relativa a los dichos realizados por él y de la existencia de un proceso disciplinario en su contra, a través de una carta certificada que en su interior contenía el Oficio Ordinario N° 189, de 9 de agosto, dirigida por la Comisión Nacional de Disciplina ANFUP, que contenía el “Dictamen final con proposición sobre denuncia de publicación de elecciones falsa, por red social de robo y división en Directorio Anfup” y que en su parte medular señalaba que le asistía responsabilidad en los hechos denunciados, al haber quebrantado lo previsto en artículo 49° del Reglamento de Disciplina, considerando que su actuación atentó contra la unidad de los socios de la Asociación recurrida y el prestigio de la misma, provocando así una alteración en el proceso eleccionario y un cuestionamiento al Comité Electoral Nacional, sin fundamento alguno, provocándole claramente un daño a la honorabilidad de las personas y de la misma Anfup. Luego de esto se le dan a conocer los derechos que le asisten, sin indicar ni detallar nada a ese respecto. Añade que el 5 de agosto pasado remitió documento a la Comisión de Disciplina solicitando copia de la acusación presentada en su contra, de las actas de lo obrado y diligencias realizada ante la supuesta irregularidad cometida, por los cinco integrantes de la comisión de disciplina, puesto que la escasa información le impedía ejercer su derecho a defensa, sin embargo la información requerida nunca fue remitida por la Comisión, y al desconocer el tenor de la denuncia no pudo realizar sus descargos.

Añade que el 29 de octubre pasado recibió carta certificada con el Oficio Ordinario N° 217, de 22 de octubre último, dirigida por el Directorio Nacional de ANFUP, que resolvía no dar lugar a su presentación en atención a que sus alegaciones no aminoraban ni desvirtuaban los hechos denunciados, por lo que se mantuvo firme la sanción de expulsión.

Señala que el procedimiento para arribar a la decisión referida no respetó las reglas estatutarias relativas a la materia de expulsión de socio, contenidas en el Estatuto interno y en el Reglamento de la Comisión de Disciplina. Señala que el artículo 24 de la Ley 19.296 dispone que la forma de funcionamiento y conducción de las Asociaciones, se basa en los acuerdos, entregando la reglamentación interna a los Estatutos, por lo cual el hecho que el procedimiento no respete éstos hace de por sí al acto arbitrario e ilegal.

Precisa que las irregularidades del proceso corresponden a las siguientes: no se le permitió hacer uso del derecho a defensa; no consta que la decisión se haya adoptado por la mayoría absoluta de miembros de la comisión, siendo firmada solo por 2 integrantes; no señala que otros miembros del comité nacional hayan estado presentes en la discusión; no existe registro de denuncia ni de actas de lo obrado; no se consideraron circunstancias atenuantes ni eximentes; no se realizó asamblea provincial en Tarapacá que permitiera dar aprobación a la acusación, por lo que malamente el titular desconocido del mismo podría contar con la mayoría de los socios en la asamblea provincial de Tarapacá. Adiciona que el artículo 49 del reglamento de disciplina, que refiere el documento que le da a conocer supuestamente la denuncia, no está contenido en el estatuto, que consta de tan solo 19 artículos.

Expone que resulta claro que en el procedimiento seguido en su contra hubo afectación a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, ya que la denuncia deducida en contra suya, no siguió con el procedimiento establecido para todos los integrantes de la Asociación Gremial, configurándose a su respecto una diferencia arbitraria en el ejercicio de sus derechos, no siendo óbice el hecho que el procedimiento contemple un recurso de reposición respecto de las decisiones del Comité, que no fue ejercido por él, pues no es requisito para su interposición que sea ésta la única vía para conseguir el objetivo perseguido, más si se considera que lo pretendido es anular el procedimiento por vulneración de garantías al debido proceso y no la revisión de la decisión adoptada. Indica, además, que fue objeto de expulsión por un simple comentario publicado en redes sociales, en un hilo de comentarios del mismo tenor realizados por asociados, los que no recibieron reproche alguno, en circunstancias de encontrarse en una posición similar a la suya.

Refiere que existe una infracción a las reglas del debido proceso, por cuanto no pudo ejercer su derecho a defensa y no se respetó la exigencia de juez natural, a lo que se suma que la sanción de expulsión se dispuso sin que se dictara resolución, limitándose el Directorio a comunicarla, sin que se contenga en ella razonamiento alguno que indique cuáles fueron los hechos concretos que se le atribuyeron, ni la forma en que se tuvieron por probadas las imputaciones formuladas o las razones por las que se decidió imponer la sanción más gravosa dentro de la organización.

Agrega que las omisiones de la resolución en comento resultan de relevancia, dado que del examen del Estatuto se advierte que carece de un catálogo de faltas así como de otro relativo a las sanciones, de modo que no existe un parámetro referencial que permita apreciar la proporción y razonabilidad de lo decidido por la Comisión, por lo que tal decisión es caprichosa, desproporcionada y contraria a la razón o buen juicio, pudiendo ser calificada de arbitraria.

Adiciona que la Comisión le dio publicidad a esta situación, dando a conocer la medida de expulsión a los asociados, por lo que no respetó el secreto del procedimiento conforme los estatutos y tomando la medida de desafiliarlo sin que hayan transcurrido los plazos legales, perjudicando gravemente su honra y estima, pues se le acusa de realizar conductas contrarias a los estatutos y espíritu de la Institución, lo cual afecta su imagen, vulnerándose así su derecho a la honra.

Solicita que se deje sin efecto la medida de expulsión y declarar que la recurrida debe cesar en la ejecución de cualquier acto material que pueda implicar una afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio, además, de reparar los graves daños que le ha provocado la expulsión de la Asociación, con costas.

Evacuando informe don nombre reservado, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, señala que mediante Oficio N° 185, de 7 de agosto último, integrantes del Directorio Nacional de Anfup, ponen a disposición de la Comisión de Disciplina información referente a una denuncia presentada por un socio y ex-candidato al Directorio Nacional, en contra del recurrido, y que el 8 del mismo mes, la Comisión de Disciplina constata que el recurrido dañó la imagen de la Asociación con las publicaciones de Facebook, cuestión que a criterio de la Comisión de Disciplina constituye una falta grave, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo XII del Reglamento de Disciplina, en relación con el artículo 49 de los Estatutos, que estipulan como motivos de sanción el que un asociado incurra en alguna acción contraria a los intereses o buen nombre de la entidad, o cualquier otra actuación que produzca un daño material o moral a la Asociación.

Añade que el 9 de agosto, la Comisión de Disciplina informa al recurrente la instrucción del procedimiento disciplinario, dándole a conocer su derecho para ejercer las acciones contenidas en el Reglamento de Disciplina; y que el 22 de octubre último, el Directorio Nacional de Anfup comunica al recurrente su decisión, considerado que con su actuar atentó contra la unidad de los socios, el prestigio de la misma, al haber publicado en la red social antecedentes y comentarios, realizando cuestionamientos a las recientes elecciones de Dirigentes Nacionales de Anfup, utilizando términos como “robo en las elecciones nacionales”.

Señala que no puede haber vulneración de garantía constitucional alguna, pues el hecho que el recurrente no esté de acuerdo con lo decidido, no le resta valor jurídico a la decisión, ni a la sanción propuesta por dicha Comisión y luego ratificada por el Directorio Nacional en actual ejercicio; indicando que el recurrente formula en su libelo afirmaciones y solicitudes incoherentes, contradictorias e incompatibles con un recurso de protección. Así, afirma no saber por qué se le sancionó, sin embargo él mismo se encarga de transcribir una de sus publicaciones en la red social Facebook; además, en reiterados pasajes del recurso, aborda aspectos de mérito de su publicación y los comentarios en redes sociales, sosteniendo que nunca pudo ejercer su derecho a defensa, pero también reconoce que no interpuso los recursos previstos en la reglamentación interna.

Adiciona que en reiterados pasajes del recurso ataca única y exclusivamente la decisión adoptada, calificándola como infundada y carente de razonabilidad, cuestión en la que cae en una contradicción, pues al leer el recurso es evidente que siempre supo por qué razón se le estaba investigando, y pese a reconocerse que siempre estuvo en conocimiento del procedimiento disciplinario llevado en su contra, no hace referencia a haber presentado algún recurso o haber ejercido alguna acción destinada a desvirtuar los antecedentes investigativos de la Comisión Electoral y la posterior resolución del Directorio Nacional.

Agrega, respecto a las garantías fundamentales supuestamente vulneradas, en lo relativo a la igualdad ante la ley, que tanto los estatutos como el reglamento de disciplina se aplicaron al recurrente al igual que en todos los casos en que éstos deben tener aplicación; en cuanto al derecho a la honra, únicamente ha comunicado lo decidido a las entidades a quienes tienen el deber de informar, en concreto, a Gendarmería de Chile y a la Inspección del Trabajo; en cuanto al derecho a la libertad de expresión, nunca ha censurado a sus asociados ni tampoco ejerce este tipo de acciones a modo de censura. Añade también que los socios pueden decir y publicar lo que deseen, sin embargo, al ser socios de la Asociación, tienen la obligación de acatar las disposiciones estatuarias y reglamentarias y atenerse a sus consecuencias jurídicas, por lo que no se ha conculcado al recurrente las garantías constitucionales que invoca, esto es, el artículo 19 N° 2, 3, 4 y 12, toda vez que el proceso fue llevado con apego estricto a los Estatutos sociales y sin arbitrariedades o irregularidades que pudieren ser impugnadas por esta vía. Por ello, solicita se rechace el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LA RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, siendo requisito indispensable de procedencia la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. Enseguida, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, amagando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de un asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

SEGUNDO: Que de conformidad a lo establecido en la Ley 19.296, las Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado podrán dotarse de sus propios estatutos y reglamentos, debiendo regirse por los que fueren aprobados. De esta manera, conforme el tenor del reclamo, corresponde en estos arbitrios determinar si la expulsión que afectó al recurrente, se ajustó a la normativa que la rige, y para el caso de no ser así, si tal proceder significó una vulneración a alguna de sus garantías constitucionales, que se encuentran protegidas por la acción cautelar TERCERO: Que del análisis de los antecedentes allegados a este recurso por ambas partes, y los documentos acompañados, en especial del Ordinario N° 189/2018, que se remitió al recurrente por parte de la Comisión de Disciplina con fecha 9 de agosto y del Ordinario N° 217/2018, de fecha 22 de octubre, remitido por el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, es posible advertir que ambas comunicaciones carecen de una indicación precisa y clara de los hechos por los que se habría cursado la denuncia, el origen de la misma y el cumplimiento de las formalidades que el propio Reglamento exige en su artículo 11, pues no se adjuntó en el proceso, ni en esta sede la supuesta denuncia escrita y los antecedentes que la fundan, sin que conste tampoco que se contara con la aprobación mayoritaria de la Asamblea Provincial respectiva, vulnerándose de esta manera las normas que al respecto fija el Reglamento de la Comisión Nacional de Disciplina, las que necesariamente son aplicables a las decisiones y a las sanciones que se impongan a los asociados por parte del Directorio Nacional, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del mismo Estatuto.

CUARTO: Que en consecuencia, en la medida de expulsión del recurrente no se ha dado cumplimiento al mecanismo contemplado en la misma normativa interna vigente para la aplicación de la medida en cuestión, por lo que la expulsión adoptada por el Directorio Nacional de la Asociación recurrida, excedió los límites que la misma entidad se fijó en sus Estatutos, constituyéndose en el hecho en una verdadera “comisión especial”, carente de legitimidad, vulnerando así la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que dispone que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, vulneración que a su vez debe vincularse con la garantía prevista en el N° 4 del citado artículo 19, esto es, el derecho a la honra del recurrente, en la medida que ella aparece vulnerada con una imputación que surge de un acto viciado en su origen, que está planteada en forma genérica y sin fundamentación sustentable con el mérito del proceso disciplinario.

Por lo demás, este presunto procedimiento disciplinario tampoco respetó principios del debido proceso, entre ellos la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa, lo que resulta trascendente, más aun considerando la entidad de la decisión adoptada, y aun cuando esta última garantía no se encuentra protegida por la acción de protección no por ello deja de tener relevancia al momento en que corresponde examinar la legalidad de la actuación de las agrupaciones de cualquier naturaleza.

QUINTO: Que por lo anterior, para el restablecimiento del imperio del Derecho, habrá de prestarse acogida a la presente acción cautelar, debiendo necesariamente ser dejada sin efecto la expulsión reclamada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, representado por don nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la medida de expulsión que le afectó y en consecuencia se ordena a la entidad recurrida reincorporar al recurrente como asociado, sin costas.

Redactó la Ministro señora Marilyn Fredes Araya.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte N° 416-2018 Protección.- 9