nombre reservado CONTRA nombre reservado nombre reservado JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS GARANTIA Y FAMILIA DE ALTO HOSPICIO

Iquique, tres de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don Miguel Ángel Castro Soto, abogado, con domicilio en domicilio reservado, a favor de doña nombre reservado, cédula de Identidad N° RUT reservado, actualmente en prisión preventiva en el penal de Alto Hospicio, por quien deduce acción de protección en contra de doña nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, por haber incurrido en falta o abuso grave al haber al pronunciar en causa RIT 1368-2019, seguida por el delito de homicidio frustrado, la resolución de 15 de mayo último.

Señala que en la causa referida, alegó por escrito entorpecimiento que afectó a la defensa, consistente en que a causa de las dificultades de la alerta sanitaria, no ha sido posible para la familia de su patrocinada contactar los testigos que podrían dar cuenta de hechos anteriores, coetáneos y posteriores a los hechos investigados en la causa, testigos que corresponden a prueba de descargo y que permitirían demostrar su teoría alternativa. Impedimento que afecta el derecho a defensa y el principio de igualdad de armas, toda vez, que priva a la recurrente de valerse de los medios de prueba que franquea la ley para controvertir la imputación realizada por el Ministerio Público, siendo el entorpecimiento ajeno a su voluntad, irresistible y de público conocimiento.

Indica que por resolución de 14 de mayo del presente año, el Tribunal resolvió que atendida la proximidad de la audiencia, la solicitud se debatiera al inicio de la misma; reiterando en la audiencia las alegaciones efectuadas por escrito.

Refiere que se encuentra en etapa de preparación de juicio oral por impulso de la defensa, el que no contaba con una pandemia que no permitiese preparar la prueba de descargo, haciendo además presente, que la audiencia de preparación de juicio oral se realizaba por primera vez no habiendo sido suspendida y citando lo prescrito en el artículo 3 de la Ley N° 21.226.

Menciona que pese a sus alegaciones, la claridad de la norma citada y lo prescrito en el artículo 15 del Acta N° 53-2020 de la Excma. Corte Suprema, el entorpecimiento alegado fue rechazado y no se fijó nuevo día y hora, desatendiéndose además el artículo 278 del Código Procesal Penal.

Sostiene que su representada ha quedado en indefensión, toda vez, que no logró ofrecer en la audiencia de preparación de juicio oral todos los medios de prueba de los cuales se puede hacer valer.

Alude a los artículos 5, 15 y 18 del Auto Acordado N° 53-2020 de la Excma. Corte Suprema; expone sobre el debido proceso, entorpecimiento y las audiencias que deben realizarse respectivamente, citando además el artículo 3 y artículo 7 inciso 3° y 5° de la Ley N ° 21.226.

Precisa que la resolución recurrida fue dictada en audiencia de preparación de juicio oral de 15 de mayo del presente año, en la cual, en atención al tiempo transcurrido entre la citación audiencia y esta misma, se rechaza el entorpecimiento. Señala que la resolución que cita a audiencia de preparación de juicio oral se dictó el 14 de abril de 2020, época en la cual ya existía alerta sanitaria y en la cual se encontraban vigentes y publicadas tanto el Acta Nº 53-2020 de la Excma. Corte Suprema como la Ley N° 21.226, por lo que estima, que el argumento empleado para su rechazo no se condice con lo que dichas normas prescriben.

Reclama que la resolución del Tribunal infringe no sólo las normas citadas, sino además los artículos 6 y 7 de la Constitución, pues actúa fuera de la órbita de su competencia al desatender el mandato del Auto Acordado y Ley referida, adoleciendo dicha resolución y audiencia, de nulidad de derecho público. Afirma que desatender que un litigante acuse un entorpecimiento real, basado en hechos públicos y notorios, que no le permiten ofrecer prueba para su debida defensa, es dejarlo en indefensión, afectando la bilateralidad y el debido proceso.

Expone que la resolución que se impugna por vía de excepción constitucional no admite recurso alguno, siendo procedente este recurso de protección pese a recurrir de una decisión judicial, pues en Chile por mandato del Constituyente, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, añadiendo que el irrestricto respeto de los derechos fundamentales constituye un imperativo derivado de la observancia del principio de supremacía constitucional.

Por lo anterior, alega como garantías infringidas, las garantizadas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 26 de la Constitución Política, desde que se afectó el derecho de la recurrente al racional y justo procedimiento.

Pide se acoja el recurso, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando la nulidad de la audiencia y retrotrayendo los autos al estado de fijarse nuevo día y hora para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.

Evacúa informe la Juez Titular del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y Laboral de Alto Hospicio, Sra. nombre reservado, quien expone que en la causa referida, el Ministerio Público dedujo acusación en contra de la recurrente, por el delito de homicidio frustrado, encontrándose ésta en prisión preventiva por este ilícito, fijando el Tribunal fecha para la celebración de audiencia de preparación de juicio oral para el 15 de mayo de 2020, en virtud de resolución de 14 de abril del año en curso. Añade que la referida resolución fue notificada a la defensa el 15 de abril del presente año.

Indica que el día de la audiencia, la defensa solicitó su reprogramación, alegando entorpecimiento, exponiendo que a raíz de la contingencia sanitaria no pudo coordinar ni tener contacto con sus testigos. Se confirió traslado al Ministerio Público solicitando la Srta. Fiscal el rechazo de aquella petición, por cuanto la defensa solicitó el cierre de la investigación, en el entendido de que ya no requería ningún otro tipo de diligencias, por lo que se presentó acusación, se citó a audiencia, incluso antes de la fecha fijada por el Tribunal, nuevamente a petición de la defensa, asimismo añadió, que el entorpecimiento alegado no es tal, ya que no se acredita el caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto en este tipo de audiencia sólo se debe señalar nombres y domicilio de los testigos, haciendo presente además, que en la fecha de la audiencia no regía la cuarentena total.

Refiere que Tribunal habiendo escuchado a los intervinientes, resolvió no hacer lugar a lo solicitado por la Defensa, teniendo en consideración que la audiencia se fijó en el mes de abril, prácticamente con un mes de antelación a la celebración de la preparación de juicio oral, tiempo suficiente para gestionar los medios probatorios para ser ofrecidos en dicha oportunidad, considerando además, que sólo debe ofrecer la individualización de los testigos, existiendo los medios tecnológicos para coordinar con ellos y recopilar los antecedentes necesarios. Así, teniendo especialmente en consideración el conocimiento por parte de la defensa de la fecha de la audiencia preparatoria, notificado el 15 de abril de 2020, el contenido de la acusación fiscal y principalmente, la privación de libertad de la acusada, y lo dispuesto en el Acta 53-2020 de la E. Corte Suprema y Ley N° 21.226, se desestimó el entorpecimiento promovido.

Hace presente que la defensa ofreció en la audiencia preparatoria prueba propia, consistente en la declaración de seis testigos, todos debidamente individualizados, señalando los hechos sobre los cuales ellos declararán en la audiencia de juicio oral; añade que consta en la carpeta virtual de la causa, el certificado de encontrarse ejecutoriado el auto de apertura, por lo que se remitió al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, el 22 de mayo del año en curso.

Señala que las peticiones invocadas por los intervinientes fueron debidamente debatidas en audiencia y resueltas en esa misma oportunidad conforme a los antecedentes mencionados, no vislumbrando infracción alguna de garantías constitucionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que el recurrente reclama que en los autos RIT 1368-2019 del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, en audiencia de preparación de juicio oral de 15 de mayo de 2020, no se dio lugar al entorpecimiento promovido por su parte, lo que atentaría en contra de los derechos de su patrocinada en la forma que expone.

TERCERO: Que de los antecedentes colacionados en la parte expositiva y lo informado por la Juez recurrida, no aparece que el rechazo del entorpecimiento reclamado en la audiencia señalada importare una conducta ilegal o arbitraria, sino el respectivo ejercicio de la función jurisdiccional, previa ponderación de los antecedentes expuestos por los intervinientes en la oportunidad procesal pertinente.

CUARTO: Que sin perjuicio de los derechos que el recurrente, estimare hacer valer en la forma y oportunidad pertinente, no aparece que lo reclamado en autos configure el presupuesto de la acción intentada, en términos que afecte alguna de las garantías fundamentales invocadas por el recurrente, motivos por los cuales la misma será desestimada, máxime si la propia normativa procesal contempla los remedios idóneos para impugnar la actuación de la Jueza recurrida, cuestión que el propio abogado recurrente admitió en estrados no haber hecho uso de los mismos, profesional que por lo demás fue quien generó la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, pues fue él quien solicitó el cierre de la investigación y con ello forzar la presentación de la acusación del Ministerio Público.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese Rol Corte N° 410-2020 Protección.

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