Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Iquique, quince de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien patrocinado deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión e impedimento ilegal y arbitrario en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia temporaria solicitado con fecha 20 de enero del año 2023 y la imposibilidad de presentación de documentos al portal web de tramites digitales del servicio recurrido.

Expone que con fecha 20 de enero de 2023 solicitó visa temporaria desde fuera del país, cumpliendo con los requisitos y presupuestos legales, sin embargo, el recurrido le habría solicitado contrato de trabajo legalizado ante cónsul, por lo que habría procedido a realizar las gestiones respectivas. Al intentar ingresar el antecedente solicitado en la plataforma web del servicio, esto no fue posible, por lo que solicitó ticket de ayuda, del cual obtuvo como respuesta que debía esperar la resolución del servicio, concluyendo el recurrente que en este contexto su solicitud seria denegada.

Así las cosas, el 19 de junio pasado se le notificó vía correo electrónico el rechazo de su solicitud de visa temporal N° 24299814, por no contar con el contrato legalizado ante cónsul. Luego, al poseerlo, no pudo presentarlo en la página web del SERMIG, puesto que el módulo de recepción de antecedentes adicionales no le permitió adjuntar el documento requerido, al igual que hoy no le permite presentar recurso de reposición administrativa o jerárquico.

Alega que la omisión e impedimento ilegal y arbitrario por parte del recurrido afectan el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide ordenar al recurrente (sic) admitir a tramitación el recurso y que se pronuncie sobre la misma, con los antecedentes aportados, y adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho. Acompaña documentos.

Evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, por improcedente, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en la Constitución Política de la República.

Indica que en sus registros computacionales consta que el recurrente, con fecha 13 de enero de 2023, ingresó solicitud de residencia temporal bajo el N° 59149736, la que fue rechazada con fecha 18 de junio de 2024 a través de la Resolución Exenta Nº 24299814, en virtud de que no acompañó toda la documentación solicitada el 08 de marzo de 2023 mediante ordinario Nº35283788, esto es, su contrato de trabajo actualizado, junto con la carpeta tributaria del empleador, sea que este fuere persona natural o jurídica, para justificar la capacidad económica de quien figura como empleador, cuestión que no ocurrió.

Precisa que, a diferencia de lo expresado por el recurrente en su libelo, el rechazo de la solicitud no se debió a no poder firmar el contrato en el respectivo consulado, sino que la misma resolución que deniega la solicitud del recurrente le indica que no acreditó la vigencia del contrato de trabajo, celebrado con persona natural o jurídica y la respectiva iniciación de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto al empleador del recurrente, don nombre reservado, señala que revisada la plataforma del SII, si bien aparece con iniciación de actividades con fecha 02 de octubre de 2023, su giro corresponde a Servicios Profesionales de Ingeniería y Actividades de Consultoría, y la referida actividad económica que dice explotar no se condice con la actividad que sería desarrollada por el recurrente, quien figura contratado como “Chef”; por otra parte, la referida iniciación de actividades del empleador no registra movimiento contable realizado desde su inicio y hasta la fecha de esta presentación.

Así las cosas, y siendo una facultad de la autoridad administrativa el otorgar un beneficio migratorio para quien cumpla con los requisitos establecidos por ley, lo que no ocurrió en el caso de marras, la resolución que por esta vía se pretende impugnar se encuentra revestida de absoluta legalidad, y no puede ser considerada como un acto que vulnere alguna garantía constitucional.

Pide el rechazo de la acción en todas sus partes. Adjunta documento.

Habiéndose solicitado a la recurrida complementar su informe, en relación a la imposibilidad del recurrente para adjuntar o acompañar en la plataforma web de la institución los recursos y documentos pertinentes, expuso que revisado el perfil del extranjero recurrente no se advierte que este se encuentre con algún bloqueo de sistema, o alguna situación similar que le pudiere afectar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, de autos se colige un reclamo en contra del recurrido, por el rechazo de la visa temporal solicitada, derivado de una imposibilidad de adjuntar en la plataforma web de la institución la documentación requerida.

A su turno, la recurrida aclaró que su solicitud de residencia temporal fue rechazada porque no acreditó la vigencia del contrato de trabajo, la respectiva iniciación de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos, y porque no se condice con la actividad que sería desarrollada por el recurrente.

TERCERO: Que, como se aprecia de la situación fáctica de la recurrente, lo informado y de la normativa referida, al rechazarse la solicitud de visa, la institución recurrida no incurrió en ilegalidad, arbitrariedad o vulneración alguna de garantías constitucionales, por cuanto el acto administrativo impugnado emana de autoridad competente y dentro de la esfera de su competencia, previo análisis de los antecedentes documentales que aportó el extranjero en su oportunidad.

CUARTO: Que, de este modo, no concurre el requisito basal de esta acción constitucional deducida, no existiendo yerro que deba ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, menos cuando el abogado recurrente señaló en estrados que el amparado se desempeñaría como chef en el domicilio de su familia en un proyecto de emprendimiento que eventualmente desarrollarían, por lo que necesariamente será rechazada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada a favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 401-2024 Protección.