SOCIEDAD INVERSIONES INMOBILIARIAS PACIFICO LTDA CONTRA I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE Y OTRO

Iquique, uno de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Héctor Castillo Troncoso, abogado, en representación convencional de la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Pacifico Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien recurre de protección en contra de la Gobernación Provincial de Iquique, representada por su gobernador subrogante don Carlos Navarrete, ambos domiciliados en domicilio reservado; y también en contra de la Ilustre Municipalidad de Iquique, representada legalmente por su alcalde don Mauricio Soria Macchiavello, domiciliado en domicilio reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política.

Expone que con fecha 1 de diciembre de 2020, su representada fue notificada de la Resolución Exenta N° 322, de 02 de noviembre del mismo año, en el que la Gobernación Provincial de Iquique ordena el desalojo de los inmuebles ubicados en domicilio reservado, señalando que dichos inmuebles son ocupados "indebidamente" por don nombre reservado, fijando un plazo de 60 días corridos desde la notificación, para la entrega voluntaria de tales inmuebles.

Hace presente que dicha resolución es decretada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, la cual faculta al Gobernador Regional a la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público, pudiendo exigir administrativamente su restitución cuando proceda. A su vez, dicha resolución fue solicitada por la Ilustre Municipalidad de Iquique a través del Oficio N° 486 de fecha 02 de octubre del año 2020.

Añade que con misma fecha, su representada fue notificada además, de la Resolución Exenta N° 353 de fecha 09 de noviembre, la cual modifica la Resolución Exenta N° 322, en el sentido de indicar el nombramiento del ministro de fe ad hoc designado será don nombre reservado “o cualquier otro funcionario municipal que lo subrogue”.

Explica que la empresa recurrente adquirió el dominio de los inmuebles en el año 1992, correspondiente al Sitio número 6 del Lote 3 – D, por tradición que le hizo don nombre reservado, sirviendo como título traslaticio de dominio la compraventa otorgada por escritura pública de fecha 31 de mayo del año 1992 ante Notario Público, la cual fue debidamente inscrita en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, a fojas 792, número 1.472 correspondiente al año 1992. Por su parte, don nombre reservado había adquirido por tradición que le hizo la Ilustre Municipalidad de Iquique por medio de la compraventa de fecha 22 de septiembre del año 1989, inscrita a fojas 971 N° 1791 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique del año 1989.

Indica que el Sitio N° 6 colinda con el Sitio N° 7 del mismo Lote, el cual se registra inscrito a nombre de la I. Municipalidad de Iquique, y es este mismo sitio el que posteriormente en el año 2009, dicha recurrida realizó una modificación arbitraria al plano de subdivisión del Lote 3 - D, PL 1884 - 140, Sector Las Dunas, archivado bajo el N° 100 del Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Iquique del año 1985, por medio del plano archivado bajo el N° 1665 en el Registro de Planos y Documentos del año 2009, llevado por el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, y reinscribiendo a fojas 3602 N° 4616 en el Registro de Propiedad del año 2017, del mismo Conservador de Iquique.

Por lo que, producto de dicha modificación arbitraria del plano de subdivisión, es que el nuevo sitio 7 pasa a absorber ilegalmente parte del sitio 6 de su representada, vulnerando de esta forma una serie de derechos y garantías constitucionales producto del actuar arbitrario de la recurrida.

Denuncia como vulneradas las garantías del artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política, indicando que existen las siguientes vulneraciones: Ser Juzgado por una Comisión Especial, Falta a un debido Proceso, Una Sentencia de un órgano de la administración del Estado, el cual no debe de ejercer la facultad de administrar justicia y Vulneración al artículo 76 de nuestra Carta Fundamental.

Por otro lado, agrega que las resoluciones exentas expuestas carecen totalmente de sujeto pasivo, toda vez que quien se encuentra en posesión material del inmueble es su representada la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Pacifico Limitada, quien es representada por don nombre reservado, y es esta misma persona jurídica quien detenta los Derechos de Propiedad sobre la misma.

Pide declarar que la Gobernación Provincial de Iquique y la Ilustre Municipalidad de Iquique, han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile; que se dicten todas las medidas que se consideren necesarias y razonables para restablecer el pleno imperio del derecho, ordenando que cese la privación, perturbación o amenaza de las recurridas, declarando que dichos actos y actuaciones carecen de eficacia y, por consecuencia, validez, por haber actuado fuera de las competencias que le otorga la constitución y las leyes; y que se condene a ambas recurridas en costas del recurso.

Evacúa informe don Sergio Tunesi, abogado, en representación de la recurrida Gobernación Provincial de Iquique, quien solicita el rechazo del recurso.

Señala que mediante Oficio N° 486 de 02 de octubre de 2020, la I. Municipalidad de Iquique solicitó a la Gobernación Provincial disponer la restitución administrativa de los inmuebles municipales correspondientes a:

· domicilio reservado, singularizado como Lote A1, Rol de Avalúos N° 3621-189.

· domicilio reservado, singularizado como Lote A2, Rol de Avalúos N° 3621-190; y · domicilio reservado, ubicados en el Sector Las Dunas de la Comuna de Iquique.

Indica que el Municipio expuso que los bienes raíces de su dominio “están siendo ocupados ilegalmente por don nombre reservado, careciendo de título jurídico que ampare esta situación, el cual arrienda a terceros tres locales de diversos rubros”. Acompañando como antecedentes de su solicitud de restitución:

a) Certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Iquique de fecha 20 de febrero de 2020 en que se lee: “Certifico: Que los Lotes 1B, A-1, A-2 y A-3, ubicados en el Sector Las Dunas de la Comuna de Iquique, individualizados en el Plano Archivado bajo el N° 1665 en el Registro de Planos y Documentos del año 2009, SE ENCUENTRAN INSCRITOS HOY, a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, en el Registro de Propiedad del Conservador a mi cargo, a Fs. 1115 vuelta N° 1486 del año 2017; y a Fs. 3602 N° 4616 del año 2017”.

b) Copia de inscripción de dominio rolante a fs. 1115 vuelta N° 1486 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique correspondiente al año 2017, copia emitida el 18 de febrero de 2020.

c) Tres certificados de número emitidos por el Director de Obras Municipales.

d) Certificado N° 530920 emitido por el Servicio de Impuestos Internos, sobre Asignación de Roles de Avalúo.

e) Plano archivado bajo el N° 1665 del Registro de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Iquique del año 2009.

Con ello, explica que previa ponderación y análisis de los antecedentes expuestos, se dictó la Resolución Exenta N° 322 de fecha 2 de noviembre de 2020, mediante la cual se dispuso la restitución administrativa de los inmuebles municipales antes singularizados, resolución dirigida contra don nombre reservado y terceros no individualizados, encomendándose a Carabineros de Chile, conjuntamente con el Ministro de Fe designado, notificar esta Resolución personalmente a los ocupantes de los inmuebles cuya restitución se solicita, otorgándosele a dichos ocupantes un plazo de sesenta (60) días corridos para efectuar la entrega voluntaria de los mismos o exhibir ante Gobernación Provincial títulos justificativos de la ocupación, bajo apercibimiento de procederse a su desalojo con auxilio de la Fuerza Pública. Hace presente que se procedió a su notificación con fecha 01 de diciembre de 2020, como deja constancia el propio recurso de protección deducido.

En cuanto al derecho, argumenta que para emitir un pronunciamiento sobre el requerimiento de la I. Municipalidad de Iquique, su representada no actuó de manera arbitraria y caprichosa, habiendo el ente edilicio acompañado antecedentes que establecen su dominio sobre los inmuebles, la naturaleza de la ocupación y la individualización de sus ocupantes; en dicho sentido, acompañó el título jurídico que ampara su dominio e informó que, como contrapartida, el Sr. nombre reservado no disponía de autorización o título alguno derivado de la Municipalidad que permitiese justificar la tenencia material del inmueble.

Así las cosas, manifiesta que analizando prudencialmente tales antecedentes y actuando de manera razonada, la Gobernación Provincial dictó la Resolución Exenta N° 322 de fecha 2 de noviembre de 2020, existiendo certeza, conforme la información aportada por el Municipio que éste era dueño del mismo conforme sus títulos, y que, a su vez, los ocupantes del mismo no disponían de autorizaciones. Adicionalmente, precisa que para garantizar eventuales prerrogativas de los afectados, se incorporó en la Resolución el otorgamiento de un plazo extenso –sesenta días corridos- para que éstos pudiesen efectuar la entrega voluntaria del inmueble, o aportar antecedentes que justificasen su ocupación, aporte que administrativamente no fuera realizada por el Sr. nombre reservado o por la sociedad recurrente, quien opta por la vía jurisdiccional para pretender impugnar la misma.

Razona que el recurrente pretende que se declare que un tercero -que no forma parte del procedimiento administrativo generado por el Oficio N° 486 de 02 de octubre de 2020 de la I. Municipalidad de Iquique- es dueño de los inmuebles objeto de la restitución administrativa dispuesta por la Resolución Exenta N° 322-2020 de la Gobernación Provincial, pretensión que no es posible de obtener a través de una acción de protección, al no constituir su procedimiento una instancia de declaración de derechos, máxime si, a contrario, existente antecedentes aportados por la Municipalidad que dejan de manifiesto su dominio sobre los inmuebles referidos.

Por otro lado, en su defensa, alega extemporaneidad de la acción, por cuanto la Resolución Exenta N° 322 de 2020, según expresa el propio recurrente en el recurso, le fue notificada el día 1 de diciembre de 2020, habiéndose deducido la acción constitucional sólo con fecha 4 de enero de 2021.

Seguidamente, como fundamento para el rechazo de la misma, porque los supuestos derechos invocados por el recurrente no resultan indubitados. Ello, en atención a que a través de esta acción el recurrente pretende debatir el dominio municipal sobre los Lotes A-1, A-2 y A-3, existiendo absoluta incertidumbre acerca de su correspondencia con aquellos, constituyendo el análisis de dichos títulos una materia que podría discutirse en un juicio de lato conocimiento pero no en un procedimiento cautelar de naturaleza concentrada y breve como lo es el Recurso de Protección.

En tercer término, aduce que la Gobernación Provincial ha actuado, en los hechos vinculados al procedimiento administrativo objeto del recurso, dentro de la esfera de sus atribuciones y con total apego a los criterios y razonamientos legales, de donde su conducta no cabe ser tildada de ilegal o arbitraria; fundando además su actuar en las letras d) y h) del artículo 4º de la Ley Nº 19.175, citando además Dictamen de Contraloría General de la República.

Por último, hace hincapié en que existiendo un requerimiento de una municipalidad y concurriendo los presupuestos de hecho mencionados en la letra h) del artículo 4° de la Ley N° 19.175, Cuerpo Legal que entre otras materias regula las facultades, deberes y funciones de la autoridad provincial, resulta imperativo para ella disponer la salvaguarda de los inmuebles municipales.

Pide el rechazo del recurso en todas sus partes. Acompaña documentos.

Asimismo, evacúa informe don Luis Muñoz, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Iquique, quien solicita se rechace en todas sus partes la acción deducida con expresa condena en costas.

Relata que la Gobernación Provincial en uso de sus atribuciones y a petición de la Municipalidad de Iquique, ordenó la restitución administrativa del inmueble ubicado en domicilio reservado, todo inscrito a nombre del consistorio en el registro del Conservador de bienes Raíces de Iquique.

Dicha petición efectuada por el Municipio de Iquique se basó en las inscripciones rolantes a fojas 1115 vta. Bajo el Nº 1486 y a fojas 3602 bajo el Nº 4616 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del año 2017, lo que ampara el dominio de la Municipalidad de Iquique del terreno en cuestión.

Precisa que la resolución en cuestión, afecta, tal como se describe de su tenor literal, tanto al Sr. nombre reservado como a terceros no individualizados, cual podría ser el caso de la empresa recurrente; asimismo, que con posterioridad, mediante la Resolución N° 353, de 9 de noviembre de 2020 se modificó la referida resolución sólo en la parte que se refería al Ministro de fe a cargo de la gestión. Ambas resoluciones fueron notificadas personalmente al Sr. nombre reservado el día 01 de diciembre de 2020.

Arguye que las inscripciones que existen a nombre del consistorio recurrido acreditan que la propiedad desalojada es de su dominio y no del dominio del recurrente, por lo que corresponderá rechazar la acción de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, alega falta de legitimación activa, atendida la inexistencia de vulneración de derecho de propiedad.

Ello, pues la supuesta ampliación del plano que hiciere el Municipio no es efectiva, por lo que el recurrente no tiene derecho de propiedad sobre el terreno que alega; no existiendo vulneración de derechos susceptible de ser amparada por este mecanismo de protección y en consecuencia, el recurrente no posee titularidad sobre esta acción, al no existir un derecho de propiedad, ni otro derecho vulnerado por el actuar del Municipio de Iquique.

En segundo orden, alega extemporaneidad del recurso, atendido que el propio recurrente confiesa que el supuesto acto vulneratorio fue notificado el día 01 de diciembre. De esta forma, el plazo para recurrir venció inexorablemente el día 31 de diciembre de 2020. No obstante, el recurso de autos fue presentado recién con fecha 04 de enero de 2021, por lo que fue ejercido extemporáneamente. Por otro lado, el propio recurso señala que la Municipalidad de Iquique habría modificado el plano en el año 2009 y luego lo habría reinscrito el año 2017.

En tercer orden, alega improcedencia del recurso de protección para ventilar situaciones jurídicas de lato conocimiento, toda vez que por la naturaleza de la cuestión, resulta imposible en este procedimiento revisar con acuciosidad los argumentos planteados por la contraria y las defensas que podría irrogar su parte, máxime si su derecho no es en ningún caso indubitado.

Por último, expone sobre la presunción de legalidad de las resoluciones administrativas dictada por la Gobernación de Iquique, por lo que conforme al inciso final del artículo 3 de la Ley sobre Procedimientos Administrativos, las resoluciones N° 322 y 353 del año 2020 gozan de una presunción de legalidad ante los administrados, que deberá ser desvirtuada por las alegaciones y prueba de la contraria.

Con lo expuesto, pide se rechace en todas sus partes el recurso de autos por no configurarse la omisión, arbitraria o ilegal, alegada por el recurrente que haya producido una privación, perturbación y/o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política otorga a los interesados, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del mérito de autos, se colige que los actos reclamados por el actor radican específicamente en Resolución Exenta N° 322, de 02 de noviembre de 2020, en que la Gobernación Provincial de Iquique ordena el desalojo de los inmuebles ubicados en domicilio reservado y en Resolución Exenta N° 353, de fecha 09 de noviembre del mismo año, la cual modifica la Resolución Exenta N° 322, en el sentido de indicar el nombramiento del ministro de fe ad hoc designado será don nombre reservado “o cualquier otro funcionario municipal que lo subrogue”. Todo lo anterior, conculca sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, primeramente, respecto a las alegaciones procesales de extemporaneidad alegadas por las recurridas informantes, éstas serán acogidas, al fluir con claridad que el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, toda vez que conforme expone expresamente el actor, fue notificado de los actos administrativos que impugna el 1 de diciembre de 2020, interponiendo su acción solo el 4 de enero pasado, esto es, más de treinta días corridos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto del acto.

CUARTO: Que, sin perjuicio de la conclusión arribada en el motivo precedente, resulta evidente además que la declaración que persigue el actor excede el ámbito de esta acción cautelar, pues constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en un recurso de protección, toda vez que esta acción constitucional fundamentalmente se encuentra destinada a resolver situaciones de hecho cuya tramitación debe ser breve y sumaria, no admitiendo mayores probanzas y opera sobre la base en que el derecho no se encuentra discutido por los contendientes, lo que es justamente la situación que se presenta en el caso sub lite, motivo por el cual está vedado, precisamente por esta vía, obtener la declaración de un derecho que se encuentra discutido.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, resulta improcedente esta acción cautelar por cuanto la naturaleza de las cuestiones debatidas exigen un proceso controversial que permita una prueba adecuada que resulta ser incompatible con la rapidez y falta de formalismo propia de esta acción, no pudiendo ésta constituir un sustituto procesal de un juicio de lato conocimiento, donde se permita determinar la procedencia actual de declarar el derecho alegado por el recurrente, razones todas por las que el recurso deducido será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por Sociedad Inversiones Inmobiliarias Pacifico Limitada en contra de la Gobernación Provincial de Iquique y la Ilustre Municipalidad de Iquique.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 4-2021 Protección.