Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

Iquique, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Felipe Rodríguez Sandoval, abogado, en nombre y representación de don nombre reservado, venezolano, médico cirujano, cédula de identidad para extranjeros Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por quien interpone recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado legalmente para estos efectos por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente garantizados en el artículo 19 números 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó al país el 07 de noviembre de 2019, siendo titular de una visa de residencia temporaria, específicamente Visa de Responsabilidad Democrática, debidamente otorgada por el Consulado General de Chile en la ciudad de Puerto Ordaz-Venezuela, cumpliendo así todos los controles y requisitos de acceso exigidos por las autoridades a cargo del control migratorio.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2020, el recurrente envió solicitud de Permanencia Definitiva, Nº de Solicitud: 10783016, a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite y cumpliendo así con lo establecido en el artículo 129 numeral 3 del Reglamento de Extranjería, en cuanto a que la solicitud de permanencia definitiva debe efectuarse dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de la visa. Destaca que el recurrente cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos por la ley para optar y le fuere concedido la permanencia definitiva, adjuntado cada uno de los documentos exigidos por la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración.

Sin perjuicio de ello, refiere que desde el envío de la solicitud de Permanencia Definitiva, esto es, el 20 de septiembre de 2020, hasta la fecha, el recurrente no ha recibido ningún tipo de notificación referente al avance o estado de su solicitud, habiendo transcurrido hasta ahora 8 meses y 13 días desde el envío de la misma. Asimismo, señala que al ingresar a la plataforma web, se observa que su solicitud de Permanencia Definitiva se encuentra en estado de “Admisibilidad” y que la última fecha de actualización es el 20 de septiembre de 2020, es decir, la misma fecha en que el recurrente envió la solicitud.

Explica que considera excesivo el tiempo transcurrido en la tramitación de la solicitud realizada por el recurrente, concurriendo falta de celeridad y diligencia por la institución recurrida, ocasionando graves consecuencias al recurrente, resumiéndose en una violación a las garantías constitucionales en cuanto a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo.

Colaciona normativa sobre la permanencia definitiva, reiterando que la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida perturba el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. Cita jurisprudencia.

Pide acoger el recurso, condenando a la institución recurrida a resolver, sin más trámite ni dilaciones, la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente, emitiendo la respectiva resolución y el certificado que en derecho corresponda, en el más breve plazo, con condena en costas. Acompaña Evacúa informe don nombre reservado, abogado, por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo del recurso de protección intentado en todas sus partes, puesto que la acción ha perdido oportunidad.

Indica que efectivamente la parte recurrente presentó su solicitud de permanencia definitiva vía online ante el Departamento de Extranjería y Migración, con fecha 20 de septiembre de 2020, solicitud código N° 10783016.

Seguidamente, expone que el 17 de junio pasado, la solicitud de permanencia definitiva fue resuelta por la autoridad, avanzando a etapa de análisis, emitiendo la respectiva orden de giro que debe ser pagada por el recurrente y que le permitirá acceder a descargar el certificado de Permanencia Definitiva en trámite.

Destaca que actualmente el extranjero reside en forma regular, en su condición de solicitante de permiso de permanencia definitiva, conforme lo dispuesto en el artículo 157 N° 5, en relación al artículo 135, inciso primero, ambos del Reglamento de Extranjería. De esa manera, está habilitado para desempeñar todo tipo de actividad lícita en el territorio nacional, así como salir e ingresar al país, motivo por el cual no han sufrido vulneración, amenaza ni perturbación alguna a sus garantías constitucionales.

Hace presente que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Con lo expuesto, afirma que la autoridad ha actuado dentro de las esferas de su competencia con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acción u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas, debiendo ser rechazado por improcedente toda vez que no existe la omisión del acto administrativo que pretende la recurrente se resuelva.

Pide, en atención a que la acción ha perdido oportunidad, se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, pues no existe acción u omisión ilegal ni arbitraria por parte de la autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas mediante, haciendo presente que la autoridad ha actuado dentro de las esferas de sus competencia, con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no siendo procedente que sea condenada en costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, el recurrente reclama por la ausencia de avance respecto de su solicitud de permanencia definitiva en el país, cuestión que conculca su garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2, 16 y 21 de la Carta Magna.

A su vez, la recurrida expone que el 17 de junio pasado, la solicitud de permanencia definitiva fue resuelta por la autoridad, avanzando a etapa de análisis, emitiendo la respectiva orden de giro que debe ser pagada por el recurrente y que le permitirá acceder a descargar el certificado de Permanencia Definitiva en trámite. Asimismo, hace presente que actualmente el extranjero reside en forma regular y está habilitado para desempeñar todo tipo de actividad lícita en el territorio nacional, así como salir e ingresar al país.

TERCERO: Que en dicho sentido, con el mérito de lo informado y expuesto en el considerando que precede, se colige que la pretensión del recurrente se encuentra plenamente cubierta, perdiendo así oportunidad la acción constitucional deducida, careciendo de acto arbitrario o ilegal que pueda ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, resultando además inoficioso entrar al análisis de la garantía constitucional alegada como conculcada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Acordado con el voto en contra de la Ministro Sra. Fredes, quien estuvo por acoger el recurso, atendido el excesivo tiempo transcurrido desde la presentación del recurrente sin dar curso progresivo al trámite solicitado, vulnerando por ende las garantías constitucionales invocadas en este arbitrio.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 397-2021 Protección.

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