Protección contra Banco del Estado de Chile

Iquique, doce de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don Nicolás Olivares Guzmán, abogado, en representación de doña nombre reservado, por quien interpone recurso de protección en contra de Banco del Estado de Chile, por el acto arbitrario e ilegal consistente en proceder al cierre de las cuentas de la recurrente, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente mantenía con la entidad recurrida diversos productos desde hace más de 10 años, consistentes en cuenta rut, cuenta corriente, chequera electrónica y caja vecina.

Relata que en mayo de 2023 se realizaron unos seis giros desde un cajero automático con cargo su cuenta, los que desconoce por completo ya que sostiene que jamás activo la tarjeta física para girar dinero del cajero automático. En este contexto la actora contactó a la recurrida a través de su call center, siendo atendida por una ejecutiva, quien bloqueó la tarjeta para prevenir que se continue girando dinero e ingresó un requerimiento por aquellas transacciones en la cuenta corriente que la recurrente no reconoce, a lo que la entidad financiera procedió a realizar la devolución respectiva según la ley de fraudes.

Expone que, con fecha 23 de noviembre de 2023, la entidad recurrida bloqueó todas las cuentas de la recurrente, cuenta rut, cuenta corriente y chequera electrónica, incluyendo seis cajas vecinas las cuales eran su fuente de trabajo, dado que esta tiene mini market en la comuna de Alto Hospicio.

Añade que, pese a reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor y directamente al banco solicitando los motivos del cierre de sus productos, este solo ha indicado que se encuentra evaluando la posible existencia de un incumplimiento contractual, sin dar a la fecha una respuesta efectiva y certera de la situación en conflicto.

Por su parte, sostiene que la recurrente siempre mantuvo una conducta diligente con la entidad bancaria, por lo que considera el actuar de esta abusivo y arbitrario al proceder al cierre de cuentas con alrededor de 10 años de antigüedad, sin mediar siquiera un aviso, aun cuando el banco cuenta con todos los antecedentes de contacto de la actora. Cita y transcribe los artículos 1545, 1546 y 1566 del Código Civil; artículo 16 de la ley 19.496.

Alega que el actuar de la recurrida corresponde a la aplicación de un apremio ilegitimo, que la deja en un estado de colapso indeterminado, discriminándola respecto de otros clientes por sufrir un fraude, al privarla de los productos bancarios contratados sin justificación.

Pide acoger el presente recurso de protección, ordenando que: 1) Se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de cerrar las cuentas de la recurrente, tanto cuenta rut, cuenta corriente, chequera electrónica y líneas de crédito correspondientes a cajas vecinas cuya numeración son 01381994968 -01880780855 - 01880812218 - 01880825034 - 01880842044 y 20680014656, ordenando a la recurrida poner fin a la arbitrariedad e ilegalidad cometida, disponiendo que la reapertura de las cuentas y líneas de cajas vecinas de la recurrente; 2) Se condene en costas a la recurrida, considerando en la tasación de las mismas, la actitud contumaz de la recurrida, quien, no puede justificar de forma alguna la arbitrariedad e ilegalidad cometida; 3) Se le ordene a Banco del Estado de Chile que dentro de un plazo prudente se efectúe la devolución de los dineros que mantienen a favor de la recurrente. Acompaña la documentación señalada en el segundo otrosí del recurso.

Evacúa informe doña Natalie Vásquez Soto, abogada, en representación de la recurrida Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Explica que la recurrente durante el mes de mayo de 2023 interpuso tres requerimientos en el banco por ley de fraude, correspondiente a transacciones no reconocidas por ésta y efectuadas en su cuenta corriente N° [cuenta reservada], los cuales fueron acogidos y en consecuencia abonados los montos respectivos a la cuenta rut de la accionante dentro del plazo legal. Por su parte, en las respuestas dadas a dichos requerimientos informó a la clienta que procedería al cierre de todos sus productos bancarios por razones de seguridad.

En cuanto a los dos reclamos interpuestos por la accionante ante el Servicio del Consumidor, con fechas 27 de noviembre de 2023 y 04 de enero de 2024, el primero se contestó el 06 de diciembre de 2023 señalando que el motivo por el cual se cerraron y bloquearon sus productos fue la seguridad en razón a los fraudes sufridos en sus cuentas, que podía efectuar retiros de dineros en tales cuentas de forma presencial por caja e informó que se estaba evaluando la existencia de un eventual incumplimiento contractual de su parte, a las estipulaciones del contrato de apertura de sus productos. El segundo reclamo se contestó el 15 de enero de 2024 expresando que sus productos se encuentran suspendidos por incumplimiento a las disposiciones estipuladas en sus contratos de apertura, añadiendo que luego de 60 días hábiles quedará sin efecto cualquier pago automático asociado a dichas cuentas, junto con indicar que posterior a dicho plazo puede acercarse a cualquier sucursal a retirar los dineros que puedan estar pendientes a su favor. Posterior a esta respuesta no existen nuevos reclamos presentados por la recurrente.

Por lo anterior, concluye que el presente recurso deberá ser desestimado, por extemporáneo, al haber transcurrido casi 6 meses desde el aparente acto arbitrario e ilegal denunciado por la accionante, sin perjuicio de las demás alegaciones que expresará.

Seguidamente argumenta ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la conducta desplegada por su representada, toda vez que el cierre de los productos bancarios contratados se ajustó a la ley del contrato y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero contenidas en numeral 10 del apartado II.- del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de dicho organismo.

Agrega que el contrato de cuenta corriente bancaria es de carácter intuito personae; esto es, que se celebra en consideración a la confianza de las partes, especialmente en cuanto a la solvencia y actividad ejecutada por el cuentacorrentista, habiendo actuado la recurrida en consecuencia. Cita jurisprudencia.

Además, estima que, si se pretende discutir la pertinencia de la facultad unilateral de cierre de los productos bancarios, ello debe hacerse a través de un juicio ordinario, de lato conocimiento, sea de orden general o particular al amparo de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

Precisa que existe un incumplimiento contractual por parte de la recurrente, que ha consistido en ingresar tres reclamos por Ley de Fraudes N° 20.009 en el año 2023, todos montos iguales o menores a 35 Unidades de Fomento, siendo las mismas oportunamente restituidas por la entidad bancaria. Lo anterior, unido al mérito de los proyectos de ley que cita, le hace concluir que resulta patente un mal uso de sus productos bancarios y medidas de seguridad, lo que deja de manifiesto un incumplimiento a las disposiciones de los contratos bancarios, lo que permite a la institución financiera hacer uso de la facultad legal y contractual de disponer el cierre de las cuentas bancarias y servicios contratados.

Añade que en este caso no existe un derecho indiscutido o indubitado que cautelar, y que se trata de hechos que exceden las materias que deben ser conocidas por la acción constitucional de protección, atendida su naturaleza, no siendo la vía idónea para dar solución al conflicto planteado. Cita doctrina y jurisprudencia. Por todo lo anterior, pide el rechazo del recurso, con costas. Acompaña la documentación mencionada en el otrosí de su informe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, del mérito del presente recurso emana que el acto que en la especie se estima ilegal y arbitrario, consiste en el cierre de los diversos productos bancarios de la recurrente, lo que estima se ha producido de manera repentina y sin expresión de causa, sin la información necesaria, lo que concluye vulneran sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que es necesario señalar que la recurrente tomó conocimiento del acto impugnado en noviembre del año 2023, por lo cual concurren los requisitos para declarar la extemporaneidad del recurso impetrado al haber transcurrido latamente el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión contemplado en el artículo 1 del Auto Acordado que regula materia.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, emana que la declaración perseguida mediante la interposición del presente arbitrio excede el ámbito de esta acción cautelar, desde que lo discutido constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en el contexto de un recurso de protección, pues este procedimiento especialísimo se encuentra destinado a resolver situaciones de hecho, cuya tramitación debe ser breve y sumaria, y donde no se admiten mayores probanzas que las indispensables para justificar las peticiones del caso, en el contexto del resguardo de derechos indubitados, situación que justamente no ocurre en el caso sub lite teniendo en cuenta las alegaciones realizadas por ambas partes, pudiendo la recurrente ejercer las acciones legales ordinarias que estime pertinente para discutir lo que en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido a favor de doña nombre reservado en contra de Banco del Estado de Chile.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 394-2024 Protección.