Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Iquique, quince de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece el abogado don Nicolás Hernán Olivares Guzmán, la egresada en derecho doña nombre reservado y la licenciada en derecho doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, nacional de Bolivia, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en relación a la emisión del certificado de vigencia de permanencia definitiva, solicitada con fecha 31 de marzo de 2023, vulnerándose las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 16 y 22 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, relata que presentó recurso de amparo ante esta misma Corte, bajo el Rol N° 68-2023, en favor del Sr. nombre reservado, y contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, con ocasión del vencimiento de su cédula de identidad para extranjeros el 27 de diciembre de 2022. Alude que concurrió al Registro Civil de la comuna de Pica el 09 de diciembre, antes del vencimiento de la cédula de identidad, informándole que la fecha estimada de entrega es el 05 de enero de 2023.

Luego de concurrir dos veces al Servicio de Registro Civil e Identificación, el día 02 de marzo de 2023 se dirigió nuevamente y le respondieron que su cédula no podía ser entregada debido a que figuraba en estado rechazado, porque no adjuntó el certificado de vigencia de permanencia definitiva que extiende la Policía de Investigaciones de Chile.

En la causa referida, originada por el recurso de amparo, el Servicio Nacional de Migraciones informó que el amparado se encuentra habilitado para la renovación de su cédula de identidad. El recurrente concluye que la Policía de Investigaciones debía extender dicho certificado para que el Servicio de Registro Civil e Identificación entregue la cédula de identidad vigente.

Destaca que, según su interpretación, el considerando cuarto de la sentencia pronunciada en la causa de amparo constitucional Rol N° 68-2023, se desprende que la Policía de Investigaciones debe entregar el certificado mencionado. En atención a aquello solicitó con fecha 31 de marzo del presente año a ésta última institución la entrega del certificado, acompañando antecedentes y el referido fallo, siendo negado por la abogada de la entidad, doña María Cordero García, quien adujo que el protegido en estos autos no cuenta con registros de haber estado dentro del país y que el fallo no es claro en cuanto a la exigencia de la entrega del certificado.

Ante esta respuesta, se presentó un recurso de aclaración, rectificación y enmienda para llevar a cabo lo solicitado por ellos y que la sentencia deje expresamente establecido que debían emitir el certificado, sin embargo, en su opinión, la Corte rechazó su solicitud, considerando que el sentido y alcance de lo dispuesto era claro. Señala que con esta última información volvió a solicitar el certificado ante la Policía de Investigaciones, siendo nuevamente rechazada, aduciendo que necesitaban un pronunciamiento expreso de parte del Servicio Nacional de Migraciones.

En fin, precisa que se han realizado todas las gestiones administrativas pertinentes, sin embargo no ha obtenido una solución satisfactoria a su problema, debido a la negativa arbitraria de la Policía de Investigaciones. Complementa que el protegido tiene una hija chilena menor de edad, cuenta con permanencia definitiva en el país y mantiene iniciación de actividades por lo que es un contribuyente.

Solicita que se declare la vulneración de las garantías constitucionales que invoca y se ordene que la Policía de Investigaciones emita el certificado de vigencia para la permanencia definitiva y cede de inmediato los actos arbitrarios en contra del recurrido.

Acompaña documentos consistentes en certificado de permanencia definitiva del recurrente, copia de cédula de identidad del protegido y su hija, certificado de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, copia de los últimos seis formularios 29 del mismo Servicio, certificado de permanencia definitiva de su conviviente doña nombre reservado, informe del Servicio de Migraciones en causa de amparo de esta misma Corte Rol N° 68-2023 y copia de reclamo formulado en el libro respectivo de la Policía de Investigaciones.

Evacua informe la abogada doña María Rosario Cordero García, en representación de don nombre reservado, Jefe de la Región Policial de Tarapacá, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, por las razones que expone.

En primer lugar, afirma que esta Corte no ordenó a la Policía de Investigación la emisión del certificado de vigencia de la permanencia definitiva del amparado, sino que se ordenó solamente al Servicio Nacional de Migraciones realizar las gestiones con la finalidad de informar al Servicio de Registro Civil que el recurrente no cuenta con orden de expulsión vigente.

En segundo término, hace presente que el recurrente fue denunciado al Servicio Nacional de Migraciones, Dirección Regional de Tarapacá por infracción al artículo 32 N° 3 de la Ley N° 21.325, de migración y extranjería, mediante Informe Policial N° 20220601941/16561, de fecha 28 de noviembre de 2022, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Iquique, el que da cuenta que conforme a Oficio N° 871, de fecha 26 de septiembre de 2022, de la Subcomisaria de Carabineros de Colchane, recepcionado en la Avanzada Fronteriza de Colchane, el que informa y traslada al extranjero individualizado con anterioridad. Por lo que se procede a realizar la denuncia por infracción al artículo 32 N °3 de la citada ley: "Los que ingresen por un paso no habilitado". El extranjero no fue reconducido por instrucción judicial.

Precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Ley N° 21.235, el recurrente quedó sujeto a control de firmas en el Departamento de Policía Internacional, siendo informado verbalmente que no puede hacer abandono de la jurisdicción de la Región de Tarapacá, en espera de la resolución que adopte la autoridad administrativa.

En tercer lugar, señala que en conformidad a la información registrada en su sistema migratorio, considerando que el último movimiento de entrada al país ocurrió con fecha 29 de febrero de 2020, por el paso fronterizo de Colchane, sin que exista registro de algún egreso o ingreso al territorio nacional con posterioridad, no puede establecerse fehacientemente que no haya operado a su respecto la revocación tácita de la permanencia definitiva del artículo 83 de la Ley N° 21.235.

En cuarto lugar, en cuanto a la renovación de cédula de identidad de extranjeros titulares de residencia definitiva, expresa que con la entrada en vigencia del nuevo convenio de colaboración e interoperabilidad para la cedulación de extranjeros entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación no es requisito la obtención y presentación del certificado de vigencia de residencia definitiva, para la renovación de cédula de identidad para extranjeros. Destaca que lo anteriormente señalado puede encontrarse en la página web institucional de la Policía de Investigaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se deduce que el actor recurre en contra de la Policía de Investigaciones de Chile debido a la negativa de entrega de certificado de permanencia definitiva, exigido por el Servicio de Registro Civil e Identificación para renovar su cédula de identidad, basado en lo resuelto en recurso de amparo constitucional incoado en esta misma Corte. Por su parte, la institución requerida justifica su negativa en la inexistencia de la obligación que aduce el actor y, por otro lado, en que debido a convenios entre la Policía de Investigaciones y el Servicio de Registro Civil e Identificación no es necesario dicho certificado.

TERCERO: Que en mérito de los antecedentes de la causa, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, se observa que no existe una actuación u omisión arbitraria e ilegal de la institución requerida, debido a que esta Corte no estableció la entrega de dicha certificación como una obligación en lo resuelto en el amparo constitucional deducido por el mismo actor, antecedentes Rol N° 68-2023, que fuera rechazado en el fondo. Asimismo, del tenor del informe de la Policía de Investigaciones se deduce que conforme al nuevo convenio de colaboración e interoperabilidad para la cedulación de extranjeros, no debería exigirse la certificación referida, por lo que con su negativa no estaría vulnerando garantía constitucional alguna, motivos suficientes para desechar la acción constitucional deducida.

CUARTO: Que, por otro lado, los documentos acompañados por el actor no hacen variar lo razonado, desde que incorpora antecedentes sobre su estatus migratorio y, eventualmente, arraigo en el país, que nada tienen relación con el objeto de este recurso de protección, que se centra en la existencia de una obligación de entrega de certificado de permanencia definitiva por parte de la institución requerida.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-383-2023.