Protección contra Superintendencia de Seguridad Social
- Fecha
- 22 de mayo de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 380-2026, sentencia de 22 de mayo de 2026
Resumen
Se acoge el recurso contra la Superintendencia solo en cuanto ordenó restituir lo pagado por la primera licencia: el subsidio cubre todo el reposo pues se emitió con contrato vigente; se rechaza en lo demás.
Texto íntegro
Iquique, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.
VISTO:
Comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, en dos oportunidades, de sus objeciones relativas al pago de licencias médicas, decisión que estima vulneratoria de sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Expone que el 3 de diciembre de 2025 descendió desde faena debido a un dolor intenso, constante y persistente que afectaba gravemente su estado de salud. Señala que, atendidas las condiciones del sistema de atención existente en faena, recién fue evaluado por un médico general el día 5 de diciembre de 2025, profesional que determinó la necesidad de reposo desde el día 4 de diciembre de 2025, emitiéndose licencia médica con efecto retroactivo fundado, siendo derivado inmediatamente a reposo domiciliario producto de la gravedad de su estado de salud.
Añade que el 6 de diciembre de 2025 recibió por correo electrónico notificación de término de la relación laboral mediante finiquito, el cual imprimió, firmó y remitió el día 9 de diciembre de 2025.
Sostiene que la SUSESO rechazó sus presentaciones aplicando una interpretación meramente formal de las fechas involucradas, sin considerar el origen previo de la enfermedad ni la justificación médica del reposo retroactivo.
Precisa que interpuso dos objeciones administrativas, ambas desestimadas sin ponderar adecuadamente los antecedentes médicos ni la secuencia cronológica de los hechos.
Como antecedentes complementarios, refiere que el procedimiento administrativo presentó deficiencias, demoró aproximadamente tres meses en resolver sus presentaciones, manteniéndolo sin ingresos durante dicho período. Añade que posteriormente se le otorgó un plazo de sólo cinco días para acompañar nuevos antecedentes, el que estima desproporcionado e irrazonable atendido que la documentación dependía de terceros.
Expone que dicha situación afectó su derecho a defensa y generó indefensión, provocándole además perjuicios económicos, sociales y psicológicos, por cuanto se encontraba imposibilitado médicamente para trabajar y era el único sustento económico de su hogar.
Señala asimismo que todas las actuaciones fueron realizadas personalmente y sin representación letrada, debido a limitaciones económicas, debiendo preparar sus presentaciones sobre la base de normativa vigente y jurisprudencia relativa a casos similares, estimando que ello refleja una desigualdad material frente a la Administración.
Sostiene que la actuación de la SUSESO resulta ilegal y arbitraria por aplicar un criterio excesivamente formalista, desconocer el reposo retroactivo médicamente justificado y el principio de realidad en materia de seguridad social. Añade que se vulneró el debido proceso administrativo al no otorgarse plazos razonables, infringiendo además los principios de razonabilidad y proporcionalidad y generándose una situación de indefensión.
Finalmente, solicita que se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas o, en subsidio, su revisión conforme a derecho, restableciendo el imperio del derecho y otorgando la debida protección al recurrente. Acompaña documentos.
Evacua informe la Superintendencia de Seguridad Social, alegando la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por no ser una garantía contemplada expresamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
En cuanto al fondo refiere que el recurrente concurrió el 23 de enero de 2026 ante la Superintendencia reclamando en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por el no pago del subsidio derivado de la Licencia Médica N°3-127087635, extendida por 30 días a contar del 03 de enero de 2026.
Al respecto la CCAF informó haber tramitado ante COMPIN Iquique y COMPIN Región Metropolitana las Licencias Médicas N°3-126766760 y N°3-127087635, emitidas por el período comprendido entre el 04 de diciembre de 2025 y el 01 de febrero de 2026.
Agrega que, aun cuando la licencia N°3-127087635 fue autorizada, no se generó subsidio por encontrarse el recurrente sin vínculo laboral desde el 05 de diciembre de 2025 respecto de la empresa Constructora Fe Grande S.A., careciendo por ello de ausencia laboral que justificar o remuneración que reemplazar.
Indica que la licencia anterior N°3-126766760, generó inicialmente subsidio debido a que la entidad no contaba oportunamente con información relativa al término del vínculo laboral, efectuándose pagos con fechas 30 de diciembre de 2025 y 02 de enero de 2026 mediante transferencia electrónica a la cuenta del recurrente. Precisa que dicha licencia fue emitida el día 05 de diciembre de 2025, coincidiendo con la fecha de término de la relación laboral.
Sostiene que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica persigue dos finalidades esenciales: justificar la ausencia laboral y otorgar un subsidio que sustituya la remuneración durante la incapacidad. En consecuencia, tratándose de trabajadores sin vínculo laboral vigente, ambas finalidades resultan improcedentes.
Añade que el artículo 15 del D.F.L. N°44 de 1978 contempla excepcionalmente el otorgamiento de subsidio a trabajadores cesantes cuando exista continuidad de licencias médicas emitidas antes del término del vínculo laboral y por el mismo diagnóstico, hipótesis que estima no concurre en el caso del recurrente.
Señala que, conforme al Acuerdo de Finiquito, el señor nombre reservado prestó servicios hasta el 05 de diciembre de 2025, fecha de término de la relación laboral por la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, “Conclusión del Trabajo”.
Añade que, de acuerdo con el Listado Maestro de Licencias Médicas FONASA, el reposo se inició mediante Licencia Médica N°3-126766760 por 30 días desde el 04 de diciembre de 2025, documento emitido el día 05 de diciembre de 2025, coincidente con la desvinculación laboral.
Por lo que atendidos dichos antecedentes, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°R-01-UJU-42166-2026, de 27 de marzo de 2026, rechazando el reclamo del recurrente e instruyendo a COMPIN rechazar la licencia N°3-126766760 y las posteriores derivadas de ella por falta de vínculo laboral, agregando que respecto del subsidio pagado indebidamente podían solicitarse facilidades o condonación conforme al artículo 3° del D.L. N°3536 de 1981.
Añade que el recurrente solicitó reconsideración el 27 de marzo de 2026 respecto del citado dictamen, pretendiendo nuevamente el pago del subsidio correspondiente a la Licencia Médica N°3-127087635.
Sin embargo, sostiene que no acompañó antecedentes nuevos que justificaran modificar lo resuelto, razón por la cual mediante Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-50712-2026, de fecha 14 de abril de 2026, se rechazó la reconsideración deducida.
Finalmente, afirma que el recurrente reconoce haber sido notificado del término de la relación laboral el 06 de diciembre de 2025 y haber suscrito el finiquito el 09 del mismo mes, circunstancias que confirmarían su situación de cesantía al momento de emisión y tramitación de las licencias médicas reclamadas.
Concluye que el rechazo del subsidio obedece a la aplicación estricta de la normativa vigente, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Superintendencia, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección. Acompaña documentos.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.
SEGUNDO: Que, la controversia jurídica radica en determinar si la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar el rechazo del subsidio por incapacidad laboral luego del término de la misma, se ajusta a la normativa vigente o si, por el contrario, constituye -como lo sostiene el actor-, una vulneración a los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
TERCERO: Que, en tal sentido, para determinar si el actuar de la recurrida ha sido arbitrario, habrá que estar a lo que señala el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley Nº44, que Establece Normas Comunes para Subsidios por Incapacidad Laboral de Los Trabajadores nombre reservado, que prescribe “Los subsidios durarán hasta el término de la correspondiente licencia médica, aun cuando haya terminado el contrato de trabajo”.
La redacción de este último artículo es categórica y no admite interpretaciones que limiten el pago del subsidio a la fecha de término del contrato. Su mandato es claro: el beneficio previsional se desliga del destino de la relación laboral y se mantiene mientras persista la incapacidad certificada.
CUARTO: Que, en la especie, la licencia médica N°3-126766760, emitida por el periodo de 30 días, que va desde el 4 de diciembre 2025 al 2 de enero de 2026 fue emitida mientras el contrato de trabajo estaba vigente, toda vez que con la documentación aportada, el 6 de diciembre de 2025 el recurrente recibió por correo electrónico la notificación de término de la relación laboral, habiendo comenzando el inicio del reposo médico el 4 de diciembre del 2025, así, el trabajador cumplía los requisitos legales para acceder al subsidio - el que fue autorizado, además, por la COMPIN -, de este modo el pago del subsidio por incapacidad laboral debe cubrir la totalidad de los días de reposo indicados en dicha licencia.
QUINTO: Que, así las cosas, no cabe sino concluir que existe un acto arbitrario de parte de la recurrida solo en la parte que ordena restituir el dinero pagado por la primera licencia médica del recurrente.
En efecto, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social deviene en arbitraria, por la ausencia de un real fundamento en la normativa vigente respecto al pago del subsidio por incapacidad laboral en circunstancias que la COMPIN autorizó la licencia médica en cuestión.
En consecuencia, la presente acción cautelar impetrada habrá de ser acogida en la forma que se dirá.
Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por nombre reservado, contra de la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”) solo en cuanto ordena al recurrente restituir el dinero percibido por la primera licencia, RECHAZANDOSE en lo demás la acción deducida.
Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.
Rol Corte N° 380-2026 Protección.