nombre reservado con JARDÍN INFANTIL HISPANO BRITANICO S.A.

Iquique, veintidós de junio de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, empleado público, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Jardín Infantil Hispano Británico SpA., persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que como es de público conocimiento, producto de la crisis sanitaria, desde el 16 de marzo de este año, las actividades de los establecimientos educacionales y jardines infantiles se encuentran totalmente suspendidas, sin la posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a quienes asisten, como infantes, desde el 28 de marzo de 2020. Refiere que en dicho contexto se encuentra su relación contractual con la recurrida, por su hijo nombre reservado, a quien retiró del jardín el pasado 16 de abril.

Señala que el contrato de prestación de servicios educacionales, establece para el sostenedor la obligación de entrega del servicio en su establecimiento, ubicado en domicilio reservado de Iquique y la obligación del apoderado de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios. Afirma que desde el mes de abril de 2020, a la fecha, los servicios ofrecidos por la recurrida no se están prestando en la forma en que fueron contratados, pues desde la suspensión de clases al día de la interposición de la acción, su hijo no ha asistido al jardín, por haber sido retirado, en resguardo de salud, mencionando que de no haberlo hecho, el jardín tampoco estaría prestando sus servicios.

Refiere que pese a haber retirado a su hijo del jardín, la recurrida insistió en cobrar la mensualidad, aún sin prestar los servicios. Debido a que existían cheques que respaldaban el pago de cada mensualidad por el año completo, que son de un tercero, y a la presión que generó la encargada, se les dio la opción de pagar un porcentaje de la anualidad, estableciéndola en un documento diverso como indemnización convencional voluntaria por $861.840.

Sostiene se trata de un incumplimiento contractual, que implica a lo menos la discusión de las cláusulas del contrato y que la recurrida, aprovechándose de ello, le hace firmar un término de contrato de prestación de servicios educacionales de mutuo acuerdo, fijando la indemnización convencional antes señalada.

Indica que la recurrida no cumple con sus obligaciones y además se vale de artimañas para beneficiarse económicamente, a fin de lucrar por un servicio que no prestó ni prestará, estimando su actuación arbitraria e ilegal, por exigir el cumplimiento de una indemnización convencional para poder obtener la devolución de documentos de pago entregados y para luego poner término al contrato. Estima vulnerado el principio de protección al consumidor, como parte débil en la relación de consumo, indicando que además se atenta contra la garantía constitucional del derecho de propiedad que emana del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por las partes.

Se refiere a los artículos 2 letra d) y 25 inciso final de la Ley N° 19.496 y al artículo 1545 del Código Civil y sostiene que se trata de una situación abusiva del proveedor recurrido, toda vez que existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace, más aun considerando que no puede realizar cobro alguno si se ha retirado al niño del jardín, ni puede obstaculizar el retiro de los documentos o aprovecharse de la situación lucrando mediante la introducción de cláusulas imposibles de discutir. Alude a lo dispuesto en el artículo 16 de la mencionada Ley, en relación a las cláusulas en los contratos de adhesión.

Finalmente, reitera que la recurrida actuó arbitrariamente al mantener el cobro por sus servicios de educación, en una menor proporción a la original, mediante la intromisión de una cláusula de indemnización convencional, sin mediar negociación ni consentimiento, pues de no firmar dicho documento, la recurrida haría cobro de los cheques entregados para el pago de la mensualidad, afectando así directamente su derecho de propiedad, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva de su patrimonio, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y amenaza con realizar en un modo distinto a lo contratado, alterando la igualdad ante la ley, imponiendo sus reglas por mero capricho, pues indica que otros apoderados no firmaron ningún término de contrato con cláusulas que establecieran indemnizaciones convencionales.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes, declarando que la recurrida ha vulnerado los derechos invocados, declarándose ilegal y arbitrario su actuar, con costas. Acompaña documentos.

Evacúan informe nombre reservado y Andrés Maldonado Flores, abogados, en representación de la recurrida Jardín Infantil Hispano Británico SpA., quienes hacen presente como cuestión previa, la renuncia de acciones que suscribió el recurrente mediante “término de contrato de prestación de servicios educacionales de mutuo acuerdo” con fecha 28 de abril de 2020, específicamente en su cláusula quinta, por lo que sostienen la improcedencia del recurso. Seguidamente aluden a la falta de idoneidad de la acción, pues existe controversia respecto de cláusulas contractuales y para dilucidar si se cumplió o no el contrato se hace necesario el ejercicio de acciones en un procedimiento de lato conocimiento.

Refiriéndose a la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad en los actos invocados, afirman que el jardín demostró siempre compromiso con la situación del alumno y la comunidad educativa, generando un plan de acción para evitar que los niños quedaran sin sus clases, añadiendo que la Resolución Exenta N° 215 del Ministerio de Salud, sólo se refiere a la suspensión de clases de manera presencial, pudiendo continuar con la prestación del servicio educacional de manera remota, como lo hizo la recurrida, no siendo efectivo que existió paralización total y absoluta de la prestación de servicios.

Así, indican que el jardín continuó funcionando con un Plan de acción desarrollado desde el inicio de la pandemia y que el 18 de marzo de 2020 se informó que se daba inicio al Plan de Aprendizaje Remoto con la creación “JHB en tu hogar”, encontrándose desde el 19 de marzo disponible para cada párvulo el plan en la plataforma institucional creada para dicho proceso. Agregan que se trabaja con la aplicación “Google Classroom” con cápsulas educativas, donde se encuentra la continuidad de los aprendizajes que se requieren en la etapa preescolar. Explican que en dicho plan de trabajo se contemplan 2 cápsulas diarias con aprendizajes sustentados y graduados para enfrentar la contingencia, destinadas a la edad preescolar.

Agregan que a partir del 27 de abril de 2020, fecha de retorno de vacaciones, se pone en marcha la segunda fase del Plan, organizando la plataforma de aprendizajes destinadas para cada nivel con su respectivo sustento pedagógico y se incorpora Plan de Apoyo por las educadoras, basados en un contacto más personalizado con cada párvulo, a través de sus apoderados. Indica que todos esos ajustes son informados oportunamente a la comunidad educativa y señala que conjuntamente con lo anterior, se efectúa entrega de material concreto e impreso a los apoderados. Mencionan que se ha ido incorporando mayores acciones, de manera de entregar más apoyo a las familias para esta nueva modalidad de trabajo, así, desde el 1 de Junio de 2020, se inició el proceso de talleres vía online donde párvulos pueden participar y apoyar más sus habilidades.

Respecto de la información entregada a los apoderados, señalan que desde el 16 de marzo de 2020, se implementó un plan estratégico de información para la comunidad educativa, se efectúan correos masivos por parte de dirección a los apoderados y existe también un sistema de información de cada educadora con su grupo curso, proceso que se desarrolla semanalmente. Indicando además otros mecanismos de comunicación, como la página web del jardín y Google Classroom, donde hay destinada una clase de información para los ellos.

Exponen que con la misma fecha, se conformó el equipo Jardín Hispano Británico en tu Hogar, creándose el objetivo general del nuevo Plan de Aprendizaje Remoto, en el cual se planifican diferentes fases de desarrollo para abordar el plan de contingencia.

Detallan cada una de las fases y así indican que la Fase 1 consiste en levantar y poner a disposición de todos los párvulos y familia cápsulas pedagógicas, con los objetivos de aprendizajes correspondientes, lo que permitiría mantener el contacto con los niños de todos los niveles; Fase 2 que consiste en determinar actividades más específicas por niveles, utilizando recursos tecnológicos que entregan diversas plataformas en la red, para reforzar objetivos de aprendizaje que corresponden al mes de abril; Fase 3, la que dependerá de la evolución del COVID-19, en la cual se continuará con el trabajo de cápsulas educativas y se irán incorporando links, donde el apoderado pueda imprimir actividades más específicas, desarrollando la recurrida cada una de estas fases latamente en su informe.

Luego, en relación al material impreso entregado por el jardín, indican que el 6 de abril, se envió comunicación para que los apoderados hicieran retiro de un kit de material concreto para realizar actividades en casa, luego el 7 de mayo, igualmente se envió comunicación para el retiro de kit material para el trabajo de las unidades planificadas y lo mismo el 14 de mayo para el retiro de kit, adelantando su entrega por cuarentena total, dejando cubierto el trabajo hasta el 5 de junio.

En relación al trabajo pedagógico y comunicacional, indican que a partir del 19 de marzo, la educadora del nivel ha tenido contacto vía correo con su grupo curso de manera general y particular con los apoderados, entregando información del mencionado plan, además de efectuar apoyo constante a los párvulos. Añaden que se lleva un registro del trabajo de su grupo curso en relación a la incorporación a las clases destinadas en Google Classroom, y también sobre la asistencia y trabajo.

Seguidamente, luego de referirse al proyecto educativo de aula nivel medio menor, en cuanto al cumplimiento del contrato, afirman que el jardín jamás paralizó totalmente sus funciones, haciéndose la prestación del servicio educacional de manera remota, cumpliendo así su obligaciones, no resultando procedente alegar una arbitrariedad en su actuar particularmente por el cobro de las mensualidades, siendo factible y en armonía con lo ordenado por la autoridad que se haga de manera remota. Hacen presente que en este caso no resulta aplicable el caso fortuito o fuerza mayor.

Sostienen que no existe arbitrariedad en la compensación pactada, explicando que el recurrente suscribió contrato de prestación de servicios educacionales en favor de su hijo nombre reservado, para el nivel medio menor, en el cual se pactó en la cláusula sexta que si el alumno matriculado en el Jardín Infantil es retirado antes del vencimiento del contrato, no procederá la devolución de las sumas de dinero canceladas por concepto de matrícula y/o colegiaturas, existiendo manifestación de voluntad del recurrente en orden a aceptar tal clausula, de lo contrario podría haber matriculado a su hijo en otro jardín. Luego, el recurrente el 16 de abril retiró a su hijo del jardín, sin embargo, la recurrida de manera excepcional y voluntaria, accedió a modificar dicha cláusula devolviendo parte de lo pagado, así, con fecha 29 de abril celebraron el término de contrato de prestación de servicios educacionales de mutuo acuerdo, indicando expresamente en la cláusula tercera que si bien, no corresponde suma alguna por concepto de devolución, excepcionalmente se condonaría del 62% de las mensualidades restantes, debiendo pagar el apoderado, en carácter de indemnización convencional, la suma equivalente al 38% restante, esto es, $861.840.

Afirman que jamás existió arbitrariedad en la medida, pues fue hecha de mutuo acuerdo y el único beneficiado al alterar las cláusulas del contrato fue el recurrente y añade que, el cobro de las anualidades ya enteradas, aunque suspendidas las clases presenciales, también es procedente y que la Superintendencia de Educación, ha sido clara en expresar a través del ORD N° 621 de 25 de marzo de 2020, la fuerza de lo pactado en los contratos correspondientes. Mencionan que resulta improcedente la aplicación de la Ley N° 19.496, por cuanto la misma excluye su aplicación al nivel parvulario, conforme su artículo 2 letra d).

Finalmente alegan la inexistencia de vulneraciones a las garantías invocadas por el recurrente, pues la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios educacionales contempla expresamente que nada se devolverá si se retira al alumno de manera anticipada, y justamente, en absoluto beneficio del recurrente, es que se suscribe el término de mutuo acuerdo del contrato.

Piden el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Acompañan documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que el acto reprochado por el recurrente está dado porque pese a haber retirado a su hijo del jardín, la recurrida insistió en cobrar la mensualidad, estimando su actuación arbitraria e ilegal, por exigir el cumplimiento de una indemnización convencional para poder obtener la devolución de documentos de pago entregados y para luego poner término al contrato, lo que conculcaría su derecho contenido en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Respecto de la pretensión del actor, cabe asentar que este procedimiento es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, ya que el incumplimiento de una obligación contractual por parte de la recurrida –prestación de servicios educacionales- y la arbitrariedad en la suscripción de la indemnización pactada por las partes, son hechos negados enfáticamente por la recurrida, de lo que fluye que los derechos que se piden tutelar no pueden decidirse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley N° 19.496 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización, razón por lo que la acción intentada será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de Jardín Infantil Hispano Británico SpA.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 377-2020 Protección.