Protección contra Jardín Infantil Hispano Británico SpA

Iquique, dieciocho de junio de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, RUT N° RUT reservado, por sí y en su calidad de padre –apoderado- de Katalina Mariana Arellano Choque, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien patrocinado por abogado, deduce recurso de protección en contra del Jardín Infantil Hispano Británico SpA., persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por atentar en contra de su derecho reconocido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que es padre y apoderado de Katalina Mariana Arellano Choque, quien cursa Kínder C en el Jardín Infantil Hispano Británico, año lectivo 2020. Añade que como es de público conocimiento, producto de la crisis sanitaria, desde mediados de marzo de este año, las actividades de los colegios están totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes.

Refiere que en dicho contexto se encuentra su relación contractual con la recurrida, contrato de prestación de servicios educacionales mediante el cual el Jardín se obligó a entregar un servicio educacional en su establecimiento, ubicado en domicilio reservado de Iquique, y a su turno, se estableció la obligación de los apoderados de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios, esta última correspondiente a una colegiatura anual de $2.520.000. Asegura que a la fecha, los servicios educacionales no se están prestando en la forma que fueron contratados, ya que desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, su hija no ha tenido clases. Añadiendo posteriormente que desde el inicio de la emergencia sanitaria las clases se han desarrollado en forma irregular e intermitente.

Explica que las clases se vieron suspendidas aproximadamente a mediados del mes de marzo del presente año, periodo durante el cual el Jardín recurrido no envió ningún tipo de clases, guías, trabajos o tareas, sólo recién el 9 de abril enviaron fichas y algunos videos, añadiendo que el 15 de abril enviaron un video de inglés y después el 27 de abril enviaron la 1era unidad “somos artistas” que contenía 6 cápsulas para que se trabaje, en las cuales los niños deben pintar, cortar, pegar o llenar números. Posteriormente, indica, en las video llamadas que realizan sólo los lunes en 2 horarios, básicamente las tías se saludan y los niños se saludan entre ellos, pero no se trabaja con ningún tema propio de kínder, y agrega que el 11 y 25 de mayo enviaron la segunda y tercera unidad respectivamente, siendo ello lo único enviado para trabajar en casa, estimando que aquello no puede ser considerando como clases.

Sostiene se trata de un incumplimiento contractual y que por ello, la recurrida está impedida de cobrar por estos servicios. Frente lo anterior, ha solicitado formalmente negociar las condiciones en que se seguirán prestando los servicios y una adecuación a las condiciones de pago de las mismos, negándose el jardín a dicha posibilidad.

Afirma que la recurrida no cumple con sus obligaciones emanadas del contrato válidamente suscrito y además busca modificar unilateralmente las obligaciones del mismo, estimando vulnerado el principio de protección al consumidor, como parte débil en la relación de consumo y atentando además contra la garantía constitucional del derecho de propiedad emanado del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por las partes.

Se refiere a los artículos 2 letra d) y 25 inciso final de la Ley N° 19.496 y al artículo 1545 del Código Civil y sostiene que se trata de una situación abusiva del proveedor recurrido, toda vez que existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace. Alude a lo dispuesto en el artículo 16 de la mencionada Ley, en relación a las cláusulas en los contratos de adhesión. Hace presente que el caso fortuito o fuerza mayor, no opera en este caso, por no tratarse de una obligación de especie o cuerpo cierto.

Finalmente, señala que la recurrida actuó arbitrariamente al mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de la prestación de servicios educacionales, sin mediar negociación, afectando directamente su derecho de propiedad, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva de su patrimonio, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y amenaza con realizar en un modo distinto a lo contratado.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes, declarando que la recurrida ha vulnerado el derecho invocado y que debe suspender el cobro de los servicios, mientras no se regularicen las actividades educacionales de la forma contratada o acuerde con el recurrente nuevas condiciones y que le reembolse lo pagado sin haber recibido la contraprestación pactada, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúan informe nombre reservado y Andrés Maldonado Flores, en representación de la recurrida Jardín Infantil Hispano Británico SpA., quienes como cuestión previa, alegan la falta de idoneidad de la acción, pues existe controversia respecto de cláusulas contractuales y para dilucidar si se cumplió o no el contrato, se hace necesario el ejercicio de acciones en un procedimiento de lato conocimiento.

Asimismo alegan la improcedencia de la aplicación de la Ley N° 19.496, por cuanto la misma excluye su aplicación al nivel parvulario, conforme su artículo 2 letra d).

Refiriéndose a la inexistencia de la arbitrariedad e ilegalidad de los actos invocados, indican que ningún establecimiento está realizando clases de manera presencial, obedeciendo ello a una orden emanada del Ministerio de Salud, inicialmente mediante Resolución Exenta N° 180, suspendiendo las clases por dos semanas y posteriormente mediante Resolución Exenta N° 215 de 30 de marzo de 2020 es que se suspenden las clases de manera presencial, pudiendo continuar con la prestación del servicio educacional de manera remota.

Señalan que su representada había comenzado a impartir las clases y a entregar material a los alumnos de manera continua y constante, hasta que el Ministerio de Educación a través de Resolución Exenta N°141 de 27 de marzo de 2020, efectuó modificaciones al calendario escolar 2020, y determinó que las vacaciones de invierno de los estudiantes comenzarán el día 13 de abril hasta el 24 de abril de 2020, en razón de ello, es que desde el día 9 al día 27 de abril de 2020, que fue la fecha en que se retomaron las clases, el Jardín Infantil no envío material de trabajo a los párvulos, ni realizó videoconferencias, ni nada que tuviera relación con labores educativas, porque tanto los estudiantes como el personal estaban haciendo uso del período de vacaciones de invierno.

Refiriéndose a las medidas adoptadas ante la contingencia sanitaria para dar continuidad al servicio educativo, aluden al Plan de acción desarrollado por la recurrida desde el inicio de la pandemia, indicando que el 18 de marzo de 2020 se informó que se daba inicio al Plan de Aprendizaje Remoto con la creación “JHB en tu hogar”, encontrándose disponible desde el 19 de marzo para cada párvulo el plan en la plataforma institucional creada para dicho proceso. Agregan que se trabaja con la aplicación “Google Classroom” con cápsulas educativas, donde se encuentra la continuidad de los aprendizajes que se requieren en la etapa preescolar. Explican que en dicho plan de trabajo se contemplan 2 cápsulas diarias con aprendizajes sustentados y graduados para enfrentar la contingencia, destinadas a la edad preescolar y de forma paralela se comienza a ejecutar un análisis de los aprendizajes.

Agregan que a partir del 27 de abril de 2020, fecha de retorno de vacaciones de invierno, se pone en marcha la segunda fase del Plan, organizándose la plataforma de aprendizajes destinadas para cada nivel con su respectivo sustento pedagógico y se incorpora Plan de Apoyo por las educadoras, basados en un contacto más personalizado con cada párvulo a través de sus apoderados. Indica que todos esos ajustes son informados oportunamente a la comunidad educativa y conjuntamente con lo anterior, se efectúa entrega de material concreto e impreso a los apoderados. Mencionan que el Jardín Infantil ha ido incorporando mayores acciones de manera de entregar más apoyo a las familias para esta nueva modalidad de trabajo, así, desde el 01 de Junio de 2020, se inició el proceso de talleres vía online donde párvulos pueden participar y apoyar más sus habilidades.

Respecto de la información entregada a los apoderados, señalan que desde el 16 de marzo de 2020, se implementó un plan estratégico de información para la comunidad educativa, se efectúan correos masivos por parte de dirección a los apoderados y existe también un sistema de información de cada educadora con su grupo curso, proceso que se desarrolla semanalmente. Indicando además otros mecanismos, como la página web del jardín y la comunicación vía Google Classroom, donde hay destinada una clase de información para los apoderados.

Exponen que con la misma fecha se conformó el equipo JHB en su Hogar, creándose el objetivo general del Plan de Aprendizaje Remoto, en el cual se planifican diferentes fases de desarrollo para abordar el plan de contingencia.

Detallan cada una de las fases, y así indican que la Fase 1 consiste en levantar y poner a disposición de todos los párvulos y familia cápsulas pedagógicas, con los objetivos de aprendizajes correspondientes, lo que permitiría mantener el contacto con los niños de todos los niveles; Fase 2 que consiste en determinar actividades más específicas por niveles, utilizando recursos tecnológicos que entregan diversas plataformas en la red, para reforzar objetivos de aprendizaje que corresponden al mes de abril; Fase 3, la que dependerá de la evolución del COVID-19, en la cual se continuará con el trabajo de cápsulas educativas y se irán incorporando links, donde el apoderado pueda imprimir actividades más específicas, desarrollando la recurrida cada una de estas fases latamente en su informe.

Luego, en relación al material impreso entregado por el jardín, indican que el 31 de marzo se envió comunicación para que los apoderados retiraran texto de grafomotricidad, con orientación pedagógica; el 6 de abril se envió comunicación para el retiro de un kit de material concreto para el desarrollo de actividades en casa; el 7 de mayo igualmente se envió comunicación para el retiro de kit material para el trabajo de las unidades planificadas y lo mismo el 14 de mayo para el retiro de kit, adelantando su entrega por cuarentena total, dejando cubierto el trabajo hasta el 5 de junio.

En relación al trabajo pedagógico y comunicacional, indican que a partir del 19 de marzo, la educadora del nivel ha tenido contacto vía correo con su grupo curso de manera general y particular con los apoderados, entregando información del mencionado plan, además de efectuar apoyo constante a los párvulos. Añaden que se lleva un registro del trabajo de su grupo curso en relación a la incorporación a las clases destinadas en Google Classroom y también sobre la asistencia y trabajo.

Seguidamente, en cuanto al cumplimiento del contrato, afirman que no es efectivo que la recurrida hubiere obligado a entregar un servicio educacional en su establecimiento, sino que conforme la cláusula segunda del referido contrato, sus obligaciones, dicen relación con brindar un servicio educativo adecuado, cumpliendo con los planes y programas de estudio correspondiente a cada nivel, y ello ha sido cumplido a cabalidad, de manera remota, que es la única forma en que se puede brindar el servicio educativo, ya que las clases presenciales no pueden realizarse por expresa prohibición de la autoridad sanitaria. Agregan que al no operar el caso fortuito o fuerza mayor, ambas obligaciones deben seguir cumpliéndose.

En relación a la reclamación sobre una supuesta negativa de negociar las condiciones de pago, exponen que no existe ninguna obligación de negociar que fluya del contrato y finalmente, luego de citar jurisprudencia en apoyo a su pretensión, aseguran que no existe actuar arbitrario o ilegal de su mandante en el cobro de colegiaturas y mucho menos existe incumplimiento contractual que afecte la garantía constitucional invocada por el recurrente, ya que el servicio educativo se ha seguido brindando de conformidad a las instrucciones y lineamientos dados por el Ministerio de Educación, que hasta el momento, es dar continuidad al servicio educativo de manera remota.

Piden el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas. Acompañan documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: De la acción incoada se desprende que el acto reprochado está dado porque los servicios educacionales acordados por el actor con la recurrida, no se están prestando en la forma que fueron contratados, ya que desde el inicio de la emergencia sanitaria las clases se han desarrollado en forma irregular e intermitente, lo que conculcaría su derecho contenido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que este procedimiento es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, ya que la pretensión se sustenta en el incumplimiento de una obligación contractual por parte de la recurrida –prestación de servicios educacionales-, lo que la recurrida niega enfáticamente, de lo que fluye que los derechos que el actor solicita sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley N° 19.496 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización, razón por lo que la acción intentada será desestimada.

CUARTO: Por lo anteriormente expuesto, no concurriendo el primero de los requisitos indispensables para el éxito de la acción constitucional ejercida, es que el presente arbitrio deberá ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de Jardín Infantil Hispano Británico SpA.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 373-2020 Protección.