Protección contra Juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique

Iquique, uno de agosto de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 22, don nombre reservado, en representación legal y convencional de la Sociedad Telepizza Chile S.A., empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº 96.399.646-1, recurre de protección en contra de la Juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido en la dictación de la resolución que acoge la excepción de caducidad de fecha 23 de junio de 2014, estimando que existe una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho y garantía consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que expone.

Comienza el recurso señalando que con fecha 26 de diciembre de 2013 se presentó en el local comercial de su representada, ubicado en domicilio reservado, la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo, levantando un acta de constatación de hechos en terreno, luego de lo cual se emite Resolución Nº 1482/13/27, mediante la cual se aplica multa administrativa a su parte.

Agrega que con fecha 18 de septiembre de 2013 la Inspección del Trabajo había impuesto una multa con idénticos fundamentos, a través de la misma fiscalizadora, doña nombre reservado, por no otorgar descanso a trabajadores de comercio, por la suma de 20 UTM. Contra tal resolución la recurrente interpuso la correspondiente reposición administrativa, solicitando que se dejara sin efecto la multa toda vez que se había incurrido en un error de hecho al momento de cursarla, acogiéndose tal solicitud con fecha 5 de diciembre de 2013.

Señala que en vista de los antecedentes, era más razonable se solicitara en sede administrativa al menos una reconsideración al tenor de lo dispuesto en el artículo 511 Nº 1 del Código del Trabajo, y en virtud de lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en la circular 46 de fecha 2 de mayo de 2012, que fija “Las Normas y Criterios para Resolver solicitudes de Reconsideración de Multas”, no cabía otra cosa que dejar sin efecto las multa, en razón de la amplia jurisprudencia y directrices de la Inspección del Trabajo, como de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.973.

En cuanto al acto arbitrario, señala la recurrente que la Inspectora Provincial del Trabajo de Iquique, no obstante todo lo mencionado, deduce excepción de caducidad y contesta la reclamación, basándose en que no reclamó judicialmente de la multa administrativa conforme al artículo 503 sino que en el ejercicio del derecho que le otorga el legislador en el artículo 511 Nº 1 y solicitando con fecha 7 de febrero de 2014 dejar sin efecto la multa administrativa; funda su excepción en el hecho que la Inspección del Trabajo estimó, al reconsiderar la multa, que la parte no logró acreditar que el fiscalizador hubiere incurrido en un error de hecho al aplicar la sanción, y que así lo notificó a través de resolución de 21 de marzo de 2014, y que la empresa con fecha 20 de mayo de 2014 presenta reclamación judicial de la multa administrativa Nº 1482/2013/27 y no reclamación de la Resolución administrativa Nº 89, de 21 de marzo de 2014.

Dicho argumento fue recogido por la juez recurrida, pero la fundamentación careció de una apreciación sustentada en las reglas de la sana crítica, y esencialmente en las máximas de la experiencia relativas a la equidad, pues persiguió una arbitraria ritualidad procesal, oponiéndose al espíritu de la reforma laboral y sus postulados originales y a la realidad.

Además señala que resulta lógico considerar que al fundamentar el reclamo en el artículo 511 del Código del Trabajo, como aparece de manifiesto en la presentación de 20 de mayo de 2014, los fundamentos del escrito tienen por objeto desestimar la resolución del ente administrativo de conformidad al artículo 512 del citado cuerpo legal, siendo absurdo que la parte haya escogido el otro camino procesal que da cuenta el artículo 503 del Código Laboral, cuando a la fecha es evidente que dicha presentación es extemporánea, aun cuando se haya referido a la resolución primitiva del ente administrativo.

Agrega la resolución de la Juez recurrida constituye un acto arbitrario, que priva, perturba o amenaza el legítimo derecho establecido en la Carta Fundamenta en el artículo 19 Nº 3, pues se trata de un grave acto que vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa judicial, toda vez que falla arbitrariamente, sin considerar todas las circunstancias del caso, provocándole un gran perjuicio, resultando atentatorio contra las normas básicas del debido proceso que se le ordene cumplir una sentencia en la que la mayoría de los tribunales laborales, en idénticas circunstancias, no estiman necesario justificar la existencia de diversos procedimientos, debiendo operar el principio laboral de la realidad para todos los sujetos del Derecho Laboral, fundamentándose la sentencia, en cambio, en arbitrarias interpretaciones procesales.

En cuanto a la procedencia del recurso, indica que la jurisprudencia no ha puesto obstáculos para recurrir en contra de una resolución emanada de los tribunales de justicia cuando ésta es manifiestamente grave, ilegal o arbitraria. Agrega que el hecho de afirmar la improcedencia de esta acción simplemente porque no puede haber ilegalidad o arbitrariedad en una resolución judicial no resiste la lógica más elemental, porque ello significa que un juez no puede incurrir en antijuridicidad o sería infalible, lo que resulta inaceptable atendido la sujeción de todo órgano del Estado a la Constitución.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, se declare arbitraria la sentencia que se le ha notificado en audiencia preparatoria, por vulnerar el principio general del debido proceso consagrado en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política y, en definitiva, se deje sin efecto la resolución de 23 de junio de 2014, adoptando las providencias necesarias para el restablecimiento del Derecho.

A fojas 101, rola el informe solicitado a la Juez recurrida, doña nombre reservado, quien solicita se rechace el recurso de protección interpuesto.

Refiere que la resolución que se ataca por esta vía fue pronunciada en audiencia preparatoria de 23 de junio de 2014, en causa RIT I-11-2014, dentro del procedimiento ordinario laboral reglamentado detalladamente en el Código del Ramo, que contempla en su artículo 453 N°1, inciso quinto, el recurso de apelación contra la decisión adoptada, el cual no fue interpuesto en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que interponer un recurso de protección para dejar sin efecto una resolución judicial que ha sido dictada dentro de un procedimiento establecido por el Código del Trabajo, implica desnaturalizar dicho recurso, ya que los derechos del recurrente estaban debidamente resguardados con las diversas medidas, plazos y recursos que franquea la ley.

Agrega que de las actuaciones que se encuentran registradas en la causa y mencionada, es posible afirmar que en la dictación de la resolución de 23 de junio de 2014 ha actuado estrictamente dentro de las facultades que confiere la ley y en el ámbito de su competencia. Al respecto indica que conforme a los antecedentes de la causa, con fecha 12 de mayo de 2014 se efectúa presentación que contiene reclamación judicial de multa administrativa, en que comparecen nombre reservado e nombre reservado, en representación de Telepizza S.A. e interponen reclamo judicial en contra de la multa administrativa impuesta a su representada con fecha 26 de diciembre de 2013, mediante resolución 1482/13/27, solicitando se deje sin efecto la multa reclamada, reconociendo expresamente la reclamante que solicitó reconsideración administrativa de esa multa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique con fecha 30 de enero de 2014, la que fue rechazada mediante resolución administrativa emitida el 21 de marzo de 2014, y notificada el 23 de abril del año en curso. Se tuvo por interpuesto Reclamo Judicial de Resolución de Multa, en procedimiento ordinario del trabajo y se citó a las partes a una audiencia preparatoria para el día 23 de junio de 2014.

Señala que con fecha 4 de junio de 2014, la Inspección Provincial del Trabajo opone excepción de caducidad del reclamo, fundada que con fecha 26 de diciembre de 2013 la Inspección Provincial del trabajo cursó la multa administrativa N°1482/2013/27 a la empresa “Telepizza Chile S.A”, y que ésta no reclamó judicialmente conforme al artículo 503 del Código del Trabajo, sino que ejerció el derecho que le otorga el legislador en el artículo 511 N°1, solicitando con fecha 7 de febrero de 2014 dejar sin efecto la multa administrativa N°1482/2013/27, siendo rechazada por el ente administrativo la reconsideración mediante resolución N° 89, de 21 de marzo de 2014. No obstante lo anterior, la empresa interpuso reclamación judicial de la multa N° 1482/2013/27 y no reclamación de la resolución administrativa N° 89, de 21 de marzo de 2014, por lo que estima que el derecho a reclamar en sede jurisdiccional de la multa administrativa ha caducado, según lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo.

En la audiencia preparatoria, luego de realizarse la relación del reclamo y su contestación, se le otorgó traslado a la reclamante respecto de la excepción opuesta, quien solicitó su rechazo, sosteniendo que de una interpretación armónica del libelo de autos se puede concluir que se está reclamando no sólo de la multa, sino que también de la resolución N° 89, la que es accesoria a la multa cursada y a partir de ella se debe considerar el plazo para interponer la demanda. Pidió el rechazo de la caducidad, o en subsidio, se entienda que la excepción debe ser de ineptitud del libelo. En definitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo, la excepción fue resuelta en la audiencia preparatoria, acogiéndose, por los fundamentos que se contienen en ella, que en resumen dan cuenta que la reclamación se dirigió contra la Inspección del Trabajo de Iquique por haber dictado resolución N° 1482/13/27, solicitando expresamente que ésta sea dejada sin efecto, que se consideró el plazo de su notificación, la fecha en que el reclamo ingresó al tribunal y lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo.

Agrega, además, que consta en el registro de audio que una vez dictada la resolución, el tribunal ofreció la palabra a las partes para que plantearan lo que estimaran pertinente, no solicitando ninguna de las abogadas la palabra, por lo que ordenó el archivo de los antecedentes.

Hace presente que según lo dispuesto en el artículo 453 N°1 inciso quinto del Código del Trabajo, la resolución que acoge excepción de caducidad es susceptible de apelación, recurso que debe interponerse en la audiencia, cuestión que la reclamante no realizó, a pesar de tener la oportunidad para hacerlo.

A fojas 109, se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que esa misma disposición señala para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

De lo expresado se desprende que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio y, en el caso de autos el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien es arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir contrariando una o más garantía protegidas.

SEGUNDO: Que de lo expuesto en el libelo, aparece que el hecho que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, consiste en la resolución dictada por la Juez recurrida con fecha 23 de junio de 2014, en la causa RIT I-11-2014, sobre reclamación judicial en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, en que se acoge la excepción de caducidad planteada por esta última respecto del reclamo interpuesto en su contra, por los fundamentos que en dicha resolución se expresan, y que el ocurrente considera de gravedad, pues vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, ya que se trata de un fallo arbitrario, que no considera todas las circunstancias del caso y que atenta contra las normas básicas del debido proceso, por lo que pide que sea dejada sin efecto.

TERCERO: Que cabe dejar constancia que la garantía fundamental protegida por la acción constitucional es aquella prevista en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad al hecho, la que no se ha invocado en autos, lo que posibilita desde ya el rechazo de la acción deducida.

CUARTO: Que sin perjuicio de lo anterior, de los antecedentes aparejados a la presente acción cautelar, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, consta que no existe discusión en cuanto a la naturaleza y efectividad de la resolución que se recurre por medio de esta vía extraordinaria.

De ello se sigue que el acto arbitrario e ilegal que el recurrente invoca como fundamento de su acción cautelar, lo constituye una resolución judicial dictada por una Juez del Trabajo, quien dentro de la esfera de sus atribuciones y en uso de las facultades que le otorga la ley, conoció, tramitó y resolvió una excepción de caducidad opuesta por la parte reclamada, en el curso de un procedimiento de reclamación judicial presentado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, fundando su decisión en las consideraciones que señaló en la audiencia preparatoria.

QUINTO: Que en torno a lo resuelto por la señora Juez recurrida, respecto a acoger la excepción de caducidad opuesta por la contraria, al recurrente le asistía el derecho a deducir en la misma audiencia preparatoria el recurso de apelación pertinente, conforme se lee con claridad en el artículo 453 N° 1 inciso quinto del Código del Trabajo, arbitrio que en definitiva no ejerció, por lo que la referida resolución quedó ejecutoriada.

En la especie, la resolución atacada por esta vía excepcional importa el ejercicio del imperio de los tribunales de justicia, en virtud del cual, la señora Juez recurrida ha hecho uso de sus atribuciones de conocer, juzgar y resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción.

En esta precisa labor jurisdiccional no puede haber arbitrariedad, ni ilegalidad susceptible de enmendarse a través de esta vía extraordinaria del recurso de protección, puesto que los agravios que puedan derivarse de las actuaciones judiciales, deben ser reparados mediante el ejercicio de las acciones y recursos procesales que correspondan.

SEXTO: Que en este orden de ideas, encontrándose ejecutoriada la resolución que se ataca por medio de la acción cautelar, ésta resulta improcedente, pues de una parte implicaría alterar el principio de cosa juzgada y, por otra, de admitirse dicha acción, se estaría convirtiendo en un recurso subsidiario de aquellos que consagra la ley para impugnar una resolución judicial como aquella de que se trata.

Asimismo, no cabe duda que en definitiva la controversia de fondo que plantea el recurrente se ha suscitado dentro de un proceso judicial, en el que, como se ha dicho, la situación reclamada pudo ser del conocimiento de esta Corte a través de un recurso de apelación, de suerte que en el caso de autos la situación ha estado bajo el imperio del derecho, lo que impide considerar la existencia de alguna arbitrariedad o ilegalidad en el proceder de la Juez recurrida.

SÉPTIMO: Que en estas condiciones, resulta claro y evidente que no estamos en presencia de las circunstancias de excepción que habilitarían acoger por esta vía especialísima del recurso de protección el reclamo formulado por el recurrente, por cuanto frente a un acto judicial, que según él le afectaría la garantía constitucional del artículo 19 N° 3, no le cabía otra alternativa que recurrir de apelación, conforme lo señala el Código Laboral, y si éste no se ejerció oportunamente, ello no puede significar que se deduzca también el recurso de protección, ya que se distorsionaría toda ritualidad procesal, que es precisamente una garantía de los derechos de las partes.

OCTAVO: Que por las razones expuestas, sólo cabe concluir que la materia de autos se encuentra al margen de la acción cautelar deducida, sin que por otra parte las actuaciones de la recurrida revistan caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, ni pueda considerarse amenazada alguna garantía constitucional, y por consiguiente, corresponde declarar el rechazo de la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el deducido en lo principal de fojas 22, por don nombre reservado, en favor de la empresa Telepizza Chile S. A.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol I. Corte Nº 362-2014.

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Sr. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. ARIEL SMITH MARÍN. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Iquique, a uno de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE