Protección contra Decreto Exento NUM000

Iquique, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad dominicana, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Decreto Exento NUM000, de 31 de marzo de 2026, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual rechazó su solicitud de carta de nacionalidad, acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que el acto recurrido fundó el rechazo en la existencia de un supuesto antecedente negativo consistente en la causa RUC N°1900570764-4, seguida ante la Fiscalía Local de Valparaíso por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, la que se encontraba terminada por archivo provisional según certificado de 11 de mayo de 2020.

Alega que la resolución recurrida resulta ilegal y arbitraria por cuanto la autoridad administrativa atribuyó indebidamente efectos negativos a una causa penal respecto de la cual la recurrente no registra condena alguna, ni tampoco participación penalmente reprochable, interviniendo solamente en calidad de testigo, lo que a su juicio demuestra que la cartera recurrida no realizo un análisis exhaustivo ni ajustado a derecho de los antecedentes del expediente administrativo.

Añade que, además de incurrir en una interpretación errónea y desproporcionada de los antecedentes procesales omitió aplicar el artículo 31 de la Ley N°19.880 por cuanto nunca requirió antecedentes adicionales que permitieran desvirtuar la supuesta existencia de antecedentes negativos.

Complementa sus argumentos sosteniendo que la normativa que regula la carta de nacionalización establece taxativamente las causales de rechazo de solicitudes de nacionalización.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto el Decreto Exento NUM000 de fecha 31 de marzo de 2026 y se ordene dar curso a la tramitación de su solicitud de nacionalización conforme a derecho, con expresa condena en costas.

Evacua informe el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señala que la tramitación de cartas de nacionalización, que constituyen una concesión o gracia del estado, se regula por el Decreto Supremo N°5.142 de 1960, en relación con la Ley N°21.325, correspondiendo al Servicio Nacional de Migraciones su tramitación y al Ministerio del Interior su resolución final.

Señala que el Decreto Exento NUM000 fue dictado por autoridad competente, previa investidura regular y conforme a las facultades conferidas por el Decreto Supremo N°5.142 de 1960 y la Ley N°16.436, descartando así la existencia de ilegalidad en su emisión. A lo que añade que el rechazo de la solicitud de nacionalización no implica privación ni desconocimiento de la nacionalidad dominicana de la recurrente, manteniéndose incólume dicho atributo jurídico.

Afirma que el Ministerio del Interior estimó que existían antecedentes suficientes para rechazar la solicitud, particularmente por tratarse de hechos vinculados al delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, conducta que compromete bienes jurídicos especialmente sensibles, tales como la seguridad individual, la indemnidad sexual y la integridad psíquica de menores de edad.

En relación con la alegación de que la recurrente habría participado únicamente como testigo en la causa penal, sostiene que durante la tramitación administrativa el Servicio Nacional de Migraciones tuvo a la vista el informe de la Policía de Investigaciones respectivo y además solicitó antecedentes adicionales a la interesada, quien sólo acompañó un certificado emitido por el Ministerio Público relativo a la forma de término de la causa, sin aclarar en dicha instancia la calidad procesal que habría tenido en ella.

Añade que resulta improcedente que recién en sede judicial la recurrente pretenda incorporar un nuevo antecedente relativo a su calidad de testigo, circunstancia que debió haber sido acompañada oportunamente durante el procedimiento administrativo.

Sostiene asimismo que, aun cuando se verificara la calidad de testigo invocada por la recurrente, ello no impediría que la autoridad administrativa, en ejercicio de su facultad discrecional, pudiera igualmente considerar relevantes los antecedentes vinculados a la causa penal para efectos de resolver la solicitud de nacionalización.

Alega que ninguna norma jurídica exige alcanzar un estándar de convicción penal específico para rechazar solicitudes de carta de nacionalización, tratándose de una potestad discrecional entregada expresamente a la autoridad administrativa.

Cita además jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Arica, La Serena, Santiago, Iquique y Antofagasta, así como de la Excma. Corte Suprema, sosteniendo que los tribunales superiores de justicia han reconocido reiteradamente la facultad discrecional de la autoridad administrativa para rechazar solicitudes de nacionalización sobre la base de antecedentes penales o investigaciones criminales aun cuando no exista condena firme.

Finalmente previas citas jurisprudenciales, concluye que el Decreto Exento NUM000 se encuentra debidamente fundado y fue dictado dentro del ámbito de las atribuciones legales del Ministerio del Interior, no configurándose vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige que se acciona contra del Decreto Exento NUM000, de 31 de marzo de 2026, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se rechazó la solicitud de nacionalización de la recurrente por registrarse antecedentes vinculados a una causa penal, decisión que ésta estima ilegal y arbitraria, por cuanto sostiene que su intervención en dicha causa habría sido únicamente en calidad de testigo y no de imputada.

A su turno, la recurrida manifiesta que la solicitud de carta de nacionalización fue rechazada por registrarse antecedentes vinculados a una causa penal, sosteniendo que la decisión se encuentra debidamente motivada en los antecedentes recabados por la autoridad administrativa y que el otorgamiento de la nacionalización constituye una facultad discrecional del Presidente de la República.

TERCERO: Que el inciso 3° del artículo 3 de las Ley N°21.325 dispone: “Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria”.

CUARTO: Que, a su turno, el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, que regula la materia, confiere a la autoridad una facultad discrecional en relación al otorgamiento de la nacionalidad, pudiendo ponderar los antecedentes del postulante, basándose en este caso en elementos objetivos y comprobables, como son los procedimientos judiciales de los cuales fue objeto y, asimismo, que no acreditó haber cumplido satisfactoriamente las condiciones impuestas por la suspensión condicional del procedimiento en causa por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

QUINTO: Que, de esta forma, previo proceso legalmente tramitado, la autoridad recurrida arribó a la conclusión, luego de una extensa fundamentación del acto impugnado, que el extranjero ha incurrido en conductas que aconsejan no conceder la carta de nacionalización chilena.

SEXTO: Que, por consiguiente, siendo el otorgamiento de la nacionalidad chilena una facultad radicada en el Ministerio del Interior, el cual ponderó los antecedentes y en base a ello determinó no otorgar la misma, por antecedentes judiciales comprobables, corresponde rechazar la presente acción constitucional, al no existir acto ilegal y arbitrario alguno, sino que el ejercicio de una facultad legal por la autoridad competente y, por ende, no se han afectado los derechos fundamentales invocados.

SÉPTIMO: Que, finalmente, contando con permanencia definitiva la negativa no implica un perjuicio en sus derechos, siendo la nacionalización una instancia superior a la residencia definitiva, donde el Estado debe verificar una conducta intachable del extranjero.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada a favor de doña nombre reservado en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°359-2026 Protección.