Protección contra Tesorería Regional de Iquique

Iquique, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece el abogado Felipe Antonio Albornoz Vásquez deduciendo acción de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Iquique, imputando como acto arbitrario e ilegal el embargo de sus cuentas bancarias sin debido proceso.

Refiere que el 16 de junio de 2020 falleció el padre del recurrente, quien no dejó testamento, razón por la cual con fecha 04 de septiembre solicitó la posesión efectiva al Servicio de Registro Civil, siendo aprobada el 21 de septiembre de 2020. Añade que por error no incorporó en la posesión efectiva todos los bienes inmuebles de su padre.

El recurrente declaró el pago del impuesto a la herencia ante el Servicio de Impuestos Internos, por la suma de $84.888.158, el 27 de noviembre de 2020, realizando luego el pago con su respectivo reajuste, según la cifra determinado el 08 de marzo de 2021. En conocimiento que no incorporó todos los bienes heredados de su padre, presentó el 06 de febrero de 2023 una modificación a la posesión efectiva, siendo aprobada por el Servicio de Registro Civil el 09 de febrero del corrientes, contemplando en el inventario la totalidad de los inmuebles de su padre.

Efectuada la ampliación de la posesión efectiva concurrió, con fecha 01 de marzo de 2023, al Servicio de Impuestos Internos para declarar el impuesto respectivo, determinándose en $240.010.055, actualmente pendiente de pago. Se le informó que debía determinar cómo iba a pagar el impuesto antes del 31 de marzo del presente año, motivo por el cual concurrió a la Tesorería General de la República para realizar convenio de pago atendida la elevada cifra del impuesto. En el giro emitido, número 8210409, se señala que “el pago de esta obligación debe efectuarse hasta el último día hábil de marzo de 2023, pague a tiempo para evitar o detener cobro judicial”.

Posteriormente, se percata con ayuda de su asesor contable que se incorporaron inmuebles exentos de pago de impuestos por tratarse de DFL 2, por lo que decide realizar una nueva declaración de impuesto y concurrir a negociar el convenio de pago con la Tesorería una vez determinado el nuevo monto.

El recurrente se da cuenta del bloqueo de sus cuentas bancarias el día 09 de marzo de 2023, producto del embargo de Tesorería Regional de Iquique. Situación que le causó sorpresa toda vez que entendía que tenía plazo hasta fin de mes para efectuar el pago. Ese mismo día se le notificó que fue incluido en la lista de contribuyentes morosos en el expediente administrativo N° 10417-2023, embargándose sus cuentas corrientes, por un total de $89.570.513, y tres inmuebles de su propiedad.

Luego, con fecha 27 de marzo de 2023 presentó petición administrativa voluntaria ante el Servicio de Impuestos Internos en que aclara que se incorporaron inmuebles exentos del pago de impuestos, por lo cual se encuentra a la espera que se deje sin efecto el giro respectivo. De esta forma el embargo aparece como una actuación realizada con excesiva celeridad, toda vez que el giro que lo fundamenta puede ser dejado sin efecto.

Precisa que reclama del acto de fecha 08 de marzo de 2023 de la Tesorería General de la República, momento en que se notificó el embargo al recurrente, lo que habría vulnerado, en primer lugar, las garantías de los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundado en la excesiva celeridad del servicio público recurrido, realizando gestiones de cobranza judicial con anticipación y sin esperar que se cumpliera el plazo que fuera otorgado por parte del Servicio para realizar el pago. Por otro lado, sostiene vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues afecta su derecho de propiedad al embargar y retener fondos de propiedad del recurrente.

Solicita dejar sin efecto las resoluciones dictadas por la recurrida en el expediente administrativo N° 10417-2023 y devolver a su representado el dinero embargado, debidamente reajustado, con costas.

Acompaña documentos.

Evacua informe doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera de Tarapacá-Iquique, solicitando el rechazo del recurso de protección por razones de forma y fondo.

Afirma que es un hecho no controvertido que el recurrente ha sido demandado por deuda morosa fiscal, por formulario 21, folio 8210409, con vencimiento legal el 16 de junio de 2022 y de giro el 01 de marzo de 2023, correspondiente a impuesto a la herencia, según consta en nómina de deudor moroso contenida en expediente administrativo N° 10417-2023.

En aquel expediente se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 06 de marzo del 2023 y se notificó y requirió de pago el 08 de marzo del mismo año, por cédula, procediéndose en el mismo acto a trabar embargo sobre bienes del deudor, tres propiedades, y sobre fondos disponibles en cuentas bancarias del Banco de Chile. Los fondos embargados fueron enviados por dicho Banco a la Tesorería el 21 de marzo de 2023, por medio de tres vales vistas, los que fueron aplicados a la deuda el día 24 del mismo mes, en cumplimiento de lo ordenado por resolución N° 669-2023.

En primer lugar, afirma la inadmisibilidad del recurso, pues se intenta contra actuaciones del Juez Sustanciador Tesorero dentro del proceso ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, regulado en el Código Tributario, con apego a dicha normativa, que establece acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados.

Precisa que en virtud de lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 174 del Código Tributario existe la posibilidad de decretar embargo y/o ampliación de embargo sobre distintos bienes del deudor, entre ellos los fondos disponibles en cuentas bancarias asociadas al contribuyente, con el fin de resguardar el interés fiscal.

En segundo lugar, sostiene la ausencia de acto ilegal y arbitrario de parte del Servicio de Tesorería, pues en este caso se le atribuye excesiva celeridad con que este servicio realizó acciones de cobro, específicamente la traba de embargo y/o ampliación de embargo de fecha 08 de marzo del año 2023 sobre fondos existentes en cuentas bancarias del contribuyente, resolución que fue dictada en un proceso válido, legalmente tramitado y al tenor de las facultades otorgadas al Juez Sustanciador en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Acompaña el expediente administrativo correspondiente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se deduce que el actor recurre en contra del embargo de dinero en su cuenta corriente y bienes por parte de la Tesorería Regional de Tarapacá con fecha 08 de marzo de 2023, por considerarlo efectuado con excesiva celeridad y que afecta sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado y derecho de propiedad. Por su parte, la institución recurrida informa que se el acto que se ataca por este arbitrio constitucional se encuentra dentro de un procedimiento reglado en el Código Tributario, respecto del cobro de impuesto a las herencias, vencido el 16 de junio de 2022, siendo reliquidado el 01 de marzo de 2023.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrente, valorados según las reglas de la sana critica, puede establecerse que contra el actor se llevó adelante un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias regulado en el Código del ramo, figurando en la lista de deudores morosos respectivo, asistiéndole los derechos y defensas establecidos en la ley y que deben ser ejercidos en el referido proceso, por lo que el presente arbitrio constitucional no es la vía idónea para impugnar la forma en que se determinó el monto, y forma de pago del impuesto a la herencia, por lo cual el recurso de protección no puede prosperar.

CUARTO: A mayor abundamiento, el hecho de encontrarse pendiente una solicitud administrativa al Servicio de Impuestos Internos, solicitando la anulación del giro, en nada afecta lo concluido por tratarse de una actuación llevada a cabo ante otro servicio, que no tiene la calidad de recurrido, y, además, porque la solicitud fue planteada con posterioridad al acto que se denuncia como ilegal y arbitrario.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-344-2023.