Protección contra Intendente Regional de Tarapacá

IQUIQUE, diez de julio de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 80, comparece don Sebastián Iglesias Sichel Ramírez, Abogado, en representación convencional de QPROJECT S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Intendente Regional de Tarapacá, solicitando se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en el ORD 0478/2015, dictado por dicha autoridad, que pone término anticipado del contrato que ligaba a su representada con el Gobierno Regional de Tarapacá.

Señala que con fecha 06 de mayo de 2014 y a través de la Resolución Exenta Nº 1967/2014, su representada se adjudicó la licitación pública Nº768- 7-LP14, denominada “Diagnóstico Planes nombre reservado, Región de Tarapacá, Territorio Oasis, Subterritorio Oasis de Pica, Región de Tarapacá UEDT 7” Código BIP NºRUT reservado; y con fecha 25 de julio de 2014 y a través de la Resolución Exenta Nº 362-2014 se aprobó el contrato suscrito con fecha 23 de Julio, entre el respectivo Gobierno Regional y Qproject S.A.

Una vez iniciado el trabajo y a través del ORD Nº 1466/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, se informó sobre la aprobación del Gobierno Regional del Informe de la Etapa Nº1 de dicho Programa consistente en el “Informe Diagnóstico Planes nombre reservado Región de Tarapacá, Oasis de Pica, Código BIP RUT reservado” después de la Tercera Revisión de la Comisión Técnica según consta en el Acta Nº 4 de fecha 26 de noviembre de dicha Comisión.

Asimismo con fecha 27 de marzo de 2015 a través del ORD Nº 281/2015, se informó sobre la aprobación del Gobierno Regional del Informe de la Etapa Nº 2 de dicho Programa consistente en el “Informe Diagnóstico Planes nombre reservado Región de Tarapacá, Oasis de Pica, Código BIP RUT reservado, después de la cuarta entrega y revisión de observaciones de acuerdo a lo indicado en el Acta Nº 11 de fecha 26 de marzo de 2015 de la Comisión Técnica.

Indica que las aprobaciones ocurrieron luego de subsanadas observaciones que muchas veces escapaban del ámbito solicitado en las bases, en la oferta técnica y en el contrato.

Con fecha 09 de junio de 2015 y a través del ORD 0478/2015, Qproject fue notificada de la decisión de la Autoridad Regional de poner término anticipado al contrato de acuerdo a lo señalado en los artículos “61, 62 y 64 de las Bases”, ello en razón de lo señalado en el mismo Ordinario, por haber sido reparado el informe 3 sobre el Programa “Diagnóstico Planes nombre reservado Región de Tarapacá, Oasis de Pica” Código BIP RUT reservado, en su segunda revisión.

En relación a los hechos que implican una amenaza a las garantías constitucionales, el recurrente, los hace consistir en los siguientes:

1.- Falta de Fundamentación en el Ordinario 0478/2015, indicando que si bien las partes pueden dar término anticipado al contrato, tanto las Bases de Licitación como el Contrato, establecen causales para que aquello suceda y ninguna de ellas se encuentra contenida en dicho Ordinario ni se coligen del Acta Nº14. Luego, revisada el Acta Nº 14, muchas de las observaciones responden a opiniones arbitrarias de la Comisión y escapan al ámbito y términos de las obligaciones emanadas del contrato. Nada explica además que en el Acta Nº 14 ni en el respectivo ORD Nº 0478/2015 de fecha 05 de junio de 2015, no se señalara cuales fueron las causales explicitas, según las bases, que permitieron a la Administración llegar a la conclusión de la necesidad de dar término al contrato.

Refiere que como lo ha señalado en repetidas ocasiones la jurisprudencia, las motivaciones que deben llevar a tomar una decisión de esta magnitud a la autoridad, deben ser “graves” y contenidas en el “acto administrativo” que manifiesta dicha decisión.

2.- La arbitrariedad en los supuestos de Incumplimiento del Estudio según del Acta Nº 14, Comisión Técnica, Etapa 3 (Segunda Revisión).

Si algo es reconocido como parte esencial del principio de legalidad de la actuación pública contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, es que los actos de la Administración deben ser fundados y en el marco de las atribuciones que da la ley. En este caso, la arbitrariedad en que fueron evaluados los distintos casos y la falta de fundamento de las decisiones, encuentra fundamento plausible para determinar que dichos actos han sido arbitrarios, en particular, la decisión de poner término al contrato señalada en el ORD Nº 0478/2015 de fecha 05 de junio de 2015.

3.- Falta de una resolución o decreto que informe el término del contrato:

Señala que si bien - en lo sustantivo - todo acto administrativo es la decisión de una autoridad que en el ejercicio de sus funciones produce efectos jurídicos de manera directa, la ley chilena la ha dotado de ciertas formalidades que le permiten a los privados proteger ante la actuación estatal.

De todo lo expuesto, hay un hecho evidente que subyace a esta argumentación. No existe una resolución o decreto que contenga la decisión de autoridad, en los términos dispuestos por la Ley N° 19.880, ni siquiera otro acto que contenga el resto de los requisitos; pues solo existe el Ordinario 0478/2015, que, de acuerdo a lo señalado por la doctrina, no es más que una comunicación de la autoridad de su “informar” su decisión de poner término al contrato.

4.- La intención de cobrar las garantías del contrato en ausencia de formalidades del acto y falta de fundamentos del mismo.

Argumenta que el día 18 de junio de 2015, su representada ha tomado conocimiento por el Banco Estado de Chile, que funcionarios del Gobierno Regional, en posesión del Ordinario 0478/2015, han exigido el pago de la Boleta de Garantía Nº 0742305 de fiel cumplimiento del contrato suscrita con dicha institución por un total de $9.040.000, aún en ausencia de una resolución expresa que ponga término al contrato y en incumplimiento de todas las formalidades expuestas en este escrito.

5.- La existencia de una Comisión Técnica y de una Comisión Asesora nombrada sin ninguna de las formalidades que exigen las leyes.

Según se señala en las Bases del concurso en comento, la Comisión Técnica Plan nombre reservado, que es la contraparte técnica del Estudio según las bases y el contrato, fue nombrada en la Resolución Exenta Nº 361 de 18 de julio de 2012 y modificada por Resolución Exenta de 24 de abril de 2013, y está compuesta por los siguientes profesionales según dichas resoluciones:

· Srta. nombre reservado o quién se designe.

· Sr. nombre reservado o quién se designe.

· Sr. nombre reservado o quién se designe.

De acuerdo a lo conocido por el Ord 0478/2015 respecto al Acta Nº 14 de la Comisión Técnica, esta se encuentra suscrita por los profesionales nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; desconociendo través de qué acto administrativo se designaron como miembros de dicha Comisión Técnica quienes suscriben el acto ni que calidad administrativa tienen dichos funcionarios, atentando con ello al principio de publicidad de los actos administrativos contenidos en el artículo 16 de la Ley 19.880.

6.- El no pago del trabajo realizado por el Informe Nº3.

Uno de los efectos prácticos que ha tenido la mención genérica contenida en el Ordinario 0478/2015, es que ha provocado el efecto concreto de suspender el pago que corresponde al Informe Nº3, informe ya terminado y en proceso de revisión. En efecto, refiere que el acto de autoridad contenido en el Ordinario, ha despojado de la posibilidad de recibir el pago de una etapa completa del Estudio ya terminada, sin señalamiento a cuánto corresponde dicho monto.

En lo que respecta al derecho, señala vulnerada, en primer lugar, la garantía del debido proceso del 19 Nº3 de la Constitución Política de la República y los Principios de contradictoriedad e impugnabilidad de la actuación de la Administración contenidas en el artículo 10 y 15 de la Ley 19.880.

Refiere que la garantía del debido proceso no agota su aplicabilidad a la sede judicial, sino que su eficacia también se extiende al procedimiento administrativo conforme a lo previsto en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, garantía que desarrolla la Ley N° 19.880 respecto a las ritualidades administrativas; principio de contradictoriedad que faculta al interesado para aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento de dicho procedimiento.

En el caso en comento estos principios fueron especialmente vulnerados, pues de las observaciones emanadas del Acta Nº 14 de la Comisión Técnica, fue imposible tomar conocimiento para contradecirlas antes de que la autoridad regional tomara la decisión informada en el Ord 0478/2015. Dichos elementos dan cuenta de la inexistencia de un debido proceso que permitiera exponer los argumentos y pruebas de Qproject S.A. para demostrar que dichas observaciones se encuentran fuera de las obligaciones del contrato y escapan a la naturaleza de los servicios licitados.

Los mismos principios fueron vulnerados en el Ordinario 0478/2015, pues en él, al igual que en la Conclusión a que llega la Comisión Técnica en el Acta Número 14, sólo se señala que en “atención a lo señalado en las bases en los art. 61, 62 y 64 de las Bases” se ha decidido poner término anticipado al contrato vigente, sin señalar explícitamente en cuál de las distintas causales contenidas en dichos artículos fundamenta y/o motiva la decisión, lo que impide el legítimo derecho a la defensa de nuestra empresa en las vías jurisdiccionales y administrativas que permiten impugnar o invalidar dicha decisión, esto al no conocerse los motivos de hecho o derecho que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión.

Más adelante, en segundo lugar, alega la vulneración al artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, que se conoce como el Principio de la Interdicción de la Arbitrariedad, indicando que la Administración no puede actuar arbitrariamente. En lo particular, los actos administrativos deben estar fundados, así lo exigen una serie de disposiciones, tanto constitucionales (artículo 5º inciso segundo y 8º) como legales (La ley de Bases de los Procedimientos Administrativos).

Argumenta que en el caso sub lite y la decisión contenida en el Ordinario es evidente: no sólo es desproporcional respecto a decisiones tomadas en la misma licitación para informes anteriores, sino que no hay motivos expresos que permitan conocer los hechos y normas que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión.

Expone que la decisión contenida en el Ordinario impugnado ha vulnerado, igualmente, el principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución de la República, los contenidos de las leyes 19.880 y la ley 18.575 y a los contenidos de las Bases de licitación y el contrato En último lugar, alega la vulneración al derecho de propiedad contenido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, el cual garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies, tanto sobre derechos corporales como incorporales, incorporando a los derechos personales emanados de un contrato.

En concreto, se vulnera el derecho de dominio a través de las actuaciones ilegales y arbitrarias tales como la cancelación de manera anticipada y unilateral del contrato, provocándose una amenaza o privación de dicho derecho, a saber, no pago de el trabajo ya realizado por el Informe Nº3 y el cobro de las garantías bancarias por el fiel cumplimiento del contrato.

Finaliza solicitando se ordene restablecer el imperio del derecho tomando todas las medidas necesarias para dejar sin efectos los actos arbitrarios e ilegales que sustentan este recurso y que se ordene la inmediata continuidad del contrato, con expresa condena en costas.

A fojas 116, hace presente que con fecha 20 de junio de 2015, fue notificado por parte del Gobierno Regional de Tarapacá, de la Resolución Exenta N° 345, de fecha 10 de junio de 2015, que puso término anticipado al contrato suscrito entre su representada y dicho Gobierno Regional.

Adjunto a su recurso, los documentos que rolan de fojas 1 a 79 y 115 y 155 vta., consistentes en las Bases Administrativas de Licitación del concurso; copia del Convenio entre Qproject y el Gobierno Regional de Tarapacá; copia del Ordinario 0478/2015; copia del acta Nº13; Resolución que nombra Comisión Técnica y Asesora Programa PMDT y Copia de la Resolución Exenta N° 345, de 10 de junio de 2015.

A fojas 306, evacua su informe el Sr. Intendente Regional de Tarapacá, Mitchel Cartes Tamayo, quien en forma previa, señala que el recurrente no sufre ninguna acción arbitraria o ilegal, que perturbe, amenace o prive el legitimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no perjuicio alguno; para luego, realizar una cronología de los hechos considerando desde la adjudicación del proyecto, con fecha 06 de mayo de 2014, hasta la terminación anticipada del contrato suscrito con la Consultora Qproject, mediante Resolución Exenta N° 345, de fecha 10 de junio de 2015.

En cuanto a la primera garantía cuya vulneración se alega, esto es, del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, por no haber que no pudo tener conocimiento de las observaciones emanadas en el Acta N° 14 de la Comisión Técnica, a fin de contradecirlas antes que a autoridad administrativa tomara la decisión contenida en el ORD. N°! 0478/2015.

Al respecto, manifiesta que conforme lo dispone el artículo 18 de las Bases Administrativas, la Comisión tiene el deber de informar por escrito a la empresa consultora, una vez terminado el plazo de revisión, si la etapa es aprobada o rechazada; aquello fue cumplido ya que mediante el ORD. N° 0478/2015, el Gobierno Regional comunicó que la decisión de poner término anticipado al contrato, en conformidad con las observaciones que fueron planteadas por la Comisión Técnica al Informe N° 3, en su segunda revisión. Más aún, argumenta que dicha decisión ya había sido advertida en el Acta de la Comisión Técnica N° 13, de fecha 04 de mayo de 2015, en que se observa dicho Informe N° 3.

En relación a la falta de fundamentación del ORD. N° 0478/2015, por no contar con una causal determinada que derive en la terminación del contrato, refiere que aquello no corresponde a la realidad, ya que si bien en el Ordinario se señalan las normas reglamentarias en las que se basa para terminar la relación contractual, a ello se adjuntó el Acta N° 14 de la Comisión Técnica, en las que se exponen detalladamente cada una de las observaciones realizadas al Informe N° 3, en relación con las causales de incumplimiento contenidas en el artículo 62 de las Bases Administrativas Especiales.

Señala que incluso el Informe N° 3, para su segunda revisión, fue presentado con 10 días de retraso, incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 de las Bases Administrativas Especiales.

Finaliza señalando que las forma de poner término anticipado al contrato se amparó en la normativa administrativa, toda vez que luego de la notificación del Ordinario N° 0478/2015, se dictó la Resolución Exenta N° 345, que apruebe el cese de vigencia, con todas las formalidades que dicho acto administrativo requiere para que tenga validez.

En cuanto a la alegación de haberse vulnerado la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, manifiesta, en primer lugar, al dictar el ORD. N° 0478/2015, ha sido debidamente razonado, sin arbitrariedad, teniendo como sustento las disposiciones reglamentarias que sustentan la decisión y, además, las observaciones que da cuenta el Acta N° 14 de la Comisión Técnica. Por otro lado, señala que, en su dictación, se ha respetado a cabalidad el principio de legalidad, toda vez que el órgano público ha actuado previa investidura regular de sus integrantes, dentro del ámbito de su competencia y con las formalidades legales.

En cuanto a la alegación de vulnerar el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, manifiesta que la misma no concurre, en primer lugar, ya que el cobro de garantía bancaria por fiel cumplimiento del contrato no dice relación con un actuar ilegal ni arbitrario, encontrando sustento en las Bases Administrativas Especiales; y, en segundo lugar, el no pago del Informe N° 3 se basa en la falta de aprobación del mismo, no teniendo derecho la consultora a exigir su pago.

Finaliza exponiendo que el presente recurso no es el medio idóneo para reclamar de la decisión, pudiendo haber recurrido a la Contraloría General de la República, a fin de examinar la legalidad del acto administrativo, incluso haber solicitado la reconsideración ante el propio Servicio.

Acompaño los documentos que sustentan su informe, que rolan de fojas 118 a 305.

A fojas 314, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Conforme a lo expuesto en el recurso, el recurrente sostiene que se vulneró sus garantías del debido proceso, de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad por parte de la recurrida, en cuanto ésta en la dictación tanto del Ordinario N° 0478/2015, de fecha 05 de junio de 2015, como en la Resolución Exenta N° 345, de fecha 10 de junio de 2015, puso término anticipado al contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la empresa QProject S.A, de fecha 23 de julio de 2014..

SEGUNDO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de amparo dirigida a proteger a la víctima de un acto u omisión ilegal o arbitrario que le afecta, ya sea privando, perturbando o amenazando el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por la Constitución.

Se trata pues de un mecanismo a mano, inminente, eficaz, a disposición de la persona que está en situación de amenaza o de privación.

TERCERO: Que de lo dicho se colige que para acoger la presente acción cautelar debe constatarse el carácter preexistente e indiscutible del derecho afectado, condición que no se verifica en la especie.

En efecto, los hechos que sirven de justificación al recurso se producen en el marco de discrepancias surgidas con motivo del cumplimiento o incumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Sociedad QProject S.A -“Diagnostico Planes nombre reservado, Región de Tarapacá, Territorio Oasis, Subterritorio Oasis de Pica, Región de Tarapacá UEDT 7”- del cual derivan derechos subjetivos para ambas partes, los cuales no constituyen derechos indubitados para efectos de esta acción cautelar, la que no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de aquéllos.

En consecuencia, no existe una acción arbitraria o ilegal que conculque un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger, por lo que la presente acción ha de ser rechazada.

Por lo considerado y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección deducida en lo principal de fojas 80, por el abogado don Sebastián Iglesias Sichel Ramírez, en representación de QPROJECT S.A, sin costas, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte N° 341-2015 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros srta. MIRTA CHAMORRO PINTO, sr. ERICO GATICA MUÑOZ y sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Iquique, a diez de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario de hoy, la sentencia que antecede.

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