Protección contra Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique

Iquique, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, de nacionalidad boliviana, auxiliar de aseo, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (“COMPIN”) y el Fondo Nacional de Salud (“FONASA”), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa a otorgar las licencias médicas de postnatal y postnatal parental, lo que vulnera las garantías consagradas en los numerales N°1, N°2, N°9 y N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el acto recurrido se funda en la inexistencia de talonarios físicos y en la imposibilidad de emisión por vía electrónica, lo que habría impedido acceder oportunamente a los beneficios asociados a dichos permisos.

Expone que con ocasión del nacimiento de su hijo se emitió originalmente la Licencia Médica N°1-38763741, extendida por la matrona Nicole Solar Espinoza del Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique, la cual no pudo tramitarse oportunamente debido a que fue sustraída desde el interior del vehículo de su empleador, situación que atribuye a circunstancias ajenas a su voluntad.

Dicha situación fue informada a COMPIN, organismo que indicó que correspondía al profesional emisor gestionar una licencia médica de reemplazo para regularizar el procedimiento.

No obstante, sostiene que pese a tratarse de una situación excepcional acreditada, no se procedió a emitir la licencia sustitutiva.

Indica que el Hospital de Iquique informó que no se encontraba en condiciones de emitir una nueva licencia médica de postnatal, argumentando no disponer de talonarios físicos y que el sistema digital impedía su emisión debido a que la recurrente aún no cuenta con cédula de identidad definitiva, manteniendo únicamente RUT provisorio por encontrarse el documento en trámite.

Añade que idéntica situación afecta la licencia correspondiente al postnatal parental, la cual tampoco habría podido emitirse por las mismas razones, generándose una imposibilidad total de acceso a ambos beneficios.

Refiere mantener relación laboral vigente desde el día 12 de agosto de 2025, desempeñándose en el Edificio Golden Tower, indicando que su empleador ha cumplido íntegramente las obligaciones laborales y previsionales correspondientes.

Alega que durante los períodos de protección a la maternidad la legislación contempla un subsidio por incapacidad laboral destinado a reemplazar la remuneración de la trabajadora, beneficio que se devenga desde el inicio de la licencia médica y resulta esencial para garantizar la subsistencia durante dicho período.

Añade que el permiso postnatal parental regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo e incorporado por la Ley N°20.545 constituye un derecho legal irrenunciable cuyo ejercicio no puede quedar supeditado a obstáculos administrativos.

Sostiene que la imposibilidad de emitir las licencias médicas por causas imputables a los organismos recurridos la priva completamente del acceso al subsidio correspondiente, configurándose una afectación directa de las garantías constitucionales invocadas.

Hace presente que el acto vulneratorio tendría carácter permanente y continuado, precisando que el período de postnatal se extiende desde el 22 de diciembre de 2025 al 16 de marzo de 2026 y el postnatal parental desde el 17 de marzo de 2026 al 09 de junio de 2026.

Finalmente, solicita se ordene al Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique emitir inmediatamente las licencias médicas de postnatal y postnatal parental, por mecanismos ordinarios o excepcionales, disponiendo además que COMPIN y FONASA procedan a la tramitación, autorización y pago del subsidio correspondiente. Acompaña documentos.

Evacua informe el Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique, expone la recurrente ingresó al Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital el día 22 de diciembre de 2025 para intervención por cesárea, presentando evolución favorable y siendo dada de alta dos días después de su ingreso.

Luego, el 29 de diciembre de 2025 la recurrente concurrió al establecimiento solicitando la emisión de licencia médica maternal.

Precisa que en dicha oportunidad informó no contar con cédula nacional de identidad definitiva, razón por la cual no fue posible emitir el documento mediante la plataforma electrónica IMED, procediéndose excepcionalmente a confeccionar una licencia médica en soporte físico.

Señala que anteriormente el hospital contaba con formularios físicos o talonarios institucionales de licencias médicas proporcionados por COMPIN para casos en que no era posible utilizar el sistema electrónico; sin embargo, desde fines del año 2025 el establecimiento dejó de disponer de dichos formularios, utilizándose únicamente la plataforma IMED para la emisión de licencias médicas.

Refiere que la recurrente únicamente contaba con cédula provisoria, documento que no contiene número de serie, requisito necesario para la emisión de licencias médicas mediante IMED.

En atención a ello, la licencia física fue emitida y entregada personalmente el día 29 de diciembre de 2025, otorgándole reposo maternal de pre y postnatal desde el 22 de diciembre de 2025 por 84 días, conforme a la Ley N°21.746 que modificó la Ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

Añade que, conforme a instrucciones impartidas por COMPIN a la Subdirección de Gestión Médica del establecimiento, el hospital no recibirá nuevos talonarios institucionales, situación que constituye el principal inconveniente para emitir licencias médicas a personas que sólo poseen documentos provisorios, toda vez que IMED exige antecedentes que dichos documentos no contienen.

Sostiene que el Hospital no incurrió en vulneración alguna, pues otorgó oportunamente la atención obstétrica requerida, dio de alta a la paciente en buenas condiciones y emitió la licencia médica maternal correspondiente, hecho reconocido por la propia recurrente. Añade que sólo con posterioridad la actora informó el extravío del documento y solicitó una licencia de reemplazo, oportunidad en que se le explicó la imposibilidad técnica de emitir una nueva licencia debido a la ausencia del número de serie del documento de identidad.

En cuanto a las garantías invocadas, sostiene que la recurrente no identifica concretamente qué acción u omisión atribuible al hospital habría generado la afectación constitucional denunciada, especialmente considerando que reconoce expresamente que la licencia médica maternal sí fue emitida por el establecimiento.

Afirma que el Hospital brindó atención médica integral el día 22 de diciembre de 2025, otorgó alta el día 24 de diciembre de 2025 sin objeciones por parte de la paciente y posteriormente emitió la licencia médica física utilizando el último formulario disponible, todo ello dentro de la esfera de sus atribuciones y con estricto apego a la normativa técnica y protocolos institucionales vigentes.

Añade que actualmente el establecimiento sólo cuenta con la plataforma IMED para la emisión de licencias médicas, sistema cuyos requisitos técnicos y operativos escapan a la esfera de competencia del hospital, particularmente en cuanto exige antecedentes asociados a documentos de identidad definitivos.

Finalmente, sostiene que no existe privación, perturbación o amenaza actual a derechos fundamentales atribuible al Hospital, afirmando que actuó dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias, solicitando en consecuencia el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Evacua informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sostiene que la responsabilidad de presentar y tramitar licencias médicas se encuentra regulada por el Decreto Supremo N°3 de 1984, correspondiendo al trabajador presentar la licencia al empleador y a éste remitirla oportunamente a COMPIN, precisando que el incumplimiento del empleador no afecta la validez del documento ni perjudica los derechos del trabajador.

Añade que el artículo 56 del mismo reglamento permite autorizar licencias presentadas fuera de plazo cuando la demora sea imputable al empleador y no al trabajador.

En cuanto a la licencia médica de postnatal, señala que ésta se regula por el Decreto Supremo N°3 y la Circular B10 N°1 de 2026, indicando que la emisión electrónica constituye la regla general y que los formularios físicos sólo operan excepcionalmente por falta de medios tecnológicos, conectividad o respecto de profesionales autorizados por COMPIN.

Precisa que actualmente no existen talonarios institucionales, sino habilitaciones individuales asociadas al profesional emisor. Así entonces, sostiene que la facultad de emitir licencias médicas corresponde exclusivamente a médicos, cirujanos dentistas o matronas, careciendo COMPIN y los establecimientos asistenciales de atribuciones para emitir licencias o documentos de reemplazo.

En consecuencia, tratándose del extravío o sustracción de una licencia en papel, la eventual reposición debe resolverse por el profesional que originalmente la extendió.

Hace presente que COMPIN sólo adquiere competencia una vez que la licencia ha sido ingresada formalmente a tramitación, situación que no ocurrió en la especie, pues la licencia nunca fue presentada ante dicha Comisión.

Respecto del postnatal parental, sostiene que éste constituye un derecho laboral regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, que opera inmediatamente después del postnatal, no correspondiendo a una licencia médica ni requiriendo emisión de un nuevo instrumento sanitario, siendo su activación y gestión administrativa responsabilidad del empleador.

Finalmente, concluye que no existió rechazo de licencia médica de postnatal, negativa al permiso postnatal parental ni actuación ilegal o arbitraria atribuible a COMPIN, indicando que el conflicto deriva de dificultades administrativas y procedimentales que no constituyen vulneración de garantías constitucionales ni resultan susceptibles de corrección por la vía del recurso de protección.

Evacua informe el Fondo Nacional de Salud, sostiene que la acción resulta improcedente a su respecto por cuanto conforme al ordenamiento jurídico vigente corresponde exclusivamente a las COMPIN o ISAPRES aprobar o rechazar licencias médicas, careciendo dicha institución de atribuciones para intervenir en tales decisiones. Invoca los artículos 1, 16 y 29 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud.

Expone asimismo que ni la Ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas ni sus modificaciones posteriores, ni el Decreto Supremo N°3 de 1984, reconocen a FONASA facultades de autorización, rechazo o tramitación de licencias médicas, limitándose su función a aspectos financieros asociados al sistema.

En relación con el pago de subsidios, señala que dicha función corresponde a las COMPIN, actualmente centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, según la afiliación del trabajador.

Indica que la participación de FONASA se restringe únicamente a proporcionar recursos financieros destinados al pago de licencias médicas de carácter curativo común de sus cotizantes, transfiriéndolos a COMPIN o a las Cajas de Compensación, pero sólo cuando las licencias respectivas han sido previamente autorizadas.

Afirma que, atendido el relato efectuado por la recurrente, nunca existió licencia autorizada ni orden alguna dirigida a FONASA para transferir recursos a COMPIN o CCAF, motivo por el cual no se advierte cómo dicha entidad habría podido incurrir en ilegalidad o arbitrariedad.

Añade que, si bien FONASA mantiene una vinculación funcional con COMPIN y SUSESO en materias de financiamiento, no participa en el otorgamiento, rechazo ni autorización de licencias médicas, razón por la cual no intervino en los hechos denunciados por la recurrente.

Finalmente, concluye que no existe, por su parte, acción u omisión ilegal, ni afectación de garantías constitucionales derivada de su actuación, solicitando en consecuencia el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto en su contra.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, el acto denunciado como arbitrario consiste en la negativa a otorgar una nueva licencia médica de postnatal y postnatal parental, fundada en la ausencia de talonarios físicos y en la imposibilidad de emisión por vía digital, lo que ha impedido el acceso efectivo y oportuno a las prestaciones asociadas a dichos derechos lo que a juicio de la recurrente conculca las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, 2, 9 y 18 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, ponderados los antecedentes expuestos conforme las reglas de la sana crítica, los informes evacuados, no se advierte la ocurrencia de alguna conducta de las recurridas que, arbitrariamente, atente o amenace las garantías de la Constitución Política de la República invocadas, toda vez que las recurridas actuaron dentro de la esfera de sus atribuciones, el que aparece, además, suficientemente fundado.

CUARTO: Lo anterior, se justifica en lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que establece el deber del empleador de remitir la licencia médica al COMPIN dentro del plazo de tres días hábiles desde su recepción, precisando expresamente que el incumplimiento de esta obligación no afecta la validez de la licencia ni puede perjudicar los derechos del trabajador, lo que significa que recae exclusivamente en el empleador la responsabilidad de tramitarla, de forma tal que, será éste quien, en el evento de haberla efectivamente recibido, deba responder de las acciones que la actora pueda intentar.

QUINTO: Que, finalmente respecto a la solicitud del permiso postnatal parental, éste se encuentra regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, el cual no constituye una licencia médica, ni requiere la emisión de un nuevo instrumento sanitario por parte de hospitales o profesionales de la salud, atendido que su ejercicio opera por el solo ministerio de la ley.

SEXTO: Que, de esta manera, no concurriendo los presupuestos fácticos propios del recurso cautelar deducido, resulta forzoso desestimarlo.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por doña nombre reservado en contra del Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y el Fondo Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N°334-2026 Protección.