Protección contra Prefecto de Carabineros de Iquique y Coronel

Iquique, cuatro de junio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece Gonzalo Hancenn Pino, abogado, a favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por quien deduce recurso de protección en contra del Prefecto de Carabineros de Iquique y Coronel, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a la Institución de Carabineros de Chile el 16 de junio de 2017, perteneciendo en la actualidad a la dotación de la Cuarta Comisaría de Carabineros “Cavancha”, dependiente de la Prefectura de Iquique, quien ha sido sujeto a la medida administrativa condicional, denominada baja con efectos inmediatos, aplicada por el recurrido mediante Resolución Exenta N° 298, la que se encuentra supeditada al mérito de un sumario administrativo.

Señala que el origen de la medida radica en circunstancias diferentes de las dadas a conocer al público por la Institución, debido a que el recurrente presentaba un cuadro evolutivo relativo a una ansiedad psíquica por preocupaciones excesivas, surgiendo su punto más crítico el día 6 de abril del presente año, donde después de finalizar su turno a las 20:00 horas, y llegar a casa con su pareja, ésta le propinó agresiones verbales, con descalificaciones y menoscabo, terminando la relación afectiva. Relata que ante la crisis de angustia, el recurrido, se comunicó telefónicamente con un compañero de trabajo que no estaba de servicio, quien de forma preocupada, reaccionó organizando una reunión en lugar tranquilo en el sector de playa, concurriendo inmediatamente para orientarlo dos colegas de la unidad, a pesar del poco margen de tiempo para el inicio del toque de queda, ya que las circunstancias ameritaban mantenerse en dicho lugar compañía del recurrente.

Refiere que cercano a la medianoche, arribó al lugar personal de la Armada de Chile, reteniéndolos hasta la llegada de Carabineros para ser trasladados a la Comisaría y una vez en la unidad, se dio curso al procedimiento asociado, según indica, por error, a la contravención de la Ley de alcoholes cometida por civiles.

Menciona que el médico psiquiatra nombre reservado, diagnosticó al recurrido con “trastorno adaptativo ansioso depresivo”, indicándole la ingesta de potentes fármacos para propender a su recuperación, y reposo mediante licencia médica folio N° 57527494, inicio de reposo desde días en que el funcionario prestaba servicios operativos, ya que, la afección corresponde a cuadro evolutivo que sobrellevaba el recurrente.

Afirma que su crisis aumentó debido a que informado a su jefatura los hechos particulares que dieron origen al procedimiento y no fue oído, omitiéndose proceder por Violencia Intrafamiliar Psicológica, existiendo registro de la información de los hechos, siendo reproducidos en la resolución recurrida en su considerando tercero. Alega que no se consideró el estado del funcionario y las disposiciones de la Dirección General de Carabineros, insertas en la Orden General N° 2.075, de 11 de abril de 2012, la cual establece claramente que el personal de Carabineros, que sufra Violencia Intrafamiliar, serán sometidos a tratamientos Psicológicos con profesionales del Hospital de Carabineros, Comisión V.I.F., hasta que sean dados de alta, situación que, indica, en este caso no ocurrió y añade que tampoco fue derivado a la unidad de salud mental de la institución.

Refiere que el recurrido, al omitir los procedimientos internos dispuestos por la autoridad máxima Institucional de Carabineros, esto es, velar por un tratamiento de recuperación con apoyo de profesionales dispuestos para los funcionarios, en relación a casos de violencia interfamiliar y mal mayor informado referente a la salud psíquica del afectado, agrava la situación mental del recurrente, puesto que aplicó medida condicional de baja con efectos inmediatos, desentendiéndose de proceder conforme a las instrucciones atingentes al caso, dejando además al recurrente desprovisto de previsión y atención médica y en una situación de indefensión económica absoluta, al disponer el cese del pago de sus remuneraciones, que serán restablecidas según el mérito del sumario.

Luego de referirse a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961, en su artículo 36, a la Orden General de Carabineros N° 2.075 de 11 de abril de 2012, sobre situaciones de violencia intrafamiliar que afecten a integrantes de Carabineros de Chile, el cual, en síntesis, señala que la acción disciplinaria se aplicará, con posterioridad y una vez existan las intervenciones de profesionales del servicio social y de salud de Carabineros de Chile y N° 2632 de 19 de diciembre de 2019 que dispone “Cartilla de procedimientos de notificación y datos a levantar en suicidios de funcionarios activos”, señala que carece de racionalidad aplicar una medida administrativa anticipada al tratamiento de recuperación y de apoyo dispuesto por la autoridad institucional mediante cartillas de actuación insertas en las ordenes generales citadas.

Invoca como garantías vulneradas, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a igual protección de la ley y el no establecimiento de diferencias arbitrarias, además del derecho de propiedad, dado que la situación ha traído aparejado un mayor deterioro de su situación médica al recurrente, al no ser oído, ni sometido a los procedimientos internos establecidos y al dejar al recurrente en un plano de indefensión económica, sin derechos previsionales y de salud.

Pide se acoja el recurso, con costas, ordenándose el cese de la medida administrativa condicional de baja a fin que se practiquen las correspondientes intervenciones profesionales del Servicio Social y de Salud de Carabineros de Chile, conforme la normativa dictada por la Dirección General de Carabineros.

Evacuando informe nombre reservado, Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Iquique, señala que la decisión disciplinaria adoptada tiene como origen la cuenta dada por la Cuarta Comisaría de Cavancha, mediante documento electrónico NCU 112924776 de fecha 7 de abril de 2020, mediante el cual se informa de la detención por delito contra la salud pública, artículos 313 d) al 318 del Código Penal del Cabo 1ero. nombre reservado, del Cabo 2do. Yehimson nombre reservado y del recurrente, hecho ocurrido el 7 de abril de 2020.

Señala que analizados la totalidad de los antecedentes aportados y que constan en la resolución recurrida, se logró establecer que el día 6 de abril de 2020, encontrándose saliente de servicio de Primer Patrullaje, el recurrente llamó telefónicamente al Cabo 2do. Bravo manifestándole que se sentía mal, tomó un Uber y llegó hasta el sector de Playa Blanca, manteniéndose en el lugar pasadas las 22:00 horas, horario en que inicia el toque de queda decretado a nivel nacional, decidiendo con los demás involucrados quedarse en el lugar para no pasar a mayores y no ser fiscalizados, sin embargo, alrededor de las 02:20 horas, fueron fiscalizados por personal de la Policía Marítima, siendo detenido y adoptándose el procedimiento de rigor.

Indica que todos los detenidos, incluido el recurrente, fueron sometidos a un sumario breve, diligencia tendiente a determinar el estado de temperancia de un funcionario, determinándose que el recurrente se encontraba “con hálito alcohólico, sin estar ebrio”. Afirma que conforme se desprende de lo observado por el personal de policía marítima, tal hecho se trató de una reunión social, acompañada de música y alcohol, encontrándose presentes además otros civiles, habiéndose concertado de forma previa para reunirse, según las propias declaraciones de los detenidos.

Refiere que el derecho de defensa en este tipo de procedimientos se materializa con la audiencia ante el Mando de Unidad de Repartición, ejercido debidamente el 7 de abril de 2020, instancia en la cual el Comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, solicitó explicaciones verbales acerca de lo ocurrido. Añade que en base a los descargos y en cumplimiento de la normativa institucional, el Comisario de la Unidad, se acogió a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de disciplina de Carabineros de Chile N° 11, remitiendo los antecedentes al Prefecto informante, pasando todos los involucrados a audiencia ante él.

Señala que se estimó que los descargos no representan argumentos válidos que justifiquen los hechos que originaron la detención de los ex funcionarios, y que en específico las explicaciones del recurrente, ratifican el hecho de haber incumplido la prohibición de mantenerse en la vía publica entre 22:00 horas y 05:00 horas sin portar el salvoconducto respectivo. Añade que en las dos instancias de defensa del recurrente, no aportó ningún antecedente siquiera similar al expuesto en el recurso, limitándose a señalar que tuvo una discusión con su pareja, no dando cuenta del presunto cuadro clínico presentado, ni de ser víctima de actos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito, haciendo presente que el recurrente se encontraba trabajando con normalidad, saliente de servicio ese día y no con licencia médica.

Destaca que en base a los hechos informados, se estimó que aquellos configuran las faltas administrativas descritas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11, específicamente en el artículo 22 N° 1, letra d) y N° 2 letra c), afectándole las agravantes del artículo 33 letras a), d), e), f) e i) a las cuales se refiere, sin asistirle circunstancias atenuantes.

Se refiere al artículo 23 de mismo cuerpo reglamentario, que dispone la sanción disciplinaria de baja por conducta mala y el artículo 35 N° 4 letra c) que asigna competencia a los Prefectos de Carabineros para imponer la medida de baja por conducta mala y el Reglamento de Selección y Ascensos N° 8 que en su artículo 17 N°4 inciso quinto dispone que no obstante cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y el inculpado confiese su responsabilidad, o esta se haga evidente, el Jefe que ordene la Instrucción de Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala” sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda o bien modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación.

Asegura que ninguna de las normas internas citadas por el recurrente, han sido vulneradas al momento de adoptar la decisión impugnada. Específicamente en lo que respecta las vías de detección de casos de violencia intrafamiliar, señala que ninguna de las vías ha generado que la institución conociera la efectividad que el recurrente fuera víctima de violencia intrafamiliar, dado que mantenía su residencia en el cuartel, revisado el sistema AUPOL, no se registra parte denuncia por violencia intrafamiliar asociado al recurrente y el personal de la unidad no tenía conocimiento de lo relatado, no habiendo el ex funcionario expresado ser víctima de tales actos ni antes de la resolución ni durante el procedimiento. Añade en relación a que no debió ejercer su potestad disciplinaria en el caso, por los dispuesto en la Letra B del título VIII de la mencionada Orden General invocada, precisa que tal literal discurre sobre el ejercicio de la potestad disciplinaria que corresponde adoptar respecto del personal comprometido como agresor en actos de violencia intrafamiliar, no siendo el caso.

Aclara, en cuanto a la licencia médica aludida por el recurrente, que ésta tiene fecha de emisión el día 9 de abril de 2020, dos días después de la resolución de baja, con fecha de inicio de reposo el 7 de abril de 2020, día en que fue notificado a las 23:20 horas de la baja por conducta mala con efectos inmediatos. Señala que no resulta sostenible extender una licencia médica retroactiva, en circunstancias que el funcionario tenía pleno conocimiento de que se encontraba desvinculado de las filas de la Institución y los motivos.

Sostiene que la Resolución Exenta N° 298 se encuentra suficientemente fundada, ha sido dictada conforme el procedimiento que establece la reglamentación Institucional vigente y conforme las facultades que le fueron conferidas. Afirma que no existe vulneración a las garantías invocadas por el recurrente, reiterando que el recurrente jamás puso en conocimiento su situación, y específicamente en relación al derecho de propiedad sobe las remuneraciones y derechos previsionales, indica que aquellas dependen de una condición básica, ser funcionario de Carabineros de Chile, por lo que al perder dicha calidad, se pierden legítimamente.

Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión adoptada ni tampoco han sido vulneradas las garantías constitucionales que se pretende, debiendo ser rechazado el recurso.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario por el actor es la aplicación de la medida administrativa condicional denominada baja con efectos inmediatos, por el recurrido, mediante Resolución Exenta N° 298, cuestión que importaría una conculcación a los derechos contenidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que de acuerdo a los antecedentes acompañados por las partes y lo expuesto en estrados, se evidencia que lo decidido por el recurrido se encuentra ajustado al marco legal aplicable a la conducta desplegada por el actor, conforme lo dispone Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11, específicamente el artículo 23 letra e), no pudiendo ser calificada la decisión atacada como ilegal y arbitraria.

Argumentos todos que devienen en que el presente recurso no pueda prosperar, debiendo ser desestimado.

Por estas consideraciones, lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Chile, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Prefecto de Carabineros de Iquique y Coronel, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 323-2020 Protección.