Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Iquique, ocho de junio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, por nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, empresario, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y por las empresas, “Sociedad Constructora y Servicios de Ingeniería B.R.I. Limitada”, Rut Nº RUT reservado, del giro de su denominación y “Áridos y Asfaltos INBRADA SPA”, Rut Nº RUT reservado, del giro de su denominación, deduciendo acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional Óscar Urdanivia Noriega, domiciliado en domicilio reservado, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente es empresario, socio y único representante legal de las empresas individualizadas, quienes facturan, necesitando para ello acceso con sus claves, como persona natural, a la certificación y página web del Servicio recurrido, para obtener autorización de timbraje de facturación electrónica y efectuar los demás trámites que permite la utilización del sistema, como actualización de proveedores, contribuyentes y revisar los datos que constan en el mismo.

Indica que al menos desde el 4 de mayo de los corrientes, se le prohibió al recurrente el acceso al mencionado sistema, no pudiendo realizar las referidas gestiones, ni el recurrente ni las empresas antes mencionadas.

Agrega que, al ingresar al sistema web del Servicio recurrido e intentar acceder a la información y actualización de clientes y proveedores, se aprecia la leyenda “La persona autenticada no puede realizar este trámite, ya que figura en nuestros registros con situación pendiente de delito tributario” y a continuación, en la consulta para solicitar autorización, timbraje y emisión de facturas electrónicas aparece la leyenda “No ha sido posible completar su solicitud. Esto debido a que no está autorizado para ingresar a esta opción”. De tal forma, asegura, se ha dejado al recurrente y las sociedades que representa totalmente fuera del sistema tributario y económico, incurriendo en una notable falta de servicio, privándolo del derecho a ejercer cualquier actividad económica y siendo discriminado.

Expone que las únicas causales establecidas por ley, en que el mencionado Servicio puede diferir, restringir o revocar la autorización del timbraje a contribuyentes con inicio de actividades y emisión de facturas, son las contempladas en el artículo 8 ter del Código Tributario, no cumpliéndose con ninguno de ellos.

Menciona que tal medida, se encuentra totalmente restringida y no puede ser interpretada por analogía de ningún modo, así, para restringir el derecho indicado, se debe notificar al contribuyente mediante una resolución fundada de la Dirección Regional de la decisión de diferir, revocar o restringir la autorización de timbraje. Afirma que no se ha dictado ni menos notificado ninguna resolución al recurrente en tal sentido, siendo el acto recurrido arbitrario e ilegal.

Refiriéndose a la causal de bloqueo mencionada, indica que no consta que se haya presentado querella ni denuncia por delito tributario en contra del recurrente, quien no se encuentra ni formalizado, ni acusado y menos condenado por delitos tributarios, por lo que no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas por la ley. Añadiendo que, sin embargo, aunque lo estuviese tampoco sería aplicable la revocación o negativa del timbraje de documentos, toda vez que esa facultad se restringe a empresas que en realidad no realizan operaciones o que derechamente no existen, siendo ese el espíritu de la ley.

Alega que los actos descritos privan y perturban el derecho de los afectados, garantizados por los N° 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y la garantía de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, toda vez que cualquier actividad económica debe hacerse al amparo del sistema impositivo, amparada por los documentos legales, en este caso facturas, tal como lo señala la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y su Reglamento, añadiendo que los artículos 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, también exige que los costos y gastos sean acreditados y respaldados fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo que también son necesarias para fundamentar las operaciones de declaraciones de impuesto.

Pide se acoja el presente recurso, restableciendo el imperio del Derecho, ordenando que se deje sin efecto los bloqueos de acceso con certificado y clave digital, eliminando la denegación del timbraje de facturas y documentos, autorizándole a emitirlas normalmente, pudiendo utilizar el certificado digital y todas las aplicaciones de la página web del Servicio de Impuestos Internos, dejando sin efecto también la prohibición de revisar la información de sus proveedores y la actualización de los mismos y toda otra medida restrictiva que se hayan tomado que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacuando informe don Óscar Urdanivia Noriega, Director Regional de la Dirección Regional Iquique del Servicio de Impuestos Internos, primeramente se refiere a los antecedentes tributarios de los recurrentes, indicando que el Sr. nombre reservado, no se encuentra habilitado para emitir facturas atendido que cesó sus actividades, dando aviso del término de giro el 9 de junio de 2017, careciendo de un giro o actividad gravada que justifique la emisión de dichos documentos. En cuanto a la persona autorizada para emitir facturas por la “Sociedad Constructora y Servicios de Ingeniería B.R.I Limitada” señala que se trata de un tercero, nombre reservado, hijo del recurrente, y en relación a la “Sociedad Áridos y Asfaltos INBRADA SPA”, señala que su última factura fue emitida el 11 de mayo de 2020, con posterioridad a la interposición del presente recurso.

Señala como consideración previa, que el Servicio de Impuestos Internos no provee ni mantiene un sistema de certificación digital, mediante el cual puede realizarse consultas, declaraciones, firmar documentos tributarios, entre otras, sino que debe ser adquirido en el mercado a través de empresas proveedoras de certificados digitales.

Alega la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, toda vez que el Servicio no tiene competencia alguna sobre el Certificado Digital de la recurrente, siendo este instrumento proveído por una empresa ajena al Servicio, técnicamente imposible que el recurrido pueda “bloquear” el referido certificado o limitarlo, asimismo señala que no resulta posible a su representada prohibir o afectar la posibilidad de revisar y actualizar la información relativa a sus proveedores.

Aclara además, que el recurrente tenga la calidad de “Representante Legal Querellado” por parte del Servicio y se le haya practicado la respectiva anotación, designada como “causal 4001”, en nada impide que pueda emitir Documentos Tributarios Electrónicos por la “Sociedad Áridos y Asfaltos INBRADA SPA”, lo que queda claramente demostrado al haber emitido, el 11 de mayo de 2020, la factura Folio Nº 218, de esta empresa.

Hace presente que el Servicio, carece de una aplicación que permita acceder y actualizar, mediante el sitio web, la información de clientes y proveedores de un contribuyente, en los términos indicados por el actor.

Seguidamente en lo que respecta al timbraje de documentos y emisión de facturas electrónicas, reitera que el recurrente, como persona natural, no registra actividad para la cual necesite emitir Documentos Tributarios Electrónicos, señalando luego, en relación a las empresas, que éstas han emitidos sus documentos Tributarios y Electrónicos normalmente, incluso una de ellas, “Áridos y Asfaltos INBRADA SPA”, ha continuado emitiéndolos luego de la fecha en que habría principiado la afectación a sus garantías, como ya se mencionó.

Señala específicamente en relación a “Sociedad Constructora y Servicios de Ingeniería B.R.I. Limitada”, que el 28 de abril de 2020, nombre reservado, único usuario autorizado por la empresa para emitir Documentos Tributarios Electrónicos, emitió la Factura Electrónica Folio Nº 164, reiterando que a pesar de ser el recurrente el representante legal de dicha sociedad, no se encuentra autorizado como usuario para emitir Documentos Tributarios Electrónicos.

Asevera que no es efectivo lo alegado por el recurrente, resultando palmario que no se le ha negado la emisión de las facturas electrónicas y no ha existido de parte del Servicio, ningún acto de autoridad en mérito del cual se le haya privado a las recurrentes del debido ejercicio de sus garantías fundamentales.

Precisa que, si lo que se pretende argumentar es una imposibilidad de facturar en virtud de su calidad de “Representante Legal Querellado” y su consecuente anotación en los registros, ello carece de todo sustento, ya que dicha anotación produce efectos informativos para la institución y otros que se establecen en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras, en pos del resguardo de los intereses fiscales, lo cual tiene sustento en lo preceptuado en los artículos 1° del Código Tributario y 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente sostiene que no se ha restringido el timbraje a las empresas que el recurrente representa, ya que éstas han continuado emitiendo documentación electrónica y en consecuencia, no se ha podido producir la denunciada conculcación de las garantías invocadas, añadiendo que el ejercicio de la actividad económica de las empresas que representa el recurrente pueda realizarse sin impedimento alguno con la adecuada fiscalización que el Servicio de Impuestos Internos está obligado a efectuar.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior, se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario por el actor es la prohibición de acceso, en su calidad de representante legal único de 2 empresas, al sistema de la página web del Servicio recurrido, a fin de obtener autorización de timbraje de facturación electrónica y efectuar los demás trámites que permite la utilización del referido sistema, cuestión que conculcaría sus derechos reconocidos en los N° 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Magna.

TERCERO: Informando la recurrida, precisa que el actor, como persona natural, no se encuentra habilitado para emitir facturas, careciendo de un giro o actividad gravada que justifique la emisión de dichos documentos, cuestión que fue reconocida también por la recurrente, añadiendo que esa jamás ha sido la intención de la acción cautelar. Por otro lado, expone que ambas empresas sujetas a la presente acción cautelar, han emitido sus documentos tributarios y electrónicos normalmente al día de hoy, explicando que en el caso de la sociedad “B.R.I. Limitada”, si el representante legal y recurrente de autos, no puede operar, ello es únicamente por haber cedido los privilegios “informáticos” en la persona de nombre reservado, medida que puede ser perfectamente reparada por el recurrente sin que el recurrido tenga injerencia alguna.

Informa también en estrados, que en el caso de “INBRADA SPA”, dicha sociedad no tiene, desde el punto de vista informático en el Servicio, inconveniente alguno para que acceda a la página del Servicio y efectúe, todas y cada una de las operaciones informáticas que requiera.

CUARTO: En dicho contexto, con el mérito de la información allegada, no es posible la concurrencia de los requisitos para que esta acción prospere, al menos respecto de la sociedad “INBRADA SPA”, desde que, tal como se expuso en el considerando que precede, dicha empresa ha mantenido la actividad protegida constitucionalmente y denunciada como conculcada.

Ahora bien, respecto de la sociedad “B.R.I. Limitada”, de los antecedentes allegados no se observa que la recurrida haya actuado de manera arbitraria ni menos ilegal, por ende no se observa infracción a las garantías constitucionales supuestamente infringidas a juicio del recurrente, por lo que la acción constitucional será desestimada.

QUINTO: Sin perjuicio de lo referido en el motivo precedente, se dispone que la recurrida deberá –en caso de ser pertinente y si de ella depende-, levantar toda restricción (informática) que pudiera tener la sociedad contribuyente “B.R.I. Limitada”, para que pueda operar y tramitar la página del Servicio de Impuestos Internos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en su calidad de representante legal de “Sociedad Constructora y Servicios de Ingeniería B.R.I. Limitada” y “Áridos y Asfaltos INBRADA SPA”, en contra de Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de lo señalado en el considerando Quinto.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro sr. Rafael Corvalán Pazols.

Rol N° 320-2020 Protección.

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