Protección contra Banco Scotiabank Chile S

Iquique, seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparecen los abogados Roberto Rojas Andrade y Álvaro Gallegos Pino, en representación de doña nombre reservado, en su calidad de representante legal de la sociedad CL Logistics Limitada, por la que deducen acción constitucional de protección en contra de Banco Scotiabank Chile S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el cierre unilateral, intempestivo e infundado de la cuenta corriente que mantiene con dicha institución, lo que constituye una perturbación a las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 12 de marzo de 2026 el banco procedió al cierre de la cuenta corriente N°[cuenta reservada], invocando únicamente la expresión “ORDEN BANCO”, sin explicar hechos, incumplimientos ni fundamentos normativos, lo que a su juicio constituye un acto inmotivado que impide conocer las razones de la decisión y ejercer defensa.

Asegura que no existe causa legítima para el cierre, toda vez que la empresa no registra incumplimientos ni irregularidades, habiendo operado normalmente durante toda la relación contractual, lo que generó una expectativa legítima de continuidad del servicio. Agrega que el cierre se ejecutó sin aviso previo ni comunicación formal, siendo conocido solo a través de movimientos internos de la cuenta, evidenciándose incluso desconocimiento por parte de ejecutivos del banco, lo que demostraría la ausencia de un procedimiento racional y transparente.

Sostiene que el acto ha generado consecuencias materiales graves, tales como imposibilidad de operar comercialmente, interrupción de pagos, incumplimientos contractuales y afectación reputacional, configurando una afectación económica directa que compromete el giro de la empresa y su continuidad.

En cuanto a la ilegalidad, alega infracción al principio de buena fe contractual y a la normativa bancaria, señalando que la facultad de cierre no es absoluta y debe ejercerse de manera fundada y razonable, invocando normas del Código Civil y de la Ley N°19.496 sobre protección de los consumidores, especialmente en cuanto a transparencia e información.

Sostiene además que el actuar del banco configura discriminación arbitraria, al no aplicarse criterios claros ni uniformes respecto de otros clientes, y vulnera el deber de información al no justificar la decisión adoptada.

Finalmente, solicita acoger el recurso, dejar sin efecto el cierre de la cuenta corriente y ordenar su reapertura, con costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe Scotiabank Chile S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por CL Logistics Limitada, controvirtiendo la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el cierre de la cuenta corriente N°[cuenta reservada].

En primer término, reconoce que el 12 de marzo de 2026 se procedió al cierre de la cuenta corriente en dólares de la recurrente, pero sostiene que dicha decisión se adoptó en ejercicio de facultades legales y contractuales, en ningún caso de manera caprichosa o infundada.

Expone que las instituciones bancarias se encuentran sometidas a estrictas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley N°19.913, las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero y estándares internacionales como los del GAFI, lo que les impone el deber de conocer a sus clientes, monitorear sus operaciones y reportar actividades sospechosas.

Indica que, conforme a dicha normativa, el banco detectó operaciones inusuales en la cuenta de la recurrente durante el año 2025, consistentes en abonos por USD $9.789.428, principalmente depósitos en efectivo y egresos por USD $9.776.990 mediante transferencias internacionales a diversas empresas extranjeras, particularmente en Asia, operaciones que no se condicen con el perfil económico declarado de la empresa. Hace presente que el análisis financiero demostró que las ventas netas declaradas por la empresa representan únicamente el 1% de los fondos que circularon por su cuenta en dólares, lo que resulta absolutamente incoherente y desproporcionado.

Agrega que la recurrente no aportó antecedentes suficientes para justificar el origen de los fondos ni la naturaleza de las operaciones, lo que impidió al banco cumplir con sus obligaciones legales de debida diligencia, generando un alto riesgo y motivando el término de la relación comercial.

Sostiene que el banco se encuentra expresamente facultado para cerrar cuentas corrientes tanto por la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero como por el contrato suscrito con el cliente, el cual contempla la posibilidad de término unilateral incluso sin expresión de causa, especialmente en casos de incumplimiento de obligaciones de información o justificación de fondos.

Indica además que el contrato de cuenta corriente es de carácter intuito personae, basado en la confianza, la cual se perdió atendida la conducta del cliente y la imposibilidad de verificar la licitud de sus operaciones, lo que justifica la decisión adoptada.

Alega que la acción de protección es improcedente, por tratarse de una controversia de naturaleza contractual que requiere un juicio de lato conocimiento, no existiendo un derecho indubitado que pueda ser amparado por esta vía cautelar.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales, por cuanto el banco actuó conforme a la ley y al contrato, ejerciendo una facultad legítima y debidamente fundada, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Del mérito del presente recurso emana que lo reclamado por la actora, radica en el cierre de la cuenta corriente N°[cuenta reservada] en dólares, que ésta mantenía con la institución bancaria recurrida, lo que conculcaría sus garantías constitucionales consignadas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por su parte, la recurrida justifica su decisión esencialmente en la Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y en la ausencia de colaboración de la recurrente ante la petición de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones y directrices impartidas por la Comisión de Mercado Financiero respecto de su institución.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes que obran en autos, ponderados de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten concluir que el Banco recurrido ha obrado de conformidad a lo pactado contractualmente y a lo preceptuado reglamentariamente para la actividad bancaria por la Comisión Para el Mercado Financiero, pues precisamente consta que le fueron remitidas comunicaciones a la usuaria a fin que presentara la documentación requerida por la institución bancaria, la que tenía como fin, precisamente, acreditar su actividad laboral y sustentar los diversos movimientos que se observan en la cuenta corriente en cuestión, información que al no ser aportada por la parte recurrente, permitió a la entidad hacer uso de sus facultades contractuales y reglamentarias que le permitieron poner término unilateral al contrato de cuenta corriente, no apareciendo como ilegal ni arbitraria, razón por la cual se desestimará la acción de protección interpuesta.

Valga indicar además que la actuación de la recurrida se encuentra en directa relación con el mandato legal que obliga a las instituciones financieras observar y controlar los movimientos de dinero efectuados por sus clientes a fin de asegurar el origen licito de sus fondos, todo ello a la luz de Ley 19.913.

CUARTO: Que, en todo caso, de lo expuesto emana que la declaración perseguida mediante la interposición del presente arbitrio, excede el ámbito de esta acción cautelar, desde que lo discutido constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en el contexto de un recurso de protección, pues este procedimiento especialísimo se encuentra destinado a resolver situaciones de hecho, cuya tramitación debe ser breve y sumaria, y donde no se admiten mayores probanzas que las indispensables para justificar las peticiones del caso, en el contexto del resguardo de derechos indubitados, situación que justamente no ocurre en el caso sub lite, donde la naturaleza y características del asunto a resolver requiere de un procedimiento declarativo de largo aliento, donde exista una etapa de discusión y prueba que permita a las partes explayarse sobre sus respectivas posiciones e intereses, y acompañar la evidencia necesaria para justificar sus pretensiones.

QUINTO: En ese sentido, la presente acción resulta improcedente, pues la cuestión debatida debe ser conocida a través de un procedimiento de lato conocimiento y ante tribunal competente, oportunidad en que las partes deberán plantear sus alegaciones y rendir los medios de prueba que estimen pertinentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido a favor de CL Logistics Limitada en contra de Banco Scotiabank Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 304-2026 Protección.