Protección contra Sociedad Educacional HB S

Iquique, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, funcionaria pública; de don nombre reservado, trabajador dependiente; de doña nombre reservado, trabajadora dependiente; y, de doña nombre reservado, funcionaria pública, todos con domicilio domicilio reservado, por quienes deduce acción de protección en contra de la Sociedad Educacional HB S.P.A., o “Colegio Hispano Británico”, RUT RUT reservado, persona jurídica del giro servicios educacionales, representada por don nombre reservado, por privar, perturbar y amenazar las garantías reconocidas en los numerales 1, 2, 3, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que los comparecientes son apoderados del Colegio Hispano Británico de esta ciudad, contexto en que la recurrida, el 30 de octubre pasado, remitió un comunicado, indicando que durante un proceso de negociación colectiva los trabajadores involucrados votaron y aprobaron una huelga, lo que implicó suspender las actividades del colegio.

Alega que la recurrida contaba con todas las herramientas legales para evitar el cierre del colegio, pues existen los servicios mínimos que se deben asegurar en caso de huelga de los trabajadores de una empresa conforme lo dispone el artículo 359 del Código del Trabajo. Así, razona que la decisión de cierre del establecimiento educacional es una situación creada por el propio sostenedor recurrido, lo que torna su decisión en arbitrario e ilegal, vulnerando con ello el interés superior de los niños matriculados en el colegio, la convención de los Derechos del Niño artículo 3.1, el derecho a la educación e integridad psíquica de los niños, el derecho a la libertad de enseñanza de los padres recurrentes y el derecho de propiedad sobre el contrato de prestación de servicios educacionales.

Añade que lo anterior constituye además un abuso del derecho que se traduce en un cierre totalmente arbitrario y carente de fundamentos jurídicos, contraviniendo el Decreto 315/2009 y la Ley N° 20.370. Destaca su arbitrariedad, además, porque los trabajadores adheridos al sindicato no superan el 49% de la planta total de trabajadores.

Pide disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y ordene al recurrido en el plazo perentorio que se sirva determinar el reingreso de los alumnos a clases en el colegio Hispano Británico, con costas. Acompaña documento.

Evacúa informe doña María de los Ángeles Dubo Cortés, abogada en representación de la recurrida Sociedad Educacional HB SpA, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condenación en costas.

Primeramente, aclara que el establecimiento educacional tiene un total de 97 contratados, de los cuales 47 actualmente están haciendo uso de su derecho legal de huelga, y los restantes 50 trabajadores no sindicalizados continúan prestando sus servicios en el establecimiento educacional, siendo mayormente parte del equipo directivo y asistentes de la educación.

Expone que, efectivamente en el contexto de un procedimiento de negociación colectiva reglada entre las partes, el 18 de octubre se procedió a votar y aprobar la huelga por el Sindicato de Profesores y Trabajadores Hispano Británico, en el marco de lo establecido en el artículo 350 del Código del Trabajo. Hace presente una instancia de mediación ante la Inspección del Trabajo, en la que no se arribó a acuerdo.

En cuanto a los servicios mínimos, cita el inciso 1° del artículo 359 del Código del Trabajo y arguye que en ninguno de dichos casos se refiere a establecimientos educacionales, ni se encuadra en servicios de utilidad pública o necesidades básicas, por lo que no corresponde tal tramitación o conformación.

Seguidamente, indica que el colegio no está cerrado, sino que sólo ha suspendido las clases por la imposibilidad de impartirlas, toda vez que el 70% de los docentes contratados están en el Sindicato, y en consecuencia, en huelga legal. Controvierte que se haya decidido el cierre temporal de la empresa, señalando que los trabajadores no sindicalizados han seguido cumpliendo sus servicios y labores normalmente.

Por otro lado, menciona que el 02 de noviembre pasado, la Comisión negociadora sindical interpuso un reclamo ante la Inspección del Trabajo de Iquique, argumentando que el establecimiento educacional se encontraba completamente cerrado, sin que se cumplieran los requisitos del artículo 354 del Código del Trabajo para proceder al cierre parcial o total del mismo; dicha Inspección procedió a verificar la denuncia y fiscalizó el establecimiento, constatándose que el colegio está cerrado, pero que se permite el ingreso por Avenida José Manuel Balmaceda, y que habían personas cumpliendo sus labores de manera normal, por lo que en definitiva la denuncia fue rechazada.

Resalta que la suspensión de clases fue decidida en atención a la cantidad de trabajadores sindicalizados y que en la actualidad están haciendo uso de su derecho a la huelga, los que no puede reemplazar, ya que hacerlo constituiría una práctica desleal. Puntualiza que del total de 57 profesores, un 70% de ellos están actualmente en huelga.

Por último, refiere que dio aviso a través del Oficio N°19/2022, con fecha 02 de noviembre de 2022, a la Secretaría Ministerial de Educación de esta Región, sobre la suspensión de clases, comunicando el inicio de la huelga legal del Sindicato, la imposibilidad de impartir clases a los estudiantes y que una vez que se reintegre se informará sobre el plan de recuperación de clases. No obstante, han sido notificados de 54 denuncias presentadas por apoderados.

Concluye que no existe vulneración a las garantías reclamadas por los actores, dado que el contrato de prestación de servicios educacionales contempla la posibilidad de cambios en el servicio educativo.

Pide el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él.

SEGUNDO: De la presente acción cautelar, se desprende que el acto reprochado por los recurrentes, consiste en el cierre ilegal y arbitrario del establecimiento educacional Colegio Hispano Británico de esta ciudad, en el marco de una huelga de sus trabajadores, acusándose que la recurrida cuenta con las herramientas legales para evitar el cierre del mismo, todo lo cual conculcaría las garantías contenidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 11 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto de fondo, resulta útil recordar que en general la doctrina ha definido la huelga como una “suspensión temporal, concertada y colectiva del trabajo, sea por causa económica, de derecho, o simple solidaridad con otros grupos y que persigue obtener logros que satisfagan dichas aspiraciones” (Humeres Noguer, Héctor, Editorial Jurídica de Chile, décimo séptima edición, página 265).

Su regulación se encuentra contemplada en el capítulo VI, título IV, libro IV del Código del Trabajo, normativa donde se establece, entre otras disposiciones importantes relacionadas con este arbitrio, que se trata de un derecho de los trabajadores; que durante su vigencia se prohíbe la contratación de personal de reemplazo -actuación que constituye una práctica desleal grave-; que una vez iniciada, el empleador puede decretar el cierre temporal de la empresa o lock-out; y que durante su vigencia, la comisión negociadora sindical debe proveer personal destinado a atender los servicios mínimos para proteger los bienes de la empresa, prevenir accidentes, garantizar servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, salud o seguridad de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios, todo ello conforme los artículos 345, 353 y 359 del mencionado cuerpo legal.

CUARTO: Sobre esa base, analizadas las alegaciones de las partes y apreciados los antecedentes acompañados conforme a las reglas de la sana crítica, resulta posible concluir que desde el 2 de noviembre de 2022, los trabajadores sindicalizados del colegio Hispano Británico de esta ciudad, iniciaron una huelga legal de conformidad al artículo 351 del Código del Trabajo, según emana del acta de mediación obligatoria, de la Dirección del Trabajo de Iquique, de fecha 28 de octubre de 2022, contexto en que el colegio procedió a suspender las clases a sus alumnos debido a la imposibilidad de impartirlas, ya que un alto porcentaje de los profesores contratados se encuentran sindicalizados, y en consecuencia, en huelga legal, decisión que se transmitió el 2 y 8 de noviembre pasado, a las autoridades educacionales de la región, según emana de los Oficios N° 19/22 y N° 20/22, dirigidos por el establecimiento a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y al Departamento Provincial de Educación de Iquique, respectivamente.

Que, dicha situación, no se tradujo en el cierre temporal o lock-out de mismo, en la medida en que el colegio permite el ingreso de los trabajadores no sindicalizados, quienes han seguido cumpliendo sus labores, salvo las de impartir clases por las razones antedichas, manteniéndose, además, el pago de sus remuneraciones, situación que llevó a la Inspección Provincial del Trabajo a desechar un reclamo de la comisión negociadora sindical que apuntaba en esa dirección, tal como surge de la Resolución N°007, de fecha 7 de noviembre de 2022, debiendo observarse, a continuación, que el recurrido no se encuentra obligado a establecer servicios mínimos o equipos de emergencia, al no incluirse su actividad entre aquellas descritas por el artículo 359 del Código del ramo, donde se indica, como se adelantó, que aquellos proceden para proteger los bienes de la empresa y prevenir accidentes, garantizar servicios de utilidad pública y la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, seguridad o salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.

QUINTO: Que, así las cosas, no se advierte en la conducta del recurrido un actuar arbitrario o ilegal, sino por el contrario, un fiel y oportuno cumplimiento a las exigencias que impone nuestro ordenamiento jurídico laboral en materia de huelga, como también una actuación adecuada a la normativa educacional sobre este punto, tal como emana del oficio ordinario N° 560, de 12 de noviembre de 2022, de la Superintendencia de Educación, mediante el cual se rechaza una denuncia interpuesta por un apoderado contra el colegio, por una eventual infracción a las garantías constitucionales de un estudiante, donde se comprobó que el recurrido actuó con respeto a la normativa sectorial y por tanto no vulneró las disposiciones que rigen la materia.

SEXTO: No debe perderse de vista, además, que la cláusula quinta del contrato de educación, reproducida por la recurrida en su informe y no cuestionada u observada de modo alguno por los recurrentes, señala que la obligación de proporcionar e impartir enseñanza básica y media a los estudiantes matriculados del colegio, se realizará en los términos y condiciones que permitan y aconsejen las autoridades gubernamentales, las leyes del país, o un Proyecto de Mejoramiento Educativo del mismo colegio, de lo que se deduce que frente a situaciones excepcionales como la presente, desde luego no querida, ni buscada, por la institución, resulta posible introducir variaciones en el servicio educacional, situación que debe entroncarse con la determinación de recuperar clases conforme lo autorice el Ministerio de Educación.

SÉPTIMO: En consecuencia, no divisándose, como se viene diciendo, acto u omisión arbitrario o ilegal, que vulnere las garantías constitucionales alegadas por los actores, que sea susceptible de reparación por esta vía cautelar extraordinaria, es que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida en contra de la Sociedad Educacional HB S.P.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Ministro Sr. Andrés Provoste Valenzuela.

Rol N° 2989-2022 Protección.