Protección contra Fondo de Administración de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat

IQUIQUE, veintiséis de junio de dos mil quince.

VISTO:

A fs. 6, nombre reservado, trabajador social, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Fondo de Administración de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat, representado por nombre reservado, administradora general, domiciliada en domicilio reservado; de la Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, Director Regional Tesorero, ambos con domicilio en domicilio reservado; del Servicio de Impuestos Internos, representado por nombre reservado., Director Regional; y de la Universidad Arturo Prat, representada por nombre reservado, rector, domiciliados en domicilio reservado, exponiendo que el 16 de abril pasado realizó su declaración de impuestos a la renta, a través del formulario en línea dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos, solicitando la devolución de $1.066.237, tomando conocimiento el 16 de mayo que la Tesorería General de la República efectuó una retención de $1.079.032 sobre el monto autorizado, a raíz de una deuda por crédito universitario, lo que estima arbitrario e ilegal.

Expresa que reconoce la facultad legal de la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta, los montos impagos a los deudores del crédito universitario solidario obtenido en virtud de las leyes Nº 18.591, 19.287, 19.848 y 19.989, sin embargo, la deuda que se le imputa no corresponde a ningún tipo de crédito solidario, sino que a obligaciones garantizadas mediante cuatro pagarés suscritos los años 1984, 1985 y 1986, al amparo del D.F.L. 4 de 1981, de manera que se ha vulnerado la garantía del artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, afectándose su derecho de propiedad sobre los dineros que debe devolverle Tesorería, señalando que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat informó ilegalmente la retención a su respecto, agregando que el procedimiento utilizado por la Tesorería le ha impedido una defensa ajustada al debido proceso, dejándolo en la más absoluta indefensión, ya que no se le dio oportunidad para oponerse a la retención, infringiéndose la garantía del artículo 19, Nº 3, inciso primero, cuarto y quinto, de la Constitución Política de la República, conculcándose su derecho a un justo y racional procedimiento, añadiendo que por aplicación del artículo 98 de la Ley 18.092, la acción cambiaria derivada de los pagarés se encontraría prescrita, por lo que se estaría en presencia de una obligación natural que no puede ser objeto de compensación legal, y cuyo pago deber ser necesariamente voluntario, lo que no se verifica en la especie, pidiendo se acoja su recurso y se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la retención realizada por la Tesorería General de la República, la comunicación que le dirigió el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat, el reintegro de $1.079.032, y la eliminación de los registros donde aparezca como sujeto de retención de impuestos, con costas, adjuntando en apoyo de su pretensión, la documentación de fs. 1 a 5.

A fs. 18, el Director Regional subrogante del Servicio de Impuestos Internos alega la improcedencia del recurso de protección a su respecto por falta de legitimidad pasiva, ya que no existe acto atribuible al Servicio que pudiere causar al recurrente privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos que la normativa que rige la retención de la devolución anual de impuestos a la renta respecto de los deudores del crédito solidario universitario, no emana de Impuestos Internos.

A fs. 29, el Director Regional de Tesorería expresa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 la Ley 20.572, la Tesorería está facultada para retener de la devolución de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario, crédito universitario y crédito fiscal universitario, los montos que se encuentren impagos según lo informado por el respectivo administrador, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda, de modo que ha cumplido el mandato legal sin cometer acto arbitrario o ilegal alguno, indicando que la única forma que tenía el actor de librarse de la retención era acreditando que solucionó el monto vencido ante la entidad administradora, mediante certificado otorgado por aquella institución; pide además se declare la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, ya que el Administrador General Fondo Solidario de la Universidad Arturo Prat, previo a que se procediera a la retención, comunicó al recurrente que no había regularizado su deuda que asciende a 209,19 UTM, por lo que informaría a Tesorería el monto impago para la retención de la devolución de impuesto a la renta, tomando conocimiento cierto el recurrente del acto que califica como arbitrario e ilegal con anterioridad a mayo de 2015, y, también la alega por falta de legitimación pasiva, puesto que Tesorería, en cumplimiento de un deber legal, retuvo de la devolución de impuesto a la renta, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat, reconociendo el actor haber suscrito 4 pagarés emitidos al amparo del D.F.L. 4 de 1981, admitiendo haber adquirido una deuda con la Universidad Arturo Prat por crédito universitario, cuyo financiamiento probablemente proviene del Crédito Solidario Universitario, resultando aplicable lo dispuesto en la Ley 19.989; y, por último, sostiene que la prescripción no ha sido declarada judicialmente, adjuntando documentos de fs. 23 a 26.

A fs. 41, la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Arturo Prat, destacó que el artículo 20 de la Ley 19.287 estableció una continuación legal respecto del D.F.L. 4 de 1981 y que el artículo 2 de la Ley 19.848 considera deudores de crédito solidario a todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes 18.591, 19.287 y 19.848, aseverando que los pagarés invocados por el actor son parte integrante del patrimonio inicial del fondo de crédito universitario; que el Fondo Solidario de Crédito Universitario agrupa a todos los anteriores y es su continuador legal, por lo que no se puede reprochar de ilegalidad o arbitrariedad a su repartición por haber solicitado al Servicio de Tesorería que procediera a la retención de la devolución de impuestos correspondientes al año 2015 respecto del recurrente, puesto que el artículo 1 de la Ley 19.989 la faculta en tal sentido.

A fs. 62 la Universidad Arturo Prat explica que la Administración del Fondo Solidario se encuentra autorizada, de conformidad a lo prevenido en la Ley 19.989, para oficiar a la Tesorería General de la República a fin de que se retengan los dineros correspondientes a la devolución del proceso de operación renta cuando el contribuyente mantenga deudas por crédito universitario; que el recurrente se encontraba informado de esta situación con anterioridad a la interposición del recurso, mediante el envío de cartas certificadas que se remiten año a año a los deudores del crédito y de las publicaciones de las nóminas de deudores en distintos medio de comunicación, no existiendo arbitrariedad e ilegalidad; que la cantidad líquida retenida es una mera expectativa, ya que el dinero a devolver está sujeto a descuentos legales, como las retenciones de crédito universitario solidario; que la discusión sobre prescripción debe ventilarse por la vía ordinaria; que la Administración del Fondo Solidario y la Tesorería General de la República han actuado dentro de un procedimiento administrativo expresamente contemplado en la ley, limitándose a efectuar el legítimo cobro de una obligación contraída por el propio recurrente, no existiendo infracción al debido proceso, aportando documentos que obran de fs. 44 a 59.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Para resolver el recurso se tendrá en cuenta que los hechos pacíficos consisten en que efectivamente se retuvo al actor de protección la devolución de impuesto a la renta, así como también que él reconoce las facultades que posee la Tesorería para practicar la referida retención en el evento de adeudarse créditos universitarios.

En sentido inverso, la controversia radica en que el actor alega no adeudar créditos de este tipo, hallarse prescritos los documentos representativos de deudas que le pertenecen, y haberse vulnerado su derecho al debido proceso porque no se le dio oportunidad de oponerse a la retención, discrepando los recurridos por los motivos consignados en la parte expositiva precedente.

SEGUNDO: Pues bien, antes de zanjar el fondo, corresponde pronunciarse sobre las alegaciones de inadmisibilidad por extemporaneidad y falta de legitimación pasiva.

Sobre la primera, no existe extemporaneidad desde que la documental ofrecida por la recurrida, Universidad Arturo Prat, corriente de fs. 44 a 59, no resulta bastante para entender que el recurrente hubiere sido notificado del inicio del proceso que concluyó con la retención dispuesta por Tesorería, siendo insuficientes las actuaciones llevadas a cabo en 2010, la fotocopia en que se contiene una sección de un listado oficial de deudores morosos, que se habría publicado en La Nación, y la fotocopia del oficio que el jefe de la división de educación superior del Ministerio de Educación dirigiera al rector de la Universidad Arturo Prat, en marzo pasado.

TERCERO: En cuanto a la segunda, efectivamente no se divisa legitimación pasiva respecto del Servicio de Impuestos Internos, puesto que se trata de un órgano a quien no le compete actividad alguna en el proceso de cobro de las deudas que los contribuyentes pudieren tener por concepto de crédito universitario y de la eventual retención del monto de devolución de impuesto a la renta que los mismos solicitaren en el mes de abril de cada año, con el propósito de solucionar las referidas obligaciones.

Por último, tratándose de Tesorería, existe legitimación pasiva porque es el órgano fiscal a quien compete hacer efectiva la retención de todo o parte de los montos que un contribuyente puede percibir por devolución de impuesto a la renta en los casos que la ley así lo haya establecido.

CUARTO: Ahora bien, en cuanto al sustrato del recurso, analizados los documentos presentados, en conformidad con las reglas de la sana crítica, es factible concluir que el actor, como por lo demás admite, obtuvo créditos, contenidos en títulos denominados pagaré, figurando en los sucesivos títulos que fueron suscritos al amparo del D.F.L. 4 de 1981, de suerte que, examinada esa sola condición, al tenor del propósito perseguido por el recurso de que se trata, cual es evitar consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos protegidos por este instituto jurisdiccional, es imposible acoger el deducido por las razones que se dirán a continuación.

QUINTO: En efecto, siendo presupuesto indispensable del recurso la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o, producto del mero capricho, es decir, carente de razonabilidad, ninguno de esos aspectos concurre porque el D.F.L. 4 de 1981, del Ministerio de Educación, que fijó normas sobre financiamiento de las universidades, estableció en su Título II, reglas sobre el crédito fiscal universitario, y las sucesivas reglas sobre la materia, contenidas en las Leyes 19.287, que modificó la Ley 18.591 y fijó normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, 19.848, que estableció nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior, 19.989, que determinó facultades para la Tesorería General de la República y modificó la Ley 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario y 20.572, sobre reprogramación de créditos universitarios, permiten afirmar que creado el fondo solidario de crédito universitario y la figura de sus administradores generales, se constituyeron en sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, y más adelante, los deudores de este tipo de créditos, se convirtieron en deudores del fondo solidario de crédito universitario, facultándose a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual del impuesto a la renta que correspondiere a este tipo de deudores, los montos impagos según lo informado por cada entidad acreedora.

SEXTO: Por lo anterior, sólo cabe concluir que el recurrente fue beneficiario de crédito universitario, y por lo mismo, no hubo afectación de la garantía del debido proceso, no se le privó de un justo y racional procedimiento, ni se conculcó su derecho de propiedad sobre el monto correspondiente a la devolución anual del impuesto a la renta.

Finalmente, las alegaciones del recurrente dejan entrever un cuestionamiento acerca de la existencia de la deuda, evidenciándose que no existe un derecho indubitado o incuestionable, elemento esencial de la protección, puesto que expresamente alega la prescripción de los pagarés, cuestión que no puede determinarse ni menos resolverse en sede de protección, tales discusiones deben ser conocidas y decididas por los tribunales con competencia civil en el procedimiento declarativo correspondiente.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección de lo principal de fs. 6.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Nº 297-2015 Civil (Protección).

Redacción de la ministro sra. Mónica Olivares Ojeda.

Pronunciada por los Ministros Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA y Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y Abogado Integrante Sr. JUAN REBOLLO ZAGAL. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Iquique, a veintiséis de junio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.