Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

Iquique, treinta de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece la abogada Damaris Silva Bravo deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por vulneración de garantías señaladas en el artículo 19 N°2, 3 inciso quinto, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario en la Resolución Exenta Nº NUM000, de 18 de febrero de 2026, notificada el 6 de marzo de 2026, que impone la medida de destitución, por las razones que se sintetizan a continuación.

En primer lugar, argumenta que su representado fue suspendido preventivamente con retención del 50% de sus remuneraciones, extendiéndose por quince meses, produciendo inestabilidad económica y laboral que detalla.

En segundo lugar, alega el decaimiento del procedimiento debido a que la Fiscal sumariante cerró la investigación mediante formulario N°NUM001 el 28 de febrero de 2025 y la sanción recién se dictó el 18 de febrero de 2026, produciéndose una dilación injustificada, la afectación de sus derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y su indefensión.

En tercer lugar, fundamenta su recurso en que la resolución sancionatoria realizó una ponderación probatoria arbitraria de los antecedentes del sumario, sin estándar alguno, recogiendo testimonios de oídas y presunciones. En este punto describe refiere puntos de su interés, como correos electrónicos o relatos de terceros.

En cuarto lugar, de manera genérica señala que la notificación del acto impugnado se hizo sin fecha prestablecida por la autoridad y se entregó información errónea sobre los recursos, lo que produjo su indefensión, porque solo se le indicó la posibilidad de recurrir según la ley de bases de procedimiento administrativo, pero no el recurso de protección o el reclamo ante la Contraloría de la República.

En suma, solicita se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene el reintegro inmediato del recurrente y el pago de todas las remuneraciones devengadas y retenidas desde su suspensión hasta su efectiva reincorporación.

Acompaña documentos. Evacúa informe Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicita rechazar la acción constitucional, con costas, por no existir acto ilegal y arbitrario a su respecto.

Describe el inicio del sumario administrativo impugnado por medio de Resolución Exenta N°NUM002 de 28 de noviembre de 2024, de la Dirección Regional de Tarapacá de este Servicio, la que tuvo por objeto investigar conductas inapropiadas por parte del actor, que desempeñaba labores de monitor, respecto a una adolescente de la Residencia nombre reservado y, además, otros hechos relacionados con el incumplimiento grave de sus funciones, los que precisa en su informe.

Asimismo, refiere que el recurrente fue notificado de los diversos actos del procedimiento, efectuó descargos y, previa propuesta fiscal, informe de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional de Tarapacá del Servicio y de la Dirección Nacional, se aplicó la medida de destitución impugnada, la que se encuentra extensamente fundamentada en los hechos y el derecho, constatando infracciones a los artículos 61 letras a), b), c), f) y g) y 84 letras g) y m) del Estatuto Administrativo.

Argumenta, en primer lugar, que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar resoluciones administrativas dictada por la autoridad administrativa en ejercicio de sus atribuciones en procedimientos disciplinarios. Complementa que la Corte no puede evaluar el mérito de las actuaciones dentro del sumario y transcribe extractos de jurisprudencia en este sentido.

En segundo lugar, precisa, en relación a la extensión de la suspensión preventiva, que el procedimiento disciplinario no se encuentra afinado porque se encuentra en tramitación y sin acto resolutivo final, por lo que no es perseguible a través de la acción constitucional.

En tercer lugar, desestima la alegación de decaimiento administrativo, precisando una serie de actuaciones posteriores luego del cierre de la investigación.

En cuarto lugar, controvierte que los descuentos de remuneraciones denunciados, porque no constan en las liquidaciones acompañadas por el actor que comprenden el período de noviembre de 2024 a abril de 2026.

Finalmente, niega la indefensión, estado de incertidumbre perjudicial, la arbitrariedad en la ponderación probatoria y los defectos de la notificación de la resolución impugnada. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el recurrente reclama en contra de la Resolución Exenta N°NUM000 de 18 de febrero de 2026, suscrita por el Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que aplica la medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 121 letra d), en relación con el inciso segundo del artículo 125, ambos del Estatuto Administrativo, por considerar que afecta sus derechos constitucionales de forma ilegal y arbitraria.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes, particularmente el informe de la parte recurrida y el tenor de la resolución impugnada, se observa que tanto el sumario administrativo como el acto decisorio se ajustan a la legalidad y se encuentran fundados en los hechos y el derecho, desestimándose las alegaciones de decaimiento del procedimiento y valoración arbitraria de la prueba producida en aquel, por carecer de fundamento, desde que se desarrolló dentro de un plazo razonable y recogiendo las evidencias aportadas por los interesados, confiriendo oportunidad de descargo al investigado, motivos suficientes para rechazar el recurso.

CUARTO: Por otra parte, no se aprecia vulneración alguna en la forma de notificación del acto y el señalamiento de los recursos administrativos y judiciales procedentes, cuestiones que, en cualquier caso, el actor funda en alegaciones genéricas e imprecisas, que además no fueron acreditadas en autos.

QUINTO: En consecuencia, no existiendo un acto ilegal y arbitrario, ni vulneración de ninguna de las garantías constitucionales invocadas, siendo las alegaciones vertidas en el recurso solo respecto del mérito de la decisión, el recurso será necesariamente desechado.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°288-2026 Protección.