Protección contra Universidad Arturo Prat
- Fecha
- 1 de febrero de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 2761-2023, sentencia de 1 de febrero de 2024
Resumen
Se rechaza la protección contra la Universidad Arturo Prat: la vacancia por salud incompatible se ajustó al Estatuto Administrativo, pues la facultad es discrecional y no exige declaración de salud irrecuperable, y el decreto fue tomado de razón.
Texto íntegro
Iquique, uno de febrero de dos mil veinticuatro.
VISTO:
Comparece nombre reservado deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Universidad Arturo Prat, por vulneración de los derechos contemplados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
Refiere que la actora tiene el cargo de Administrativa desde hace más de once años, desempeñándose como bibliotecaria a contrata en la Universidad recurrida. Reconoce que en los últimos dos años hizo uso de licencia médica por enfermedad común por 316 días debido a que padece entesopatia insercional del extensor propio del halluz del pie derecho.
Hace consistir el hecho ilegal y arbitrario en el Decreto TRA N° 385/11/2023 de 13 de noviembre de 2023, con toma de razón de 04 de diciembre de 2023 y notificado por carta certificada el 14 diciembre de 2023, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, fundado en haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.
Argumenta la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que aquel no se encuentra fundado y desatiende lo expresado en la resolución de evaluación de la Comisión Preventiva de Invalidez (Compin) de 22 de octubre de 2023 que estableció que su salud es recuperable. Estima que dicho antecedente resulta vinculante para la decisión de vacancia en virtud de la modificación efectuada al Estatuto Administrativo que estableció la obligatoriedad del informe previo de la Compin, no bastando el mero computo se seis meses de licencia médica. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en abono de su posición.
En cuanto a las garantías invocadas como conculcadas, refiere en primer lugar, que la declaración de vacancia es discriminatoria y, en segundo lugar, atentatoria contra su derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba en la administración pública.
Solicita se acoja el recurso, dejar sin efecto el acto recurrido, ordenar la reincorporación de la recurrente a su cargo y pagar las remuneraciones correspondientes reajustadas, entre la fecha de su separación y la de su reingreso efectivo, con costas. Acompaña documentos.
Evacua informe el abogado Eduardo Cáceres Aliste, por la recurrida Universidad Arturo Prat, solicitando el rechazo del recurso porque el decreto que declaró la vacancia del cargo por salud incompatible no es ilegal ni arbitrario, debido a que el acto se ajusta a lo dispuesto en los artículos 146 letra c), en relación a los artículos 150 y 151, todos de la Ley N° 18.834 que contiene el Estatuto Administrativo. Asimismo, afirma que el acto impugnado no lesiona derecho constitucional alguno.
Señala que la ley distingue la causales de término de un cargo por salud irrecuperable de aquellas producidas por salud incompatible, como es el caso, siendo esta última dispuesta discrecionalmente por el jefe del servicio cuando existe un período de licencias médicas por enfermedad común superior a un período de seis meses, requiriendo de pronunciamiento médico de la Compin sobre si la salud del funcionario es recuperable o irrecuperable.
Por otro lado, refiere que la resolución que declaró vacante el cargo de la actora se encuentra fundamentada, no solo en las normas jurídicas citadas, sino en el hecho que su prolongada ausencia, reconocida en su recurso escrito además, produce un impacto importante en su unidad de desempeño, dificultando el cumplimiento de la función pública que tiene la institución y los fines que se ha trazado, que es la entrega de una educación de calidad a sus alumnos de educación superior, con una entrega de material bibliográfico.
Acompaña documentos.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.
SEGUNDO: Que del tenor del recurso se deduce que la actora censura mediante esta acción constitucional el decreto que declaró la vacancia de su cargo en la Universidad Arturo Prat por salud incompatible, por tratarse de un acto carente de fundamentación y no considerar lo informado por la Compin en conformidad a la ley, lo que considera discriminatorio y vulneratorio de la propiedad de su cargo.
TERCERO: Que es necesario tener presente la regulación de la causal de cesación de la contrata invocada en el acto impugnado por este arbitrio. En ese sentido, el artículo 146 de la Ley N°18.334, que contiene el Estatuto Administrativo, dispone que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Por otro lado, el artículo 150 de la misma normativa establece que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.
A su turno, el artículo 151 de la legislación aplicable señala que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”
CUARTO: Que del tenor del decreto TRA N° 385/11/2023 de 13 de noviembre de 2023, suscrito por la Rector de la Universidad Arturo Prat, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible y la resolución de evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Folio N° 16815433, de 22 de octubre de 2023, que resolvió que su estado de salud es recuperable, se establece que hizo uso de licencia médica por enfermedad o accidente común por un período de 316 días en los últimos dos años y que su estado de salud es recuperable.
QUINTO: Que, constatados estos hechos, se verifican los presupuestos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, que facultan al jefe del servicio respectivo a declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, lo que fue efectuado por medio de un decreto debidamente fundamentado en derecho y en la afectación que produce en la universidad las continuas y prolongadas ausencias de la funcionaria, no requiriéndose en este caso la declaración de salud irrecuperable, debido a que del tenor literal de la norma se colige que esta facultad es de carácter discrecional, motivo suficiente para rechazar la acción constitucional intentada.
SEXTO: Que, además, abona al rechazo de este recurso el hecho que se trata de un acto cuya legalidad fue controlada por medio del trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, no poniéndose en conocimiento de esta Corte la existencia de reparos al respecto.
Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.
Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.
Rol N° 2761-2023 Protección.