Protección contra Director Regional de Aduanas de Tarapacá

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE Iquique, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, empresario, en representación de nombre reservado, ingeniero mecánico en mantenimiento industrial, e interpone recurso de protección en contra del Director Regional de Aduanas de Tarapacá (S), don Ricardo Aceituno Chau, quien dictó la Resolución Exenta Nº 4, de 15 de abril de 2016, que rechazó su solicitud de acogerse a la franquicia tributaria establecida en el artículo 35 de la Ley Nº 13.039.

Explica que el 22 de enero de este año, su representado se dirigió a la Dirección Regional de Aduanas de Iquique con la finalidad de hacer uso de su derecho a la franquicia establecida en el artículo 35 de la Ley citada, atendido que después de 20 años de residencia en esta región se traslada hacia Con Con. Señala que durante su estadía en la Región de Tarapacá mantuvo domicilio en domicilio reservado, cursando estudios en la Academia Tarapacá y su educación superior en Inacap.

Refiere que una vez titulado, el 24 de febrero de 2014 comenzó a trabajar en la empresa Echavarría y Oyarzún e Hijos Ltda., contratista de la Compañía Minera doña nombre reservado, cargo en el que se mantuvo hasta el 13 de julio de 2015. Luego, el 15 de julio de ese año empezó a laborar para la empresa Rentalmin SpA., en la faena minera Centinela, ubicada en la Región de Antofagasta. No obstante, siempre conservó su domicilio y residencia en Iquique, viajando a Antofagasta solo para cumplir su jornada laboral. Agrega que esta relación contractual se extendió hasta el 24 de enero de 2016, siendo finiquitado por su empleadora, luego de cual su representado decidió mudar su domicilio a la comuna de Con Con, radicándose ahí el día 15 de febrero de 2016.

Indica que se presentó ante la recurrida para iniciar el trámite de Solicitud de Liberación de Derechos, respecto del vehículo marca Audi, modelo S3, P.P.U. HLDX-87-K, de conformidad a la franquicia del artículo 35 de la Ley Nº 13.039, a la que tiene derecho por haber tenido domicilio por 20 años en esta región. Sin embargo, el día 31 de marzo pasado, el Servicio Regional de Aduanas rechazó la solicitud, ya que el interesado presentó un finiquito de trabajo de la empresa Rentalmin SpA., la cual tiene su casa matriz en la ciudad de Santiago y una sucursal en la ciudad de Antofagasta, por lo que la autoridad recurrida pidió que se presentara un certificado de la empresa, firmado por el representante legal, en que se señale el domicilio exacto de la empresa en la provincia de Iquique y además el lugar donde se prestaron los servicios.

Puntualiza que se presentó recurso de reposición administrativa, pues si bien las últimas rentas generadas por el solicitante provenían de una empresa que no pertenecía a la Región de Tarapacá, las que sí se percibieron en esta región alcanzaban de manera holgada para la adquisición del bien importado.

Agrega que pese a esta aclaración, el 15 de abril de 2016, la Dirección Regional de Aduanas de Iquique emitió la resolución denegando el uso de la franquicia, en atención a que las rentas declaradas fueron generadas fuera de la Región de Tarapacá, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 35, inciso 16, de la Ley Nº 13.039.

Califica dicha resolución de arbitraria e ilegal, por cuanto el artículo 1º del Reglamento del artículo 35 de la citada ley, reconoce el derecho a gozar de la franquicia a los residentes con único domicilio y una permanencia mínima de cinco años en zona franca de extensión, y el artículo 2º dispone que dicha calidad se acreditará mediante un certificado extendido por el Intendente o el Gobernador respectivo. Por su parte, el artículo 9º señala que solo se podrán importar al resto del país mercancías cuyo valor no sea superior al total de las rentas percibidas en la zona durante los cinco años anteriores a la fecha del traslado. Sostiene que el certificado del Servicio de Impuestos Internos que acompaña, permite comprobar que las rentas percibidas en esta región son suficientes para cubrir el costo del bien a importar. Afirma que la decisión vulnera la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, al impedirse el traslado del bien objeto de la franquicia a su nuevo domicilio Por lo expuesto, pide se ordene al Director Regional de Aduanas otorgar la franquicia del artículo 35 de la Ley Nº 13.039, por cumplir su representado con todos los requisitos establecidos en aquel cuerpo legal.

Evacuando informe, don Ricardo Aceituno Chau, Director Regional de Aduanas (T y P) de Tarapacá, luego de destacar algunos pasajes del recurso, particularmente que desde el 13 de julio de 2015 al 24 de enero de 2016 el actor mantuvo una relación laboral con una empresa de Antofagasta, explica que en Chile se encuentra prohibida la importación de vehículos usados, por lo que la franquicia del artículo 35 de la Ley Nº 13.039 constituye una excepción, debiendo ser aplicada restrictivamente.

Explica que la Resolución Exenta Nº 4, de 15 de abril de 2016, no dio lugar al recurso de reposición administrativa y rechazó la posibilidad de que el recurrente impetrara la referida franquicia, porque las rentas declaradas con ese fin fueron generadas y percibidas en la Región de Antofagasta, lo que consta del domicilio legal de las empresas empleadoras, y de su propia declaración, en cuanto a que con su segunda empleadora trabajaba en esa Región, lo cual le impide acreditar uno de los requisitos de la franquicia, cual es, tener único domicilio en la zona de tratamiento aduanero especial.

Remarca que tanto el artículo 35 de la Ley Nº 13.039 como su reglamento, contenido en el Decreto Nº 526/90 del Ministerio de Hacienda, establecen que tendrán derecho a gozar de la franquicia los residentes con único domicilio y permanencia mínima de cinco años en la región.

A continuación, cita dictámenes de la Contraloría Regional de Tarapacá, que han exigido que la calidad de residente con único domicilio debe ser sin solución de continuidad, que debe tratarse de permanencia física y que no se puede otorgar la franquicia a quien ha tenido pluralidad de domicilios, en los términos del artículo 67 del Código Civil. Añade que de acuerdo a los artículos 62 y 64 es factible que una persona tenga más de un domicilio y estos están ligados al lugar donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, presumiéndose el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de aceptar un empleo fijo.

Manifiesta que el recurrente tenía domicilio múltiple, entre ellos en la Región de Antofagasta, por lo que no cumplía con el requisito básico y esencial de ser residente con único domicilio.

Por otra parte, señala que el inciso 16 del artículo 35 ya mencionado, exige que el valor total de lo que se importe al amparo de la franquicia no exceda del 100% de las rentas percibidas durante la permanencia en la zona. Interpretando esta norma, el órgano contralor dictaminó que solo pueden considerarse, para efectos de la franquicia, las rentas generadas en la zona de tratamiento aduanero especial, es decir, no se reglamentó la posibilidad de que se generaran rentas fuera de la región, lo que se condice con los fines originarios de la franquicia, en orden a desarrollar las zonas extremas.

Concluye que la relación laboral que mantuvo el recurrente en la Región de Antofagasta entre el 13 de julio de 2015 y el 24 de enero de 2016, en forma previa a impetrar el beneficio, le impide a su repartición considerar las rentas producidas en ese periodo como parte de la franquicia, considerando, además, la existencia de domicilios múltiples. Afirma que no existe acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace la garantía invocada, por lo que pide rechazar la acción cautelar.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que según puede inferirse de lo planteado en el recurso, se cuestiona la Resolución Exenta Nº 4, de 15 de abril de 2016, dictada por la autoridad recurrida, en cuanto rechaza la solicitud del recurrente de acogerse a la franquicia establecida en el artículo 35 de la Ley Nº 13.039, estimando que tal decisión es ilegal y arbitraria y por lo mismo ha conculcado la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, ha afectado su derecho de propiedad, en el caso, respecto del vehículo marca Audi, modelo S3, P.P.U. HLDX-K, al no poder trasladarlo a la localidad donde estableció su nueva residencia.

TERCERO: Que de lo expuesto por las partes y antecedentes allegados al recurso, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible asentar que la referida Resolución Exenta, del señor Director Regional de Aduanas de Tarapacá, dispuso no hacer lugar al recurso de reposición administrativa interpuesto por el ahora recurrente de protección, en contra del rechazo a la Solicitud de Liberación de Derechos, conforme al artículo 35 de la ley N° 13.039, que dicho particular había presentado respecto del vehículo ya individualizado.

En la citada Resolución se deja constancia que conforme a los antecedentes proporcionados por el solicitante, queda claro que las rentas obtenidas por él, fueron generadas y percibidas en la Región de Antofagasta, por lo que incumple el inciso 16 del artículo 35 ya mencionado.

También es un hecho indiscutido que habiendo reconocido el recurrente que trabajó desde el 15 de julio de 2015 al 24 de enero de 2016 en la faena minera denominada “Centinela”, situada en la Región de Antofagasta, necesariamente tuvo domicilio laboral en dicha región.

CUARTO: Que en este orden de ideas, aparece que la decisión adoptada por la autoridad administrativa se ajusta a la legalidad, desde que la negativa a dar lugar a la franquicia solicitada por el recurrente lo es por no reunir el solicitante, los requisitos y exigencias previstas en el artículo 35 de la Ley N° 13.039, y en el Reglamento dictado al efecto, esto es, el Decreto N° 526/90, del Ministerio de Hacienda, en particular en cuanto a que tienen derecho a gozar de dicha franquicia, los residentes “con único domicilio y una permanencia mínima de cinco años”, situación que no concurre en la especie, dado que el solicitante tuvo domicilio múltiple, al haber desarrollado en el último año actividades laborales en otra región, donde lógicamente debió establecer un domicilio.

QUINTO: Que desde la perspectiva de la garantía fundamental supuestamente conculcada, cabe señalar que aquella invocada por el recurrente en caso alguno ha podido ser amenazada.

En efecto, el hecho de habérsele negado la franquicia al recurrente en caso alguno importa una afectación al derecho de propiedad, desde que sólo se trata de una mera expectativa de obtenerla, en la medida que cumpla los requisitos para ello y así sea reconocida por la autoridad respectiva, pero en el caso no existe una afectación patrimonial concreta y directa con ocasión de tal negativa, con lo que en este caso, el recurrente confunde la titularidad del derecho con la propiedad del mismo en sí, por lo que no existe afectación a la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

SEXTO: Que en consecuencia, el obrar de la administración en lo que se refiere a la dictación de la Resolución Exenta N° 4, y que se cuestiona por medio de la presente acción cautelar, no puede catalogarse de ilegal, ni arbitraria, por cuanto la autoridad recurrida solo ha aplicado las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, obrando en cumplimiento de atribuciones que le son propias, con fundamentos que se ajustan a la ley y a la razón, y por lo mismo no resulta vulneratoria de alguna garantía constitucional del recurrente, presupuestos todos que resultan indispensables para que la acción constitucional prospere, lo que lleva ineludiblemente a desestimarla.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en favor de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Pedro Güiza Gutiérrez.

Rol I. Corte Nº 276-2016.

Pronunciada por los Ministros Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ, Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO y el Abogado Integrante Sr. HANS MUNDACA ASSMUSSEN. No firma el Sr. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y fallo de esta causa, por encontrarse ausente. Autoriza don nombre reservado, Secretario Ad Hoc.

En Iquique, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

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