SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA CONTRA FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

Iquique, veinte de mayo de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, quien deduce acción de protección en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (en adelante Integra) Región de Tarapacá, representada por su Directora Regional doña Yocelyn Sanhueza Downing, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que Fundación Integra es una persona jurídica de derecho privado, que se vincula con sus trabajadores mediante contrato de trabajo, no siendo funcionarios públicos sometidos a ningún estatuto y añade que la acción se interpone en beneficio de los siguientes trabajadores de la oficina regional de Integra Región de Tarapacá: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Se refiere a la pandemia mundial de Coronavirus, señalando que en la región al día 19 de abril los casos confirmados aumentaron a noventa y que en todas las instituciones se han adoptado medidas para evitar la expansión de la enfermedad a través del contagio, refiriendo a la obligación del empleador contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo de velar por la salud de sus trabajadores.

Así, señala que Integra adoptó las medidas pertinentes para el resguardo de los niños, suprimiendo las actividades con ellos en los jardines infantiles, pero no así del personal que trabaja en oficinas regionales. Añade que la recurrida facultó al personal que se encuentra entre los grupos más vulnerables a que no asistieran a sus puestos de trabajo, estimando que tales medidas no son suficientes pues la mayor parte de sus trabajadores son personas que igualmente tienen entre sus familiares a personas pertenecientes a dichos grupos vulnerables, exponiendo a sus círculos más cercanos.

Indica que en la Oficina Regional de Integra, se desarrollan turnos éticos que se hacen insostenibles, por cuanto el aumento de los casos hace que exista mayor riesgo de contagio al trasladarse al lugar de trabajo. Indica que existen dos categorías de trabajadores, quienes han podido cumplir sus funciones de forma remota y los que no, entre las cuales se cuentan conductores, auxiliares de servicio y otros de tipo administrativos, quienes sólo por el hecho de que su función está condicionada a la posibilidad de que se hallen presentes en la oficina, se ven amenazados, ya que Integra impartió orientaciones para que se dejase de pagar la asignación de colación a aquellos trabajadores que efectúen menos de 4 horas de trabajo, vía remota o presencial, mermando absolutamente los ingresos de dichos trabajadores.

Destaca que la recurrida no está proporcionando mascarillas, guantes, alcohol gel, elementos que son claves para la prevención del contagio y mucho menos puede garantizar la distancia entre personas o hacer sanitización permanente de los espacios comunes y un control preventivo de temperatura a trabajadores y público al ingreso de los espacios de trabajo.

Sostiene que el actuar de la recurrida, amenaza gravemente la salud de sus trabajadores al no proporcionar medidas de resguardo de su integridad física o salud, exponerlos a espacios que no reúnen las condiciones mínimas ni establecer protocolos preventivos de contagio, pero también perjudicando a aquellos que por la naturaleza de sus funciones verán disminuidos sus ingresos, otorgándoles un estatus de resguardo de su salud diferente ya que la única forma de percibir estos beneficios será concurriendo a las oficinas y exponiendo su salud, lo cual estima resulta arbitrario.

Invoca como derechos afectados, el derecho a la vida e integridad física de los trabajadores, consagrado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución y el derecho a la no discriminación, extensión del principio de igual ante la ley contenido en el N° 2 del mismo artículo y señala que en el ámbito laboral el artículo 184 y siguientes de Código del Trabajo, establece el deber del empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, lo cual no obsta a la interposición del presente recurso.

Pide se acoja el recurso, ordenando las medidas necesarias para el cese de la vulneración a las garantías señaladas y en particular que la recurrida no puede realizar, ni permitir, distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, salvo mejores medidas respecto a los grupos vulnerables; y que, mientras no proporcione condiciones de trabajo seguras, la elaboración de un protocolo de resguardo, con desplazamiento seguro, tanto en el puesto de trabajo como en el trayecto desde y hacia este, distanciamiento y ventilación suficiente, sanitización permanente de espacios comunes, mascarillas, guantes, elementos suficientes de desinfección los trabajadores y/o un control a la puerta para impedir el acceso de posibles contagiados, pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo atendida la pandemia existente, junto con cualquier otra medida que se estime pertinente, con costas en beneficio del sindicato.

Evacúa informe don nombre reservado, en representación de Fundación Integra, quien luego de referir se antecedentes generales de integra, alega la improcedencia del recurso, al exceder las materias que deben ser conocidas en esta sede jurisdiccional, tratándose de materias que deben discutirse en un procedimiento de lato conocimiento. Agrega que la recurrente pretende que se declare que los trabajadores pueden invocar las medidas previstas en el artículo 184 bis del Código del trabajo, facultad ya establecida por ley y seguidamente alude a la falta de legitimación activa del recurrente para la interposición del presente recurso.

Sostiene que la acción debe ser rechazada al no verificarse una afectación a determinadas garantías, más aún si la pretensión final del recurrente es que se autorice a los recurrentes a hacer uso de una facultad legal prevista en el artículo 184 bis del Código del Trabajo y que las actuaciones de la recurrida se han sujetado a las medidas que la autoridad nacional ha dispuesto paulatinamente, siendo las medidas sanitarias, de seguridad y la aplicación de teletrabajo, concordantes con las políticas estatales.

Así afirma que no existe afectación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, habiéndose adoptado las medidas que la autoridad pública ha dispuesto y que no existe ninguna acción discriminatoria, indicando que según la naturaleza de las funciones de los trabajadores, en algunos casos, se ha dispuesto el teletrabajo, en otros y esporádicamente, la asistencia a la oficina regional para labores precisas, y en otros, derechamente la liberación de la asistencia a los lugares de trabajo, manteniéndose en todos ellos el pago de las remuneraciones, adoptándose las medidas sanitarias y de protección de los trabajadores que han debido asistir, conforme las indicaciones y regulación de la autoridad sanitaria. Menciona que el recurrente deduce una acción popular, sin distinguirse respecto de quienes se realizan sus peticiones y que una eventual infracción de normas laborales, son de competencia de Juzgado de Letras de Trabajo.

Se refiere a las medidas sanitarias adoptadas por la Dirección Nacional de Personas de Fundación Integra con la finalidad de proteger la vida y salud de sus trabajadores, señalando que a la fecha, el desempeño de carácter presencial por parte de un grupo limitado de sus trabajadores, es excepcional, transitorio, para actividades esenciales, precisas y determinadas. Luego, en cuanto a las medidas adoptadas en esta región, menciona la implementación de turnos de trabajo a contar del 17 de marzo de 2020, la instauración de la modalidad de teletrabajo desde el 18 de marzo de 2020, modificando los turnos iniciales y estableciéndose funcionamiento rotativo con cuatro personas diarias durante media jornada, considerando solo al personal que no puede realizar teletrabajo por la naturaleza de sus funciones, agrega la reducción de horario de atención de público desde las 09:00 hasta las 13:00 horas a partir del 23 marzo pasado abierta solo para tramites impostergables e indispensables.

Continua señalando otras medidas como la instalación de dispensadores con alcohol gel y pulverizador con alcohol desinfectante, la existencia de un kit que contiene toallas desinfectantes, guantes de látex, mascarillas y alcohol gel, haciéndose entrega de ellas a los trabajadores, la sanitización diaria de la oficina y la implementación de test de temperatura a los funcionarios que ingresan a partir del 30 de abril de 2020, entre otras que enumera.

Concluye señalando que los trabajadores de la Oficina Regional de Tarapacá son en total 50, siendo 28 de ellos referidos en el presente recurso, de los cuales, sólo 12 han debido, de manera esporádica y puntual, acudir a la Oficina Regional a prestar funciones para requerimientos y tareas específicas, afirmando además que todos los trabajadores, sea que laboren en régimen de teletrabajo, sea que hayan sido requeridos para asistir a prestar servicios presenciales o que no hayan prestado servicios ni presenciales ni mediante teletrabajo, recibieron en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, el beneficio de financiamiento de alimentación recamado en el recurso.

Pide se rechace el recurso de protección, por cuanto no ha existido vulneración alguna, ni por acción ni por omisión por parte de la recurrida a las garantías constitucionales invocadas, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige de autos, que lo reclamado radica en que ante la emergencia sanitaria generada atendida la pandemia virus COVID-19, la recurrida habría adoptado un rol inactivo, cuestión que importaría una conducta omisiva que de forma ilegal y arbitraria, atentaría en contra de la vida, integridad y protección de la salud en los términos expuestos por la recurrente, pretendiéndose que mediante esta vía cautelar, mientras no se adopten por la recurrida medidas tales como la entrega de elementos de protección personal, a fin que aquello contribuya a evitar o disminuir la propagación de contagios de la enfermedad indicada entre los funcionarios de la institución recurrida, pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo.

TERCERO: A fin de resolver la discusión de marras, útil resulta traer a colación que mediante Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo de 2020, se declaró estado constitucional de excepción de catástrofe por calamidad pública en el territorio chileno por un plazo de 90 días desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley N° 18.415, designándose como Jefe de la Defensa Nacional en la región de Tarapacá a don nombre reservado, General de División del Ejército.

A su vez, en los artículos 3 y 4 del Decreto aludido, se indican entre las funciones de tal cargo las de: Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal y, se menciona además, que en virtud del principio de coordinación, los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud, en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo precedente.

CUARTO: Que en cumplimiento de la medidas sanitarias que se han dispuesto o recomendado por la autoridad para los lugares de trabajo, de los documentos aparejados al informe, se advierte que la institución recurrida adoptó una serie de éstas, entre ellas, la autorización de trabajo remoto para funcionarios en situación de riesgo, además de otras destinadas a la prevención del contagio para el resto de los funcionarios, tales como la entrega de elementos de seguridad e higiene, la reducción del horario laboral y la suspensión de las atenciones presenciales al público en general.

QUINTO: Que en consecuencia, de las circunstancias reseñadas, no se advierte un actuar omisivo de la recurrida susceptible de ser enmendado por esta vía, desde que del mérito de los informes y antecedentes de autos, por el contrario, se puede apreciar que ante la situación sanitaria actual, se han adoptado medidas protectoras y/o de resguardo, de lo cual se evidencia, que la recurrida ha asumido una actitud activa tendiente, mediante las acciones que hasta el momento ha estimado conformes, a velar por la salud de sus funcionarios, protegiendo a la vez a los usuarios que constituyen el propósito para el cual ha sido creado el organismo de que se trata.

SEXTO: Que, en cuanto a la petición de declarar que los recurrentes pueden acogerse a la facultad dispuesta contemplada en el artículo 184 bis del Código del Trabajo en tanto no se dispongan por el empleador las medidas de protección personal que se reclaman, hay que recordar que este mecanismo constitucional de tutela es sólo una acción de índole cautelar y no declarativo, de modo que no es posible, a través de esta vía, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la procedencia de tal derecho invocado, el cual descansa sobre la base de un incumplimiento contractual, cuya resolución ha sido entregada, en primera instancia, al órgano fiscalizador pertinente, y en caso de requerirse de la intervención de la judicatura, su fallo requerirá de una tramitación que incluya etapas de discusión y prueba, que son propias de un juicio de lato conocimiento.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 272-2020 Protección.

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