Protección contra Terminal Agropecuario Iquique S

Iquique, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don Jorge Reyes Henríquez, abogado, en representación de don nombre reservado, trabajador dependiente, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por quien interpone recurso de protección en contra de Terminal Agropecuario Iquique S.A., R.U.T. N° RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por amenazar los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3, 12, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es Segundo Director del Consejo Directivo de la sociedad recurrida, contexto en el que se han generado diferencias personales con el resto del Directorio, quienes constantemente desestiman su rol, existiendo incluso una causa en tramitación Rol C-3261-2023 del 1° Juzgado de Letras, sobre rendición de cuentas, iniciada por el recurrente.

Relata que el 11 de octubre pasado se llevó a cabo una sesión ordinaria del Directorio, notando que la Secretaria no estaba, por lo que consultó sobre su ausencia, contestando de forma molesta el gerente, diciendo que había sido despedida, lo que generó una discusión entre ambos. No obstante, la reunión continuó con otros altercados, y al salir del lugar, el recurrente se tropezó, pasando a llevar al Gerente, abandonando la sala.

Luego, refiere que no recibió más citaciones a reuniones, enterándose recién el 21 de noviembre pasado que las reuniones se llevaron a cabo con normalidad, pero no había sido citado a ninguna de ellas. Ante ello, se apersonó a la sala de reuniones, siendo citado para el día siguiente, instancia en la que se le entregó una carta que indicaba la decisión de suspender su asistencia a reuniones directivas.

Acusa que lo descrito constituye actos ilegales, ya que los integrantes no cuentan con el legítimo derecho para tomar medidas como la decretada, la que fue adoptada sin mayores antecedentes, insistiendo en que no efectuó un ataque personal al Gerente, sino que se trató de un accidente. Asimismo, postula que las acciones son arbitrarias, pues en la mentada carta se aprecia una tergiversación de la ley, en beneficio de la recurrida, al invocar el artículo 184 del Código del Trabajo, resaltando que no existe vínculo laboral alguno.

Concluye además que lo narrado vulnera su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, libertad de emitir opinión, derecho a desarrollar cualquier actividad económica y derecho de propiedad.

Por último, hace presente que si bien la forma de resolución de conflictos entre los miembros de la sociedad recurrida está determinada en el artículo 24 de su Estatuto, según el cual, en principio, las controversias suscitadas al interior de la misma deberán ser resueltas por un árbitro arbitrador, despeja que lo denunciado implica una clara vulneración de garantías constitucionales, por lo que no resulta aplicable el pasaje estatutario referido.

Pide acoger el recurso en todas sus partes, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, en el sentido de permitir la asistencia de don nombre reservado a las reuniones directivas de la sociedad anónima recurrida; que debe hacerse pago íntegro y efectivo de toda suma que se adeude al recurrente en su calidad de Segundo Director de la sociedad; la existencia de la obligación de la recurrida consistente en reparar, a su propio costo y a entera satisfacción del afectado, los daños causados con motivo de las vulneraciones descritas. Acompaña documentos.

Evacúa informe por la recurrida, el abogado don Pablo Muñoz Bravo, solicitando se declare inadmisible el recurso, y en subsidio, se rechace en todas sus partes, con costas.

Primeramente, en cuanto a los fundamentos para declarar inadmisible el recurso, postula que el recurrente reúne en sí mismo la calidad de recurrente y de recurrido; que las diferencias que se presenten entre socios deben resolverse por un Juez Árbitro, conforme al Título Séptimo de los Estatutos Sociales; y, tercero, atendido el carácter de extraordinario del recurso de protección.

En subsidio, y en cuanto al fondo, narra que efectivamente desde que el recurrente asumió como Segundo Director ha mantenido una actitud de constante confrontación, disidencia y entorpecimiento de los debates y decisiones del Directorio, así como actitud desafiante, grosera y agresiva, incluso de carácter físico, con los demás integrantes del Directorio, lo que ha dado lugar a una denuncia a la Fiscalía Local, en el mes de enero de 2023, por intento de agresión con el Sr. Presidente del Directorio don nombre reservado.

Por otra parte, indica que el Sr. nombre reservado realizó una denuncia formal ante la Inspección del Trabajo, por vulneración de derechos, como consecuencia de reiterados y constantes malos tratos verbales, insultos y provocaciones.

Luego de controvertir los hechos expuestos en el recurso, expone que la decisión del Directorio de suspender la asistencia del recurrente a las reuniones del Directorio, se adoptó en sesión de 12 de octubre, dada su actitud agresiva, palabras groseras y haberle tirado una carpeta al Sr. nombre reservado, lo que fue el corolario de una suma de actitudes y conductas verbales y corporales constitutivas de vulneración de derechos. Así, era obligación del Directorio adoptar medidas que dieran tranquilidad efectiva al Sr. nombre reservado en resguardo de sus derechos.

Finalmente, controvierte la supuesta infracción a los derechos invocados en el recurso, resaltando que la decisión se adoptó en resguardo de los derechos del trabajador dependiente Sr. nombre reservado, como Gerente General, por imperativo del artículo 184 del Código del Trabajo.

Pide se declare inadmisible el recurso interpuesto, y en subsidio, se decrete su absoluto rechazo en todas sus partes; con expresa condenación en costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, del recurso se desprende que el acto reprochado por el recurrente está constituido por la decisión de suspender su asistencia a las reuniones del Directorio, adoptada en sesión de 12 de octubre, lo que conculcaría sus derechos contenidos en artículo 19 N° 3, 12, 21 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, como primera cuestión, se desestimará la alegación del recurrido en el sentido que lo debatido sería un conflicto societario, toda vez que resulta evidente que lo denunciado corresponde a un desacuerdo entre dos miembros del directorio del Terminal Agropecuario S.A, específicamente la situación de una secretaria y de una eventual agresión física protagonizada por el recurrente en contra del Gerente de dicha sociedad.

CUARTO: Por otro lado, se rechazarán igualmente las pretensiones del actor, en cuanto se reclama el pago íntegro y efectivo de toda suma que se le adeude en su calidad de Segundo Director de la sociedad, así como la existencia de la obligación de la recurrida de reparar los daños causados, en la medida en que excede el ámbito de esta acción cautelar.

QUINTO: En cuanto al fondo, de lo expuesto en el informe y el alegato formulado en estrado, fluye con certeza que la decisión de la recurrida se fundó únicamente en lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, mas no en alguna disposición estatutaria o reglamentaria que así les autorizare obrar, evidenciándose entonces que el acto no se ajusta a ritualidad y formalidad alguna, transformándose la recurrida en una comisión especial que vulnera el contenido del artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Carta Magna, por lo que la presente acción constitucional será acogida en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra Terminal Agropecuario Iquique S.A., sólo en cuanto, se ordena la reincorporación del actor a las reuniones del Directorio de la Sociedad recurrida.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2712-2023 Protección.

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