REYCO INGENIERIA SPA CONTRA EMPRESA MC ARRIENDOS Y SERV.INTEGRALES LTDA

Iquique, seis de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, representante legal empresa Reyco Ingenieria S.P.A, Rut RUT reservado, con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Empresa Mc Arriendos y Servicios Integrales Ltda., RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, por atentar en contra de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en abril del año en curso se procedió a cotizar un posible servicio con la recurrida por un monto total de $15.200.58, no existiendo orden de compra para la emisión de la factura N° 2211, pero procedieron a pagar en cuatro transferencias la nueva cotización por la suma de $13.375.167, seguidamente realizó 3 abonos, por $5.000.000, $2.600.292 y $3.040.117, pagados antes de la emisión de la factura N° 2211, la que se originó por dicho servicio cotizado el 31 de mayo, por la suma de $13.375.167.

Relata que se produjo el cierre de los servicios, pero la recurrida emitió dos Facturas N° 2255 y 2260, ambas de fecha 30 de junio del 2023, la primera de ellas por la suma de $5.512.270, y la segunda de ellas por la suma de $5.597.797, sin previa orden de compra por parte de su Empresa, por lo que las rechazó en el plazo de 8 días, por no existir orden de compra que solicitara su emisión.

Posteriormente, refiere que la empresa recurrida consideró que había gastos excesivos respecto al servicio de la Factura N° 2211 que debían ser cobrados, resolviendo que pagarían el 50% de esos supuestos servicios realizados, por lo que se emitió 2 órdenes de compra el 26 de julio, por $2.336.044 y por $2.756.135, a fin que se emitieran 2 facturas, pero la empresa recurrida ya había emitido las facturas N° 2272 y 2273, sin previa orden de compra.

No obstante, señala que no se logró realizar el rechazo de las facturas mencionadas anteriormente en el plazo de 8 días por plataforma Servicio de Impuestos Internos. Así, la recurrida amenaza con enviarlos a Dicom y ejecutar acción judicial de cobranza; por otro lado, recibieron un correo electrónico informando que la recurrente ha sido publicada en los sistemas de información comercial por morosidad asociados a facturas impagas N° 2272 y 2273.

Pide tomar las diligencias necesarias destinadas a poner término a la emisión de facturas hacia su empresa por parte de la recurrida, no aceptarlas, en caso de ser aceptadas dejarlas en observación, dejar sin efecto la publicación en Dicom de las facturas 2272 y 2273, debido a que ambas facturas no están incluidas en su libro de compra según formulario F29 del mes en curso, y no fueron solicitadas mediante ninguna de las formas que establece la ley, así como las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta. Acompaña documentos.

Evacúa informe don Christian Caro Cassali, abogado, en representación de MC Arriendos y Servicios Integrales Ltda., quien primeramente aclara que la partes han mantenido relaciones comerciales, específicamente el arriendo de generadores eléctricos y otros equipos, durante los meses de abril y mayo del 2023, para ser utilizados en las instalaciones de la minera TMP.

En ese contexto, explica que la recurrente se negó a pagar las facturas N° 2272 de fecha 25 de julio del 2023 por la suma de $5.597.797, y la N° 2273 de fecha 25 de julio del 2023 por la suma de $4.860.579, ambas notificadas, no rechazadas, y por tanto aceptadas.

Ante tal situación, procedieron a cobrarlas de forma extra judicial, mediante correos electrónicos y whatsapp, debiendo ser subidos a DICOM y presentar demanda de cobro de facturas, la que fue ingresada el 27 de septiembre pasado ante el 2° Juzgado de letras de Iquique, bajo el Rol N° C-4389-2023, por lo que estima que dicho tribunal será en definitiva quien debe resolver si procede o no el cobro de las facturas que el recurrente señala que no se adeudarían.

Alega la improcedencia de esta acción, toda vez que el fondo de la cuestión debatida requiere ser resuelto mediante un juicio de lato conocimiento, instancia en la que requiere de presentación de pruebas que deben ser sopesadas y verificadas por el Tribunal en donde se tramita el cobro de facturas.

Pide rechazar el recurso de protección interpuesto por improcedente, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, del recurso se desprende que el acto reprochado por la recurrente está constituido por la emisión incausada y cobro de las facturas N° 2272 y 2273, así como su consecuencial publicación en los sistemas de información comercial por morosidad, todo lo que conculcaría sus derechos contenidos en artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, sin perjuicio del confuso relato de los hechos en el libelo, de lo expuesto y peticionado, emana que la declaración perseguida mediante la interposición del presente arbitrio excede el ámbito de esta acción cautelar, desde que lo discutido constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en el contexto de un recurso de protección, pues este procedimiento especialísimo se encuentra destinado a resolver situaciones de hecho, cuya tramitación debe ser breve y sumaria, y donde no se admiten mayores probanzas que las indispensables para justificar las peticiones del caso, en el contexto del resguardo de derechos indubitados, situación que justamente no ocurre en el caso sub lite, donde la naturaleza y características del asunto a resolver requiere que las alegaciones se sustancien en el procedimiento que corresponda, el que ya fue iniciado por la recurrida en autos Rol N° C-4389-2023 del 2° Juzgado de letras de Iquique.

CUARTO: En consecuencia, al exceder la pretensión del recurrente la naturaleza y objeto de la presente acción cautelar, lo que impide conocer del fondo del asunto debatido, el presente arbitrio deberá ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por Reyco Ingenieria S.P.A en contra de la Empresa Mc Arriendos y Servicios Integrales Ltda..

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2589-2023 Protección.

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