DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE IQUIQUE

IQUIQUE, seis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Campos Oliva, abogado, domiciliado en domicilio reservado, de Iquique, en representación de Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C., domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, representada por su Jefa Comunal, doña nombre reservado, por infringir los derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política.

Indica que el 27 de febrero pasado, la recurrida dictó la resolución N° 7457/18/2, la que no le fue notificada y conoció el 12 de junio del presente año, ello, en circunstancias que el gerente de la empresa, don nombre reservado, en el ejercicio de su cargo efectuaba actuaciones ante Tesorería General de la República, sucursal de Arica, oportunidad en que se le informa que la Inspección del Trabajo de Iquique había cargado al sistema 5 giros correspondientes a una multa dictada por la Inspección del Trabajo de Iquique por $475.380, $475.380; $427.842, $1.463.949 y $1.951.920 (total de $4.794.471).

Señala que ante ello, el 20 de junio del año en curso, concurrió a la Inspección del Trabajo de Iquique, allí se le informo que según su sistema la multa había sido notificada por Correos de Chile, sin embargo, al solicitar los antecedentes físicos del envío, esta no apareció en la Inspección, por lo que se solicitó por escrito dicho documento al órgano señalado, sin tener respuesta alguna hasta la fecha.

Añade que la recurrente concurrió a Correos de Chile, a solicitar se informara cuándo y dónde había sido notificada la multa, indicándose que no constaba su recepción.

Explica que la multa cursada, se basa en que a los trabajadores: don nombre reservado; don nombre reservado; son nombre reservado; don nombre reservado; don nombre reservado; don nombre reservado; doña nombre reservado y doña nombre reservado, no se les escrituró su contrato de trabajo. Incumpliéndose otras obligaciones laborales.

Expone que el presupuesto de la multa señalada es erróneo, excediendo sus facultades la recurrida al calificar la relación de laboral. Ahonda sobre este punto, indicando que el procedimiento que antecedió a la multa se inició con una citación a la Inspección recurrida en que se le solicitó acompañar los contratos de trabajo de las personas antes indicadas, ante lo cual su representada explicó que las personas indicadas no eran empleados de la compañía, sino que tenían un contrato de carácter civil, acompañando copia de los contratos y boletas emitidas en su calidad de comisionistas.

Agrega, que el establecimiento de la normativa que rige los señalados contratos y la determinación de su naturaleza, es de facultad que escapa de las atribuciones del fiscalizador, constituyendo una potestad privativa de los tribunales de justicia, por lo que la recurrida ante la emisión de la multa que lo afecta, se ha excedido en sus facultades, obrando como una comisión especial, afectándose además su derecho de propiedad.

Luego de citar jurisprudencia en apoyo de su pretensión, pide se ordene dejar sin efecto la resolución N°7457/18/2, con costas.

En escrito de 27 de julio pasado, el recurrente señaló que el 26 de julio del año en curso, fue notificada por la recurrida de la resolución sancionatoria materia del presente recurso, además, en escrito de 2 de agosto pasado, señaló que se le notificó un nuevo acto administrativo de la recurrida, esta vez correspondiente a la resolución N° 000214, de 31 de julio pasado, la que invalidó parcialmente el procedimiento administrativo, sólo en cuanto, deja sin efecto la notificación de 26 de julio de 2018.

Evacuando informe, doña nombre reservado, Supervisora de Soluciones a Clientes de Correos de Chile, señala que no se observa ningún número de seguimiento que corresponda a un servicio de Correos de Chile, por lo que no es posible buscar la información necesaria para esclarecer las circunstancias en las que se realizó la entrega solicitada.

Evacuando informe, doña nombre reservado, en representación de la Inspección del Trabajo de Iquique, señala que la multa no notificada por Correos de Chile, toda vez que la dirección a la que fue enviada no existe en la comuna de Iquique, sino en Arica, rectificando el error por resolución Nº 214, de 31 de julio pasado, que invalidó la notificación de 26 de julio. Agrega que efectivamente Tesorería General de la República cargó la multa aludida.

Agrega que la multa fue cursada conforme a las facultades y normas legales pertinentes, a su vez recalca que el hecho de haberse cargado a Tesorería, no significa que los montos se hayan cobrado por dicha resolución o que los valores hubiesen salido del patrimonio de la recurrente.

Afirma que la resolución impugnada es un acto administrativo y no una sentencia, por lo que, además de actuar en el ejercicio de sus derechos, no ha vulnerado los derechos denunciados como tales por la recurrente.

Añade que el recurso de protección es improcedente, al no ser un medio idóneo para determinar una cuestión de fondo, es decir, si su parte ha excedido sus facultades, siendo esta cuestión de competencia de los Juzgados Laborales, mediante el procedimiento de reclamación de multas, previsto en el Código del Trabajo.

Pide se rechace el recurso interpuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto, sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que de los antecedentes expuestos, apreciados en conformidad con las reglas de la sana crítica, se desprende que la recurrente acciona porque, no obstante haberse efectuado la notificación de la resolución de la multa impuesta en forma viciada, igualmente se la consideró válida, presupuestos que resultaron demostrados en autos, particularmente con los propios dichos de la apoderada de la recurrida vertidos en estrados, desde que junto con reconocer la notificación defectuosa, manifestó que a pesar de ello se habían remitido los antecedentes a la Tesorería General de la República para el cobro de la multa, sanción que según dijo, actualmente había sido “bajada” de ese Servicio para impedir el cobro, antecedente de hecho que no demostró.

TERCERO: Que la afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 5, de la Constitución Política de la República, no se divisa desde que la parte recurrida ha obrado, dictando la resolución objeto del recurso, en uso de las facultades que al efecto otorgan los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo.

CUARTO: No obstante, no ocurre lo mismo con la garantía del numeral 24 del referido artículo 19, ya que las circunstancias descritas precedentemente, constituyen una amenaza evidente que conculcaría la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de entender que sin justificación alguna se ha pretendido cobrar una multa sin que el sancionado haya conocido su tenor, ni podido ejercer los recursos administrativos y judiciales en su contra, razón por la cual se acogerá el recurso.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C., ya individualizada, sólo en cuanto la recurrida deberá practicar una nueva notificación a la parte recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 258-2018 Protección.

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