FUNDACION VALIDAME CONTRA nombre reservado

Iquique, veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece la Fundación Valídame recurriendo de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del nombre reservado nombre reservado, del Presidente de la Comisión Médica de Iquique, de la Secretaria de la Comisión Médica de Iquique y de don nombre reservado como jefe administrativo de la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas (FACM), por vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente es beneficiaria de una pensión de invalidez parcial transitoria y solicitó la reevaluación del grado de invalidez, cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia del artículo 4 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980. En ese contexto objeta la pericia ordenada por la Comisión Médica en el marco de la determinación del nuevo grado de menoscabo laboral ante la Comisión Médica Regional y la Superintendencia de Pensiones.

Señala que el dictamen N° 2.977/2023 de la Comisión Médica Regional de Iquique consigna neoplasia endocrina múltiple, depresión, glaucoma, coxartosis y factores complementarios, que determinan una incapacidad global de un 53%, proponiendo invalidez parcial definitiva, con acceso a una pensión equivalente al 50% del promedio de sus últimas 120 rentas imponibles. Argumenta que no existió una evaluación o peritaje de especialista endocrinólogo solicitada por la trabajadora en la entrevista respectiva.

Solicita se declare ilegal y arbitrario el actuar de las recurridas, se les obligue reevaluar a la trabajadora dentro de un plazo de cinco días hábiles o lo que determine la Corte, se ordene a la Superintendencia anular el oficio ordinario N° 15307 de 2023, por haber renunciado a la fiscalización de los intervinientes en el proceso administrativo reglado, se ordene a la Superintendencia de Pensiones remitir los antecedentes sanitarios a la Seremi de Salud y al Ministerio Público en caso de existir infracciones al Código Sanitario, la exhibición de los convenios de dicha Superintendencia con laboratorios y centros de salud y que la apelación del dictamen llevado ante la Comisión Médica Central sea paralizada o anulada, hasta que este recurso sea resuelto, o cualquier otra medida que esta Corte considere pertinente. Acompaña documentos.

Evacua informe la Superintendencia de Pensiones señalando que yerra la recurrente al dirigir el recurso de protección en su contra porque no tiene participación en los procesos de evaluación de las solicitudes de pensión de invalidez y las Comisiones Médicas no dependen ni forman parte de su estructura orgánica. Dichas Comisiones gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de pensión de invalidez. Asimismo, precisa que el organismo no ejerce fiscalización respecto a la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM) porque se trata de un organismo privado.

Sin perjuicio de lo anterior, reconoce que con fecha 10 de agosto de 2023 la Fundación Valídame reclamó por resultado de examen practicado a la Sra. nombre reservado en Clinicum Laboratorio Ltda., que había sido solicitado por la Comisión Médica. El laboratorio informó a la Superintendencia y se comunicó a la reclamante que aquel adjuntó los certificados que acreditan su calidad técnica y no se condice con la materia expresada en su carta, no existiendo prueba que permita respaldar sus argumentos.

Finalmente, señala que el actuar de la Comisión Médica no es arbitrario ni ilegal, fundándose el recurso en su disconformidad con lo resuelto por aquella, y asimismo no existe privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales alegados. Acompaña documentos.

Evacua informe la Comisión Médica Regional de Iquique, señalando en primer lugar que las Comisiones Médicas pertenecen a la administración central del Estado por lo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado, por lo que la acción debió dirigirse en su contra.

Argumenta la improcedencia de la acción deducida porque la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, debido a que la recurrente pretende un pronunciamiento declarativo, siendo una materia conocimiento de un proceso de lato conocimiento donde un perito médico u otro análogo pueda refutar lo resuelto por la Comisión Médica.

Refiere que la Sra. nombre reservado presentó solicitudes de pensión y calificación de invalidez a las Comisión en los años 2018 y 2019. En la segunda oportunidad la Comisión Médica en virtud de los exámenes, entre ellos el de creatinina, acordó declarar la invalidez total definitiva en su favor por una pérdida de capacidad de trabajo del 71%. Las compañías de seguros de vida reclamaron contra ese dictamen. Reevaluado el caso de la Sra. nombre reservado por un médico integrante de la Comisión Médica Central en relación a la enfermedad endocrina múltiple, se acordó aceptar el reclamo, revocar el dictamen de invalidez y otorgar invalidez parcial transitoria, que representa una pérdida de capacidad de trabajo de un 58%.

Luego, el 20 de abril de 2023 la afiliada presentó a reevaluación de su grado de invalidez, por lo que la Comisión Médica Regional requirió la realización de diversos exámenes de laboratorio, entre los que se encontraba los de creatinina, realizados nuevamente por el laboratorio Clinicum. De esta forma el 12 de julio de 2023, previo estudio del expediente de la afiliada, declaró invalidez parcial definitiva con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 53%. De esta resolución reclamaron las compañías de seguros de vida, lo que se encuentra conociendo la Comisión Médica Central.

Descarta la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, la alegación de la Fundación Valídame carece de fundamento ya que el mismo laboratorio examinó a la afiliada en todos los procesos y, además, pese a la variación en los exámenes de creatinina, igualmente se configuró el impedimento, otorgándole un menoscabo laboral de 25%. Acompaña documentos.

Evacua informe la Fundación de Administración de Comisiones Médicas precisando que la acción constitucional debería ser declarada inadmisible o rechazada porque existen mecanismos legales para poder reclamar.

Alega que carece de legitimación pasiva debido a que no representa a la Comisión Médica Regional ni Nacional, respecto de las cuales solo presta apoyo administrativo a los médicos presidentes.

Asimismo, sostiene que en el recurso no se alude a conducta arbitraria o ilegal alguna porque se le imputa inacción respecto de una decisión que no comparte.

Argumenta que el recurso de protección debe ser rechazado respecto de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas por cuanto la revisión de los hechos que refiere no es propia de esta sede jurisdiccional ni de este procedimiento de carácter cautelar.

Evacuó informe, pese a haberse prescindido de aquel, Sra. nombre reservado, Secretaria de la Comisión Médica Regional de Iquique, remitiéndose al informe de aquella comisión.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se colige que la Fundación Valídame comparece en favor de una afiliada que no se conformó con la pericia ordenada por la Comisión Médica Regional en el marco de la determinación del nuevo grado menoscabo laboral que alcanza un 53%. Por su parte, las recurridas instan por el rechazo del recurso de protección deducido tanto por razones de forma como de fondo que desarrollan en sus informes.

TERCERO: Que las alegaciones de las recurridas Superintendencia de Pensiones y Fundación de Administración de Comisiones Médicas de falta de legitimación pasiva se desecharán porque si bien no inciden en el cálculo y determinación de las pensiones de invalidez, sí participan supervisando y apoyando aquellos procedimientos, de manera que bien pueden dirigirse en su contra la acción de protección, sin perjuicio del resultado del recurso.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, de la lectura del recurso, de los informes y de la revisión de los antecedentes aparece que las recurridas no han incurrido en un actuar ilegal o arbitrario sino que han participado en el proceso de calificación de invalidez en conformidad a la ley, siendo revisada la situación de la actora en múltiples ocasiones, sin avizorarse en los exámenes solicitados por la Comisión Médica y realizados en su oportunidad elementos que permitan sostener los planteamientos del recurso, no siendo tampoco este recurso de naturaleza cautelar, de emergencia y de breve tramitación el idóneo para determinar una cuestión de dicha naturaleza, motivo por el cual se rechazará la acción constitucional deducida.

QUINTO: Que, por otro lado, según lo informado por la Comisión Médica Regional de Iquique la decisión que declaró invalidez parcial definitiva con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 53%, adoptada en sesión N° 38 de 12 de julio del presente año, cuenta con una reclamación pendiente interpuesta por la aseguradora ante la Comisión Médica Central, es decir, la situación objeto de este recurso sigue pendiente de revisión ante la autoridad técnica respectiva.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZAN tanto las alegaciones de falta de legitimación pasiva como el fondo de acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-2576-2023.